María Teresa Agustín Zorrila y Otros.

Expediente 1198/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1198/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
01/08/2016

Partes del expediente

  • María Teresa Agustín Zorrila y Otros.

Actuaciones

  1. Incidental

    MESA VII B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, primero de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 1198/2016, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA VII B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, primero de agosto de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el ocho de julio de dos mil dieciséis (fojas 168 a 170), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    MESA VII B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ocho de julio de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio número 12527/2016, signado por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, al que se acompaña el expediente principal del juicio de amparo número 987/2016, así como original y duplicado del incidente de suspensión relativo, promovido por María Teresa Agustín Zorrilla, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, y otras autoridades; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1198/2016. Ahora bien, del contenido del acuerdo dictado por el juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, el treinta de junio del año en curso, se advierte que dicho órgano constitucional estimó que a este Juzgado Primero de Distrito, le corresponde el conocimiento del juicio de amparo 987/2016, de su índice, promovido por María Teresa Agustín Zorrilla; por tanto, al compartir sustancialmente lo expuesto por el órgano Federal de mérito, dado que se estima se actualiza la hipótesis del artículo 46, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este Juzgado acepta seguir conociendo del juicio de amparo de que se trata; acúsese recibo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno respectivo bajo el número de expediente 1198/2016. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo. Por otra parte, no ha lugar a solicitar a las autoridades responsables sus informes justificados toda vez que los mismos ya obran en autos. Sin que haya lugar a ordenar formar el incidente de suspensión, toda vez que en interlocutoria de trece de junio de dos mil dieciséis, se resolvió sobre la suspensión definitiva del acto reclamado a las autoridades responsables; únicamente asígnese la caratula con el número que corresponda. Asimismo, tampoco ha lugar a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, por actualizarse en el caso, una causa indudable y manifiesta de improcedencia. Es así, pues de las constancias que obran en autos, mismas que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que la quejosa María Teresa Agustín Zorrilla, reclama del Juez Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Penal, todos del Distrito Judicial del Centro, la orden de aprehensión librada en su contra, así como la ejecución material de dicho mandamiento de captura por parte del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones y Comandante del Grupo de Ordenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigaciones dependiente de la Procuraduría de Justicia del Estado. Al rendir su informe justificado, el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, convino en la existencia del acto reclamado (fojas 25 y 26), pues al efecto indicó que el veinticuatro de mayo de dos mi dieciséis, libró orden de aprehensión contra la aquí quejosa María Teresa Agustín Zorrilla, en la causa penal 310/2016 de su índice, como probable responsable en la comisión del delito de retención en perjuicio patrimonial de Alma Angélica Franco Vargas. Ahora, de las constancias que fueron remitidas por el juez del proceso, se conoce que en la causa penal 310/2016 el cuatro de junio de dos mil dieciséis, la autoridad judicial Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro resolvió la situación jurídica de la aquí quejosa, y dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley a su favor, por el delito de retención, que se cometió en perjuicio patrimonial de Alma Angélica Franco Vargas. En consecuencia, al haberse dictado auto de libertad por falta de elementos a procesar con las reservas de ley contra la impetrante, operó un cambio de situación jurídica, por virtud del cual deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada por no poder decidirse respecto de dicho acto sin afectar la nueva situación jurídica creada por la resolución de plazo constitucional; por tanto, es evidente que en el caso sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.) En esa tesitura, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XVII del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo, de conformidad con el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia número 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Además, por lo que se refiere a las diversas autoridades responsables titulares de los Juzgados Primero, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Jefe de Grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones Encargado del Grupo de Aprehensiones y Jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial de la Agencia Estatal de Investigaciones, quien rindió informe justificado por orden del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, dichas autoridades negaron la existencia del acto que se les atribuye, motivo por el cual debe sobreseerse respecto de ellas de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Sin que en el caso obste el hecho de que no se hubiese ordenado el emplazamiento de la parte tercero interesada en virtud de que el sentido de la presente determinación no le causa perjuicio. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, según su artículo 2º, segundo párrafo, se tiene como domicilio de la parte quejosa el que indica en la demanda de garantías y por autorizadas con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia a las personas que menciona, por tratarse de un asunto de naturaleza penal. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Por otra parte, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública del fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; mediante oficio que al efecto se gire, remítase el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, para que realice la compensación respectiva a fin de equilibrar las cargas de trabajo y posteriormente lo devuelva a este juzgado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria José Antonio Suárez Gómez, que autoriza y da fe.

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