María Teresa Castillo García

Expediente 652/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
652/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
09/09/2021

Partes del expediente

  • María Teresa Castillo García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, se establece que este expediente es susceptible de depuración, pues si bien es cierto que mediante auto de veinticinco de agosto de la presente anualidad se desechó la demanda de derechos humanos de mérito, también lo es que en diverso auto de nueve del mes próximo pasado, se acordó lo relativo a la concesión de la suspensión de plano, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados en el escrito inicial de demanda; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Una vez que obre en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Así, una vez que haya transcurrido el término de tres años, que establece el diverso artículo 18 del acuerdo en cita, remítase este expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación, a que hace alusión el referido acuerdo; mientras tanto, resguárdese en el archivo de este juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que por proveído de nueve de agosto del año en curso, se requirió a la quejosa *** para que dentro del término de cinco días contados a partir de que surtiera efectos la notificación de ese proveído precisara los actos que les atribuía a cada una de las autoridades que señaló como responsables en el presente asunto debido a que no especificó que actos en particular les reclamaba en su respectiva esfera competencial; asimismo, bajo protesta de decir verdad, aclarara los antecedentes que constituyen los actos reclamados. Lo anterior, bajo el apercibimiento que, en caso de no dar cumplimiento al requerimiento efectuado, se tendría únicamente como acto reclamado el acoso laboral y/o mobbing atribuido a sus superiores jerárquicos Director y Jefa de enfermerías, ambos del Hospital Regional Lic. Emilio Sánchez Piedras. Atento a ello, y toda vez que la inconforme no dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló, dentro del término concedido para tal efecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se provee la presente demanda únicamente por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en el acoso laboral y/o mobbing atribuidos a las autoridades responsables. Ahora bien, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por las consideraciones que a continuación se exponen. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis aislada LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con la jurisprudencia P./J. 9/98, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. " Además, con la jurisprudencia P./J. 128/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." En el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con los diversos 1, fracción I; y 5, fracción II, todos de la ley de la materia, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.).". De los artículos anteriores, se aprecia que el juicio de amparo solo procede contra actos de autoridad, debiéndose entender como tal, aquellas que omiten, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo no basta que el acto combatido sea emitido por un órgano del Estado, sino que debe analizarse si dicha actuación se condujo como ente de derecho público o de derecho privado. Así, para efectos de dilucidar si en la especie nos encontramos ante actos provenientes de una autoridad o no, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado cuáles son las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, una de ellas, consiste en la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Del criterio a que se ha hecho alusión, se advierte las siguientes notas distintivas de los actos de autoridad: I. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. II. Que la relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; III. Que con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, IV. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto es menester precisar que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano; por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, la ley establece los procedimientos ordinarios necesarios para su resolución y; en su caso, la imposición coactiva de las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando las partes en un mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Ahora bien, conviene acotar, que la O.P.D Salud de Tlaxcala, es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que cumple con la función del Estado de prestar el servicio público de seguridad social, al tener la función de un ente asegurador en sustitución del patrón y de autoridad fiscal autónoma, cuyas relaciones laborales se rigen por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cobra aplicación la tesis aislada P. XXV/98, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER LOCAL. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL." Así como por analogía, la jurisprudencia 2a./J.77/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. AL COMPARECER AL JUICIO LABORAL COMO PATRÓN QUEDA DESPROVISTO DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD." Lo anterior, hace patente que dichos actos fueron emitidos por las autoridades que señala como responsables, en específico por el Director General; Director Administrativo; Jefa del Departamento Estatal de Enfermería; Director del Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras y Jefa de Enfermerías del Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras, todos adscritos a la Secretaría de Salud O.P.D. del Estado, no como autoridades, sino en su carácter de patrones de la quejosa; esto es, que dichos acto derivan de una relación puramente contractual efectuada entre una persona oficial y un particular, de lo que se colige que el actuar que reclama, no pueda considerarse un acto de autoridad para los efectos del amparo, pues al emitirlo las autoridades lo hacen con el carácter de patrón. En ese contexto, la impetrante de amparo trata de combatir actos sufridos durante el desempeño de sus funciones como Jefa de Servicios en el Hospital Regional Lic. Emilio Sánchez Piedras en Tzompantepec, Tlaxcala, a través del juicio de derechos fundamentales, cuestión de la cual no puede conocer el suscrito juzgador federal, pues para decidir sobre la legalidad o ilegalidad de los actos de hostigamiento que sufre en su centro de trabajo, así como el procedimiento administrativo que refiere; en todo caso, el estudio de tal cuestión corresponde a los tribunales ordinarios, al no tratarse de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, los actos reclamados a las autoridades que se señalan como responsables, se da en un plano de igualdad entre estas y la ahora promovente, derivada de una relación puramente laboral, y no como una relación de autoridad y gobernado. Lo anterior permite establecer que la relación entre la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud Tlaxcala y la quejosa *** es puramente laboral y el conflicto debe ventilarse en la vía laboral y no ante esta instancia constitucional. Cobra aplicación la tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 221658, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO LABORAL, DESECHAMIENTO DE LA. CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO PROVIENEN DE UNA AUTORIDAD PROPIAMENTE DICHA. Las autoridades administrativas, representadas por sus funcionarios, al despedir a sus servidores públicos no actúan como tales, sino como patrones o sujetos de un contrato de trabajo; y por ende, las relaciones entre ellos no son de gobernante a gobernado, sino de carácter obrero- patronal, puesto que en los tratos que sostienen con sus empleados se conducen como personas de derecho privado. Por ello, si el quejoso considera que el despido de que fue objeto es ilegal, debe acudir al tribunal de arbitraje y agotar el procedimiento laboral que establece la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; pero si antes de hacerlo promueve amparo, éste resulta notoriamente improcedente porque los actos reclamados no provienen de una autoridad propiamente dicha, sino de una que actúa como particular (patrón), debiendo desecharse de plano la demanda de garantías en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo. Por tales razones, debe concluirse que cuando el acto que se reclame emana de una cuestión de carácter laboral -lo que en el caso acontece-, resulta claro que tal hecho es atribuible a las autoridades que señala como responsables, únicamente en su calidad de "patrón", es decir, participa como tal y no como autoridad, pues no tiene las características de la misma y; por ende, se trata de un problema entre el trabajador y el "patrón", el cual es susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente ante la autoridad de esa misma naturaleza, por lo que el amparo interpuesto resulta improcedente. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.

  3. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual remite el oficio de la autoridad responsable Jefa de Enfermeras del Hospital Regional Licenciado Emilio Sánchez Piedras, en el que rinde su informe respecto a la suspensión de plano; atento a ello, se provee: Agréguese a los autos, sin mayor proveído, el oficio de cuenta, toda vez que por auto de diecisiete del mes y año en curso, se tuvo a dicha autoridad rindiendo el informe correspondiente.

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