María Soledad Vallejo García

Expediente 1365/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1365/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
21/02/2023

Partes del expediente

  • María Soledad Vallejo García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio 3019/2023, remitido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), por la Actuaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, toda vez que por auto de veinte de febrero del año en curso, se proveyó lo conducente. Cúmplase.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 3019/2023, remitido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), por la Actuaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, mediante el cual informa que acepta la competencia planteada en resolución de nueve de diciembre de dos mil veintidós, dictada por este órgano jurisdiccional, para conocer del juicio de amparo número 1365/2023-V, formado con motivo de la demanda promovida por ********************, ostentándose defensora particular de ********************. Ahora bien, en virtud de que el Juzgado oficiante, aceptó la competencia planteada de la demanda de la cual este Juzgado Federal declaró que carecía de competencia legal para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido. Tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 20 fracción I, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número 61/2023, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, al que adjunta el oficio 28668/2022, dirigido al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán, mismo que a su vez contiene el original del juicio de amparo 1365/2022 y del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa CVD/42/2022, en consecuencia, mediante oficio que para el efecto se libre, remítase el referido comunicado a la autoridad que va dirigido, para su debida notificación y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Por recibido el oficio número 7744/2022, suscrito por la Actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo directo 516/2022, formado con motivo de la demanda promovida por ******, ostentándose defensora particular de ********, contra actos del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán con residencia en esta ciudad, lo anterior en razón a que el Tribunal de Alzada determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, debido a que el acto reclamado no se ubica en el supuesto previsto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, no se trata de uno que decida el juicio en lo principal, que ponga fin al juicio o que sin decidirlo en lo principal lo de por concluido, sino de una resolución dictada en su procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, emitida por una autoridad distinta a tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, respecto del cual, resulta competente un Juzgado de Distrito, de conformidad con lo previsto en el numeral 107, fracción III, de la Ley de Amparo, de ahí que este órgano jurisdiccional SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO y continúa con su trámite; acúsese recibo. Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 1365/2022-V. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda se colige que la quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES. En cuanto ordenadoras se señala a: a).- El Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, integrado por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, Magistrado Jorge Reséndiz García, así como los Consejeros Javier Gil Oseguera, Dora Elia Herrejón Saucedo, Octavio Aparicio Melchor y Víctor Lenin Sánchez Rodríguez. Se señala como autoridad ejecutora: b) La Secretaría de Administración del Consejo del Poder Judicial del Estado. "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMA. Se reclama la resolución dictada dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa CDV/42/2022, de fecha 18 dieciocho de noviembre de 2022 dos mil veintidós, que se siguió en contra de la licenciada MARÍA SOLEDAD VALLEJO GARCÍA, cuando se encontraba adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tanhuato, Michoacán. La suspensión de su cargo actual, como Jueza de Primera Instancia adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, por el término de quince días naturales, sin goce de sueldo. La anotación en la hoja de servicio de la sanción impuesta a la quejosa.". Entonces, en esencia la quejosa MARÍA SOLEDAD VALLEJO GARCÍA, reclama la suspensión de su cargo actual, como Jueza de Primera Instancia adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, por el término de quince días naturales, sin goce de sueldo, derivado de la resolución dictada el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa CDV/42/2022, que se siguió en su contra, cuando se encontraba adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tanhuato, Michoacán. En ese sentido, debe hacerse referencia al artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del invocado precepto legal, se desprenden tres reglas de competencia de los Jueces de Distrito en función de la posible ejecución del acto reclamado, a saber: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juzgador ante el que se presente la demanda; y, 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior se advierte que, por regla general, es la ejecución de los actos lo que determina la competencia de los jueces de distrito, por lo que resulta necesario hacer algunas consideraciones al respecto, en relación con las reglas competenciales antes indicadas. Por lo que hace a la primera regla, es el lugar en donde vaya a ejecutarse el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito; es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar en donde los actos de ejecución se vayan a realizar, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Esto es, cuando se trata de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar efectivo de su ejecución, como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Es conveniente precisar que un acto de autoridad, si no es absolutamente negativo o totalmente declarativo, se desenvuelve normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora, y otra, la ejecutiva. Así, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo en el que se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar en donde éstos se realicen o traten de realizarse, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial. Luego, es el sitio en donde los actos reclamados se ejecuten o vayan a ejecutarse materialmente lo que define la competencia de los Jueces de Distrito, de modo que para fijar la competencia para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida en contra de actos que requieren una ejecución, necesariamente debe atenderse a la localidad en que deben cumplirse o materializarse tales actos, pues es ahí en donde se producen consecuencias en el mundo fáctico. En la segunda regla, si los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte en favor de cualquiera de los órganos de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, ante el juzgado de distrito en donde se presentó la demanda. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juzgado de Distrito es el lugar en donde la parte quejosa decidió presentar la demanda. En ese estado de cosas, de conformidad con los parámetros normativos que existen en la materia de competencia por razón de territorio, debe tenerse presente la naturaleza del acto reclamado (requiere ejecución material o carece de ésta), así como sus características fundamentales (acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares o en un lugar determinado), para establecer en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que de manera más objetiva y razonable puedan permitir concluir la asignación de la competencia relativa según el momento procesal en que esto deba ocurrir. Con relación a lo anterior, al resolver la contradicción de tesis 7/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que el artículo 37 de la Ley de Amparo hace referencia a "ejecución material" como criterio único para asignar competencia por territorio a los jueces de distrito que conozcan de juicios de amparo, por lo que la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o porque sus efectos lleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. El anterior criterio dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 916, Libro 19, Tomo I, Junio de 2015, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO." Como se advierte, el criterio para determinar la competencia por territorio se relaciona directamente con la ejecución material del acto. Así las cosas, es oportuno tener en cuenta como se estableció, que el acto reclamado en esencia, es la suspensión de su cargo actual, como Jueza de Primera Instancia adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, por el término de quince días naturales, sin goce de sueldo. En ese orden de ideas, no puede perderse de vista que el señalamiento de tal acto reclamado constituye también un dato objetivo para fijar la competencia por territorio del Juez de Distrito que habrá de conocer de la demanda de amparo, ya que, de ser el caso, la ejecución material tendrá verificativo en el lugar de adscripción asignado a la quejosa. De lo anterior se colige, que la resolución dictada dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa CDV/42/2022, de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, que se siguió en contra de MARÍA SOLEDAD VALLEJO GARCÍA, cuando se encontraba adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tanhuato, Michoacán, tiene ejecución material, traducida en la suspensión de su cargo actual, como Jueza de Primera Instancia adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, por el término de quince días naturales, sin goce de sueldo, lo que evidencia que se actualiza la primera regla descrita por el artículo 37 de la Ley de Amparo para determinar la competencia de quien deba conocer del asunto, esto es, en el lugar en que deba ejecutarse. Es aplicable la tesis: I.15o.A.41 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2288, cuyo rubro y texto es: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME." Y la tesis I. 1o. A. 44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, Tomo XIV, agosto de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO." Por lo tanto, se considera que es un Juez de Distrito en el Estado de Michoacán con jurisdicción en Uruapan, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el que debe conocer y, en su caso, resolver el presente juicio de amparo, pues la ejecución de la resolución dictada dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa CDV/42/2022, traducida en la suspensión del cargo actual de la quejosa *********, por el término de quince días naturales, sin goce de sueldo, tiene ejecución en dicha circunscripción territorial que es en donde se desempeña como Jueza de Primera Instancia adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, por tanto, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de territorio. Consecuentemente, remítase el juicio de amparo 1365/2022-V, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno con residencia en Uruapan, previo cuaderno de antecedentes que se ordena formar, solicitándole informe si acepta o no la competencia declinada en su favor. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en *********, en esta ciudad. En términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de considerarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. Sin que dicha consulta opere respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para la práctica de las notificaciones relacionadas con el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.

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