María Silvia Suárez Cardoso y/o Cardozo

Expediente 1213/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1213/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
12/06/2023

Partes del expediente

  • María Silvia Suárez Cardoso y/o Cardozo y Otros.
  • María Silvia Suárez Cardoso y/o Cardozo
  • Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia del Poder Judicial del Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de junio de dos mil veintitrés. 1. Parte quejosa solicita copia certificada. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ********************; atento a su contenido y conforme a los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copia certificada que refiere, previa identificación que realice y recibo de estilo que de ello se deje en autos, autorizando para recibirlas a la persona que indica en su ocurso de cuenta. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.UBB

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Parte tercera interesada solicita copia certificada. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito signado por ********************, apoderado jurídico de la tercera interesada ********************, atento a su contenido y conforme a los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copia certificada que refiere, previa identificación que realice y recibo de estilo que de ello se deje en autos, autorizando para recibirlas a las personas que indica en su ocurso de cuenta. Notifíquese y publíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de febrero de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa y la tercera interesada, no interpusieron recurso de revisión, dentro del plazo legal para hacerlo, contra la sentencia, dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. 2. Orden de archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a la autoridad responsable, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, por tanto no les depara perjuicio alguno a estas. 4. Devolución de constancias. Se ordena la devolución de constancias enviadas por la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, con sede en esta ciudad, mismas que anexó como justificación de su informe; sin que sea necesario acusar de recibo puesto que los sellos de recepción produce los mismos efectos. 5. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.

