María Soledad Bello Alcaraz

Expediente 227/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
227/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/08/2022

Partes del expediente

  • María Soledad Bello Alcaraz
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ciudad.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Rubén Hernández Flores, quien se ostentó como apoderado leal de María Soledad Bello Alcaraz, ha causado estado. Por tanto, hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno que corresponda, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, y de acuerdo a lo de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO; después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Aunado a lo anterior, y con fundamento en el artículo 35 del multimencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Rubén Hernández Flores, quien se ostentó como apoderado leal de María Soledad Bello Alcaraz, ha causado estado. Por tanto, hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno que corresponda, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, y de acuerdo a lo de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO; después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Aunado a lo anterior, y con fundamento en el artículo 35 del multimencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por ***********, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 227/2022-V, fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En el caso, este Juzgador advierte que la demanda en estudio resulta notoriamente improcedente, en virtud de que el escrito que se presentó como original se trata de una copia simple que carece de firma autógrafa, pues así se observa de la leyenda que asentó el oficial de partes de este juzgado y de la certificación de cuenta. Con base en ello es de señalar que, en el caso se actualiza de manera patente y cierta, la causal prevista por el artículo 61, fracción XXIII, coligado con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, que literalmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. (...)" "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5°, de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (. . .)" De la interpretación a lo trascrito se obtiene que las causas de improcedencia factibles de actualizarse en el juicio de amparo no se limitan a las hipótesis previstas en las primeras fracciones del citado numeral 61 de la Ley de Amparo, dado que su fracción XXIII posibilita la improcedencia de la instancia constitucional en comento, en razón de cualquier otro motivo derivado de la Constitución General de la República o de la ley, uno de los cuales es el que deriva de lo ordenado por el artículo 6° de la ley de la materia, de acuerdo con el cual, el juicio de amparo sólo es procedente si es promovido por la persona a quien perjudique la ley, tratado internacional, reglamento o cualquier otro acto que se reclame, o en ciertos casos, a través de su representante, por su defensor, algún pariente e inclusive, por persona extraña, siempre que la ley de la materia así lo permita. Asimismo, cabe mencionar que si, como en el caso, la demanda de amparo es promovida por Rubén Hernández Flores, quien se ostenta como apoderado legal de María Soledad Bello Alcaraz, esta carece de firma autógrafa, pues la misma, como se adelantó, obra en copia fotostática simple, por lo que, ante ello, resulta insuficiente la manifestación de voluntad del promovente, al no actualizarse la eficacia de dicho documento prevista en la ley. De tal suerte que al carecer el escrito de demanda de firma autógrafa del promovente Rubén Hernández Flores, quien se ostenta como apoderado legal de María Soledad Bello Alcaraz, no se acredita ante este órgano jurisdiccional ser quien promueve la instancia de amparo, en términos de lo dispuesto en el referido artículo 6° de la ley de la materia, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser la firma una formalidad esencial de cualquier acto jurídico que debe constar por escrito, ello, al haber optado la parte quejosa presentar la demanda en forma física (por escrito), en términos del artículo 175 de la Ley de Amparo, por lo que, no se denota la voluntad de quien ha sido afectado en su interés jurídico para promover el juicio constitucional. Es aplicable al caso concreto la tesis pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada en la página 315, del Tomo X, octubre de 1992, Octava Época, la cual textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". En consecuencia, por las consideraciones vertidas en párrafos precedentes, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo intentada; ello en razón de que se actualiza de manera notoria, plena e indubitable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo que dispone en el diverso numeral 6° de la propia ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro orden y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Abel Peñaloza Vázquez, Tania Azucena Olvera Adame, Minerva Colon Trujillo y Víctor Lemus del Río, dada la materia del acto reclamado y como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Heroínas del Sur número 37, barrio de San Antonio, en esta ciudad. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido del Secretario licenciado José Antonio Valente Ramírez, que autoriza y da fe, quien queda facultado para firmar los oficios correspondientes, asimismo, certifica que esta determinación se autorizó a distancia vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con las FIREL del personal actuante, ello con fundamento en el Acuerdo General 21/2020; cuya vigencia fue ampliada por los similares 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Doy fe.

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