María Teresa Castañeda Rodríguez
Expediente 1329/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1329/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/10/2023
Partes del expediente
- María Teresa Castañeda Rodríguez
Actuaciones
- Principal
(...); se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, para los efectos establecidos en el último punto considerativo de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
MESA V INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 la Ley de Amparo, agréguese al expediente para los efectos legales procedentes, el oficio suscrito por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual rinde informe justificado y ofrece prueba; dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al diverso 124 del propio cuerpo normativo de leyes. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, la documental que exhibe la autoridad responsable, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
MESA V DESAHOGO DE PREVENCIÓN. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico el escrito de cuenta signado por José Francisco Torres Abraham, apoderado legal de la quejosa María Teresa Castañeda Rodríguez, mediante el cual precisa los actos reclamados a las autoridades responsables la prevención formulada en auto de veintitrés de agosto del año en curso. Atento a lo anterior, téngase por desahogada la prevención formulada a la parte quejosa. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, de la demanda y escrito aclaratorio se obtiene que la parte quejosa reclama: Del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México reclama la omisión de señalar día y hora para la reinstalación de la quejosa a su fuente de trabajo, de conformidad con el laudo de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 537/2020. Del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Toluca reclama la omisión de cumplimiento al laudo de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 537/2020. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. Sin que pase desapercibido que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México a quien el impedir y abstenerse de llevar a cabo la ejecución del laudo; sin embargo, no resulta ser un acto reclamado destacado, pues deriva de la dilación reclamada al presidente del referido tribunal laboral. Además, pues el acto reclamado debe delimitarse en consideración, a la etapa procedimental en la que se encuentra el juicio laboral de origen, pues en caso de concederse el amparo la sentencia respectiva deberá guardar respeto a los principios de congruencia y exhaustividad, lo cual ha sido plasmado en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común, página 732, del contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." De igual forma resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO PARCIAL. Ahora, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y en tal supuesto, debe desecharse de plano. En efecto, el numeral 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Expuesto lo anterior, este juzgador estima que respecto del acto reclamado al Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Toluca consistente en la omisión de cumplimiento al laudo de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral de origen 537/2020 se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción II y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: (.) II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La causal de improcedencia invocada se surte plenamente en el presente asunto, debido a que el acto que se reclama, no resulta ser de autoridad, sino se trata de una actuación respecto de la relación laboral entre trabajador (parte quejosa) y el Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Toluca. En efecto, el acto que reclama el peticionario de amparo no deriva de una relación de supra a subordinación, como la que se suscita entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino que surgen en un plano de carácter laboral. Ese tipo de relación difiere sustancialmente, de la que se entabla entre autoridad y gobernada, y al efecto, resulta conveniente acudir al concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, en la tesis P. XXVII/97, publicada en la página 118, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De dicho criterio se sostiene que autoridad, para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares, y por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y, para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación; tal y como en el caso aconteció, pues la parte quejosa demando en vía laboral al Ayuntamiento Constitucional de Toluca. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Es corolario de lo anterior que, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernada y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que deba establecerse que, cuando los trabajadores al servicio de cualquiera de las dependencias de gobierno, promueven un juicio de amparo contra las acciones relacionadas con su relación laboral y/o la modificación de sus condiciones de trabajo, el juicio constitucional resultará improcedente, precisamente porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo. En ese contexto, el acto combatido no puede ser materia del juicio de amparo, por ser ajeno a una relación de supra a subordinación, ya que el vínculo entre el demandante del amparo y el Ayuntamiento Constitucional de Toluca, es de carácter laboral. Así, el acto reclamado carece de las características de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por tratarse de acontecimientos suscitados en la relación laboral que guarda el quejoso con las autoridades que señala, por lo que no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernado, sino una relación laboral, en la que los entes públicos actúan como patrón y no con el carácter de autoridad. Se dice lo anterior, en virtud de que lo reclamado por el quejoso en esta vía, es la asignación de una nueva clave de trabajo y por ende una afectación a sus circunstancias laborales (prestaciones e ingresos), lo que deja en evidencia que la relación que existe entre el promovente y las pretendidas autoridades responsables, es meramente de carácter laboral, misma que tiene su origen en un vínculo empleado-patrón y no gobierno-gobernado, en la que se entabla una relación entre particulares actuando en un mismo plano, es decir, en igualdad. Por tanto, se colige que atento a la relación que guarda la quejosa y el Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Toluca, para efectos del juicio de amparo el acto reclamado no puede ser considerado como de autoridad. Resulta aplicable, la Jurisprudencia I.6º.T. J/28(10ª.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo número de registro es 2011343, del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Y la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 168713, página 2338, Novena Época, Tomo XXVIII de octubre de dos mil ocho del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA DEMANDA PROMOVIDA POR UN TRABAJADOR DE UNA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEL SISTEMA EDUCATIVO DE UN ESTADO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA DONDE AQUÉL PRESTE SUS SERVICIOS. Si un trabajador ejerce acción contra la Secretaría de Educación Pública federal, pero del escrito de demanda y de las pruebas que acompaña se advierte que la relación de trabajo se estableció con una institución dependiente del Sistema Educativo de un Estado, su conocimiento corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la entidad federativa donde aquél preste sus servicios, porque de conformidad con los respectivos convenios celebrados entre los Ejecutivos Federal y de los Estados, éstos acordaron el traspaso y recepción de los servicios educativos y la incorporación de sus trabajadores al sistema estatal, por lo que la responsabilidad de dicha relación laboral corresponde a la Secretaría de Educación Pública de cada entidad federativa." Máxime, que en el caso concreto el Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Toluca es contraparte de la quejosa en el juicio laboral de origen, por lo que su actuar con motivo de dicho procedimiento debe ajustarse a lo ordenado por el órgano jurisdiccional ante el que se dirimió el juicio. