María Susana Torres Esparza
Expediente 24/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 24/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/03/2022
Partes del expediente
- María Susana Torres Esparza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado A-2303/2022, que signa el Juez Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcribe el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, emitido dentro del expediente 382/2017, del que se advierte que ante la imposibilidad de notificar a Nohemí Vargas Flores, el contenido del acuerdo de once de marzo de dos mil veintidós, se previno al hoy quejoso ********************, para que dentro del término de cinco días proporcione domicilio de Nohemí Vargas Flores, con el apercibimiento ahí establecido; en consecuencia, se le tiene en vías de cumplimiento. Efectos de la sentencia de amparo. En acatamiento a la resolución emitida por Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, dentro de los autos de la inconformidad 8/2021, es necesario destacar lo siguiente: Es decir, el Juez declaró cumplida la sentencia de amparo sin conocer el éxito que al efecto se hubiera obtenido con las medidas que al efecto dictó el Juez rector del procedimiento; dicho de otra forma, no constato que las órdenes de la autoridad de origen hubieren sido cumplidas tanto por el Secretario Ejecutor de su adscripción, como por las diversas dependencias y personas morales. En efecto, no existe la constancia por parte del Secretario en la que certifique el resultado de la encomienda que se le dio, como tampoco obra minuta y acuse de recibo alguno del cual se aprecie la elaboración de los oficios direccionados a las diversas dependencias y empresas, aun menos algún comunicado que informe lo requerido. Sostener que es innecesario que el Juez Federal recabe el resultado de las diligencias ordenadas, para declarar cumplida la ejecutoria de aparo, se traduciría en dar continuidad a lo que ha ocurrido en el procedimiento de origen y que por cierto fue lo que motivó la concesión de la protección Federal. No debe olvidarse que desde marzo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable se encuentra realizado varias diligencias tendentes a lograr el cumplimiento de la convivencia familiar que al efecto pactaron los progenitores del menor de edad, donde convinieron en establecer un régimen de visitas a través de las cuales el menor de edad podría fortalecer el lazo que le une con su progenitor ********************, sin embargo, han resultado infructuosas, ante la falta de cooperación de ********************, no obstante que se le ha apercibido con los diversos medios de apremio que la ley contempla, que van desde multa y ha llegado hasta el arresto; de las cuales, por cierto, no se tiene constancia alguna que refleja que han sido ejecutadas en su contra. Entonces, conforme a los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo y atendiendo que está por medio el interés superior del menor, no es factible tener por cumplida la sentencia de amaro en la que el único propósito es vincular a la autoridad responsable a que realice todos aquellos actos tendentes a materializar la convivencia familiar entre el progenitor ********************, y menor de edad ********************; y de las constancias que remitió el Juez de origen para demostrar haber dado cumplimiento, tan solo se aprecia el dictado de un acuerdo del cual por cierto no se tiene conocimiento alguno sobre la forma en que se ejecutaron las diversas órdenes contenidas en esa resolución. Por ello, no puede declararse cumplida a cabalidad la ejecutoria de amparo, pues, es menester atender a su núcleo esencial y no es otro que en el juicio de origen se dicten las medidas pertinentes que garanticen el cumplimiento de la convivencia a que tiene derecho, lo que no puede decirse que queda satisfecho con el dictado de un acuerdo que instruye al Secretario Ejecutor para que se constituya en un domicilio y procure entrevistarse con la tercera interesada para requerirle para que facilite la aludida convivencia, y por otro lado ordena girar oficios para localizar el domicilio actual dela aludida tercera. Es así, ya que para estar en aptitud de determinar que las medidas ordenadas por la autoridad responsable son certeras y conducen a materializar la convivencia entre el menor de edad y su progenitor, es menester conocer el resultado de éstas, de suerte tal, que si no se obtiene el resultado esperado, deberá actuarse de manera pronta y precisa para procurar su cumplimiento. En esa línea de pensamiento, se arriba a la conclusión de que es ilegal el acuerdo en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, al no estar en plena posibilidad de verificar si fueron o no acatadas las órdenes que al efecto dio la autoridad judicial y además si lograron frutos. En la inteligencia de que no representa obstáculo alguno, que en los efectos fijados en la sentencia de amparo, el Juez Federal hubiera precisado que para cumplir con la ejecutoria de amparo, la autoridad deberá emitir un acuerdo en el que dicte las medidas concretas para materializar la aludida convivencia, lo que no puede ser concebido en el sentido de que, para tener por cumplida la sentencia de amparo, bastará el pronunciamiento de una resolución judicial que disponga las medidas tendentes a lograr la convivencia familiar, sino que es necesario que dichas medidas resulten ser aquellas que brinden al quejoso y menor de edad la posibilidad de disfrutar de tan importante evento familiar, pues, no debe perderse de vista que la custodia la ejerce Nohemí Vargas Flores, a quien por cierto se ha requerido en múltiples ocasiones y no se ha logrado dicho objetivo. Es por ello que, el alcance que debe darse al efecto que fijó el Juez Federal en la ejecutoria de amparo, en cuanto a que se pronuncie un acuerdo en el cual se dicten las medidas concretas que permitan la convivencia familiar, es aquél en que se dicten medidas que resulten efectivas para el objetivo perseguido. En ese contexto, se declara fundado el recurso de inconformidad planteado por el quejoso ********************. [.] [Lo resaltado es propio de este Juzgado de Distrito] Requerimiento. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgador federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que en el plazo de cinco días, contado a partir de siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada, completa y legible de las constancias con las cuales acredite el cumplimiento al fallo protector; o en su defecto, informe la imposibilidad que tenga para ello. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que no se encuentra vinculada al expediente electrónico del presente asunto la notificación personal ordenada a la parte quejosa en proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós; en consecuencia, se ordena al actuario judicial realice de inmediato la notificación de mérito o, de ser el caso y ya haberla realizado agregue la notificación respectiva, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el ocho de mayo de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "SÉPTIMO. Fijación de los efectos de la concesión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo. A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo, las autoridades responsables, deberán: I. Abstenerse de seguir descontando la cantidad de $3,414.85 (tres mil cuatrocientos catorce pesos 85/100 m.n.), en el recibo de pago de la parte quejosa que de manera quincenal se ha realizado. Lo anterior, como se dijo en la presente sentencia, siempre y cuando dicho descuento, derive de lo ordenado en los autos del juicio mercantil oral emisión de la sentencia definitiva dictada en los autos del juicio mercantil, expediente 882/2015, de la estadística del Juzgado Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Asimismo, para que Alejandro Bermúdez Padilla, en su carácter de Director de Cobranza Administrativa del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Karina Livier Macías Guzmán, en su carácter de Directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Abdiel Gálvez Medina, Director de Cobranza Jurídica del Instituto de Pensiones del Estado; II. De manera inmediata den respuesta la solicitud del quejoso presentada mediante escrito de doce de marzo de dos mil veinte, y se la hagan de su conocimiento." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió el comunicado del Apoderado General del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, por el cual remitió copia certificada del oficio 262/2021, impresión de la Bitácora, impresión de Pantalla y el informe de Saldo a Liquidar de Préstamos Vigentes, de lo que se advirtió la situación actual respecto de la cuenta del quejoso en ese Instituto de Pensiones. Con el diverso comunicado, acordado el treinta de septiembre pasado, la autoridad oficiante, remitió copia certificada de las constancias con las cuales acreditó las gestiones realizadas a fin de lograr el cumplimiento al fallo protector, se giraron las instrucciones correspondientes a fin de llevar a cabo la cancelación del descuento, lo cual ya aconteció, como se ordenó; asimismo, del oficio 0325/2021 del Director de Cobranza Administrativa del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, dio respuesta a la solicitud presentada por el quejoso el doce de marzo de dos mil veinte, el cual hizo de su conocimiento, atendiendo así los lineamientos de la sentencia amparadora. En auto de ocho de noviembre pasado, la Juez Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, informó que dentro las actuaciones del juicio de origen, Ricardo Lomelí Famoso, no fue condenado a ninguna de las prestaciones reclamadas, por lo que no se ordenó ningún descuento en el recibo de pago del citado ****, que de manera quincenal se ha realizado por parte del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en razón a que no se admitió demanda en contra de él, para tal efecto remitió copia certificada de la sentencia definitiva de dos de febrero de dos mil diecisiete. El diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, la Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Servicios Generales del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, remitió copia certificada de las constancias con las cuales acreditó las gestiones realizadas a fin de lograr el cumplimiento al fallo protector, de las que se advirtió lo siguiente: Relación con desglose de los descuentos quincenales, con lo que se prueba que esta autoridad se abstuvo de descontar la cantidad de $3,414.85 (tres mil cuatrocientos catorce pesos 85/100 moneda nacional), en el recibo de pago de la parte quejosa, y en la que consta además, cuáles de ellos eran derivados por concepto de impuesto sobre la renta (ISR), aportación de fondo correspondiente al IPEJAL, y préstamo a mediano plazo (PMP). Se hace hincapié que ninguno de los descuentos fue a merced de lo ordenado por el Juzgado Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Copias certificadas de los recibos de nómina del quejoso desde el día que ingreso a este órgano jurisdiccional, de los que se desprende a partir de la fecha que se realizó el primer descuento por préstamo mediano plazo, reflejado en el portal del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, y hasta la fecha en que se suspendió tal descuento por orden judicial federal. (Los recibos que se contienen son hasta el mes de octubre del año que corre). Certificación de impresión de pantalla, en una foja, correspondiente a la página del Portal