Maria Teresa A. De Marmolejo
Expediente 524/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/10/2017
Partes del expediente
- Francisco Marmolejo Huerta
- Maria Teresa A. De Marmolejo
Actuaciones
- Principal
DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de dos de octubre de dos mil diecisiete, en el que SE DESECHÓ DE PLANO la demanda de amparo presentada por ********************; por tanto, se declara que QUEDA FIRME el referido auto, causando estado con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 97 del mismo ordenamiento legal. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno; y, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; en la inteligencia de que conforme al considerando vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente si es susceptible de destrucción. Finalmente, es de indicarse que este expediente no es de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.
- Principal
A DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta signado por los quejosos Francisco Marmolejo Huerta y Maria Teresa Rocha A. de Marmolejo, por medio del cual dan cumplimiento a la prevención realizada el doce de septiembre de dos mil diecisiete, realizando diversas manifestaciones bajo protesta de decir verdad respecto del acto reclamado y sus antecedentes. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables lo siguiente: "IV.-ACTO RECLAMADO: El auto de fecha 23 de Agosto de 2017, mediante el cual la autoridad responsable indebidamente no admitió la interposición del Recurso de Queja interpuesto por los suscritos en contra de la Sentencia Interlocutoria pronunciada en la etapa de ejecución de agosto de fecha 17 de Agosto de 2017, mismo auto que me permito transcribir. "Visto lo manifestado por los ocursantes, no ha lugar de conformidad en virtud, de que su petición no encuadra en el supuesto de la fracción II del artículo 709 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. Lo anterior dado que la interlocutoria de la cual se duelen no fue ejecutada en ejecución de sentencia.". El cual causa agravio a los suscritos en virtud de que si encuentra en la fracción mencionada, dentro del expediente 267/04"" De la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de su escrito aclaratorio, se colige que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo. 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;..." En efecto, se arriba a la anterior determinación, toda vez que la parte quejosa se duele del auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, proveída en el expediente 264/2004, en el cual, se tuvo a la autoridad responsable desechando el recurso de queja interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dictada en etapa de ejecución. En este contexto, este juzgador advierte que es improcedente el juicio de derechos fundamentales contra el citado acto reclamado, dado que el mismo no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, por lo que se considera que se actualiza la causa de improcedencia En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al momento de la presentación de la demanda, y 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto. La primera regla genérica, consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquéllos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del Gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de los derechos fundamentales, pues esta afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. La segunda regla genérica, consiste en que el juicio de amparo bi-instancial procede en contra de actos dictados por Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del País, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y, la regla específica introducida por el legislador, con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo, en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Al caso concreto, es aplicable el criterio sostenido por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número P/J. 32/2001, visible en la página 31 del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.- La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente" Asimismo, de forma análoga, la Jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), Decima Época, con registro 2011474, de la Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, pagina 1066, cuyo rubro y texto es el siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." En estas condiciones y en relación a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio de origen, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de derechos fundamentales. Esto es así, pues a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de amparo. En esta línea del pensamiento, es claro advertir que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, porque del escrito de demanda y de su escrito aclaratorio, se tiene la manifestación bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, de la cual se desprende que el acto reclamado fue emitido en etapa de ejecución de sentencia; manifestación que constituye una confesión expresa, a la que se confiere valor probatorio pleno de conformidad a lo que disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. De lo anterior, resulta claro que el auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Segundo de lo Civil, con sede en esta ciudad, en la que determinó no admitir el recurso de queja interpuesto en contra de la interlocutoria pronunciada el diecisiete de agosto del propio año, en etapa de ejecución de sentencia, no constituye la última resolución de dicha etapa de ejecución, pues en ella no se aprobó ni se reconoció de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o bien la imposibilidad para cumplirla, para que en su caso procediera el juicio bi-instancial de amparo, dado que es un acto intermedio dictado dentro de ese procedimiento de ejecución, porque la última resolución será la resolución que tenga por cumplimentada la sentencia definitiva o declare su imposibilidad. En efecto, para que el juicio de amparo sea procedente en contra de un acto dictado en la etapa de ejecución de sentencia, el mismo no debe estar encaminado a obstaculizar el cumplimiento de la sentencia dictada en el procedimiento natural, y por el contrario, debe constituir la última resolución dictada en dicha etapa y estar encaminado directamente a cumplir con el fallo respectivo. Por tanto, ninguna de las resoluciones intermedias dictadas dentro del período de ejecución de sentencia -como lo es precisamente el acto reclamado, por constituir el auto donde se resolvió no ha lugar a admitir un recurso de queja en contra de una sentencia interlocutoria dictada en ejecución de sentencia-, puede ser combatida a través del juicio de amparo indirecto, ya que sólo hasta que se pronuncie la resolución final en ese procedimiento, es decir, la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Esto es así, porque el acto que reclama la parte quejosa por sí solo no les causa un agravio personal y directo y será hasta que, en su caso, se lleve