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción II y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha parcialmente la demanda de amparo únicamente por lo que respecta del acto reclamado al Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Toluca consistente en la omisión de cumplimiento al laudo de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral de origen 537/2020. ADMISIÓN. Ahora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda de amparo, únicamente por lo que respecta a la omisión del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México de señalar día y hora para la reinstalación de la quejosa a su fuente de trabajo, de conformidad con el laudo de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 537/2020 . INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. Acorde con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dese la intervención correspondiente. Motivo por el cual, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio, dejando a su disposición en este Juzgado de Distrito, copia simple de la demanda y auto admisorio. APERTURA INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que se aperture el incidente de suspensión; en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 127 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las once horas con diez minutos del cinco de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo dicha audiencia. SOLICITUD DEL INFORME JUSTIFICADO. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, solicítese a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria correspondiente. Se apercibe a la responsable que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado, apercibida que en caso de ser omisa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se hará acreedora a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, las consistentes en la presuncional en su doble aspecto legal y humano y la instrumental pública de actuaciones las cuales se tomarán en consideración conforme al valor probatorio que merezcan. Respecto de la documental consistente en copias certificadas del expediente laboral de origen, únicamente se tiene por anunciada, hasta en tanto obre en autos, sin que haya lugar a requerirlas pues la parte quejosa no acredita haber agotado lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que la autoridad responsable se negare a recibir los oficios derivados del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se hará acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y de forma electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por *, apoderado legal de la quejosa * , personalidad que se le reconoce al exhibir la carta poder de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en contra de actos del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y otras autoridades. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1329/2023-V. PREVENCIÓN. Del estudio integral de la demanda de mérito, que autorizan los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, se desprende que el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En ese tenor, acorde con lo previsto en el artículo 114, fracción IV, en relación con el 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir a la promovente para que, dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con cinco copias de su escrito aclaratorio, realice lo siguiente: ÚNICO. Deberá indicar de manera concreta y precisa el acto que pretende controvertir por esta vía constitucional y la autoridad a la cual lo reclama. Esto es así, pues el promovente señala los siguientes actos reclamados: "1.- Del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México: A. La omisión de dictar las medidas necesarias para que a la ejecución del laudo sea pronta y expedita. B. La omisión de llevar señalar día y hora para la celebración de la reinstalación de la actora en su trabajo. C. Todos los actos que a llevado y que lleve a cabo el Presidente del Tribunal para impedir, suspender, obstaculizar y detener el procedimiento de ejecución del laudo. 2.- Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje: A. La omisión en llevar a cabo la realización de las diligencias necesarias para la ejecución del laudo por cuando hace a la reinstalación de la actora. B. Todos los actos que a llevado a cabo y lleve a cabo el Tribunal para impedir, suspender, obstaculizar y detener el procedimiento de ejecución del laudo. 3.- Del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Toluca.- A. La omisión de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 251 párrafo segundo de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios por parte del Titular del Ayuntamiento en atenerse a lo dispuesto por el laudo en cumplimiento al laudo en el juicio laboral que nos ocupa y quienes se han abstenido en llevar a cabo la reinstalación de la actora en su trabajo." Y los antecedentes señala que el catorce de marzo de dos mil veintitrés se dictó el laudo que condenó al Ayuntamiento de Toluca a su reinstalación, así como de cubrirle los salarios caídos y demás prestaciones laborales, pero precisa que la parte demanda presentó demanda de amparo directo, donde se concedió la suspensión del laudo y se negó respecto de la reinstalación de la actora en su trabajo. Asimismo, precisa que el veinticinco de abril de dos mil veintitrés solicitó ante la responsable que señalara fecha para su reinstalación laboral, sin que a la fecha el Tribunal haya emitido pronunciamiento alguno de su ocurso. Lo anterior, genera incertidumbre, dado que no especifica qué acto reclama en esencia, pues en caso de otorgarse la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, sin que se analicen las etapas subsecuentes. Por ello, tendrá que precisar acto reclama de acuerdo al orden cronológico que guardan los autos en el expediente de origen, para que este órgano jurisdiccional se encuentra aptitud de analizar tal situación y fijar correctamente la Litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número XX.57 K, visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Así como, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común, página 732, del contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." APERCIBIMIENTO. Se le apercibe a la promovente que de no cumplir con lo solicitado se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y DOMICILIO PARA ÓIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Dado que el usuario proporcionado "jtorres7605", se encuentra registrado y cumple con los requisitos de ley, se ordena al oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), habilitar los campos correspondientes para la debida consulta del expediente electrónico en que se actúa, de igual manera, como lo solicita se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el usuario referido, con las reglas que se establecen en el diverso 30, fracción II, de la ley de la materia. Respecto del correo electrónico, este no se encuentra previsto en la Ley de Amparo para dichos efectos, por ello no es posible tenerlo como domicilio procesal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero, de la legislación en cita, se ordena habilitar horas y días inhábiles, para realizar las notificaciones relacionadas con este juicio de amparo. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese electrónicamente.
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