Maria Suarez Herminio
Expediente 635/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 635/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Maria Suarez Herminio
Actuaciones
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de la secretaría, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, en el cual se desechó la demanda de garantías, origen del presente expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. En términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto la demanda de amparo se desechó, este expediente es destruible después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por MARÍA SUAREZ HERMINIO, contra actos del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 635/2020. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la promovente reclama del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: La falta de contestación a mi escrito presentado el trece de octubre de dos mil veinte, ante el INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA, a través del cual le solicite copia certificada de la constancia de registro o asientos registrales, del inmueble inscrito en la sección 10ª., del tomo XXXI, registro o partida n/A, con fecha de registro 06 de junio de 2009; y la falta de notificación a dicha petición de dicha petición." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, atendiendo a los antecedentes expuestos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o y 6o de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. " "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." "Artículo 6o El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los anteriores preceptos se desprende que el juicio de amparo sólo puede promoverlo quien sufre una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por lo que, en sentido contrario, carece de legitimación quien promueva el juicio de amparo contra actos que no le produzcan una afectación de esa naturaleza. Luego, como en el caso, se advierte que la quejosa reclama violaciones al artículo 8° Constitucional, de la responsable, con motivo de la falta de contestación a su escrito presentado el trece de octubre de dos mil veinte, por el que solicita se le proporcione copia certificada de la constancia de registro o asientos registrales del inmueble que refiere. En el caso, es necesario tener presente que los artículos 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 13 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, establecen: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política, sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." "Artículo 13. Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quién se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar desde luego su respuesta al peticionario." De los preceptos transcritos, se advierte que toda autoridad ante la petición que algún gobernado le realice por escrito, siempre que sea de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar una respuesta congruente y tiene diez días para contestarla, además, hacer del conocimiento del interesado, también por escrito, el resultado de su solicitud; entendiendo por "congruente" que la respuesta relativa debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado, sin omisión de alguna cuestión y sin consideraciones contrarias entre sí y dentro de diez días, el intervalo de tiempo en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, pero sin que el servidor esté vinculado a responder de forma favorable a los intereses del solicitante. Sobre este aspecto, debe hacerse notar que el escrito mediante el cual la promovente solicita le sea expedida copia certificada de la constancia de registro o asientos registrales del inmueble que refiere, se presentó ante la autoridad que señala como responsable el trece de octubre de dos mil veinte y a la fecha de la presentación de la demanda, sólo han mediado cinco días hábiles; descontándose sábados y domingos por ser inhábiles, por lo que se estima que se encuentra transcurriendo el tiempo para que la responsable emita su respuesta, conforme al artículo 13 de la Constitución Local, transcrito. Por tanto, al encontrarse transcurriendo el término a que se refiere el artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, resulta que la demanda de amparo presentada por MARÍA SUAREZ HERMINIO, es improcedente, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente. Ahora bien, toda vez que la quejosa señala los estrados de este juzgado, para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista de acuerdos las notificaciones de carácter personal. Conforme a la certificación realizada por el Secretario del Juzgado, téngase por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que refiere, toda vez que su cédula profesional no se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, como lo solicita la promovente y no obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a dicha parte para utilizar cámara fotográfica o teléfono celular, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que haga de ellos el peticionario, quien estará obligado a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página dos mil ochocientos cuarenta y siete del tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, materia civil, de rubro. "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Lo que será una vez que se pueda obtener acceso al expediente físico, previa cita que agende. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación se firmará de manera electrónica, y que de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tiene validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. Notifíquese personalmente y cúmplase
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