María Teodora Pat Dzul
Expediente 22/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 22/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Teodora Pat Dzul y Otros.
- María Teodora Pat Dzul
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó en este juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que deriva de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Anita Morales del Porte, que autoriza y da fe. En la misma fecha (26 de febrero de 2019) se libran los oficios correspondientes, en términos de la minuta que se agrega. Conste.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción III del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de siete de enero de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión provisional del acto reclamado, por lo que deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictado el acuerdo que concedió la suspensión provisional. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Anita Morales del Porte, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el alegato ministerial número 28/2019 signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual realiza los alegatos correspondientes y solicita se le expida copia certificada de la sentencia que se dicte, el cual se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, por lo que respecta a las manifestaciones vertidas en el alegato de mérito, no se hace pronunciamiento alguno en virtud de que el treinta y uno de enero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo. Finalmente, como lo solicita la representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, expídasele copia certificada de la constancia que solicita. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Anita Morales del Porte, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que inmediatamente antecede, se tienen por recibidos los informes justificados rendidos por el Director, Subdirector Médico y Jefe de Servicios de Urgencias, todos del Hospital General Regional Número 12 "Licenciado Benito Juárez" del Instituto Mexicano del Seguro Social, autoridades señaladas como responsables, los cuales se agregan a estos autos para que obren como legalmente correspondan. Ahora bien, toda vez que mediante proveído de veintidós de enero de dos mil diecinueve, se reservó el oficio suscrito por Carlos Alberto Varguez Coello, quien se ostentó autorizado en términos amplios de la autoridad responsable Director del Hospital General Regional Número Doce "Licenciado Benito Juárez" del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y en atención a la prevención que se le hizo en auto de siete de enero de dos mil diecinueve, invocó una causa de sobreseimiento, hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la citada autoridad responsable, lo cual ya aconteció. En mérito de lo anterior, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de las autoridades responsable, el señalado en el oficio e informes de mérito, por tratarse de su residencia oficial y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como sus delegados a los profesionistas que citan en los mismos. Ahora, de la lectura del oficio, informes justificados y constancias anexas, se advierte la existencia de la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 63 fracción III, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona;". En el caso, Reyna Isabel Chan Pat a favor de María Teodora Pat Dzul señaló como acto reclamado la omisión de brindarle atención médica por los padecimientos de múltiples enfermedades. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado por la promovente del amparo, se constriñe al agravio que pudiera haber sufrido María Teodora Pat Dzul en su integridad física, con motivo de la falta de atención médica por los padecimientos de múltiples enfermedades. De ahí, que como se dijo, se actualice la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63 fracción III, de la Ley de Amparo, relativa a la muerte del quejoso durante el juicio, si el derecho fundamental reclamado sólo afecta derechos estrictamente personales del agraviado, es decir, inseparables de su persona, pues sin duda la extinción del juicio de amparo se actualiza al quedar sin parte agraviada y sin derecho que tutelar. Es así, ya que de la copia certificada del acta de defunción que remitió Carlos Alberto Varguez Coello, delegado de las autoridades responsables, expedida el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, por el Encargado del Registro Civil del Estado, con número de folio 2184130, con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2º, se advierte que María Teodora Pat Dzul, falleció durante la tramitación de este juicio, esto es, el ocho de enero de dos mil diecinueve (foja 26). Luego, tomando en consideración que es presupuesto necesario para la prosecución de la acción del amparo, que se promueva por la parte a quien perjudique el acto o ley que se reclame, y que en el caso, el acto que la directa quejosa María Teodora Pat Dzul, reclamaba sólo afectaba sus derechos personales como es la salud, es claro que no se puede entrar al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVI.5o.8 K., sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, Novena Época, visible en la página 1793, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. SE ACTUALIZA ÉSTE CUANDO ACAECE EL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO AFECTANDO SÓLO SUS DERECHOS PERSONALES. Sin la presencia de sucesión alguna, o bien, designación de herederos, luego del conocimiento del fallecimiento del quejoso, la garantía reclamada afecta entonces sólo a su persona y, por tanto, se trata de un derecho personalísimo cuya extinción por la muerte del agraviado produce sin duda la extinción del juicio de amparo en la medida en que no reviste significación ni importancia patrimonial, en cuanto a que después de su muerte no trascendió dicha garantía a su sucesión por inexistencia de la misma. De manera que, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y, por tanto, no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada; presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide que se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; no cabe entonces otra conclusión que estimar que, en el caso, respecto del juicio de garantías, al quedar sin parte agraviada y sin garantía qué tutelar, se surte la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como la tesis II.2o.C.45 K., sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, Novena Época, visible en la página 909, interpretada a contrario sensu, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE SI CON LA MUERTE DEL QUEJOSO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO SE AFECTAN INTERESES PATRIMONIALES. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 74 fracción II de la Ley de Amparo, no procede sobreseer en el juicio de garantías por la sola circunstancia de que muera el quejoso durante la tramitación del juicio si los actos reclamados no son de índole meramente personal, como la vida y la libertad, y exista la posibilidad de que sean afectados sus intereses económicos. Ciertamente la disposición indicada en segundo término establece que procede el sobreseimiento cuando el agraviado muera durante el juicio, pero hay que atender si la garantía reclamada sólo afecta a su persona, pues cuando no es así de ningún modo se actualiza el supuesto de la indicada norma; por tanto, cuando el acto reclamado provenga de un juicio sucesorio donde inicialmente se declare único y universal heredero al quejoso, y la sentencia que constituya el acto reclamado modifica dicho fallo para reconocer a otra persona como heredero, en ese supuesto deviene incuestionable que la garantía reclamada afecta no únicamente a la persona del quejoso, sino a sus intereses patrimoniales o derechos económicos de sus herederos; entonces, ante tales razones, no procede sobreseer en el juicio de garantías por el simple hecho de la muerte del agraviado antes de la celebración de la audiencia constitucional." En consecuencia, al actualizarse la causa de sobreseimiento que se estudia, con fundamento en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, respecto del acto que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables. En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Anita Morales del Porte, que autoriza y da fe.
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