María Soledade Becerra Ponce
Expediente 903/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 903/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 03/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Soledade Becerra Ponce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Fenece término para promover inconformidad. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que ya transcurrió el término previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes recurrieran el proveído de cinco de enero de dos mil veintitrés (fojas 107 y 108), en el que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar la presente pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Tomando en consideración que es innecesario permanecer con los documentos originales que la autoridad responsable Juez Cívico de la Delegación Poniente de Policía del Municipio de León, Guanajuato, allegó al presente juicio, los cuales obran a fojas 29 y 30, de autos, devuélvanse a su lugar de origen, previa copia certificada que se deje para su debida constancia; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Se califica cumplimiento. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que en auto de quince de diciembre del año pasado (fojas 91 y 92), causó ejecutoria la sentencia dictada el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós (fojas 73-87), en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa María Soledad Becerra Ponce, para el efecto de que la autoridad responsable juez Cívico de la Delegación Poniente de Policía de León, Guanajuato, realizara lo siguiente: "1) Dejar insubsistente la resolución de uno de septiembre de dos mil veintidós, dentro del procedimiento administrativo sancionador que impuso veinte horas de arresto a la quejosa María Soledad Becerra Ponce; así como sus consecuencias legales, como son la retención de licencia de conducir, tarjeta de circulación, vehículo, o cualquier documento u objeto que se hubiere dejado en garantía de dicha sanción. 2) En caso de que la autoridad responsable -en ejercicio de su facultad potestativa- decida emitir un nuevo acto, ésta deberá atender a las consideraciones que fueron expuestas en el presente fallo; así como fundarse y motivarse debidamente. El presente considerando no es limitativo, exhaustivo ni taxativo de la concesión y ejecución de esta sentencia de amparo, la cual deberá cumplimentarse hábilmente y en la forma restitutiva más amplia posible para restablecer a la impetrante en sus derechos fundamentales." Ahora, mediante oficio 25791/2022, de quince de diciembre de dos mil veintidós (foja 93), dirigido a la autoridad responsable, se le comunicó la ejecutoria dictada en el presente juicio y, por tal motivo, se le requirió su cumplimiento. Luego, el veintidós de diciembre de dos mil veintidós (fojas 97-104), se recibió el oficio S.S.P.P.C./J.C.G./6674/12/2022, suscrito por el juez Cívico en Turno de la Delegación Poniente, de esta ciudad, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y acompañó las constancias respectivas, por lo que en auto de veintitrés de diciembre del año pasado (foja 105), se ordenó dar vista a la quejosa, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera. La solicitante del amparo no hizo manifestaciones en torno al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida, o bien, si la autoridad responsable incurrió en exceso, defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 26/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 192174, consultable en la página 243, Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En principio, se considera necesario hacer las siguientes precisiones. El defecto en el cumplimiento de una ejecutoria se actualiza cuando las autoridades responsables dejan de hacer algo o de cumplir en su integridad lo ordenado en la resolución de cuya ejecución se trata; mientras que el exceso se verifica cuando las responsables se extralimitan en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Del mismo modo, se estima cumplida una sentencia de amparo, cuando las responsables acatan todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos fundamentales. Ahora, de las constancias que la autoridad responsable remitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se obtiene que se atendieron todos y cada uno de los aspectos definidos en el fallo protector, lo anterior, con base en lo siguiente: En la sentencia amparadora se precisó que la mencionada potestad debía dejar jurídicamente insubsistente la resolución de uno de septiembre de dos mil veintidós, en la que determinó sancionar a María Soledad Becerra Ponce, con arresto administrativo por conducir un vehículo en estado de ebriedad, así como sus consecuencias legales. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en lo medular, se ha restituido a la impetrante en el goce de sus derechos fundamentales violados, porque de la copia certificada de la boleta de control 1615958, que fue remitida por la autoridad responsable, se obtiene que en acato a la ejecutoria de amparo se dejó insubsistente la resolución de uno de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sancionó a la quejosa María Soledad Becerra Ponce, con arresto administrativo, por conducir en estado de ebriedad (fojas 97 vuelta a 101 reverso), sin que se le hubiere sido retenido a la impetrante documento u objeto con motivo de esa sanción; asimismo, la mencionada autoridad responsable decidió no emitir un nuevo acto administrativo. En consecuencia, después de analizar la sentencia protectora en este proceso constitucional, se observó que todos y cada uno de los efectos de la misma fueron cumplidos por la autoridad responsable. Del mismo modo, se aprecia que no se incurrió en defecto, puesto que no se omitió dar cumplimiento a alguna parte del fallo constitucional, pues como se dijo, se observaron todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo; como tampoco se advierte extralimitación de funciones (exceso), porque el proceder de la responsable se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo a la impetrante en su derecho fundamental violado. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad; ordenándose hacer del conocimiento del quejoso este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la ley de la materia, y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. Asimismo, dígasele a la autoridad responsable y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido, y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza procesal, sin necesidad de comunicación oficial al respecto.
