María Socorro Carrete Carbajal
Expediente 697/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- María Socorro Carrete Carbajal
- Dalia Maite Herrera de la Cruz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el oficio que remite el Actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito en el Estado, en el cual informa que se acepta la competencia planteada por este Juzgado, respecto del juicio de amparo 697/2022, avocándose al conocimiento del asunto, habiendo quedado registrado en ese Tribunal como amparo directo penal 288/2022. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso j) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que este expediente constituye un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia planteada por este Juzgador. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el oficio que remite el Actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito en el Estado, en el que informa que sometió a consideración del Pleno de ese Tribunal sobre la admisión o no de la demanda de amparo 697/2022 como amparo directo. Habiendo quedado registrado como amparo directo penal 288/2022. Notifíquese.
- Principal
En el presente juicio de amparo, la quejosa reclama la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca **** por la Sala Penal Unitaria "C" del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, mediante la cual se confirmó el auto de no vinculación a proceso emitido en favor de **** . Al respecto, de la revisión de las constancias del acto reclamado puede apreciarse que la razón que motivó el auto de no vinculación a proceso y su posterior confirmación, lo fue la prescripción de la pretensión punitiva por cuanto a los hechos y delitos reprochados a las imputadas. Esa razón lleva a este Juzgado de Distrito a considerar que el caso particular es materia de amparo directo, lo que implica la necesidad de emitir la declaratoria de incompetencia y remitir el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito. Para justificar lo anterior, este Juzgador se apegará a un precedente vertical persuasivo del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. Seguir el precedente de ese órgano jurisdiccional superior tiene como finalidad generar mayor certeza jurídica al gobernado, en la medida de que se da el mismo tratamiento a casos que guardan cierta similitud. Así, se trae a cuenta la ejecutoria del amparo en revisión **** , resuelto en sesión ordinaria virtual de diecinueve de enero de dos mil veintidós por el aludido Tribunal Colegiado de Circuito. El acto reclamado que fue materia de análisis del amparo indirecto que motivó ese recurso de revisión, lo constituyó la resolución del Tribunal de Alzada que revocó la determinación de primer grado para efecto de dictar auto de no vinculación a proceso. El órgano colegiado arribó a la conclusión, que el motivo de la no vinculación a proceso atendió a una excluyente del delito, y no a la insuficiencia de los datos de prueba para establecer la comisión de un delito y la probable responsabilidad del imputado. De ese modo, estimó que, aun cuando la autoridad responsable haya precisado que nada impedía que el Ministerio Público continuara con la investigación y de considerar pertinente formulara nuevamente imputación, lo cierto es que ello no era posible, pues el motivo de la no vinculación a proceso tenía efectos de sobreseimiento al que refiere el artículo 319, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, concluyó que al tener el sobreseimiento efectos de sentencia absolutoria, porque pone fin al procedimiento, ello implicaba que el asunto debería ventilarse por la vía directa. En este punto, cabe resaltar que del análisis de los antecedentes del caso analizado por el aludido Tribunal Colegiado de Circuito, se advierte que en el auto de no vinculación a proceso la autoridad responsable no decretó el sobreseimiento en la causa penal, sin embargo, aun con ello el referido órgano colegiado estimó que lo considerado por la autoridad responsable tenía los mismos efectos. Para mayor referencia, se transcriben los siguientes fragmentos de la ejecutoria de mérito: "Lo anterior pone de manifiesto que la Primera Sala Penal Unitaria "B" estimó que, por una parte, había sido comprobado que el imputado cumplió con su obligación en el periodo previo a su internamiento y, en otro aspecto, que no quedaba actualizado el hecho delictivo sancionado por el párrafo cuarto del artículo 297 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango, porque el incumplimiento en que incurrió no fue injustificado ya que fue privado de su libertad, por lo que no tuvo ingreso económico alguno. Aspecto que no configuró la fracción III del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a que para dictar un auto de vinculación a proceso ".se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito.", ante la falta de actualización de la figura delictiva en mención. Contrario a ello, quedó patentizada la fracción IV del invocado cardinal, al prever que ".Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito". En ese tenor, dado que la responsable expuso las razones por las cuales no quedaba actualizado el hecho delictivo por la totalidad del periodo invocado por la representante social ?dos mil dos a dos mil dieciséis?, no es factible que el Ministerio Público pueda formular nueva imputación sobre los mismos hechos, porque el auto de no vinculación a proceso no derivó de la insuficiencia de pruebas para demostrar el ilícito o la participación del imputado en su comisión, sino que atendió a que quedó acreditado en autos que el incumplimiento de la obligación alimentaria no fue "sin causa justificada" como lo impone el mencionado párrafo cuarto del artículo 297 de la codificación duranguense, aspecto que era indispensable para que pudiera configurarse el hecho señalado por la ley como delito. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que en el acto reclamado la autoridad responsable determinó: ".Lo anterior no impide que la representación social continúe con la investigación y, posteriormente, de considerarlo pertinente, formule de nueva cuenta la imputación, tal como lo establece el artículo 319, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales.". Sin embargo, dadas las conclusiones alcanzadas por la Sala del conocimiento y bajo el principio de seguridad jurídica, no habría manera alguna de analizar, de nueva cuenta, el incumplimiento de **** respecto del mismo hecho señalado en la imputación, pues la propia autoridad responsable resolvió que no quedaban actualizados los elementos del hecho ilícito, con base en los medios de prueba ofertados por aquel para acreditar que la omisión de dar alimentos no atendió a una causa injustificada y, respecto del otro periodo, que cumplió con aquella obligación contraída. [.] En consecuencia, si no quedó actualizado el hecho delictivo en sí mismo considerado, debe atenderse a la causa de exclusión del delito contenida en el artículo 28, apartado A, fracción II, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango, así como el contenido del diverso numeral 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que conlleva a que el hecho imputado no constituya delito, precisamente por no actualizarse todos sus elementos. Aspecto que patentiza que el auto de no vinculación a proceso tiene efectos de sobreseimiento a que refiere el diverso numeral 319, segundo párrafo, del indicado Código. En ese orden de ideas, acorde con los diversos numerales 328 y 329 del mismo código, el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria, porque pone fin al procedimiento con relación al imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar las medidas cautelares impuestas. De esta manera, de conformidad con el precedente persuasivo XVII.1o.P.A.60 P (10a.) que este órgano de control constitucional comparte, esa situación habilita la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito, por razón de vía, cuenta habida que lo reclamado adquiere el carácter de sentencia absolutoria, aspecto que encuadra en el artículo 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso a), de la Constitución Federal y 170, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora, a juicio de este Juzgado de Distrito, las consideraciones anteriores son aplicables para el caso particular, y para una mejor comprensión del asunto, en principio, se traen a cuenta algunos antecedentes del acto reclamado: 1. El tres de marzo de dos mil veintidós, el agente del Ministerio Público formuló imputación a **** , por los hechos que clasificó preliminarmente como los delitos de fraude procesal y falsedad ante autoridad. 2. El ocho de marzo de dos mil veintidós, el Juez Décimo Octavo de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, dictó auto de no vinculación a proceso, debido a que quedó actualizada la causa de extinción de la acción penal prevista en el artículo 485, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber, la prescripción de la pretensión punitiva respecto a los hechos y delitos imputados; ello, indicó, implicaba la imposibilidad para dictar auto de vinculación a proceso en términos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3. La determinación anterior fue recurrida por la víctima y por la representación social, mediante el recurso de apelación, el cual fue del conocimiento de la Sala Penal Unitaria "C" del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, quien radicó el toca **** . 4. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, la aludida Sala emitió la resolución correspondiente, donde confirmó el auto de no vinculación a proceso; para ello, desestimó los agravios formulados e hizo propias las consideraciones del Juez de Control para arribar a la conclusión de que la pretensión punitiva había prescrito respecto al hecho y delitos imputados. Lo anterior constituye el acto reclamado. En ese entendido, acorde con los artículos 19, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el procedimiento penal acusatorio, el Juez de Control a petición del agente del Ministerio Público dictará auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: a) Se haya formulado imputación; b) Haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; c) De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público haya datos de prueba que establezcan la comisión de un hecho que la ley prevea como delito y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, d) Que no quede actualizada ninguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En el caso, la determinación de no vincular a proceso estuvo justificada en el motivo