  4. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1213/2022, promovido por María Silvia Suárez Cardoso y/o Cardozo, por alegada violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Cuarto Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama del: Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: La falta de llamamiento al juicio sumario civil 957/2019, que en ejercicio de la acción sobre cumplimiento de contrato escrito de donación de inmueble y otras prestaciones, promovió Ma. Josefa Muñoz Soto, por su propio derecho, frente a la sucesión a bienes de Rosalío Muñoz Soto, por conducto de su albacea testamentaria Yolanda Muñoz Soto, y como consecuencia, todo lo actuado dentro del mismo. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, pues así lo expresó al rendir su informe con justificación. Lo que además se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe, consistentes en el original del juicio sumario civil 957/2019. Documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sustenta lo anterior la jurisprudencia sostenida por el Pleno del alto Tribunal Constitucional, cuyo rubro establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTA. Procedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, sea que lo hagan valer las partes o se advierta de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En el particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso; [.]". En relación con lo anterior, el artículo 6º de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley [...]". De la interpretación armónica y sistemática de dichos preceptos legales, se colige que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, que la norma o el acto reclamado causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso. En efecto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica la Jurisprudencia J/26, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del tenor siguiente: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a demostrar la titularidad del derecho que estima violado; esto es, que las prerrogativas que en su caso pudieran verse afectadas a través de los actos reclamados, le corresponden. Por otro lado, el interés jurídico es una cuestión atinente a la legitimación en la causa del promovente del amparo; de modo tal que, si no se demuestra ésta, ello imposibilita al juzgador a realizar cualquier análisis respecto de los derechos fundamentales que aduce el quejoso se violentan en su perjuicio. En esa medida, el interés jurídico para acudir al juicio de amparo, se concibe como la existencia de un derecho legítimamente tutelado por la Constitución o por la ley; y, la existencia de un acto de autoridad que lo vulnere o restrinja. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis I.13o.A.23 K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto". Cabe destacar que de la narrativa de antecedentes expuesta, se toma en consideración que la quejosa refiere que el once de octubre de dos mil veintidós, fue emplazada dentro del juicio ordinario civil 989/2022, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, que en la vía ordinaria civil promovió Ma. Josefa Muñoz Soto, en contra de la quejosa -entre otros-, sobre la nulidad del contrato de donación que detenta, tal como lo acredita con el instructivo que adjuntó a su demanda. Luego, que con motivo de dicho emplazamiento se dio cuenta de la existencia del juicio sumario civil 957/2019, del que reclama su falta de llamamiento, del cual se desprende lo siguiente: Ma. Josefa Muñoz Soto, por su propio derecho, promovió juicio sumario civil, frente a la sucesión a bienes de Rosalío Muñoz Soto, por conducto de su albacea testamentaria Yolanda Muñoz Soto, mismo que se registró bajo el folio 957/2019. Seguido el juicio por su trámite legal, el dieciocho de febrero de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se declaró procedente la acción sobre cumplimiento del contrato de donación de inmueble celebrado el diecisiete de diciembre de dos mil ocho, entre Rosalío Muñoz Soto, como donador y Ma. Josefa Muñoz Soto, en cuanto donataria, entre otros, del predio rústico denominado Rancho de Puerto Blanco, ubicado en la comprensión de la Tenencia de San Antonio Villalongín, Municipio y Distrito de Hidalgo, Michoacán. Inconforme, la parte demandada interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, confirmando la sentencia impugnada el diecisiete de julio de dos mil veinte, dentro del toca I-155/2020. Contra dicha sentencia se interpuso juicio de amparo directo, que resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, negándole la protección de la Justicia de la Unión. Por ello, el once de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el término de tres días a la parte demandada para que cumpliera voluntariamente con la sentencia. Ante el incumplimiento, el cinco de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó otorgar las escrituras en rebeldía de la demandada, remitiéndose los autos del juicio para que se llevara a cabo la protocolización correspondiente. El diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio procedente de la Notaria designada, por medio del cual devolvió los autos originales e informó que no se expidió la escritura en rebeldía de la demandada. De lo anterior se desprende que, tal como se afirmó en la demanda de amparo, no fue llamada la quejosa al juicio sumario civil 957/2019. No obstante lo anterior, se tiene que el presente juicio de amparo es improcedente porque no se encuentra corroborada la afectación del interés jurídico de la quejosa, en lo que respecta a esa falta de llamamiento. Para demostrar la afectación del interés jurídico en el amparo, se requiere que de la demanda de amparo, informes justificados y pruebas aportadas en el sumario, se acredite la existencia conjunta de varios elementos, a saber: a) Una persona determinada (principio de instancia de parte); b) Un derecho legítimo de ésta; c) La precisión indudable de ese derecho (legitimación); d) Un acto de autoridad (principio de procedencia del juicio de amparo); y, e) La afectación del citado derecho, a través de dicho acto autoritario (principio de agravio personal y directo). En efecto, en el caso la impetrante no tiene interés jurídico, para los fines pretendidos. Se explica. La autoridad responsable radicó el juicio sumario civil 957/2019, que promovió Ma. Josefa Muñoz Soto, por su propio derecho, frente a la sucesión a bienes de Rosalío Muñoz Soto, por conducto de su albacea testamentaria Yolanda Muñoz Soto, en ejercicio de la acción sobre cumplimiento de contrato de donación de inmueble celebrado el diecisiete de diciembre de dos mil ocho, entre Rosalío Muñoz Soto -como donador- y Ma. Josefa Muñoz Soto -en cuanto donataria-, del predio rústico denominado Rancho de Puerto Blanco, ubicado en la comprensión de la Tenencia de San Antonio Villalongín, Municipio y Distrito de Hidalgo, Michoacán, entre otros. En el caso la quejosa, comparece en defensa del derecho que dice tener en cuanto propietaria de una parte del inmueble consistente en un predio rústico denominado Rancho de Puerto Blanco, ubicado en la comprensión de la Tenencia de San Antonio Villalongín, Municipio y Distrito de Hidalgo, Michoacán, con una superficie de 12-00-00 doce hectáreas, a razón del contrato de donación que refiere también celebró con Rosalío Muñoz Soto -como donador-, el cual consta en la escritura pública número 15998, volumen 341, inscrito en el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, el cinco de marzo de dos mil diecinueve, bajo el número 43, Tomo 1573, Libro de Propiedad de Hidalgo, empero, lo cierto es que tal manifestación no le confiere interés jurídico para reclamar su falta de llamamiento al juicio sumario civil 957/2019, ya que la sentencia que declaró procedente la acción sobre cumplimiento del contrato de donación de inmueble celebrado el diecisiete de diciembre de dos mil ocho, entre Rosalio Muñoz Soto, como donador y Ma. Josefa Muñoz Soto en cuanto donataria, entre otros, también del predio rústico en cuestión, no afecta su interés jurídico, en la medida que no le impone condena alguna. Ahora, cierto es que aduce tener un derecho de propiedad al tenor del contrato de donación que refiere; sin embargo, éste podrá ser deducido al comparecer y defender sus posibles prerrogativas como presunta propietaria en el juicio 989/2022, que en la vía ordinaria civil promovió Ma. Josefa Muñoz Soto, en su contra -entre otros-, sobre la nulidad del contrato de donación, pues en todo caso, si existiera una afectación a su interés, le corresponde a ella ejercer acción directamente, o bien, objetar las pruebas correspondientes en dicho juicio; y, alegar lo que a su derecho conviniera. Dicho de otra manera, la quejosa es parte demandada el juicio 989/2022; entonces, durante el trámite de ese procedimiento, específicamente al contestar la demanda, podrá hacer valer las excepciones y defensas que estime convenientes; acreditando con las pruebas conducentes, que cuenta con un derecho o con uno mejor que la actora -aquí tercera interesada-; esto es, que haga valer directamente lo que corresponde en ese procedimiento de origen. De ahí la falta de interés jurídico de la quejosa. Más aún, el presente juicio de amparo no puede tener como finalidad impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva en el juicio sumario civil 957/2019, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Por ello se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, lo que hace procedente sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. En esa tesitura, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, pues al decretarse el sobreseimiento del juicio, impide estudiar las cuestiones de fondo planteadas. Tiene aplicación la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". No pasan inadvertidos los alegatos formulados por las partes; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe, en el caso concreto, a lo expuesto en la demanda de amparo y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen, mayormente que ya fueron atendidos al sustentar el sentido de la determinación adoptada. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Silvia Suárez Cardoso y/o Cardozo, contra los actos reclamados y autoridad responsable precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el treinta de diciembre de dos mil veintidós, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

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