Maria Teresa Catellanos Abarca

Expediente 381/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
381/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
21/07/2021

Partes del expediente

  • Maria Teresa Catellanos Abarca

Actuaciones

  1. Principal

    SE DECLARA FIRME el proveído que desechó la presente demanda de garantías, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se declara que este expediente susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se encuentra contemplado en la hipótesis prevista en el artículo vigésimo primero, inciso d), del citado Acuerdo, por lo que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la destrucción en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo, pues no constituye un asunto de relevancia documental, y procédase a realizar la anotación en la carátula como se ordena en el acuerdo antes referido. Por lo que en cumplimiento de este último acuerdo general conjunto se ordena el archivo del presente expediente y se declara que es susceptible de ser destruido.Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito de cuenta por medio del cual el promovente de amparo da cumplimiento a lo solicitado por auto de fecha diez de junio de dos mil veintiuno, asimismo se procede a proveer respecto a la demanda de amparo y escrito aclaratorio presentados en este órgano federal. Vista nuevamente la demanda de garantías y escrito aclaratorio promovidos por Jorge Luis Valiñas Varela, quien se ostenta como autorizado de María Teresa Castellanos Abarca, contra actos de la Novena Sala y Juez Décimo Primero ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Del análisis de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución dictada el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, por la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través de la cual confirmó el auto apelado, en donde, en síntesis, no se tuvo a la parte codemandada desahogando la vista ordenada por auto de doce de octubre de dos mil veinte (en donde se le concedió el término de tres días para que aclarara o señalara un nuevo domicilio, dado que el que había señalado previamente no fue localizado), por ende, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, consecuentemente, se ordenó que las notificaciones de carácter personal, le surtirán por medio de boletín judicial, proveído dictado en el período de ejecución de sentencia relativo a la controversia de arrendamiento inmobiliario seguida por Hugo Franco Martínez contra la codemandada hoy quejosa y otros. Al respecto, cabe precisar que al examinar la demanda se debe analizar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia y por ende este órgano de control constitucional lleva a cabo su examen de manera oficiosa, atento a lo ordenado por el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En razón de la naturaleza del acto que se reclama, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107.- El amparo indirecto es procedente: [...] IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. - - - Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. - - - En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De los artículos transcritos, se desprende que tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento de tal manera que el juicio de garantías es improcedente cuando se reclama cualquier resolución intermedia que se dé en ese periodo de ejecución. De lo anteriormente expuesto, se llega a la conclusión de que en el caso concreto la demanda de garantías que se provee, resulta notoriamente improcedente, dado que el acto reclamado se hace consistir en la resolución dictada el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, por la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través de la cual confirmó el auto apelado, en donde, en síntesis, no se tuvo a la parte codemandada desahogando la vista ordenada por auto de doce de octubre de dos mil veinte (en donde se le concedió el término de tres días para que aclarara o señalara un nuevo domicilio, dado que el que había señalado previamente no fue localizado), por ende, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, consecuentemente, se ordenó que las notificaciones de carácter personal, le surtirán por medio de boletín judicial, proveído dictado en el período de ejecución de sentencia relativo a la controversia de arrendamiento inmobiliario seguida por Hugo Franco Martínez contra la codemandada hoy quejosa y otros. Por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV de la citada Ley de Amparo, por las siguientes razones: De acuerdo con lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, antes trascrito, señala que si se trata de actos de ejecución de sentencia, solamente puede promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; lo cual significa, en sentido contrario, que no está permitido legalmente promover juicio de garantías en contra de resoluciones que, dictadas en la fase de ejecución de sentencia, no constituyan la última que se dicte en ese procedimiento; ya que las violaciones que pudieran cometerse durante el propio procedimiento que dejaren sin defensa al promovente, pueden reclamarse en la misma demanda de amparo que se interponga contra la última resolución aludida, que en el caso sería la que aprobara o reconociera el cumplimiento total de lo sentenciado o la que en su caso declarara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En el caso, se advierte que el juicio de origen se encuentra dentro del periodo de ejecución de sentencia, por ello puede observarse claramente que el acto reclamado no se ubica en los supuestos a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, antes transcrito, puesto que no se ha dictado la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia, ni la que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o la que ordene el archivo definitivo del juicio de origen, por lo que al tratarse de una resolución intermedia dictada dentro de ese procedimiento de ejecución de sentencia, no debe obstaculizarse el cumplimiento de una sentencia firme que es cosa juzgada y, por ende, constituye la verdad legal; entonces, es evidente que se actualiza perfectamente la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, antes transcrito. Es aplicable la tesis de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1999, página 1262, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia." Consecuentemente, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo aludida, con fundamento en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, segundo párrafo y 113, todos de la Ley de Amparo. Finalmente, dado que el promovente no ha señalado nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, en términos del proveído de quince de junio del año en curso, notifíquese el presente proveído por medio de lista. Notifíquese y por medio de lista al promovente.

