María Teresa Blanca Ponce de León Y Tenorio

Expediente 261/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
261/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
07/08/2023

Partes del expediente

  • María Teresa Blanca Ponce de León Y Tenorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se ordenó el archivo del presente asunto, sin que se precisara su clasificación documental; en consecuencia, se provee: En cumplimiento a lo que establece el Acuerdo número 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que prevé las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de octubre de dos mil nueve, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN. Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el referido Acuerdo General, una vez realizada la depuración, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de control). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el Acuerdo General citado.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de cuatro de abril de dos mil diecisiete, dictada dentro del presente juicio de amparo, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, resolviera el incidente de liquidación de laudo planteado en el juicio laboral 873/2006 y ordenara al actuario de su adscripción la notificación personal correspondiente a las partes. Asimismo, mediante oficio recibido el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por auto de ocho de mayo siguiente, se dio vista a la parte quejosa con tal documento, mismo que se le notificó el nueve de mayo de la presente anualidad. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que tal como se le requirió remitió copia certificada de la resolución relativa al incidente de liquidación de laudo, dictada el tres de mayo del año en curso, dentro del expediente laboral 873/2006. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la cultura jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda para su guarda definitiva, en el entendido de que, este asunto se tramito sin incidente de suspensión. Finalmente, agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que obre como corresponda, en atención a lo acordado con anterioridad.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual informa las gestiones que está realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta que antecede, ya que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a dicha legislación según su artículo 2º, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE ha causado ejecutoria. En consecuencia, y atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el plazo de cuarenta y ocho horas contado a partir del siguiente al en que quede notificada del presente proveído dé cumplimiento al fallo amparador, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final del último considerando de la sentencia emitida dentro del presente juicio de amparo, que le fue notificada el cinco de abril del año en curso, a través del oficio 179.1S; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 259, de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; cuyo monto diario será de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional) atento a la actualización publicada en el propio diario, el diez de enero de dos mil diecisiete; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. De igual forma, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se le hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no lo exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. Del mismo modo, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales. En el entendido que la responsabilidad a que se hace referencia en líneas precedentes es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Cabe resaltar que si al momento de recibirse el requerimiento respectivo, las autoridades responsables cambiaron de titulares, serán sus sustitutos quienes deberán cumplir con el fallo protector, y el apercibimiento efectuado se entenderá dirigido a ellos. De la misma manera, infórmese a las responsables que en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, los titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y que también son responsables en los términos indicados las personas físicas que ocupan el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria.

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