a cabo la última diligencia en que se tenga por cumplida la sentencia definitiva que resolvió en lo principal el juicio natural, la que le irrogue el perjuicio a que alude y cuando proceda el juicio de derechos fundamentales, donde tendrá la oportunidad de hacer valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido durante ese período. Por lo tanto, si en el caso en particular los actos reclamados resultan ser determinaciones judiciales intermedias dictadas para dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, es claro que el juicio de amparo resulta ser improcedente, ya que será hasta que se declare el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare su imposibilidad jurídica para ello, que proceda el juicio biinstancial, donde la hoy quejosa podrá hacer valer todas las violaciones cometidas durante el período de ejecución de sentencia como los actos que ahora pretendió reclamar. ... procede DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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A VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta que presenta Marisela Velázquez Haro, autorizada de la parte quejosa, en el presente juicio de amparo, con el cual pretende dar cumplimiento al proveído de doce de septiembre de dos mil diecisiete, en el que se otorgó el plazo de cinco días a los quejosos para el efecto de que manifestaran bajo protesta de decir verdad diversas cuestiones relativas a los antecedentes del acto reclamado. Ahora, en primer término se estima necesario precisar lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo: "ARTÍCULO 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral tratándose del patrón, o administrativa, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." De la anterior transcripción, se advierte que Marisela Velázquez Haro, se encuentra limitada para realizar cualquier acto en nombre de los quejosos, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de amparo. En estas condiciones y advirtiéndose que en el caso concreto, el escrito de cuenta se encuentra suscrito por Marisela Velázquez Haro, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y no así, por los propios quejosos Francisco Marmolejo Huerta y Maria Teresa A. de Marmolejo; razón por la cual, no resulta dable tener por cumplida la prevención realizada en auto de doce de septiembre del presente año, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad", constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, lo cual no puede quedar comprendido dentro de los actos necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", que establece el artículo 12 de la ley de la materia, ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan. Lo anterior tiene su sustento en la Jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10ª.), cuyo rubro y texto es el siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Precisado lo anterior, no es el caso tener por cumplido el requerimiento efectuado en el proveído de doce de septiembre de dos mil diecisiete; por lo que, el resto del plazo concedido en el citado acuerdo, se interrumpe el veintidós de los corrientes, que fue el día en que presentó el escrito de cuenta y se reanuda a partir de la notificación de este proveído, para que esté efectivamente en posibilidad de cumplimentarlo en sus términos; en la inteligencia, de que se reitera a la parte quejosa el apercibimiento decretado en el auto de doce de septiembre del presente año. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, el siguiente criterio Jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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ACUERDO PERSONAL ...........----------........... Vista la demanda de amparo que presentan FRANCISCO MARMOLEJO HUERTA y MARIA TERESA A. DE MARMOLEJO, contra actos de la autoridad responsable JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL, con sede en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo, previo su registro en el libro de Gobierno bajo el número de orden 524/2017. Ahora, con fundamento en el artículo 108, fracciones IV y V, en relación con la fracción IV del numeral 114, ambos de la Ley de Amparo, a efecto de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo; REQUIÉRASE a los promoventes de amparo, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir de la notificación de este proveído, precisen bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 1.-El tipo de juicio civil del cual deriva el acto reclamado, ya que omiten tal información. 2.-Si en dicho juicio son parte o promueven su demanda como terceros extraños. 3.-En su caso, señalen quienes son parte en el juicio de origen. 4.-Asimismo, deberán precisar mayores antecedentes del acto reclamado. Asimismo, deberá acompañar al escrito con el que cumpla la prevención que en este auto se le hace, las copias simples y suficientes para cada una de las partes. En la inteligencia, que de no cumplir con lo anterior, en el término que para tal efecto se le concede, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. De igual forma, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la ley en comento, SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que en su caso, EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entregue los oficios derivados del mismo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Calafia 631-3, Centro Cívico de esta ciudad; autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Georgina Patiño García y Marisela Velázquez Haro, asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones a Pablo Issael Esquivias Morales Y Maria de los Ángeles Hernández Moreno. De conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, y 5 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada en nueve de mayo de dos mil dieciséis y reformada en veintisiete de enero de dos mil diecisiete; además con las disposiciones aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el derecho fundamental de las partes a la oposición de la publicación de sus datos personales puede ejercerse en cualquier instancia seguida ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que, se hace de su conocimiento tal derecho, en el entendido de que aun cuando se omita expresar tal oposición, este órgano al emitir la sentencia respectiva elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información al gobernado que la solicite, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada y suprimiéndose la relativa en los términos que prevé el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicada el seis de febrero de dos mil catorce, en el diario oficial de la federación. Por último, dígase a las partes y sus representantes que en el presente asunto podrán acceder electrónicamente para consultar, presentar recursos y promociones electrónicas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica y surtirá efectos únicamente en el presente expediente, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015.
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