María Siordia Silva

Expediente 61/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
61/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
14/02/2018

Partes del expediente

  • María Siordia Silva

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintinueve de enero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmete, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN El INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA Vista la demanda de amparo promovida por *********, por propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 61/2018-V. Ahora bien, a este respecto es preciso puntualizar que la peticionaria de amparo señala como autoridades responsables al: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Cámara de Diputados; Cámara de Senadores; Secretario de Gobernación; Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República; Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación; Secretario de la Defensa Nacional; y Secretario de la Marina. A quienes les atribuye: "(.) 1) Se reclama de todas las Autoridades Ordenadoras el proceso legislativo que culminó con la publicación y entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre del 2017.- 2) Se reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por vicios propios en la falta de formalidades que culminó con la publicación y entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre del 2017.- 3) Del Secretario de la Defensa Nacional la aplicación de la Ley de Seguridad Interior.- 4) Del Secretario de Marina la aplicación de la Ley de Seguridad Interior. (.)" Debe ponerse de relieve que la Ley de Seguridad Interior se reclama con motivo de su entrada en vigor y no de un acto concreto de aplicación. En ese sentido, este operador jurídico determina que, en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.). En consecuencia, la distinción entre una norma heteroaplicativa y otra autoaplicativa no se basa en que al momento de expedirse el ordenamiento de observancia general existan individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera como se ejecuta el mandamiento. Bajo dicha guisa, del análisis efectuado a la demanda de amparo se desprende que la quejosa reclama el proceso legislativo y la falta de formalidades que culminó con la publicación y entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, y su aplicación, de manera concreta los artículos 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12 y 30 de dicho cuerpo normativo. De la lectura efectuada a la legislación en comento, en específico de sus numerales 6, 11, 13 y 14, resulta válido establecer que: a) El Consejo de Seguridad Nacional emitirá lineamientos para la participación de las entidades federativas en las acciones de seguridad interior, para la atención eficaz de la Agencia Nacional de Riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios en las tareas de preservación de la seguridad nacional. b) Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las fuerzas armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las amenazas a la seguridad interior. El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de los estados o de su ejecutivo, en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, cuando se actualice alguna de las amenazas a la seguridad interior. c) Las peticiones referidas en el inciso anterior deberán contener las consideraciones que las motivan, así como una descripción detallada de los hechos o situaciones que constituyan una amenaza a la seguridad interior. d) El acuerdo de la declaratoria de protección a la seguridad interior deberá contener lo siguiente: I. Autoridad o institución federal coordinadora y las demás que participarán; II. La amenaza a la seguridad interior que se atenderá; III. Las entidades federativas o áreas geográficas en las que se realizarán las acciones de seguridad interior; IV. Las acciones que se requieran a cargo de las entidades federativas o municipios para contribuir a la atención de la amenaza a la seguridad interior; V. Las fuerzas federales participantes; VI. En su caso, la determinación sobre la disposición de las fuerzas armadas para atender la amenaza, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de esa Ley; VII. Las acciones de seguridad interior que se llevarán a cabo, y VIII. La temporalidad de la declaratoria. De las disposiciones aludidas se corrobora que la legislación reclamada no causa afectación inmediata a la esfera de derechos de la impetrante, esto es, no la vincula desde su vigencia, ya que la misma tiene el carácter de heteroaplicativa y no autoaplicativa, porque no sujeta al particular desde su vigencia, sino que, para que se individualice en su contra es indispensable que se lleven a cabo diversas actuaciones que únicamente pueden ser realizadas a petición de los órganos legislativos de las entidades federativas; asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional deberá emitir los lineamientos para la participación de las entidades federativas en las acciones de seguridad interior, lo que en el caso, aún no acontece. Máxime, que el acuerdo de la declaratoria de protección a la seguridad interior debe contener diversos requisitos que establece el numeral 14 de la Ley de Seguridad Interior, el cual es evidente que no se ha emitido. Sin que este juzgador soslaye que el numeral 26 de la citada ley refiere que las autoridades federales, incluidas las fuerzas