María Sonia Flores Olvera

Expediente 604/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 38 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
604/2019
Año
2019
Actuaciones
38
Última actuación
16/11/2021

Partes del expediente

  • María Sonia Flores Olvera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se autoriza copias certificadas. Agréguese a los autos, el escrito signado por la parte quejosa, en atención a su contenido, se autoriza la expedición de copias certificadas de la sentencia dictada en el juicio en que se actúa. Sin que haya lugar a tener por autorizadas a las personas que se mencionan, para la recepción de las referidas copiar, virtud a que las mismas serán enviadas a través del correo electrónico que previamente proporcione en autos. Ahora bien, a efecto de materializar la entrega de la documental solicitada, con fundamento en el artículo 3o, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, requiérasele para que se ponga en contacto con el licenciado Javier Ivan Contreras Osorio, secretario encargado del trámite de este asunto, al número telefónico celular 4432812463, a fin de coordinarse para tal efecto.

  2. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Acusa recibo de oficio y constancias. Agréguese el oficio signado por la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del oficio con el cual se le notifica que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio en que se actúa, así como de las constancias de donde emanó el acto reclamado que remitió como justificación a su informe de ley, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, como se determinó en autos, remítase el presente asunto al archivo.

  3. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. SE RESERVA ENVÍO FÍSICO DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO. Una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN.. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En proveído de once y resolución interlocutoria de veinticinco, ambos de junio de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente. En consecuencia, el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 3.1. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 3.2. TRANSFERENCIA. Una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse, previa depuración y anotación correspondiente en los libros de gobierno, los originales de los cuadernos principal e incidental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 5. Devolución de constancias. Toda vez que del sumario se aprecia que la autoridad responsable, envió en apoyo al informe justificado que rindió testimonio del toca de apelación I-118/2019, con el cual se formó un tomo de prueba; consecuentemente, en razón de que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo, en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días se tendrán como recibidos a su entera satisfacción. 6. Recepción de oficio. Intégrese el comunicado que remite la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, como lo solicita, hágase de su conocimiento que el juicio en que se actúa, en esta fecha causó ejecutoria. 7. Certificación. De la certificación de cuenta se evidencia un retraso injustificado en la integración de este asunto, por lo que, con las constancias de este expediente se da cuenta al titular por separado para que acuerde lo que en derecho corresponda.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo IV-604/2019; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. Mediante escrito presentado a través del portal de servicio en línea del Poder Judicial de la Federación, recibido el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, y turnado al día hábil siguiente a este Juzgado de Distrito, María Sonia Flores Olvera, por conducto de su apoderado legal solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Una vez admitida la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. Finalmente, se dio aviso a las partes sobre la readscripción de quien esto resuelve; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 37 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, 48, 54, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece el número, denominación y circunscripción territorial de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos y Juzgados de Distrito, dado que la demanda de amparo fue promovida por una persona que se ostenta tercero extraño al juicio por equiparación y en contra de una autoridad judicial que residen dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. La fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, prevé que en las sentencias de amparo se fijará y precisará el acto o actos reclamados. El peticionario de amparo, reclamó la resolución de treinta de abril de dos mil diecinueve, que confirma el auto recurrido, dictada en el toca I-118/20219, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la quejosa, en contra del auto de trece de marzo de dos mil diecinueve emitido