María Soledad Álvarez Suárez

Expediente 930/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
930/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
25/07/2017

Partes del expediente

  • María Soledad Álvarez Suárez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo promovida por*************; contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 930/2017, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMDO. Ahora, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae el siguiente acto reclamado a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro: La resolución de ocho de junio de dos mil diecisiete, dictada por la responsable, dentro del toca civil número 702/2017, por la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por ********************, contra el auto de seis de abril de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en el expediente 665/2016, en el que se tuvo por no desahogada la prueba documental ofertada por la justiciable. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, de conformidad con el los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la propia ley. Este último precepto estipula: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En términos del numeral invocado con antelación, se estima que la demanda de amparo que presentó el justiciable, es improcedente. Lo anterior, puesto que el acto que se reclama, se trata de una decisión intraprocesal cuyo alcance jurídico y material carece del carácter de irreparable en perjuicio del promovente, por lo que se actualiza lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, el último aplicado en sentido contrario que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.-El amparo indirecto procede: (...) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Las letras reproducidas revelan que la procedencia del amparo en tratándose de actos sucedidos en el juicio presupone como requisito que sus efectos sean de imposible reparación por afectar derechos sustantivos reconocidos por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación a la evolución histórica de la procedencia del amparo respecto de los actos sucedidos en el juicio bajo el esquema de la abrogada Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la regla general es que un acto es de imposible reparación y, en consecuencia, reclamable a través del amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando la violación afecta de manera inmediata o directa algún derecho sustantivo o fundamental, y que para discernir entre aquéllos que lo son de los que no, es un parámetro válido atender si sus efectos trascienden más allá del ámbito procesal y afectan derechos sustantivos, por lo que a pesar de que el gobernado obtuviera una sentencia favorable a sus intereses, no se vería reparado el perjuicio ocasionado por el acto reclamado, pues entonces la afectación no sería el resultado de la secuela procesal; asimismo, también consideró que existe la posibilidad de que sea procedente el juicio de amparo indirecto bajo el esquema de aquella ley, contra actos dentro del juicio que tuvieran aparejada una afectación en grado predominante respecto de cuestiones procesales. Bajo esta última premisa, se había venido estimando que el juicio de amparo indirecto es procedente contra resoluciones que aborden temas meramente procesales, pero que ahora está vedado con motivo del nuevo debate surgido en la actividad jurisdiccional por causa del texto de la porción normativa antes transcrita, que llevó a determinar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 que derivó de la contradicción de tesis 377/2013, sustentada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, el Segundo y Cuarto Tribunal Colegiado, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que lleva por rubro "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2011 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", que el texto actual del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, quedando excluidos los de naturaleza formal o adjetiva. En ese sentido, como se ha adelantado, se reclama la resolución de ocho de junio de dos mil diecisiete, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, dentro del toca civil número 702/2017, por la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por ****************, contra el auto de seis de abril de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en el expediente 665/2016, en el que se tuvo por no desahogada la prueba documental ofertada por la justiciable. Lo que evidencia, cabe reiterar, la improcedencia del juicio constitucional que se promueve contra la determinación de ocho de junio de dos mil diecisiete, porque como se ha visto, a través de la misma, la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro señalada como autoridad responsable confirmó la determinación del juez natural relativa a no tener por desahogada la probanza ofrecida en el procedimiento de origen, determinación que está, vinculada estrechamente con el desahogo de prueba, específicamente la documental que precisa la promovente (escritura pública *****); lo que quiere decir, de entrada, que se trata de un acto dentro de juicio, en la medida en que se emite dentro del juicio 665/2016 del índice del Juez Primero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, pero que carece de la característica de irreparabilidad apuntada, en tanto que sus consecuencias no producen una afectación material a derechos sustantivos, cuenta habida que por tratarse de una cuestión procesal, sólo tiene efectos de carácter adjetivo, pues únicamente genera la continuación del procedimiento, hasta su conclusión con la emisión de una sentencia definitiva que