María Soledad Landeros García
Expediente 686/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 686/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Soledad Landeros García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por María Soledad Landeros García, por el cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo; al respecto, dígasele a la promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que mediante proveído de once de septiembre del año en curso, este Órgano de Control Constitucional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, ya que por razón de especialidad es competencia de un Juez de Distrito en Materia Administrativa; asimismo, mediante oficio recibido el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, el Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se avocó al conocimiento de la demanda de garantías, razón por la cual, en proveído de diecinueve de septiembre siguiente, se ordenó el archivo del expediente en que se actúa y se determinó susceptible de destrucción; en ese sentido, la promovente deberá solicitar las constancias que requiere al Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, pues es quien cuenta con los autos originales del juicio de amparo. Finalmente, agréguese a los autos como simple antecedente la intervención ministerial signada por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito por las consideraciones señaladas anteriormente.
- Principal
MESA I. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se remitió el juicio de amparo 686/2018-I-A, promovido por María Soledad Landeros García. Del contenido de la promoción que se atiende, se advierte que el citado órgano jurisdiccional aceptó avocarse al conocimiento del citado juicio de amparo; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno al Centro Archivístico Judicial. .
- Principal
MESA I. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE ONCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos se advierte que la quejosa María Soledad Landeros García, en su escrito inicial de demanda, señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICO JURÍDICO DE LA VISITADURÍA GENERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 2. DIRECTOR DE ÁREA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICO JURÍDICA DE LA VISITADURÍA GENERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 3. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN VISITADOR DE LA VISITADURIA GENERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ACTO RECLAMADO * EL OFICIO DEGTJ/1204/2018, DE VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, POR EL CUAL SE NIEGAN LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL EXPEDIENTE 12/2017, INCLUYENDO LA VISTA ADMINISTRATIVA VIS/150/2017. Ahora bien, mediante oficios recibidos en la Oficialía de Partes de este Órgano de Control Constitucional el cuatro de septiembre del año en curso, las autoridades señaladas como responsables, rindieron sus respectivos informes justificados, de los que se advierte que el expediente 12/2017, donde tiene su origen el acto reclamado, inició con motivo que el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, fue turnado a la Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica un escrito signado por la ahora quejosa María Soledad Landeros García, por el cual solicitó se practicara una evaluación técnico jurídica a la averiguación previa AP/PGR/DDF/SZN-IX/445/2011. En ese tenor, si bien es cierto que cualquier interesado tiene derecho a presentar quejas por incumplimiento de las obligaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación, con las cuales se inicia un procedimiento disciplinario, el cual tiene como finalidad sancionar a aquellos que no cumplan con las obligaciones que establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, también es cierto que dichos actos son emitidos en el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, cuyo objetivo es lograr y preservar una prestación óptima del servicio público, por lo que es incuestionable que corresponde conocer del presente juicio de amparo a un Juzgado de Distrito especializado en materia administrativa. En efecto, en el caso resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del presente asunto, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público; por tanto, preferentes. Se arriba a esa conclusión, ya que los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, imponen la obligación de los Jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. Al caso es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 679, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos cincuenta y seis, Tomo VI, del Apéndice de 1917-1995, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Al efecto, conviene citar el contenido del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo anterior se aprecia, que los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo, que se promuevan en los siguientes casos: 1. Contra resoluciones judiciales del orden penal; 2. Contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio fuera del procedimiento penal; 3. Contra actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4. Conforme a la fracción VII, del artículo 107, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o en los de responsabilidad civil por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y, 5. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo. 6. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, que para establecer la competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen a la misma para advertir los datos que, razonablemente, hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior, tiene apoyo en el criterio emitido por la citada Sala, consultable en la página 94, Tomo IX, Mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." En ese contexto, se advierte que los actos reclamados por María Soledad Landeros García, no se ubican en alguna de las hipótesis que se aluden en párrafos que anteceden, ya que no se trata de resoluciones judiciales del orden penal, ni de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el ordinal 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII, del arábigo 107, Constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en términos de la Ley de Amparo. Por tanto, no se actualiza alguna de las hipótesis que de conformidad con el precepto antes trascrito, dan competencia a este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal para conocer de la demanda; ello, toda vez que, como ya se estableció en párrafos antecedentes, el acto que por esta vía reclama la accionante del amparo, deriva del expediente interno 12/2017, formado con motivo del escrito signado por la quejosa turnado a la Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica por el cual solicitó se practicara una evaluación técnico jurídica a la averiguación previa AP/PGR/DDF/SZN-IX/445/2011. En tales condiciones, este juzgado carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados que nos ocupan, ya que se trata de actos eminentemente administrativos, atribuidos a autoridades de carácter administrativo. Puesto que si bien, se señalan entre las autoridades responsables a Agentes del Ministerio Público de la Federación, no corresponde a dichas autoridades la integración de una averiguación previa, y su actuar no se sujeta a leyes de carácter penal, sino de carácter administrativo. En ese sentido, cuando el representante social emite actos no vinculados con la actividad persecutoria, éstos son meramente administrativos, emitidos además por autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas, cuya actuación no fue motivada por denuncia o querella específica, ni se realizó como parte de alguna indagatoria penal; de ahí que el conocimiento de la demanda presentada en su contra o del medio impugnativo respectivo corresponda al juzgador de amparo en materia administrativa, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis 