María Teresa Armas Tejeda

Expediente 1054/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1054/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
23/09/2019

Partes del expediente

  • María Teresa Armas Tejeda

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito de la parte quejosa; en atención a su contenido, devuélvase la documental que refiere, previa razón que se dejen en autos por su recibo. En el entendido que deberá comparecer a recoger dichos documentos dentro del término de noventa días, con fundamento en el último párrafo del punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues en caso de no hacerlo se procederá a su destrucción.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  3. Principal

    Vista la demanda promovida por ..., por derecho propio; regístrese bajo el número 1054/2019-III. DESECHAMIENTO De la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama el oficio número ZATIDVMN-SSB-0496/2019 de quince de agosto de dos mil diecinueve, emitido por el Departamento de Servicios y Atención a Clientes Zona Comercial Atizapán División Valle de México Norte de la Comisión Federal de Electricidad, mediante el cual negó acordar de conformidad la petición de la quejosa de recalcular el ajuste 971/2019. El suscrito advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación al ordinal 5°, ambos de la Ley de Amparo, al no estar en presencia de actos de autoridad. En efecto, el oficio impugnado, que deriva de la solicitud de la quejosa en el sentido de que se aclare el aviso por cobro por ajuste a la facturación derivado del servicio de energía eléctrica de la que es titular, deriva de un acto comercial en el que la emisora no funge como autoridad, sino más bien se trata de cuestiones inherentes al campo de derechos y obligaciones que derivan del suministro de energía eléctrica y respecto de las cuales la vía idónea para combatirlas es acudir ante los tribunales ordinarios. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 198/2017, determinó que la Comisión Federal de Electricidad opera como una empresa privada que, entre otros, presta el servicio público y universal de suministro básico de energía eléctrica bajo un régimen especial. Apuntó que dicho régimen especial -de derecho privado- permite que sus relaciones con los particulares con los que celebra contratos de suministro de energía eléctrica sean entendidas como mercantiles. Es decir, están sujetas a reglas especiales que varían de acuerdo a las necesidades del servicio público y de conciliar los derechos de la empresa productiva del Estado con los derechos de los particulares. Asimismo, señaló que la Comisión Federal de Electricidad, tratándose de relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra-subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Ello, tomando en consideración que, en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo a virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión. Por tanto, se trata de una relación de coordinación en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. El criterio a que se ha hecho referencia está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), que indica: ...Por tal motivo, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en el suministro de energía eléctrica -como el que nos ocupa, relacionado con el ajuste a la facturación derivado del servicio de energía eléctrica-, no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. Es así, precisamente porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo en virtud del contrato de suministro de energía eléctrica, tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación derivada del contrato que celebra la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. Bajo esa óptica, los actos inherentes al ajuste a la facturación derivado del servicio de energía eléctrica, no actualizan los supuestos establecidos para estimar que se está en presencia de actos equivalentes a los de una autoridad, porque la Comisión Federal de Electricidad no los ejerce en forma unilateral y obligatoria, como cumplimiento de funciones que le fueran conferidas por la norma, sino como producto de la relación contractual celebrada entre dicha empresa y un particular. De lo que se sigue que no puede afirmarse, como lo alega la parte quejosa, que la responsable emitió un acto de autoridad y que su actuación es ilegal porque no cita los preceptos legales que sustentan su actuar ni los motivos que le llevaron a determinar que no era procedente recalcular el ajuste que le fue solicitado; lo anterior, porque, como ya se dijo, la Comisión Federal de Electricidad no actúa provista de imperio y poder coercitivo para hacer cumplir sus determinaciones, sino que lo hace como sujeto de derecho privado en una relación contractual. Por lo que la controversia que se plantea no puede dilucidarse por esta vía (amparo), toda vez que constituye una cuestión de carácter mercantil que es susceptible de analizarse por diversa vía y no mediante el control de constitucionalidad que implica esta instancia. Así, como se adelantó, está demostrado que el acto que aquí se reclama se atribuye a una empresa productiva del Estado, la cual, jurisprudencialmente, se ha establecido que no tiene carácter de autoridad cuando actúa en un plano de coordinación con el particular, como en el caso que nos ocupa. Por ello, al quedar demostrada la notoria y manifiesta actualización de la causa de improcedencia a que se hizo referencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por María Teresa Armas Tejeda, por derecho propio. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia ...... DOMICILIO Y AUTORIZADOS En relación a que se le practiquen las notificaciones vía electrónica, aún las personales a que tenga derecho; con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones vía electrónica, aun las que por su naturaleza sean de carácter personal. Asimismo, se tienen como autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; en caso contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. AUTORIZACIÓN DE USUARIO Por otra parte, en atención a su petición de consulta vía electrónica, se autoriza al usuario "luisgr" para lo cual, se encuentra disponible el expediente electrónico, en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, lo anterior con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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