María Silvia Mendoza Camacho

Expediente 497/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
497/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • María Silvia Mendoza Camacho

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Andrés Cholula, Estado de Puebla, a las trece horas con quince minutos del treinta de junio de dos mil veintiuno *** SENTENCIA *** RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 497/2021-IX, promovido por *** respecto de los actos precisados en el apartado III, por las consideraciones expuestas en el punto V de esta sentencia. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Autoridad pretende cumplir requerimiento. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta de la Presidente de la Junta Especial Número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado el quince del mes y año en curso y al efecto remite copia certificada del acuse dirigido al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. No obstante, es omisa en remitir los diversos dirigidos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como al último centro de labores del extinto del trabajador, denominado Integración de servicios Mexicanos. Requerimiento. En consecuencia, de conformidad con el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días, remita copia certificada de los acuses de recibo de los oficios dirigidos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al último centro de labores del extinto del trabajador, denominado Integración de servicios Mexicanos. Apercibida que de ser omisa al presente requerimiento, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 199454, de rubro y texto: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese.

  3. Principal

    Cúmplase.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de junio de dos mil veintiuno. Junta remite constancias. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta de la Presidente de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por el cual remite diversas constancias emitidas dentro del juicio laboral *** de su índice. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, debiendo darse cuenta con éstas en la audiencia constitucional. Estado procesal. La autoridad responsable anexó la audiencia celebrada el siete de junio de dos mil veintiuno, en los autos del juicio laboral *** en la cual tuvo a la parte actora proporcionando el número de seguridad social completo y correcto del extinto trabajador José Florentino Rafael Puebla Alameda y, como consecuencia, ordenó girar oficios: A. Al Instituto Mexicano del Seguro Social; B. Al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y, C. Al último centro de labores del aludido trabajador, es decir, a Integración de servicios Mexicanos. A fin de que informen si en sus archivos existen registrados posibles beneficiarios de la persona en comento; sin embargo, la Junta omitió adjuntar los acuses que acrediten que éstos fueron entregados a tales dependencias. Requerimiento. En consecuencia, de conformidad con el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días, remita copia certificada de los acuses de recibo de los oficios dirigidos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y al último centro de labores del extinto del trabajador, denominado Integración de servicios Mexicanos. Apercibida que de ser omisa al presente requerimiento, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 199454, de rubro y texto: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Diferimiento de audiencia constitucional. En tales condiciones, y para dar margen a lo anterior, 115, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional. Se señalan las trece horas con quince minutos del treinta de junio de dos mil veintiuno, para su celebración. Sirven de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese.

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