María Soledad Rodríguez González

Expediente 97/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
97/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
25/02/2022

Partes del expediente

  • María Soledad Rodríguez González

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial que antecede se advierte que a la fecha en que se actúa feneció el plazo de cinco días con el que contaba la parte quejosa para impugnar el auto de nueve de febrero del año en curso, que desechó la demanda origen de este juicio. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; en consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso d) de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo.

  2. Principal

    Del estado procesal que guardan las presentes actuaciones, así como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo de cinco días, concedido a la parte quejosa para que desahogara la prevención efectuada mediante proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós, pues fue notificada -previo citatorio-, mediante la lista de acuerdos que se publica en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el veintisiete de enero último, como se advierte de la constancia de notificación que obra en este sumario, sin que lo hubiera hecho en ese plazo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiuno de enero de dos mil, veintidós, y se ordena continuar con el trámite de la demanda de amparo que nos ocupa, conforme fue planteada inicialmente; esto es, se proveerá respecto de la demanda de amparo únicamente teniendo como autoridades responsables a las señaladas en el capítulo respectivo y como acto reclamado las infracciones que tildó de inconstitucionales en el aludido ocurso; lo que se asienta para los efectos legales procedentes. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Luego, como se precisó en la cuenta secretarial, al no haberse desahogado la prevención efectuada a la parte quejosa, se tiene que los actos que reclama de las autoridades responsables son los siguientes: La emisión y cobro por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, de las fotomultas que a continuación se describen, relativas al vehículo *** modelo ***, *** puertas, con placas *** y número de serie *** Multa con número de folio * Multa con número de folio * Multa con número de folio * Multa con número de folio * Multa con número de folio * Multa con número de folio * Multa con número de folio * Multa con número de folio * Multa con número de folio * Multa con número de folio * Multa con número de folio * Multa con número de folio * Multa con número de folio * El cobro de las multas señaladas en los incisos 1) a 13) que preceden. Actos respecto de los que se considera que la demanda de amparo origen de este juicio, es notoriamente improcedente, de conformidad con en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que se deseche de plano. El mencionado numeral, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". De conformidad con el precepto legal en cita, para que la demanda de amparo se torne improcedente, se deben reunir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; en el caso, por autoridades administrativas; b) Dicho acto reclamado deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal; c) Que a través de dicho medio de defensa legal, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; d) La norma que regula el recurso, juicio o medio de defensa legal, permita suspender los efectos del acto reclamado; e) Para la procedencia de la suspensión, el mencionado recurso, juicio o medio de defensa legal, no exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido; y, f) Por último, que no exista excepción al principio de definitividad. En el caso, como se dijo anteriormente, los actos reclamados materia del presente juicio de amparo son, la emisión y cobro por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, de las fotomultas descritas con antelación, relativas al vehículo *** En ese orden, se puede concluir que la demanda de amparo es improcedente, al acreditarse el requisito señalado en el inciso a), debido a que los actos reclamados fueron emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; esto es, por el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, Director de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, Policías Viales adscritos a la Dirección de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, y Secretaría de Administración. El requisito indicado en el inciso b), también se cumple, ya que debe ser revisado de oficio, conforme a las leyes que los rijan, a través del juicio, recurso o medio de defensa legal; pues contra aquél procede el procedimiento contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, según lo dispone su artículo 4, Apartado A, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla. Dicho numeral dispone: "Artículo 4. El Tribunal tendrá competencia para conocer de: A. Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: V. Las que impongan multas por infracciones a las normas administrativas aplicables" En ese sentido, es evidente que también el requisito señalado en el inciso c), se acredita, pues como se precisó anteriormente, a través del procedimiento contencioso administrativo del que conoce el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Luego, en cuanto al inciso d), consistente en que la norma que regula el recurso, juicio o medio de defensa legal, permita suspender los efectos del acto reclamado; también se colma, habida cuenta que en el Título Segundo, Capítulo VIII denominado de las medidas cautelares, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, se tiene que en su artículo 50, párrafo segundo, en relación con el 55, se prevé la suspensión de la ejecución de los actos reclamados. Por consiguiente, el inciso e), en que se precisó que para la procedencia de la suspensión, el mencionado recurso, juicio o medio de defensa legal, no exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido; es evidente que se cumple; para corroborar esta consideración, es necesario realizar un comparativo: Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla Ley de Amparo Inicio de vigencia El dieciocho de enero de dos mil dieciocho. El tres de abril de dos mil trece. Plazo para promover la suspensión provisional Veinticuatro horas, según el artículo 55, fracción III, inciso c. Veinticuatro horas, de acuerdo al artículo 112. Requisitos: -Que sea solicitada. -Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público, según artículo 55, fracción I. -Que la solicite el quejoso. -Que con su otorgamiento no se afecte al interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 128). Plazo otorgado a las autoridades responsables para rendir informe 48 horas (artículo 55, fracción III, inciso d). 