María Teresa Arangure Perez
Expediente 1054/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1054/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- María Teresa Arangure Perez
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio ****, procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual hace del conocimiento que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, el cual radicó bajo la queja civil ***.
- Principal
Téngase por recibido el escrito signado por********************, en su carácter de autorizado de la quejosa ********************, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de cinco de septiembre del presente año, y expone los agravios que en su concepto le causa a su representada dicha determinación. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, expídanse las copias respectivas e intégrese una al presente expediente y distribúyanse las restantes a las partes. Ahora bien, con fundamento en el artículo 101 de la norma invocada, ríndase el informe con justificación a la superioridad, comunicándole que es cierto el acto combatido, toda vez que por auto de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, una vez notificadas las partes de esta determinación deberá remitirse el asunto al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, en turno, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para la sustanciación del recurso interpuesto. Fórmese cuaderno de antecedentes respectivo.
- Principal
Desechamiento. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: Del Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y del Periódico Oficial, todos del Estado de Sinaloa: En el respectivo ámbito de sus competencias, la discusión, promulgación, refrendo y publicación del decreto 122 publicado el cuatro de agosto de dos mil ocho, específicamente, el artículo 46 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa. Del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa: El acto de aplicación del citado decreto consistente en la resolución de once de agosto de dos mil veintitrés, emitida en el juicio sumario civil hipotecario ********************, que negó decretar la caducidad de la instancia. En ese contexto, se advierte que respecto de la determinación reclamada, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deduce de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio en los términos siguientes: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". De la disposición constitucional transcrita se advierte que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Cabe destacar que del propio precepto se advierte que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. En congruencia con esta previsión constitucional, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Como se puede apreciar, el precepto legal transcrito reitera el mandamiento contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, virtud de que establece que tratándose de actos dentro de juicio el amparo en la vía indirecta procede cuando sus efectos sean de imposible reparación, destacando el legislador que por ellos se entiende los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Acorde con la definición dada por el legislador en la ley reglamentaria, se puede concluir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la constitución o en algún tratado internacional del que el Estado sea parte, de modo que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreparable. Esto es, el supuesto de procedencia se actualiza cuando tales actos cumplen concomitantemente con las siguientes notas distintivas: a) Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, b) Esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. De lo antes expuesto, se puede concluir que el legislador trató de evitar que los juicios naturales se interrumpan constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal que fuese presentando en el procedimiento natural y que se estimase perjudicial por algunas de las partes. En el entendido de que para salvaguardar los derechos de los justiciables, el propio legislador estableció como regla excepcional la posibilidad de que se impugnen desde luego únicamente aquellos actos que tengan una afectación de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos; cuestión que se justifica solamente en la medida de que tal violación no podría ser reparada ni aun obteniendo sentencia favorable, por lo que en ese caso ningún caso tendría esperar a que ésta se dictara para poder combatir un acto de esa naturaleza. De lo anterior se desprende que para que un acto de autoridad pueda catalogarse como de imposible reparación -para la procedencia del juicio de amparo-, debe producir una afectación material a derechos sustantivos, cuyas consecuencias sean tan graves que impidan su ejercicio, y no una simple lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que probablemente no trascienda el resultado del fallo. Expuesto lo anterior, se concluye que la resolución emitida el once de agosto de dos mil veintitrés, en el juicio sumario civil hipotecario ********************, en la que el Juez responsable declaró improcedente decretar la caducidad de la instancia en dicho controvertido, no genera una afectación de imposible reparación a los derechos fundamentales de la amparista, pues versa sobre un derecho meramente adjetivo o procesal, ya que sus efectos se traducen únicamente en que continúe el procedimiento de dicho sumario por sus etapas procesales, pero ello no significa que necesariamente deba dictarse una sentencia desfavorable a la promovente, pues es factible que la justiciable obtenga una resolución definitiva favorable en el asunto de origen. En efecto, si la sentencia que se dicte en el controvertido natural le resulta favorable, la afectación que pudo resentir la aquí quejosa, dada la determinación del juez responsable en el sentido de declarar improcedente la caducidad de la instancia en el juicio principal, desaparecería por completo, pues quedaría enteramente satisfecha su pretensión fundamental; lo que demuestra que dicha afectación no trasciende a derechos fundamentales, en tanto que de darse ese supuesto no quedaría huella alguna en la esfera jurídica de la interesada. De lo contrario, esto es, si la sentencia fuese adverso a sus intereses, podría impugnar la violación de que ahora se duele mediante el juicio de amparo directo y hacer valer tal cuestión como una violación procesal, que sería la vía correcta para su impugnación, en términos de lo previsto en los artículos 171 y 172, fracciones IX y XII, de la Ley de Amparo, y en términos de la tesis XVII. 1o. 31 K del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 286, Tomo XIV, Octubre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: ... Efectivamente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 14/2015, determinó que la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. De la ejecutoria en comento derivó la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), visible en la página 15, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que de rubro y texto: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO"; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." En ese contexto, al haberse actualizado la causa de improcedencia que se deduce de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el numeral 113 de la Ley de la materia. Consecuencia jurídica que se hace extensiva al acto reclamado consistente en el artículo 46 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, toda vez que no debe desvincularse el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 235, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada."
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