dirima la controversia planteada, tomando en consideración para ello, en su caso, lo referente a los medios de convicción, de modo que será hasta ese momento en que se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas, se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia; lo que evidencia que se está en presencia de una afectación a derechos procesales, condición insuficiente para la procedencia del amparo indirecto, ante la ausencia de una lesión material a derechos sustantivos tutelados por la Carta Magna o Tratados Internacionales. No se inadvierte que, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia que se reproduce en primer término, existen casos de excepción a la regla general que indica que resulta improcedente el amparo indirecto cuando lo reclamado consiste en las determinaciones relacionadas con la admisión o desahogo de pruebas, como sucede, por ejemplo, con las periciales en materias de contabilidad, psiquiatría y psicología, que se estima que su admisión y su consecuente desahogo pueden tener una ejecución de imposible reparación, por implicar la violación de una garantía individual que no podría repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable, como lo ilustra la tesis de jurisprudencia que emite la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 128, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo XXXIII, de mayo de 2011, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA PSICOLÓGICA A CARGO DE LOS MENORES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYEN UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Debe hacerse extensivo el criterio sostenido por esta Primera Sala en la Contradicción de Tesis 130/2005, de la cual emanó la jurisprudencia de rubro: "PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DE LOS MENORES HIJOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO DE SUS PADRES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Sin embargo, en la especie no se actualiza la excepción a la regla apuntada, porque como se ha visto, la determinación constitutiva del acto reclamado, no se trata de actos dentro de juicio que causen una afectación de imposible reparación, pues, en lo que se refiere a la probanza en cuestión, cabe advertir que el desahogo de la misma implica que, por lo pronto, una afectación a los derechos sustantivos, como la vida, la salud, la propiedad, la libertad, etcétera; sino únicamente una afectación de sus derechos adjetivos o procesales; y, en términos generales, la consecuencia que generan es la continuación del procedimiento hasta la emisión de una sentencia definitiva que dirima la controversia con base en el resultado de dichos elementos de convicción, por lo que es claro que no producen una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos de la quejosa, sino que en todo caso se estaría en presencia de una violación de carácter procesal, que podría quedar reparada de obtener sentencia favorable y, de no ser así, se estaría en aptitud de reclamarla en el juicio de amparo que se promoviera en contra de la sentencia definitiva. En efecto, de obtener la promovente del amparo sentencia favorable, la violación procesal que se hace consistir por no desahogo de la prueba ofrecida, de existir, no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio; pero para el caso de que si les fuera desfavorable, podrían impugnarla en amparo directo como violación procesal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley.". En síntesis, de las determinaciones constitutivas del acto reclamado no se desprende una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus consecuencias afectan solamente derechos adjetivos o procesales, toda vez que en el caso en particular, no constituye un acto de ejecución irreparable que vulnere los derechos fundamentales de la quejosa, dado que en el procedimiento de origen se encuentra pendiente el dictado de la sentencia, por lo que en este momento la determinación del Juez no tiene el carácter de irreparable. Entonces, al tenor del criterio jurisprudencial precedente, cuya aplicación es obligatoria para este juzgador federal en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, se concluye la improcedencia del presente juicio de amparo, ya que en función a la naturaleza del acto aquí reclamado, se clarifica que se trata de un acto verificado dentro del procedimiento, empero, con efectos meramente adjetivos, esto es, con consecuencias jurídicas al interior del proceso, sin afectar derechos sustantivos de la parte quejosa. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sensu, pues la resolución reclamada no afecta los derechos fundamentales que a favor del individuo tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de que México es parte. Sin que con la anterior decisión se deje en estado de indefensión a la quejosa en la medida en que cuando se resuelva en definitiva el juicio de donde deriva el acto reclamado, la hoy solicitante de amparo puede reclamar las violaciones al procedimiento siempre que trasciendan al resultado del fallo; en términos de lo dispuesto por el artículo 170 y 171 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último mencionado interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por *************. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda; y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gloria Almendra Ríos Ibarra, y como autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las personas que señaló en su líbelo constitucional, pues así lo solicita expresamente. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; y personalmente a la parte promovente. Así

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