2ª. CXXXVI/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 445, del tomo XXVI, Materia Administrativa, octubre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 171220 que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS O DEL MEDIO IMPUGNATIVO RELATIVO, CONTRA ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO, EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, AJENOS A LA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE AL JUZGADOR DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. El Ministerio Público, al llevar a cabo los actos que integran la averiguación previa, orientados a satisfacer los requisitos exigidos para el ejercicio de la acción penal, actúa como autoridad en uso de la atribución de perseguir los delitos depositada en dicha institución por los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a diferencia de la actividad que realiza dentro del proceso, cuando actúa como parte. Ahora bien, dado que la averiguación previa integra, junto con las diligencias judiciales, un todo indivisible que constituye el proceso penal, los actos o abstenciones que tengan lugar durante su integración corresponden a la materia penal, aunque provengan de autoridad administrativa, porque ésta desarrolla una actividad materialmente penal, tendente a comprobar la existencia del cuerpo del delito y a determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan presumir la probable responsabilidad del inculpado, para decidir si procede o no el ejercicio de la acción penal. En ese sentido, por exclusión, cuando el representante social emite actos no vinculados con la actividad persecutoria, éstos son meramente administrativos, emitidos además por autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas, cuya actuación no fue motivada por denuncia o querella específica, ni se realizó como parte de alguna indagatoria penal; de ahí que el conocimiento de la demanda de garantías promovida en su contra o del medio impugnativo respectivo corresponda al juzgador de amparo en materia administrativa, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como, en la jurisprudencia 1a./J. 32/2016 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 859, del Tomo II, Noviembre de 2016, Libro 36, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2013062, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR ADSCRITO AL MINISTERIO PÚBLICO, CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. La averiguación previa, junto con las diligencias judiciales, integran un todo indivisible que constituye el procedimiento penal y, por tanto, los actos o abstenciones que tengan lugar durante su integración corresponden a esta última materia. En cambio, el procedimiento derivado de la interposición de una queja en contra de un Agente del Ministerio Público, o de un servidor adscrito a este último órgano, con motivo de una posible actuación irregular durante la averiguación previa, tiene una naturaleza administrativa. En efecto, el procedimiento disciplinario se ciñe únicamente a verificar que la actuación materia de la queja se apegue a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el desempeño de todos los servidores públicos a que se refieren los artículos 108 y 109, fracción III, de la Constitución General y, por tanto, de resultar fundada, da lugar a la imposición de sanciones también de carácter administrativo, tales como la amonestación pública o privada, la suspensión, la remoción del cargo, sanciones económicas o la inhabilitación para ocupar cargos, empleos o comisiones en el sector público. En este orden de ideas, el procedimiento disciplinario seguido en razón de la actuación del servidor público con motivo de la integración de la averiguación previa, no tiene como objeto la revisión del procedimiento penal en calidad de segunda instancia, sino que se ciñe únicamente a la revisión de la actuación del servidor público sujeto a la queja o denuncia. Por lo que se refiere a la autoridad que instruye el procedimiento e impone las sanciones, ésta también es administrativa, ya que tratándose de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, corresponde a la Contraloría General del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, por conducto de la Contraloría Interna en la misma Procuraduría, imponer a los servidores públicos de la institución las sanciones administrativas a que haya lugar, en términos del artículo 76 de la Ley Orgánica respectiva; y con respecto a la Federación, compete a la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República tramitar las quejas que se presenten por presuntas irregularidades o por el incumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos de dicha institución, en términos del artículo 21 de la Ley orgánica de dicha Procuraduría. Consecuentemente, con apoyo en lo establecido en el artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde a un Juzgado de Amparo en Materia Administrativa conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra una resolución dictada dentro del procedimiento administrativo de queja por irregularidades o incumplimiento de las obligaciones a las que se encuentran sujetos los servidores públicos mencionados, aun cuando se aduzca que las mismas se cometieron durante la integración de una averiguación previa". Bajo esta perspectiva, el presente asunto no encuadra en alguna de las hipótesis del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en cambio, sí actualiza el supuesto previsto en el artículo 52, fracción IV, de dicho ordenamiento, que establece: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: (.) IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III de artículo anterior en lo conducente.". En este orden de ideas, habida cuenta que los actos reclamados antes descritos son de naturaleza eminentemente administrativa, atribuidos a autoridades con ese carácter, tales circunstancias determinan su naturaleza administrativa y, por ende, la legal incompetencia de este órgano de control constitucional para conocer de la demanda de amparo, ya que por razón de la especialidad compete a un Juez de Distrito en Materia Administrativa. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, remítase el juicio de amparo 686/2018-I-A, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en esta Ciudad, a fin de que por su conducto lo remita al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, solicitando atentamente el acuse de estilo correspondiente e informe si acepta la competencia declinada. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia certificada de las constancias conducentes; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno. Se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho.
- Principal
MESA I. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE SEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado procesal de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que para el día de hoy está programada la audiencia constitucional; sin embargo, no es posible celebrarla en razón a que está transcurriendo el plazo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por las autoridades responsables, así como de las constancias que remitieron en apoyo al mismo. En consecuencia, para no vulnerar derechos de las partes, con fundamento en dicho precepto, se difiere la audiencia de mérito y se fijan las diez horas con veinte minutos del veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, para su verificativo. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables, ello tomando en consideración que corresponde a las partes estar al pendiente de los autos que se dicten en la secuela del procedimiento, aunado a que al tratarse de un acuerdo de menor trascendencia, por exclusión debe notificarse por medio de lista, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 26, fracción I. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 135, del tomo 1115-120, Primera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."
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