armadas, en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la Constitución General y las leyes aplicables, llevarán a cabo las acciones de seguridad interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos. Asimismo, estatuye que las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran. Ya que esto pone en evidencia que dicho numeral, si bien establece que las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, se condiciona a la suscripción de los convenios que en su caso requieran. En el mismo orden de ideas, el artículo quinto transitorio estatuye que dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales en los que se estuvieren realizando acciones que puedan ser materia de una declaratoria de protección en términos de la misma, a efecto de solicitar la declaratoria correspondiente, deberán, en el ámbito de sus atribuciones, presentar un programa con plazos, acciones y presupuesto para dar cumplimiento al modelo de función policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual incluya los objetivos respecto del estado de fuerza mínimo requerido, las condiciones de desarrollo policial, así como protocolos, evaluaciones y las unidades operativas y de formación necesarias para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad. Asimismo, indica que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en un plazo de noventa días, contados a partir de que las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda, acrediten la presentación del programa señalado en el párrafo anterior, deberá emitir el dictamen correspondiente, mismo que le será entregado al solicitante. Lo que de igual modo condiciona la aplicación de la citada legislación en los términos que el precepto mencionado indica. En mérito de lo expuesto, se colige que la Ley de Seguridad Interior es de carácter heteroaplicativo y no autoaplicativo, pues se necesita en primera instancia, que el Presidente de la República, o los funcionarios facultados peticionen la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior (la cual debe cumplir diversos requisitos enumerados en el dispositivo 14 del citado ordenamiento), para que le ocasione algún perjuicio a la parte quejosa y éste pueda ser reclamado en esta instancia federal. Al respecto, la Ley de Amparo distingue en el ordinal 61, fracción XII, entre las leyes que por su sola expedición entrañan violación de las garantías y aquellas que para realizar las violaciones requieren además de la expedición, de un acto posterior de autoridad; por tanto, esta distinción no se basa en la circunstancia que en el momento de expedirse la norma existan individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera de cómo se ejecuta el mandamiento; es decir, si para realizar éste debe intervenir la autoridad ya sea jurisdiccional o administrativa, o incluso por medio de la voluntad del particular, la ley no es autoaplicativa ni se le puede combatir en amparo por su sola expedición; si, en cambio, basta el imperativo de la norma para que el particular no pueda dejar de cumplirla, en virtud de que se crean, modifican o extinguen situaciones concretas de derecho y, por lo mismo, la actividad de los órganos del Estado es meramente pasiva ante la realización del mandato de observancia general o no se presenta un acto voluntario del particular para situarse en el supuesto normativo; entonces, se está frente a disposiciones que por su sola expedición pueden atacarse en el juicio constitucional de garantías, si se les estima inconstitucionales y se pretende no sufrir su aplicación. Entonces, si la mencionada norma controvertida no ha incidido en su esfera jurídica, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, habida cuenta de que no existe el acto concreto de aplicación, el cual es necesario al tener el carácter de heteroaplicativo el precepto impugnado. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 77/97, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 382, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio." Ilustra también a la anterior consideración el contenido de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL QUE ESTABLECEN O MODIFICAN EL MARCO JURÍDICO QUE REGULA UNA ACTIVIDAD SUJETA A UNA CONCESIÓN, PERMISO O AUTORIZACIÓN, EN CUANTO ESTABLECEN LOS REQUISITOS QUE REGIRÁN EN EL FUTURO EL OTORGAMIENTO DE ACTOS DE ESA NATURALEZA. Conforme a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.", visible en la página 5, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, son heteroaplicativas las disposiciones de observancia general que establecen obligaciones de hacer o de no hacer que no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condiciona su individualización; al tenor de este criterio jurisprudencial, debe estimarse que son de individualización condicionada las disposiciones de observancia general que al fijar o modificar el marco jurídico que regula una actividad cuya realización por parte de los gobernados está sujeta a la obtención de una concesión, permiso o autorización, establecen nuevos o diversos requisitos que regirán en el futuro el otorgamiento de los respectivos actos administrativos, pues para que afecten la esfera jurídica de aquéllos se requiere, previamente, que acudan ante la administración a solicitar su emisión; inclusive, tratándose de los sujetos que antes de la entrada en vigor de esas nuevas disposiciones ya se encontraban facultados para realizar la respectiva actividad, la afectación a su