- Principal
Autoridad informa y se da vista a la quejosa. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta remitido por el juez Cívico en turno Delegación Poniente, de esta ciudad, a través del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remite constancias para sustentar su dicho. En atención a lo anterior, se tiene por recibida dicha información y constancias para los efectos legales a que haya lugar, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la quejosa, debiéndosele correr traslado con el oficio de cuenta y anexos, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en cuanto a dicho cumplimiento; transcurrido el aludido plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; entendiéndose que la ejecutoria está cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.
- Principal
Causa ejecutoria resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós (fojas 73-87). En este caso, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria en sus términos dicha determinación. En dicha ejecutoria, se concedió la protección constitucional. Se requiere cumplimiento de ejecutoria de amparo. Toda vez que la autoridad responsable juez Cívico de la Delegación Poniente de Policía del Municipio de León, Guanajuato, fue quien incurrió en la violación a los derechos fundamentales en perjuicio de la quejosa; en consecuencia, requiérasele para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba el oficio con el cual se le notifica el contenido de este proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo, en virtud de que es a esa autoridad, a quien corresponde hacer que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la trasgresión a los derechos fundamentales de la peticionaria del amparo. En consecuencia de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 238 y 258, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable que en caso de incumplimiento con la ejecutoria de amparo dentro del plazo concedido, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional); y de igual forma, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en turno o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Con sustento en el ordinal 193, párrafos primero y segundo, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adviértasele a la indicada autoridad en el sentido de que si la sentencia no queda cumplida en el plazo fijado al efecto, la suscrita jueza hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos a la Superioridad, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, cuyo titular seguirá teniendo responsabilidad aunque deje el cargo; en el entendido de que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Una vez cumplimentado lo anterior, informe a este órgano jurisdiccional sobre el particular, con las respectivas constancias que acrediten todo lo anterior, con el fin de deducir, que las cosas ya se encuentran en el estado en que se hallaban antes de la violación cometida a los derechos fundamentales del impetrante. Lo anterior, en el entendido de que en términos del artículo 194 de la Ley de Amparo, en este asunto no existe superior jerárquico al que resulte necesario notificar y requerir, toda vez que de conformidad con el artículo 26 del Reglamento de Justicia Cívica para el Municipio de León, Guanajuato, el juez Cívico de la Delegación Poniente de Policía del Municipio de León, Guanajuato, señalado como responsable, es una unidad administrativa con autonomía técnica y de gestión, de manera que el ejercicio de sus funciones materialmente jurisdiccionales en materia de calificación de sanciones administrativas son paralelas y análogas a la de un órgano jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, y por lo mismo, no tiene superior inmediato a quién requerirle que la conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo, tal como en un caso análogo fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la siguiente jurisprudencia: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.". [Décima Época. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 36/2011 (10a.). Página: 3515]. Finalmente, en cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias, a fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, con el objeto de que pueda ser consultable por el público en general.
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