Maria Socorro Zavala Govea
Expediente 167/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 167/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Maria Socorro Zavala Govea
Actuaciones
- Principal
...Vista la cuenta agréguese a los autos el oficio 5696/2019 enviado por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, mediante el cual comunica que aceptó la competencia para conocer del juicio de amparo 167/2019-1. En consecuencia, archívese el presente asunto al encontrarse concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo...
- Principal
...Agréguese a los autos el oficio número 8212/2019 que remite el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado exhorto...
- Principal
...Téngase por recibido el oficio 7086/2019 que remite el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, mediante el cual acusa recibo...
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por María Socorro Zavala Govea, contra actos del Titular del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y de otras autoridades, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 167/2019-1, que por razón de turno le corresponde, y analizado su contenido se observa que indicó como acto reclamado, la resolución de catorce de enero de dos mil diecinueve, donde se determina la suspensión temporal de la quejosa por un término de tres días sin goce de sueldo en la Escuela Primaria "Victoria", con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Al respecto, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas carece de competencia legal para resolver el presente juicio de derechos fundamentales, toda vez que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece literalmente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En consecuencia, si la quejosa María Socorro Zavala Govea, reclama en su demanda de amparo la resolución de catorce de enero de dos mil diecinueve, donde se determina la suspensión temporal por un término de tres días sin goce de sueldo en la Escuela Primaria "Victoria", con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y si para fincar la competencia del órgano de control constitucional que debe conocer de la demanda de amparo indirecto en estudio, ha de estarse a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, entonces, quien resulta ser competente para conocer del presente asunto, es el Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, ya que es en esa ciudad donde tendrá ejecución la resolución de catorce de enero del año en curso, pues en esa ciudad se encuentra adscrita la servidora pública quejosa. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, para conocer de la demanda de amparo promovida por María Socorro Zavala Govea, por los motivos asentados en párrafos precedentes. Cobra vigencia la jurisprudencia 2a./J. 13/95 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 107, Tomo I, Junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 200781, que marca: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Asimismo, la tesis I.1o.A.44 A sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época, registro IUS 189167, bajo el tenor siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por tanto, con apoyo en el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase vía mensajería privada al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, en turno, la demanda original de la quejosa María Socorro Zavala Govea, así como las seis copias de tal libelo que fueron allegadas, y la boleta correspondiente, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas manifieste si acepta o no el conocimiento del asunto. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente; tómese nota en la estadística; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, toda vez que María Socorro Zavala Govea, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, en el ubicado calle Guerrero número 314 poniente, de la zona centro de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y en virtud de que se encuentra fuera del lugar de residencia de este Juzgado, con apoyo en los artículos 26, fracción I, inciso c), y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y en el numeral 298, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, de acuerdo a su artículo 2°, gírese atento exhorto vía sise al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas en turno, con residencia en Ciudad Victoria, para el efecto que de no tener inconveniente legal o material para hacerlo, se sirva comisionar al personal a su cargo para que en auxilio de las labores de éste órgano de control constitucional, notifique a la parte quejosa el presente proveído. Se tiene como autorizado de la quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Francisco Javier Castro Hernández. En otro aspecto, en obvio de mayores dilaciones procesales innecesarias con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, conforme al numeral 2° de ésta última legislación, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva.
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