Electrónico del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, relativo a la consulta EAD en Histórico, en donde se advierte en el folio 706 setecientos seis, el descuento ordenado a realizarse al ciudadano Ricardo Lomelí Famoso con motivo de abono a Préstamo a Mediano Placo, por sus siglas PMP. [Lo resaltado en propio de este Juzgado] Además, informó que a la fecha de la emisión del comunicado de cuenta, ya no se descuenta cantidad al quejoso por préstamo y orden judicial alguna, y las deducciones que se realizaron son las correspondientes al impuesto sobre la renta (ISR) y a la aportación a fondo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL). Con el acuerdo de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se proveyó el escrito del quejoso *****, por el que desahogó la vista de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, al efecto manifestó que las retenciones que se realizaron a su salario no fueron en cumplimiento a lo ordenado por el Juez Cuarto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial, como consecuencia, solicitó que se le restituyera de manera inmediata los montos retenidos de su salario, sin causa justificada. Luego, por auto de catorce de diciembre pasado, la Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Servicios Generales del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en atención a lo requerido por este órgano federal el dos de diciembre de dos mil veintiuno, informó que las retenciones a las que hizo referencia la parte quejosa, fueron debidamente enteradas por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, por lo cual, al no contar con dicho numerario, esa autoridad manifestó tener imposibilidad a hacer entrega en los términos solicitados. Finalmente, el diez de enero de dos mil veintidós, el Apoderado General del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención a lo requerido por este órgano federal el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, informa que los descuentos que se estaban realizando al quejoso, fueron cancelados, de lo cual allega copia para acreditar dicha circunstancia. Con lo cual, se ordenó dar vista a las partes, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Manifestaciones de la parte quejosa. Mediante escrito recibido en este juzgado el dieciocho de enero de dos mil veintidós, el quejoso Ricardo Lomelí Famoso, desahogó la vista contenida en proveído de diez de enero de dos mil veintidós, manifestó que se requiriera a la autoridad responsable para que realice la devolución de monto que le fue retenido, ya que a la fecha no lo ha realizado. En el caso, debe desestimarse lo alegado por la parte quejosa, debido a que la sentencia pronunciada por este juzgado se determinó que la concesión del amparo, era que la autoridad responsable se abstuviera de seguir descontando la cantidad de $3,414.85 (tres mil cuatrocientos catorce pesos 85/100 m.n.), en el recibo de pago de la parte quejosa que de manera quincenal se ha realizado, asimismo, para que de manera se le diera respuesta la solicitud del quejoso presentada mediante escrito de doce de marzo de dos mil veinte, y se la hagan de su conocimiento, lo cual ya aconteció, y no para el efecto de que se le haga la devolución que refiere, por lo que peticiona no es materia del cumplimiento de la sentencia amparadora. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que las autoridades responsables cumplieron con los efectos de la ejecutoria de amparo, esto es, se giraron las instrucciones correspondientes a fin de llevar a cabo la cancelación del descuento que se venía realizando; asimismo, del oficio 0325/2021 del Director de Cobranza Administrativa del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, dio respuesta a la solicitud presentada por el quejoso el doce de marzo de dos mil veinte, el cual hizo de su conocimiento, atendiendo así los lineamientos de la sentencia amparadora. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Original del incidente de suspensión. Igualmente, conforme lo dispone el inciso a) de la fracción y numeral mencionados, el original del incidente de suspensión será depurable en el mismo plazo, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional como la suspensión definitiva, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, así como los demás documentos que se consideren necesarios. En el entendido que el mismo no se glosa a los autos, en razón de lo establecido en la página veinticinco del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Duplicado del incidente. En atención a lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del acuerdo en cita, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, en virtud que resulta ociosa su glosa a los autos del juicio en que se actúa, entretanto transcurre dicho plazo, remítase al legajo correspondiente. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa, los cuales se encuentran glosados, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dichos documentos, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibido que de no acudir por estos, en el plazo indicado, podrán ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Aviso.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, a la parte quejosa, el acuerdo autorizado el ocho de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual, Visto el estado que guarda el presente asunto, así como la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el lapso que tenía la parte quejosa, para que diera cumplimiento a la prevención contenida en el auto de diez de enero de dos mil veintidós; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito y con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo.
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