esfera jurídica derivada de aquéllas está condicionada a que vuelvan a solicitar la expedición del correspondiente acto administrativo, pues el ejercicio de la actividad relativa constituye un derecho que se incorporó temporalmente en su patrimonio." No es óbice a lo anterior que la peticionaria de amparo manifieste que tiene interés legítimo para reclamar la ley antes precisada, pues en el caso, no se advierte la existencia del mismo. En efecto, el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico; esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica (no exclusivamente en una cuestión patrimonial), apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Ahora bien, la parte quejosa aduce tener interés legítimo para reclamar la normatividad de referencia; sin embargo, al no existir acto de aplicación, no puede acreditarse la existencia de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, pues no hay una ejecución cuya anulación produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. En suma, la parte quejosa no acredita contar con interés legítimo, ante la ausencia de un acto concreto de aplicación de la ley que reclama, además de que no se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. De ahí que, al no demostrarse la existencia del interés legítimo que aduce tener, el juicio de amparo que promueve deviene improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1078, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." En consecuencia, al no haberse acreditado acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa, ni su interés legítimo para impugnar la ley de que se trata, lo legalmente procedente es desechar, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por *********, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, al actualizarse de modo manifiesto, indudable y pleno, la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del diverso 61 de la ley antes invocada. Resta mencionar, que no pasa inadvertido para este juzgador que la parte quejosa señala en el capítulo de actos reclamados el proceso legislativo y la falta de formalidades que culminaron con la publicación y entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete; sin embargo, de una lectura integral del líbelo de demanda, se advierte que la impetrante no hace valer ningún motivo de disenso en contra de las aludidas actuaciones, por lo que únicamente se tienen como actos reclamados destacados la Ley de Seguridad Interior y su aplicación, de manera concreta los artículos 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12 y 30 de dicho cuerpo normativo, como se especificó al inicio de la presente determinación. Asimismo, téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo constitucional, y autorizando únicamente para tal efecto, así como para imponerse de los autos a Manuel Castilla de Alba, por así haberlo solicitado. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *********, por propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 61/2018-V. Ahora bien, a este respecto es preciso puntualizar que la peticionaria de amparo señala como autoridades responsables al: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Cámara de Diputados; Cámara de Senadores; Secretario de Gobernación; Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República; Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación; Secretario de la Defensa Nacional; y Secretario de la Marina. A quienes les atribuye: "(.) 1) Se reclama de todas las Autoridades Ordenadoras el proceso legislativo que culminó con la publicación y entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre del 2017.- 2) Se reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por vicios propios en la falta de formalidades que culminó con la publicación y entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre del 2017.- 3) Del Secretario de la Defensa Nacional la aplicación de la Ley de Seguridad Interior.- 4) Del Secretario de Marina la aplicación de la Ley de Seguridad Interior. (.)" Debe ponerse de relieve que la Ley de Seguridad Interior se reclama con motivo de su entrada en vigor y no de un acto concreto de aplicación. En ese sentido, este operador jurídico determina que, en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.). En consecuencia, la distinción entre una norma heteroaplicativa y otra autoaplicativa no se basa en que al momento de expedirse el ordenamiento de observancia general existan individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera como se ejecuta el mandamiento. Bajo dicha guisa, del análisis efectuado a la demanda de amparo se desprende que la quejosa reclama el proceso legislativo y la falta de formalidades que culminó con la publicación y entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, y su aplicación, de manera concreta los artículos 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12 y 30 de dicho cuerpo normativo. De la lectura efectuada a la legislación en comento, en específico de sus numerales 6, 11, 13 y 14, resulta válido establecer que: a) El Consejo de Seguridad Nacional emitirá lineamientos para la participación de las entidades federativas en las acciones de seguridad interior, para la atención eficaz de la Agencia Nacional de Riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios en las tareas de preservación de la seguridad nacional. b) Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las fuerzas armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las amenazas a la seguridad interior. El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de los estados o de su ejecutivo, en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, cuando se actualice alguna de las amenazas a la seguridad interior. c) Las peticiones referidas en el inciso anterior deberán contener las consideraciones que las motivan, así como una descripción detallada de los hechos o situaciones que constituyan una amenaza a la seguridad interior. d) El acuerdo de la declaratoria de protección a la seguridad interior deberá contener lo siguiente: I. Autoridad o institución federal coordinadora y las demás que participarán; II. La amenaza a la seguridad interior que se atenderá; III. Las entidades federativas o áreas geográficas en las que se realizarán las acciones de seguridad interior; IV. Las acciones que se requieran a cargo de las entidades federativas o municipios para contribuir a la atención de la amenaza a la seguridad interior; V. Las fuerzas federales participantes; VI. En su caso, la determinación sobre la disposición de las fuerzas armadas para atender la amenaza, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de esa Ley; VII. Las acciones de seguridad interior que se llevarán a cabo, y VIII. La temporalidad de la declaratoria. De las disposiciones aludidas se corrobora que la legislación reclamada no causa afectación inmediata a la esfera de derechos de la impetrante, esto es, no la vincula desde su vigencia, ya que la misma tiene el carácter de heteroaplicativa y no autoaplicativa, porque no sujeta al particular desde su vigencia, sino que, para que se individualice en su contra es indispensable que se lleven a cabo diversas actuaciones que únicamente pueden ser realizadas a petición de los órganos legislativos de las entidades federativas; asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional deberá emitir los lineamientos para la participación de las entidades federativas en las acciones de seguridad interior, lo que en el caso, aún no acontece. Máxime, que el acuerdo de la declaratoria de protección a la seguridad interior debe contener diversos requisitos que establece el numeral 14 de la Ley de Seguridad Interior, el cual es evidente que no se ha emitido. Sin que este juzgador soslaye que el numeral 26 de la citada ley refiere que las autoridades federales, incluidas las fuerzas armadas, en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la Constitución General y las leyes aplicables, llevarán a cabo las acciones de seguridad interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos. Asimismo, estatuye que las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso requieran. Ya que esto pone en evidencia que dicho numeral, si bien establece que las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, se condiciona a la suscripción de los convenios que en su caso requieran. En el mismo orden de ideas, el artículo quinto transitorio estatuye que dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales en los que se estuvieren realizando acciones que puedan ser materia de una declaratoria de protección en términos de la misma, a efecto de solicitar la declaratoria correspondiente, deberán, en el ámbito de sus atribuciones, presentar un programa con plazos, acciones y presupuesto para dar cumplimiento al modelo de función policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual incluya los objetivos respecto del estado de fuerza mínimo requerido, las condiciones de desarrollo policial, así como protocolos, evaluaciones y las unidades operativas y de formación necesarias para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad. Asimismo, indica que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en un plazo de noventa días, contados a partir de que las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda, acrediten la presentación del programa señalado en el párrafo anterior, deberá emitir el dictamen correspondiente, mismo que le será entregado al solicitante. Lo que de igual modo condiciona la aplicación de la citada legislación en los términos que el precepto mencionado indica. En mérito de lo expuesto, se colige que la Ley de Seguridad Interior es de carácter heteroaplicativo y no autoaplicativo, pues se necesita en primera instancia, que el Presidente de la República, o los funcionarios facultados peticionen la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior (la cual debe cumplir diversos requisitos enumerados en el dispositivo 14 del citado ordenamiento), para que le ocasione algún perjuicio a la parte quejosa y éste pueda ser reclamado en esta instancia federal. Al respecto, la Ley de Amparo distingue en el ordinal 61, fracción XII, entre las leyes que por su sola expedición entrañan violación de las garantías y aquellas que para realizar las violaciones requieren además de la expedición, de un acto posterior de autoridad; por tanto, esta distinción no se basa en la circunstancia que en el momento de expedirse la norma existan individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera de cómo se ejecuta el mandamiento; es decir, si para realizar éste debe intervenir la autoridad ya sea jurisdiccional o administrativa, o incluso por medio de la voluntad del particular, la ley no es autoaplicativa ni se le puede combatir en amparo por su sola expedición; si, en cambio, basta el imperativo de la norma para que el