48 horas, según el artículo 138, fracción III. Cuándo se puede solicitar: Desde el escrito inicial o en cualquier momento antes de la sentencia definitiva (artículo 55, fracción III, inciso a)). En cualquier momento mientras no se dicte ejecutoria (artículo 130). De ello, se puede advertir que el artículo 55 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, prevé en esencia los mismos requisitos que la Ley de Amparo para la procedencia y otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados; incluso, es de contenido similar al numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por último, el inciso f), se colma, debido a que, en el caso, no existe excepción al principio de definitividad. Es así, debido a que la quejosa no es extraña al procedimiento de donde derivan los actos reclamados, al ser la propietaria del vehículo a quien se levantó las boletas de infracción y se le impuso la multa que en las mismas se contiene. Tampoco se puede considerar que los actos reclamados sean de imposible reparación, pues en este supuesto, no opera la excepción al principio de definitividad, ya que ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Esto es, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Entonces, no basta que el acto reclamado sea de imposible reparación, pues existe la obligación del quejoso en agotar el medio ordinario de defensa, en el caso, el procedimiento contencioso administrativo, que resulta ser el eficaz para modificar o revocar el auto impugnado. En otro aspecto, en el caso, la quejosa adujo alegar violaciones directas a la Constitución, a fin de que sea procedente la demanda de amparo; sin embargo, es menester puntualizar que si bien puede promoverse en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; lo cierto es que, esa situación sólo acontece cuando se plantean exclusivamente ese tipo de violaciones, no así cuando el estudio de constitucionalidad del acto reclamado, depende del análisis previo de su aspecto de legalidad. En ese sentido, si el estudio de constitucionalidad del acto reclamado depende del análisis previo de su aspecto de legalidad, evidentemente no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque entonces sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de sus derechos reconocidos en la Carta Magna, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo el quejoso puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución o acto impugnado, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, es sólo determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, correspondiendo inicialmente a la autoridad ordinaria al resolver el recurso o juicio, y en forma mediata competerá al Juez de Distrito. Sin que se pase por alto, que la autoridad ordinaria no pueda analizar la constitucionalidad del acto controvertido, porque al fallarse el recurso ordinario, si estimara fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto controvertido quedaría sin efecto y resultaría por tanto innecesario que se estudiara su aspecto de constitucionalidad. Por otra parte, si bien es cierto que la quejosa también se dolió de que no se le notificó lo relativo a las boletas de infracción, ello no es obstáculo para que acuda al medio ordinario de defensa invocado; puesto que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 39 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, puede sujetarse a las reglas que establece dicho precepto, como se indica a continuación: "[.] I. Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, los conceptos de impugnación contra su notificación y contra la resolución misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que la conoció; II. Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien le atribuye su notificación o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda, y III. El Magistrado estudiará los conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en forma previa al examen de los agravios expresados en contra de la resolución administrativa. Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor de la resolución administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer, según se trate, quedando sin efectos todo lo actuado con base a dicha notificación, y procederá al estudio de la impugnación que se hubiese formulado contra la resolución. Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación con la resolución administrativa combatida." Sostener un criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución Federal, para hacer procedente la acción constitucional. Además, tampoco el recurso o medio de defensa para combatir los actos reclamados, se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; sino que, como se indicó anteriormente, el procedimiento contencioso administrativo que la quejosa tiene a su alcance para combatir los actos reclamados, se encuentra previsto en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. Como apoyo a lo anterior, se cita la siguiente tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Aún más, en el caso a estudio, la parte quejosa no desahogó la prevención efectuada en auto de veintiuno de enero último, en la que se le previno para que entre otras cosas, indicara si era su deseo tildar de inconstitucional algún precepto o preceptos de la Ley de Vialidad o del Reglamento de la Ley de Vialidad, ambos del Estado de Puebla; sin embargo, al no desahogar la prevención de mérito, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el mismo, y se ordenó continuar con el trámite de la demanda de amparo que nos ocupa, conforme fue planteada inicialmente; esto es, teniendo como autoridades responsables a las señaladas en el capítulo respectivo y como acto reclamado únicamente las infracciones que tildó de inconstitucionales en el aludido ocurso; circunstancia que tampoco hace procedente la demanda de amparo. Además, cabe la posibilidad de que el gobernado ocurra al procedimiento contencioso administrativo para impugnar normas de carácter general, diversas a los reglamentos, cuando se impugna en unión de su primer acto de aplicación; de modo que, dicho Tribunal Contencioso tiene competencia para conocer sobre la legalidad de ese tipo de normas -inferiores a los reglamentos-, ajustándose a las reglas de impugnación establecidas en el numeral que se transcribió. Entonces, como se dijo con antelación, es procedente la demanda de amparo, sin agotar previamente los recursos ordinarios de defensa, sólo cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución; siempre que el estudio de constitucionalidad del acto reclamado, dependa del análisis previo de su aspecto de legalidad; lo cual en la especie no ocurre, habida cuenta que la quejosa adujo que las boletas de infracción captadas a través de dispositivos tecnológicos no reúnen las formalidades que establece la Ley de vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, lo que implica el análisis de la legalidad de los actos reclamados, aunado a que dentro de dichas violaciones a la legalidad se encuentra la carencia de fundamentación de las multas impuestas a la quejosa, aspectos que puede controvertir ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, en términos del artículo 107, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla. Ello es así, dado que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, al estudiar la infracción reclamada, con base en los argumentos planteados por ausencia de fundamentación, en caso de ser fundados dichos argumentos, se determinara la ilegalidad de dicha resolución administrativa, lo cual permite concluir, que dicho aspecto si puede ser analizado por el referido Tribunal. En consecuencia, al no reclamar la quejosa solo violaciones directas a la Constitución, sino aspectos de ausencia de fundamentación y motivación de la infracción controvertida (legalidad del acto), es que deviene improcedente la demanda origen de este juicio. Luego, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al procedimiento contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, por lo que resulta improcedente la demanda de amparo indirecto origen de este juicio, ante lo cual, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 61, fracción XX, de la misma legislación, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente. Además, esta determinación obedece a la prontitud y expeditez que impone el artículo 17 Constitucional, pues aun cuando se llegara a admitir la demanda y se tramitara el presente juicio, no podría dejarse de observar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto; aunado a que desde el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, en que entró el vigor la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, el Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad, tiene competencia para conocer de los actos reclamados analizados en la demanda, lo cual redunda en el acceso a la justicia a que tiene derecho el peticionario del amparo.