  3. Principal

    Vista la razón levantada por la Actuaria adscrita a este Juzgado, en la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la quejosa el auto de diez de junio del año en curso, por los motivos que expone, en esas condiciones, túrnese el presente auto al actuario que corresponda para que notifique a dicha promovente por medio de lista el auto citado con antelación y el presente proveído, en términos de la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto se sirva señalar nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese, y por medio de lista a la quejosa. SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA EL AUTO DE DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: "Vista la demanda de garantías promovida por***, contra actos de la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Juez Décimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 381/2021. A efecto de acordar lo que proceda sobre su admisión, mediante notificación personal requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, aclare su demanda de garantías en el siguiente sentido: 1. Acredite con documento fehaciente la personalidad con que se ostenta, ya que dice acudir en nombre de***, sin que exhiba documento por el que se desprenda fehacientemente dicha calidad. Lo anterior dado que no es suficiente su manifestación de tenerla reconocida ante la autoridad responsable, ni la constancia relativa a la primera hoja del recurso de apelación que adujo interponer ante la autoridad responsable, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, que establece que cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, situación que en la especie no acontece. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 1/96, visible en la página 47, Tomo III, enero 1996, del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, cuyo rubro dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO, EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO" 2. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, en qué etapa se encuentra el juicio de origen, y si ya se dictó sentencia. 3. Haga del conocimiento si solicita la suspensión del acto reclamado, puesto que del análisis integral de la demanda de amparo no se advierte el apartado en donde formule dicha solicitud, mas del contenido de los puntos petitorios de la misma, se advierte que solicita le sea concedida la suspensión de los actos reclamados, en el entendido que en caso afirmativo deberá exhibir dos copias más de su escrito inicial de demanda. La presente prevención se hace en la inteligencia de que deberá presentar su aclaración en original y cinco copias, y dos más en caso de solicitar la suspensión del acto reclamado para distribuirlas entre las partes y correrles traslado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; apercibida que de no dar cumplimiento a los puntos 1 y 2, se tendrá por no presentada la demanda intentada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo. Y en caso de no cumplir con el punto 3, se postergará la apertura de los cuadernos incidentales, quedando expedito el derecho de solicitarla, siempre y cuando no se haya celebrado la audiencia constitucional. Haciéndole saber a la promovente, lo dispuesto por el artículo 261 fracción I de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: - - - I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Por otra parte, se tienen como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Tomando en consideración que en el acuerdo general 76/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de cinco de noviembre de dos mil tres y publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de noviembre del mismo año, se modificaron los artículos 19 y tercero transitorio del diverso acuerdo 30/2003 del mismo pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información para los órganos del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el modificado artículo 19 antes aludido, dígase a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; así como también el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar dentro del término de tres días hábiles, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia; en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de sus datos; cabe precisar que en términos del artículo 18 del acuerdo general precitado, los asuntos de naturaleza familiar, constituyen información reservada por el plazo de doce años contados a partir de su conclusión. En otro aspecto, se hace de su conocimiento que conforme al artículo 3º del Acuerdo General 21/2020, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes, desahogo de comparecencias o requerimientos, por lo que sólo se podrán consultar los expedientes en los términos indicados en el dispositivo en cita y cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas en el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020. De igual forma, en caso de que las partes no tengan acceso a medios electrónicos para la consulta de los expedientes electrónicos, se hace de su conocimiento que cuando tengan cita podrán hacer uso del equipo de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrá para tal efecto, el cual podrá destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se exhorta a las partes para que cuando le sea posible transite hacia la actuación de Servicios en Línea, pues la intención es dar continuidad a la tramitación de los expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; así como a que proporcione medios de contacto como número telefónico y correo electrónico. Notifíquese, y personalmente al promovente."

  4. Principal

    A efecto de acordar lo que proceda sobre su admisión, mediante notificación personal requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, aclare su demanda de garantías; apercibida que de no dar cumplimiento a los puntos 1 y 2, se tendrá por no presentada la demanda intentada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente al promovente

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