precisado en el inciso d), al haberse actualizado una causa de extinción de la acción penal, consistente en la extinción de la pretensión punitiva por prescripción conforme al numeral 485, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el diverso artículo 121, fracción I, del Código Penal del Estado de Durango. Ahora, esa conclusión impide al Ministerio Público formular nueva imputación sobre los mismos hechos, porque el auto de no vinculación a proceso no derivó de la insuficiencia de los datos de prueba para establecer que se ha cometido un delito y la probabilidad de que las imputadas lo cometieron, sino a que se actualizó una causa de extinción de la acción penal -prescripción-, lo cual es un motivo de sobreseimiento de acuerdo con el artículo 327, fracción VI, del Código Nacional de Procedimiento Penales. Esa circunstancia conlleva que la conclusión alcanzada por la autoridad responsable tenga los efectos de sobreseimiento a que refiere el segundo párrafo del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que impide formular imputación nuevamente por los mismos hechos. En ese orden de ideas, acorde con los diversos numerales 328 y 329 del mismo código, el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria, porque pone fin al procedimiento con relación al imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar las medidas cautelares impuestas. De esta manera, de conformidad con la tesis XVII.1o.P.A.60 P (10a.) de rubro: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. PARA DETERMINAR LA VÍA EN QUE DEBE TRAMITARSE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, DEBE ATENDERSE A SI SE DECRETÓ O NO EL SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL", esa situación habilita la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito, por razón de vía, cuenta habida que lo reclamado adquiere el carácter de sentencia absolutoria, aspecto que encuadra en el artículo 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso a), de la Constitución Federal y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Sin que obste que la autoridad responsable no haya determinado expresamente el sobreseimiento en la causa penal, pues se insiste, lo relevante es que la autoridad consideró actualizada una causa de extinción de la acción peal, lo que tiene consecuencias jurídicas de sobreseimiento al margen de que se decrete expresamente o no, pues impide que el ministerio público formule nuevamente imputación por los mismo hechos, inhibiendo una nueva persecución, lo cual tendrá como consecuencia la conclusión del procedimiento penal por cuanto refiere a las imputadas. En tales condiciones, este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de este asunto, por lo que, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, remítase el expediente al Tribunal Colegido en turno del Vigésimo Quinto Circuito, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de este Circuito, para que tenga a bien determinar lo conducente. En tal virtud, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las nueve horas con cincuenta y dos minutos del doce de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
CITATORIO: PARTE QUEJOSA. AVISO: PARTE TERCERO INTERESADA. AVISO: PARTE TERCERO INTERESADA. PROVEÍDO 31-08-2022 En el presente juicio de amparo, la quejosa reclama la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca **** por la Sala Penal Unitaria "C" del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, mediante la cual se confirmó el auto de no vinculación a proceso emitido en favor de **** . Al respecto, de la revisión de las constancias del acto reclamado puede apreciarse que la razón que motivó el auto de no vinculación a proceso y su posterior confirmación, lo fue la prescripción de la pretensión punitiva por cuanto a los hechos y delitos reprochados a las imputadas. Esa razón lleva a este Juzgado de Distrito a considerar que el caso particular es materia de amparo directo, lo que implica la necesidad de emitir la declaratoria de incompetencia y remitir el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito. Para justificar lo anterior, este Juzgador se apegará a un precedente vertical persuasivo del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. Seguir el precedente de ese órgano jurisdiccional superior tiene como finalidad generar mayor certeza jurídica al gobernado, en la medida de que se da el mismo tratamiento a casos que guardan cierta similitud. Así, se trae a cuenta la ejecutoria del amparo en revisión **** , resuelto en sesión ordinaria virtual de diecinueve de enero de dos mil veintidós por el aludido Tribunal Colegiado de Circuito. El acto reclamado que fue materia de análisis del amparo indirecto que motivó ese recurso de revisión, lo constituyó la resolución del Tribunal de Alzada que revocó la determinación de primer grado para efecto de dictar auto de no vinculación a proceso. El órgano colegiado arribó a la conclusión, que el motivo de la no vinculación a proceso atendió a una excluyente del delito, y no a la insuficiencia de los datos de prueba para establecer la comisión de un delito y la probable responsabilidad del imputado. De ese modo, estimó que, aun cuando la autoridad responsable haya precisado que nada impedía que el Ministerio Público continuara con la investigación y de considerar