  3. Principal

    Se recibe el oficio de cuenta, signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito; a través del cual devuelve los presentes autos del expediente al rubro, dado que el testimonio de la ejecutoria pronunciada de veintiséis de enero de dos mil veintidós, en el toca RT-***/2021, se tuvo por recibido en auto de diez de los actuales. Por consiguiente, acúsese el recibo correspondiente, glósese el expedientillo formado con motivo de la revisión. En tales condiciones, atento a lo resuelto por la Superioridad, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido. Luego, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el duplicado del incidente de suspensión tramitado en autos, es susceptible de destrucción. Asimismo, conforme a los artículos 17, fracción II, 18, fracción I, 20 y 35 del citado acuerdo, se tiene que el original de dicho incidente es susceptible de destrucción. Finalmente, para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, inciso b), del Acuerdo General citado; por tanto, es susceptible de depuración; motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo 29 del propio acuerdo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el tercero interesado, ***, por el que en atención al proveído de dieciocho de enero de dos mil veintidós, proporcionan los datos generales del perito en materia de grafoscopía y caligrafía que designó y exhibe los documentos que acreditan su experticia, asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no cuenta con el equipo tecnológico adecuado para llevar a cabo la diligencia de aceptación de cargo por videoconferencia, y solicita que dicha diligencia sea de forma presencial; además, acompaña cuatro copias del cuestionario para el desahogo de la pericial. En virtud de lo anterior, se señalan las DIEZ HORAS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que *** perito de la parte tercera interesada comparezca a protesta de cargo en las instalaciones de este juzgado de Distrito. Para el desahogo de la mencionada diligencia, en términos de lo establecido en el artículo 6 fracción I incisos a), y 25 párrafo cuarto del Acuerdo General 21/2020, se comisiona a la Coordinadora Técnica Administrativa adscrita a este juzgado, para que agende la cita correspondiente en este juicio bajo la modalidad del programa "Agenda OJ", a fin de que el perito de la parte tercero interesado, ***, acuda debidamente identificado a este recinto judicial a efecto de desahogar la diligencia aludida; en el entendido que al generar dicha cita se deberá crear un código QR, para que él y una persona más puedan ingresar al edificio sede. Por tanto, dado que el promovente informó el correo electrónico del citado experto, se ordena enviar el código QR a la ***. Se apercibe a la parte tercero interesada, que de omitir su perito acudir al recinto judicial en la fecha y hora designadas, sin manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se tomará en consideración únicamente el dictamen que rinda el perito oficial. Por otra parte, distribúyase entre las partes, copia del cuestionario al tenor del cual será desahogada la mencionada prueba pericial. Para dar oportunidad a lo anterior, la continuación de la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS QUINCE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 14,986 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano