María Soledad Tavera Armenta
Expediente 1033/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 1 actuación registrada, la última del 8 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1033/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 08/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- María Soledad Tavera Armenta
Actuaciones
- Principal
Visto el escrito de demanda presentado por María Soledad Tavera Armenta, solicitando el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Oficial Primero del Registro Civil de Madero, Tamaulipas por estimarlos violatorios de los artículos 1 y 17 de la Constitución Federal. Al respecto, fórmese el cuaderno correspondiente; regístrese en el libro de gobierno con el número de expediente 1033/2022. Ahora bien, como punto de partida es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace la quejosa en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso concreto, la quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "La omisión reclamada lo es la de no dar aviso al Juzgado Tercero Familiar de Altamira, Tamaulipas, de que ya abrieron y consultaron la comunicación procesal que les fue enviada con motivo del exhorto 45/2022." De los antecedentes que relata el promovente en la demanda de garantías se advierte lo siguiente: Que es parte actora en el juicio ordinario civil 99/2022, que se tramita ante el Juzgado Tercero Familiar de esta ciudad, en el que el Oficial Primero del Registro Civil de Madero, Tamaulipas es demandado. Que dentro del citado juicio se giró el exhorto 45/2022 al Juzgado Tercero Familiar de Altamira, Tamaulipas, a fin de que por su conducto se emplazara a dicho demandado, diligencia que se realizó por medio de comunicación procesal por medios virtuales. Que la autoridad señalada como responsable no les ha dado aviso de que ya abrió y consultó la comunicación procesal, por lo que no les es posible devolver el exhorto al juzgado de origen en esta ciudad y como consecuencia el juicio se encuentra sin poder continuar de forma injustificada. Atento a lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, párrafo Segundo de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De la exégesis de los preceptos normativos citados, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. Luego, en la jurisprudencia por reiteración de tesis 164/2011, sustentada por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once, se determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio en comento, se desprende de la Jurisprudencia 2a./J. 164/201 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 161133, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es el emitido en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas al emisor en la ley y que, por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo, precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, la omisión de la autoridad señalada por la parte quejosa como responsable, Oficial Primero del Registro Civil de Madero, Tamaulipas, no tiene la calidad de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo, pues en el caso concreto, los actos que le reclama no son equivalentes a los de una autoridad para efectos del amparo. Lo anterior, debido a que se pretende emplazar como parte demandada al Oficial Primero del Registro Civil de Madero, Tamaulipas dentro del juicio ordinario civil 99/2022, por lo que la omisión que se le atribuye no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relación que existe entre dichas partes en el juicio de origen; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre las partes, deben ser ventilados ante la autoridad competente -lo cual en el caso ocurre- y no ante el órgano de control constitucional. En esa tesitura, debe señalarse que el acto que reclama la parte quejosa, no constituye, de acuerdo a la su naturaleza. Acto de persona de derecho público o de autoridad, sino acto entre particulares, pues la señalada como autoridad responsable, no obra con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino que se pretende llamar a juicio como parte demandada en el juicio de origen. Razón por la cual, no impone disposiciones normativas ni modifica alguna situación jurídica de manera unilateral ni afecta la esfera legal de las partes, pues es el acto, hecho o negocio jurídico protocolizado el que, en sí mismo, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas y el que, en su caso, podría causar perjuicio a las partes que intervienen. Consecuentemente, como se indicó con antelación, el Oficial Primero del Registro Civil de Madero, Tamaulipas, no tiene el carácter de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues según los antecedentes señalados bajo protesta de decir verdad por parte de la quejosa, es señalado como parte demandada en el juicio natural y está en vías de ser emplazado con la comunicación procesal 42/2022 remitida al Juzgado Tercero Familiar con residencia en Altamira, Tamaulipas. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo promovida por María Soledad Tavera Armenta, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Se tiene al Licenciado Pablo Aldo Escobedo Briceño por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que cuenta con su cedula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 79 del Acuerdo que Reglamenta los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación del Juicio de Amparo en Línea, este órgano de control constitucional otorga acceso, al Licenciado Pablo Aldo Escobedo Briceño, con nombre de usuario ''aldoescobedo'' para que consulte las determinaciones emitidas en el asunto que nos ocupa; así como para enviar promociones, documentos, comunicaciones y recibir, en su caso, notificaciones en forma electrónica; lo anterior, también con lo establecido en el arábigo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario que proporciona, en la página del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Se hace del conocimiento del promovente que el acceso a los expedientes electrónicos solo es otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito y, atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario impere en los asuntos en que se solicite, de conformidad con los términos legales que las propias partes otorgaron al solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica. De igual forma, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas; que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Ello, sin perjuicio de que, cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto pueda ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores, ordena practicar a la impetrante de amparo las notificaciones de forma electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario antes aludido. Al respecto, se cita la jurisprudencia 71/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, número de registro 2020082, la cual en su rubro refiere "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO." Ahora, y toda vez que resulta necesario habilitar al promovente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), notifíquese el presente proveído a la Encargada de dicho sistema, a efecto de que realice las gestiones administrativas correspondientes. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y mediante correo electrónico a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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