pertinente formulara nuevamente imputación, lo cierto es que ello no era posible, pues el motivo de la no vinculación a proceso tenía efectos de sobreseimiento al que refiere el artículo 319, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, concluyó que al tener el sobreseimiento efectos de sentencia absolutoria, porque pone fin al procedimiento, ello implicaba que el asunto debería ventilarse por la vía directa. En este punto, cabe resaltar que del análisis de los antecedentes del caso analizado por el aludido Tribunal Colegiado de Circuito, se advierte que en el auto de no vinculación a proceso la autoridad responsable no decretó el sobreseimiento en la causa penal, sin embargo, aun con ello el referido órgano colegiado estimó que lo considerado por la autoridad responsable tenía los mismos efectos. Para mayor referencia, se transcriben los siguientes fragmentos de la ejecutoria de mérito: "Lo anterior pone de manifiesto que la Primera Sala Penal Unitaria "B" estimó que, por una parte, había sido comprobado que el imputado cumplió con su obligación en el periodo previo a su internamiento y, en otro aspecto, que no quedaba actualizado el hecho delictivo sancionado por el párrafo cuarto del artículo 297 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango, porque el incumplimiento en que incurrió no fue injustificado ya que fue privado de su libertad, por lo que no tuvo ingreso económico alguno. Aspecto que no configuró la fracción III del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a que para dictar un auto de vinculación a proceso ".se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito.", ante la falta de actualización de la figura delictiva en mención. Contrario a ello, quedó patentizada la fracción IV del invocado cardinal, al prever que ".Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito". En ese tenor, dado que la responsable expuso las razones por las cuales no quedaba actualizado el hecho delictivo por la totalidad del periodo invocado por la representante social ?dos mil dos a dos mil dieciséis?, no es factible que el Ministerio Público pueda formular nueva imputación sobre los mismos hechos, porque el auto de no vinculación a proceso no derivó de la insuficiencia de pruebas para demostrar el ilícito o la participación del imputado en su comisión, sino que atendió a que quedó acreditado en autos que el incumplimiento de la obligación alimentaria no fue "sin causa justificada" como lo impone el mencionado párrafo cuarto del artículo 297 de la codificación duranguense, aspecto que era indispensable para que pudiera configurarse el hecho señalado por la ley como delito. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que en el acto reclamado la autoridad responsable determinó: ".Lo anterior no impide que la representación social continúe con la investigación y, posteriormente, de considerarlo pertinente, formule de nueva cuenta la imputación, tal como lo establece el artículo 319, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales.". Sin embargo, dadas las conclusiones alcanzadas por la Sala del conocimiento y bajo el principio de seguridad jurídica, no habría manera alguna de analizar, de nueva cuenta, el incumplimiento de **** respecto del mismo hecho señalado en la imputación, pues la propia autoridad responsable resolvió que no quedaban actualizados los elementos del hecho ilícito, con base en los medios de prueba ofertados por aquel para acreditar que la omisión de dar alimentos no atendió a una causa injustificada y, respecto del otro periodo, que cumplió con aquella obligación contraída. [.] En consecuencia, si no quedó actualizado el hecho delictivo en sí mismo considerado, debe atenderse a la causa de exclusión del delito contenida en el artículo 28, apartado A, fracción II, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango, así como el contenido del diverso numeral 327, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que conlleva a que el hecho imputado no constituya delito, precisamente por no actualizarse todos sus elementos. Aspecto que patentiza que el auto de no vinculación a proceso tiene efectos de sobreseimiento a que refiere el diverso numeral 319, segundo párrafo, del indicado Código. En ese orden de ideas, acorde con los diversos numerales 328 y 329 del mismo código, el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria, porque pone fin al procedimiento con relación al imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar las medidas cautelares impuestas. De esta manera, de conformidad con el precedente persuasivo XVII.1o.P.A.60 P (10a.) que este órgano de control constitucional comparte, esa situación habilita la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito, por razón de vía, cuenta habida que lo reclamado adquiere el carácter de sentencia absolutoria, aspecto que encuadra en el artículo 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso a), de la Constitución Federal y 170, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora, a juicio de este Juzgado de Distrito, las consideraciones anteriores son aplicables para el caso particular, y para una mejor comprensión del asunto, en principio, se traen a cuenta algunos antecedentes del acto reclamado: 1. El tres de marzo de dos mil veintidós, el agente del Ministerio Público formuló imputación a **** , por los hechos que clasificó preliminarmente como los delitos de fraude procesal y falsedad ante autoridad. 2. El ocho de marzo de dos mil veintidós, el Juez Décimo Octavo de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, dictó auto de no vinculación a proceso, debido a que quedó actualizada la causa de extinción de la acción penal prevista en el artículo 485, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber, la prescripción de la pretensión punitiva respecto a los hechos y delitos imputados; ello, indicó, implicaba la imposibilidad para dictar auto de vinculación a proceso en términos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3. La determinación anterior fue recurrida por la víctima y por la representación social, mediante el recurso de apelación, el cual fue del conocimiento de la Sala Penal Unitaria "C" del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, quien radicó el toca **** . 4. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, la aludida Sala emitió la resolución correspondiente, donde confirmó el auto de no vinculación a proceso; para ello, desestimó los agravios formulados e hizo propias las consideraciones del Juez de Control para arribar a la conclusión de que la pretensión punitiva había prescrito respecto al hecho y delitos imputados. Lo anterior constituye el acto reclamado. En ese entendido, acorde con los artículos 19, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el procedimiento penal acusatorio, el Juez de Control a petición del agente del Ministerio Público dictará auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: a) Se haya formulado imputación; b) Haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; c) De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público haya datos de prueba que establezcan la comisión de un hecho que la ley prevea como delito y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, d) Que no quede actualizada ninguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En el caso, la determinación de no vincular a proceso estuvo justificada en el motivo precisado en el inciso d), al haberse actualizado una causa de extinción de la acción penal, consistente en la extinción de la pretensión punitiva por prescripción conforme al numeral 485, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el diverso artículo 121, fracción I, del Código Penal del Estado de Durango. Ahora, esa conclusión impide al Ministerio Público formular nueva imputación sobre los mismos hechos, porque el auto de no vinculación a proceso no derivó de la insuficiencia de los datos de prueba para establecer que se ha cometido un delito y la probabilidad de que las imputadas lo cometieron, sino a que se actualizó una causa de extinción de la acción penal -prescripción-, lo cual es un motivo de sobreseimiento de acuerdo con el artículo 327, fracción VI, del Código Nacional de Procedimiento Penales. Esa circunstancia conlleva que la conclusión alcanzada por la autoridad responsable tenga los efectos de sobreseimiento a que refiere el segundo párrafo del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que impide formular imputación nuevamente por los mismos hechos. En ese orden de ideas, acorde con los diversos numerales 328 y 329 del mismo código, el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria, porque pone fin al procedimiento con relación al imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar las medidas cautelares impuestas. De esta manera, de conformidad con la tesis XVII.1o.P.A.60 P (10a.) de rubro: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. PARA DETERMINAR LA VÍA EN QUE DEBE TRAMITARSE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, DEBE ATENDERSE A SI SE DECRETÓ O NO EL SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL", esa situación habilita la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito, por razón de vía, cuenta habida que lo reclamado adquiere el carácter de sentencia absolutoria, aspecto que encuadra en el artículo 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso a), de la Constitución Federal y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Sin que obste que la autoridad responsable no haya determinado expresamente el sobreseimiento en la causa penal, pues se insiste, lo relevante es que la autoridad consideró actualizada una causa de extinción de la acción peal, lo que tiene consecuencias jurídicas de sobreseimiento al margen de que se decrete expresamente o no, pues impide que el ministerio público formule nuevamente imputación por los mismo hechos, inhibiendo una nueva persecución, lo cual tendrá como consecuencia la conclusión del procedimiento penal por cuanto refiere a las imputadas. En tales condiciones, este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de este asunto, por lo que, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, remítase el expediente al Tribunal Colegido en turno del Vigésimo Quinto Circuito, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de este Circuito, para que tenga a bien determinar lo conducente. En tal virtud, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las nueve horas con cincuenta y dos minutos del doce de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
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