por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Tacámbaro, Michoacán, dentro del juicio sucesorio 582/2013, en que aprobó la cuenta general de administración presentada por la entonces albacea de la sucesión María Argelia Flores Olvera. Acto que se reclamó a la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. TERCERO. Existencia de actos reclamados. Es ciertos el acto que la quejosa reclama ya que así se desprende del contenido del informe justificado rendido y se corrobora con las copias certificadas del expediente I-118/2019, relativo al toca formado con motivo del recurso de apelación promovido por la quejosa en contra del acuerdo de trece de marzo de dos mil diecinueve pronunciado en el juicio sucesorio 582/2013, las que tienen valor probatorio pleno con base en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, las partes no invocaron la actualización de alguna, por lo que es procedente entrar al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Análisis de la controversia. Son infundados los conceptos de violación. El acto reclamado consiste en la resolución emitida en el toca I-118/2019 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por María Sonia Flores Olvera, en contra de la audiencia celebrada el trece de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio sucesorio intestado, a bienes de Jesús Andrés o Andrés Flores García; en la que se aprobó la cuenta general de administración presentada por quien fungió como albacea definitiva -para ese entonces removida del cargo- María Argelia Flores Olvera. Resolución que confirmó la "aprobación" de la cuenta general de administración por el período comprendido del uno de julio de dos mil doce al seis de julio de dos mil diecisiete; todo ello dentro del juicio intestado 582/2013, del índice del Juzgado de Primera Instancia Civil del distrito judicial de Tacámbaro, Michoacán. Ahora, como concepto de violación, la quejosa señala: Que en el escrito de expresión de agravios que se hicieron valer en contra de la resolución recurrida se estableció que el hecho de que MARÍA ARGELIA FLORES OLVERA, no era albacea en el momento en que se celebró la audiencia en la que se aprobó la cuenta de administración por ésta presentada, el magistrado le atribuye el carácter de ALBACEA REMOVIDA, situación que ya no es la misma, pues una cosa es el albacea y otra cosa la albacea removida, pero que, de cualquier forma el Juez NO DETERMINÓ en la audiencia con qué carácter compareció la albacea removida. Sostiene que el agravio propuesto se hizo consistir precisamente, porque si MARÍA ARGELIA FLORES OLVERA, ya no contaba con el carácter de albacea sino albacea removida, que pasa ser un heredero más, luego entonces se debió de observar los lineamientos del artículo 844 y 891 del código de procedimientos civiles para el estado, esto es que se debió de presidir la audiencia en presencia del albacea que en ese momento estuviere representando la sucesión, pues de lo contrario la sucesión quedo en estado de indefensión, ello considerando que la sucesión DEBE ESTAR DEBIDAMENTE REPRESENTADA por su albacea, como lo define el artículo antes citado, 844 y 891 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Sin embargo -a juicio de la quejosa- el Magistrado determina en la foja seis de la interlocutoria combatida, que EL JUEZ NO INFRINGIÓ norma alguna por el solo hecho de que no se estableciera en el auto, el carácter con que comparecía MARÍA ARGELIA FLORES OLVERA. Criterio con el que disiente, porque el hecho de tener la certeza del estudio de la personalidad y personería de las partes, ES UN PRINCIPIO DE CERTEZA, el cual indudablemente se debió de atender, pues el estudio de saber si la parte que comparece está legitimada o no, ello constituye UNA FIRMEZA DEL PROCEDIMIENTO. Agrega que no existe controversia respecto de que el albacea removida rinda cuentas, no obstante no ser albacea, las cuentas de administración las debe rendir aun cuando haya sido removida del cargo, pero luego precisa que lo que se expresó en vía de agravio no es eso, si no que a la audiencia de aprobación o reprobación, debió estar el albacea presente, representando a la sucesión, situación que no se hizo y por ello es que se interpuso el recurso de apelación y como consecuencia se expresó el agravio respectivo. Lo anterior como se adelantó es inoperante, porque del estudio integral de la resolución combatida se aprecia que la autoridad responsable dio respuesta todos los planteamientos que se le formularon por vía de agravios. Lo anterior es así, porque, efectivamente, en el primer agravio, la hoy quejosa planteó el varios argumentos; el primero que en su perjuicio se había violado los artículos 340, 342, 343, 346, 347, 358, 389 y 324 del Código de procedimientos Civiles del estado en relación con el 844, 88 y 891 del Código Civil para el Estado, por falta de aplicación; asimismo argumento en el sentido de que los tribunales deben analizar oficiosamente la personalidad y personería de las partes en