Maria Socorro Rodriguez Bravo
Expediente 569/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 569/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Maria Socorro Rodriguez Bravo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado del juicio en que se actúa y considerando la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de ley para que la parte promovente de amparo hiciera valer el recurso de queja en contra del auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda intentada; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno del juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, fracción b), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.
- Principal
Mexicali, Baja California, catorce de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado con evidencia criptográfica de Félix Salvador Michel Sánchez, apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual en cumplimiento a los autos de treinta y uno de mayo, tres y nueve de junio del año en curso, aclara la citada prevención manifestando bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado en veintisiete de abril del año en curso. Se desecha de plano demanda. Del análisis de la demanda en comento, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la misma, toda vez que este Juzgado Federal advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, conforme a lo dispuesto con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". El precepto transcrito establece como causa de improcedencia el consentimiento tácito de los actos reclamados, al no promover el juicio de amparo en los plazos previstos; sobre el tema, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los anteriores enunciados normativos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Como plazo genérico para la promoción del juicio de amparo, el legislador federal estatuyó quince días, el cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En relación con esta última prescripción normativa, es factible traer a contexto la interpretación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada -cuyos términos contextuales son similares al del numeral 18 de la ley vigente1 y, por ende, su aplicación es factible de conformidad con el artículo sexto transitorio2-; en la que se consideró que se establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución. c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Sirve de sustento a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia P./J.115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII- Enero 2011, página 5, cuyo rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En ese orden, de la lectura integral de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama el auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 872/2020-2, del índice del Tribunal responsable, por el que se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Ahora, en el escrito aclaratorio de cuenta, la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del auto reclamado, el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en esa medida, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa promoviera juicio de amparo contra el acto reclamado en el presente juicio, transcurrió del veintinueve de abril al veinte de mayo de dos mil veintiuno, sin contar los días uno, dos, cinco, seis, nueve, quince y dieciséis de mayo del año en curso, por haber sido inhábiles. Por tanto, si el libelo constitucional se presentó el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en esta ciudad, resulta evidente que la demanda que se trata se promovió fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso, se advierta que el quejoso se ubique en alguno de los supuestos de excepción a la regla general previstos en el precepto legal antedicho. No se soslaya que el promovente indica que el acto reclamado son de tracto sucesivo, sin embargo, el acto reclamado constituye un acto positivo emitido en un solo momento, que para efecto de poder estudiar lo relativo a la legalidad del plazo que se fijó para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, es necesario que se cumplan los requisitos de procedibilidad de la Ley de Amparo. En consecuencia, es inconcuso que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, y ante ello, como se adelantó, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 del mismo ordenamiento legal. Es importante precisar que se actualiza la causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable, toda vez que en cuanto a lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio de amparo no requiere mayor explicación, ya que los motivos de inejercitabilidad del juicio, se reglamentan en forma específica en el artículo 61 de la Ley de Amparo, en cambio, el requisito relativo a "lo manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate, opere en el caso concreto; de tal modo que aun cuando se admita la demanda y se sustancie el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes.
- Principal
Mexicali, Baja California, nueve de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado con evidencia criptográfica de Félix Salvador Michel Sánchez, apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual en cumplimiento a los autos de treinta y uno de mayo y tres de junio del año en curso, aclara parcialmente la citada prevención, manifestando que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintisiete de abril del año en curso, sin hacer mención a manifestar los puntos de su aclaración bajo protesta de decir verdad. Por tanto, dígase al promovente que permanece vigente el apercibimiento decretado en auto de treinta y uno de mayo del año actual y, toda vez que el escrito de cuenta se presentó el ocho de junio del año en curso, aún le restan cinco días para cumplir con el requerimiento en cita; en el entendido que de no cumplir en forma total con la prevención formulada, se hará efectivo el apercibimiento impuesto en el proveído antedicho.
- Principal
Mexicali, Baja California, tres de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado con evidencia criptográfica de Félix Salvador Michel Sánchez, apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual en cumplimiento al auto de treinta y uno de mayo del año en curso, aclara parcialmente la citada prevención, manifestando que el acto reclamado es el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, derivado del juicio laboral 872/2020-2, del índice de la autoridad responsable, sin hacer mención a manifestarlo bajo protesta de decir verdad, ni la fecha de conocimiento del citado auto. Por tanto, dígase al promovente que permanece vigente el apercibimiento decretado en auto de treinta y uno de mayo del año actual y, toda vez que el escrito de cuenta se presentó el dos de junio del año en curso, y a la fecha aún no le ha transcurrido el término otorgado, aún le restan cinco días para cumplir con el requerimiento en cita, los cuales empezarán a computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto; en el entendido que de no cumplir en forma total con la prevención formulada, se hará efectivo el apercibimiento impuesto en el proveído antedicho.
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