María Soledad Gutiérrez Lozano
Expediente 294/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 294/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Soledad Gutiérrez Lozano
Actuaciones
- Principal
la parte quejosa no recurrió en el plazo legal el auto en que se desechó su demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de destrucción. Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General citado.
- Principal
Se recibe despacho diligenciado; notifíquese por lista al quejoso.
- Principal
SE ASUME COMPETENCIA LEGAL. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el oficio electrónico y anexos que remite la autoridad Federal del que se desprende que en cumplimiento al proveído de doce de abril de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio de amparo 291/2021 de su índice administrativo, remite la versión digitalizada del citado expediente formado con motivo de la demanda de amparo promovida por María Soledad Gutiérrez Lozano, por propio derecho, contra actos del director Administrativo de Servicios de Salud de Veracruz, con sede en Xalapa, al que considerar carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo de mérito, por razón de territorio. Por tanto, este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo vía electrónica y/o interconexión. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, en virtud de que la parte quejosa señaló como acto reclamado, esencialmente, el oficio número SESVER/DA/1699/2020 signado por Jorge Eduardo Sisniega Fernández, en su carácter de director Administrativo de Servicios de Salud de Veracruz, de dieciocho de marzo de dos mil veinte, a través del cual se le ordena el cambio de adscripción laboral, del Centro de Salud de Fortín de las Flores, Veracruz, al diverso con sede en Cuitláhuac, perteneciente a la jurisdicción sanitaria número seis de Córdoba, Veracruz. Acto reclamado respecto del cual se estima que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Atento a lo anterior, en el caso, procede desechar de plano la demanda de cuenta, en virtud de estimarse que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la exégesis de los numerales transcritos se desprende que el legislador ordinario determinó a qué entes debe considerarse como autoridades para efectos del juicio de amparo, para lo cual distinguió, en primer lugar, que con independencia de su naturaleza formal, es autoridad la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De igual manera, determinó que los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación, lo que deberá valorarse por el tribunal de amparo. A propósito de lo anterior, conviene acotar que a lo largo de los años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado un concepto de autoridad responsable para efectos del amparo, a partir de señalar que se trata de un órgano del Estado, sin destacar la cuestión relativa al uso de la fuerza pública como distintiva de la misma y ha insistido, como características de su actuar, la unilateralidad, las facultades de decisión y ejecución y, sobre todo el hecho de que incidan en la esfera jurídica del gobernado. Asimismo, se apartó de la tesis en la que inicialmente se señaló el imperio de la fuerza pública como elemento para determinar si se estaba en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo, lo cual se hizo con el propósito de incluir a quienes sin tener sustento en la ley para usar de la fuerza pública, podían realizar actos que afectaran al gobernado en sus derechos. En otras palabras, lo que se sostuvo no fue que para ser autoridad para los efectos del amparo resultaba esencial contar con la fuerza pública o con el imperio, sino que quien contara, incluso por vías de hecho, con esa fuerza pública o imperio, debía considerarse como autoridad. Ahora bien, el alto tribunal del país estima que se trata de una autoridad para efectos del amparo la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Entonces, el juicio constitucional tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por actos de autoridad o de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, en los términos enunciados y que vulneren los derechos fundamentales del gobernado. En el caso concreto, la quejosa reclama el cambio de su centro de trabajo a uno diverso, por lo que es incuestionable que la autoridad señalada como responsable, respecto al acto que se les imputa, no puede ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el Estado tiene una doble personalidad, la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por ello, se afirma que la relación que existe entre la responsable y la quejosa es de coordinación no de supra a subordinación por lo que los actos realizados por el director Administrativo de Servicios de Salud de Veracruz, con sede en Xalapa, en el presente caso, no corresponden a lo que supone el derecho consagrado por el artículo 14 constitucional, porque no se trata de una relación entre autoridad y gobernado, sino, se insiste, de coordinación entre el interés del prestador del servicio y un particular. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: En las relatadas circunstancias, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano la demanda de amparo planteada, por ser notoria e indudable su improcedencia. CONSULTA DE AUTOS MEDIANTE CITA. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. Por último, con fundamento en los artículos 22, 28 y 29, del acuerdo tantas veces citado, resulta necesario invitar a las partes, tanto quejoso como tercera interesada, a (I) transitar hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo que trae aparejado la obtención de una firma electrónica, ya sea FIREL, e.firma o cualquier otra validada por el Consejo de la Judicatura Federal, (II) solicitar de conformidad a lo establecido en el acuerdo 12/2020, tanto la consulta electrónica como las notificaciones en esta misma vía, (III) propongan formas especiales y expeditas de contacto, como podría ser, un correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, con la meta de poder entablar comunicaciones no procesales. Se reiteran estas exhortaciones ya que trae beneficios a los justiciables, debido a la situación epidemiológica que acontece en la actualidad, por decir algunas, (1) la prontitud en la que será resuelto el juicio de amparo, (2) evitar el contagio al no acudir de manera reiterada al órgano jurisdiccional ya sea para presentar promociones, demandas o consultar los autos, (3) la actuación simultánea en varios expedientes (artículo 30 del acuerdo 21/2020); y (4), vinculada con el número 2, evitar las filas para la presentación de su escrito, ya que podría hacerlo desde el Portal. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. En virtud de que la promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número seiscientos once (611), planta alta, colonia Badillo, código postal 91190, frente a la concesionaria BAIC/JMC de Xalapa, Veracruz, con fundamento en los artículos, 27, fracción II de la Ley de Amparo, 157 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, gírese atento exhorto vía S.I.S.E. al juez de Distrito en el Estado, en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, para que en auxilio de las labores de este juzgado proceda a notificarle personalmente el auto inserto, en el domicilio descrito; asimismo, la requiera para que en el acto de la diligencia, señale domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en Córdoba, Veracruz, apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por lista de acuerdos, hasta en tanto cumpla con el requisito solicitado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ignacio Pimienta Zarate (5477511) y José Luis Salas Rodríguez (3346152), toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito. Asimismo, con fundamento en el diverso numeral 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado con facultades restringidas, exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a la restante persona mencionada en el escrito de demanda, en virtud de que no se encuentra en igualdad de circunstancias. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". En términos del artículo 28, último párrafo del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", siempre que sea posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias. REQUERIMIENTO DE NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL (CELULAR) Y CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO. Se requiere a la parte promovente para que, de estimarlo pertinente, facilite un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para establecer comunicación (no procesal), de conformidad con el artículo 5, fracción I del invocado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo la Judicatura Federal. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo.
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