cualquier etapa del procedimiento, y que no era del desconocimiento del Juez, que en la fecha de que inicio LA AUDIENCIA de aprobación o reprobación de la cuenta general de administración, La señora MARÍA ARGELIA FLORES OLVERA, única compareciente ya no era albacea de la sucesión. Luego señaló que entonces, no estaba legalmente facultada -la compareciente maría Argelia Flores Olvera- para presidir la audiencia, pues el cargo de albacea tiene diversas funciones, entre ellas precisamente la que establece el artículo 844 del Código Civil para el estado, en el que se determina que el albacea tiene la representación de la administración, y que por ello el Juez estaba impedido legalmente para llevar a cabo la audiencia aquí combatida. Argumento al que se dio respuesta por la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia ya que en la sentencia combatida se precisó -en relación con los preceptos legales que la agraviada sostuvo que se omitieron aplicar-, que sólo establecen reglas para admisión de las pruebas que rindan las partes en el juicio de que se trate, pero nada prescriben en relación con la audiencia que combatió la entonces recurrente. En ese orden, si en los conceptos de violación que se expusieron en la demanda de amparo no se controvirtió esa determinación debe declararse inoperante ya que por virtud del principio de estricto derecho no es procedente la suplencia de la queja en un caso no permitido por la ley. Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 65/2019 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, EN TRATÁNDOSE DE LA AFECTACIÓN AL ORDEN Y DESARROLLO DE LA FAMILIA. NO PROCEDE EN LOS JUICIOS SUCESORIOS INTESTAMENTARIOS. El artículo citado prevé la suplencia de la queja a favor de tres grupos distintos: los menores de edad, los "incapaces" y la familia, en aquellos casos en que se afecte su orden y desarrollo. Ahora bien, a fin de determinar si en un juicio sucesorio intestamentario opera la suplencia de la queja con base en la protección a la familia, es menester dilucidar cuándo se está en presencia de casos en que se vulnera su orden y desarrollo, siendo que estaremos en ese supuesto cuando se ven trastocadas las relaciones entre los miembros de la familia o cuando están en juego instituciones de orden público, lo que no se traduce en la protección de los miembros del núcleo familiar en lo individual, sino a las relaciones existentes entre ellos y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Por tanto, si la finalidad del juicio sucesorio intestamentario consiste esencialmente en la división y adjudicación de los bienes del autor de la sucesión a favor de los herederos, quienes tienen el deber de soportar las cargas de la herencia; es claro que sólo se encuentran en juego intereses económicos y que las consecuencias que pudieran producirse no lesionan al grupo familiar, pues no varían su configuración o el orden existente, sino que redundan en cuestiones estrictamente patrimoniales, por lo que no opera la suplencia de la queja con base en la última parte de la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo; lo anterior, siempre y cuando en el juicio sucesorio intestamentario no se encuentren inmiscuidos derechos de menores de edad o "incapaces", pues es evidente que en tales supuestos la suplencia de la queja opera en su mayor amplitud. No es obstáculo a la conclusión anterior, el hecho de que en ese tipo de juicios es necesario analizar si el accionante acreditó su entroncamiento con el autor de la sucesión de manera que pueda determinarse si tiene o no derecho a la herencia, pues lo cierto es que el reconocimiento o desconocimiento del grado de parentesco que se dice une al presunto heredero con el de cujus sólo surte efectos en relación con el juicio de petición de herencia, esto es, para saber si está en aptitud de obtener alguna porción de los bienes del autor de la sucesión por tener el carácter de heredero. Lo anterior, sin embargo de ninguna manera puede ser susceptible de modificar el vínculo filial o el estado civil de alguna persona". En otro sentido, la quejosa argumenta que es ilegal la resolución reclamada, ya que la certeza del estudio de la personalidad y personería de las partes, ES UN PRINCIPIO DE CERTEZA, el cual indudablemente se debió atender, a efecto de saber si la parte que comparece a ésta, está legitimada o no, y que la trascendencia de tal omisión gira alrededor de que a la audiencia de aprobación o reprobación, debió estar el albacea presente, representando a la sucesión. Lo anterior porque -al igual que lo analizado previamente-, en la sentencia que constituye el acto reclamado sí se dio respuesta tal argumento, pues se estableció que con base en los preceptos legales 844, 888 y 891, del Código Civil para el Estado de Michoacán, la Cuenta de administración debe ser aprobada por todos los herederos, en la inteligencia de que el heredero que disienta puede seguir a su costa el juicio respectivo, en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles, empero -señaló la Sala- no menos lo es que esas disposiciones legales de ninguna manera pueden servir de fundamento a la recurrente para sostener que el juez de origen incumplió con las formalidades que debe revestir la audiencia impugnada, afirmación que pretende sustentar en el hecho de que el propio juzgador dejó de revisar, en el momento del desahogo de tal diligencia, la personalidad de quien compareció a ella, omitiendo vigilar que se llevara a cabo con intervención del órgano representativo de la sucesión (actual albacea) y de los demás herederos, así como que se diera cuenta (mediante alguna certificación) de que fueron debidamente llamados a su celebración todos los interesados, así como de la forma en que se hizo ese llamamiento. Para dar sustento a lo anterior, la autoridad responsable precisó: Que la sola circunstancia de que el a quo no hubiere asentado en el acta que levantó con motivo de la cuestionada audiencia el carácter que tiene en autos la persona que compareció a su desahogo (María Argelia Flores Olvera), de ninguna manera es suficiente para concluir que incumplió con la obligación de revisar la personalidad de las partes a que se contrae el artículo 39 del Código Instrumental del Ramo, pues bastaba con que la citada María Argelia hubiere sido declarada heredera dentro del sucesorio de mérito para que pudiera gestionar válidamente dentro del mismo lo que a sus intereses conviniera, atento el artículo 38 de ese Cuerpo de Leyes. Que de las constancias de autos advirtió que María Argelia Flores Olvera no sólo fue declarada heredera junto con sus hermanas (Liliana, María Elena, Celina, Lucia y la propia recurrente, todas de iguales apellidos), mediante resolución de fecha 17 diecisiete de enero del 2017 dos mil diecisiete -localizable a fojas de la 4 cuatro a la 9 nueve del testimonio de constancias a estudio-, sino que incluso se le nombró albacea definitiva de la intestamentaría, cargo del que si bien fue removida en la sentencia interlocutoria de fecha 24 veinticuatro de mayo del 2017 dos mil diecisiete visible a fojas de la 16 dieciséis a la 19 diecinueve del referido testimonio-, decisoria del incidente de remoción planteado por la mayoría de las demás coherederas, no la excluía de la obligación de rendir cuentas por disposición expresa del artículo 888 del Código Civil de la Entidad, tan es así, que en dicho fallo el juez de origen la requirió para que dentro del término de 30 treinta días compareciera a rendir la cuenta general de su albaceazgo, bajo el apercibimiento de que. Aspectos que tampoco fueron controvertidos, sino que la parte quejosa se limita a señalar que la personalidad a que se refirió en el agravio, es en relación a quién pueda presidir la audiencia, lo que resulta inoperante porque en todo caso, quien está facultado a presidir todas las audiencias es el juez, no las partes; además, porque del estudio de las copias certificadas que la autoridad responsable remitió, se advierte que las partes (todas) fueron convocadas e incluso, meses antes de que se desahogara la audiencia respectiva, se puso a la vistas la cuneta general rendida por la albacea (seis de julio de dos mil diecisiete) y acordada el catorce de febrero de dos mil diecinueve en que se dio vista a las partes por el plazo de tres días (foja 50, tomo de pruebas). En ese orden, establecido que no son las partes quienes presiden las audiencias sino lo jueces, con la fe del secretario, el concepto de violación deviene inoperante, pero además, porque con la vista que se mandó dar en proveído de catorce de febrero de dos mil diecinueve, se respetó a todas las parte la garantía de audiencia pues apartar de su notificación contaron con e plazo de tres días para formular las peticiones que a sus intereses incumbía, máxime que la audiencia se celebró hasta el trece de marzo siguiente, esto es casi un mes de diferencia entre una y otra actuación. El segundo y tercer conceptos de violación también son inoperantes pues en ellos no se plantea en realidad un agravio, ya que en el segundo, sólo se transcribe el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que, el tercero, sólo se transcribe el artículo 17 de la Ley Suprema de toda la Unión pero sin deducir de ellos, algún concepto de violación, o por lo menos causa de pedir que permita a este órganos analizar un verdadero agravio. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 81/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse". En virtud de lo anterior, al resultar inoperantes los conceptos de violación y no existir causa para suplir su deficiencia, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo anteriormente expuesto, se R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a María Sonia Flores Olvera, en contra de los actos que reclamó a la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán por las razones expuestas en el último considerando de este fallo.

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