particular no pueda dejar de cumplirla, en virtud de que se crean, modifican o extinguen situaciones concretas de derecho y, por lo mismo, la actividad de los órganos del Estado es meramente pasiva ante la realización del mandato de observancia general o no se presenta un acto voluntario del particular para situarse en el supuesto normativo; entonces, se está frente a disposiciones que por su sola expedición pueden atacarse en el juicio constitucional de garantías, si se les estima inconstitucionales y se pretende no sufrir su aplicación. Entonces, si la mencionada norma controvertida no ha incidido en su esfera jurídica, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, habida cuenta de que no existe el acto concreto de aplicación, el cual es necesario al tener el carácter de heteroaplicativo el precepto impugnado. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 77/97, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 382, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio." Ilustra también a la anterior consideración el contenido de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL QUE ESTABLECEN O MODIFICAN EL MARCO JURÍDICO QUE REGULA UNA ACTIVIDAD SUJETA A UNA CONCESIÓN, PERMISO O AUTORIZACIÓN, EN CUANTO ESTABLECEN LOS REQUISITOS QUE REGIRÁN EN EL FUTURO EL OTORGAMIENTO DE ACTOS DE ESA NATURALEZA. Conforme a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.", visible en la página 5, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, son heteroaplicativas las disposiciones de observancia general que establecen obligaciones de hacer o de no hacer que no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condiciona su individualización; al tenor de este criterio jurisprudencial, debe estimarse que son de individualización condicionada las disposiciones de observancia general que al fijar o modificar el marco jurídico que regula una actividad cuya realización por parte de los gobernados está sujeta a la obtención de una concesión, permiso o autorización, establecen nuevos o diversos requisitos que regirán en el futuro el otorgamiento de los respectivos actos administrativos, pues para que afecten la esfera jurídica de aquéllos se requiere, previamente, que acudan ante la administración a solicitar su emisión; inclusive, tratándose de los sujetos que antes de la entrada en vigor de esas nuevas disposiciones ya se encontraban facultados para realizar la respectiva actividad, la afectación a su esfera jurídica derivada de aquéllas está condicionada a que vuelvan a solicitar la expedición del correspondiente acto administrativo, pues el ejercicio de la actividad relativa constituye un derecho que se incorporó temporalmente en su patrimonio." No es óbice a lo anterior que la peticionaria de amparo manifieste que tiene interés legítimo para reclamar la ley antes precisada, pues en el caso, no se advierte la existencia del mismo. En efecto, el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico; esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica (no exclusivamente en una cuestión patrimonial), apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Ahora bien, la parte quejosa aduce tener interés legítimo para reclamar la normatividad de referencia; sin embargo, al no existir acto de aplicación, no puede acreditarse la existencia de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, pues no hay una ejecución cuya anulación produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. En suma, la parte quejosa no acredita contar con interés legítimo, ante la ausencia de un acto concreto de aplicación de la ley que reclama, además de que no se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. De ahí que, al no demostrarse la existencia del interés legítimo que aduce tener, el juicio de amparo que promueve deviene improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1078, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." En consecuencia, al no haberse acreditado acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa, ni su interés legítimo para impugnar la ley de que se trata, lo legalmente procedente es desechar, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por *********, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, al actualizarse de modo manifiesto, indudable y pleno, la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del diverso 61 de la ley antes invocada. Resta mencionar, que no pasa inadvertido para este juzgador que la parte quejosa señala en el capítulo de actos reclamados el proceso legislativo y la falta de formalidades que culminaron con la publicación y entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete; sin embargo, de una lectura integral del líbelo de demanda, se advierte que la impetrante no hace valer ningún motivo de disenso en contra de las aludidas actuaciones, por lo que únicamente se tienen como actos reclamados destacados la Ley de Seguridad Interior y su aplicación, de manera concreta los artículos 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12 y 30 de dicho cuerpo normativo, como se especificó al inicio de la presente determinación. Asimismo, téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo constitucional, y autorizando únicamente para tal efecto, así como para imponerse de los autos a Manuel Castilla de Alba, por así haberlo solicitado. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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