Maria Silvia Guadalupe Yerena

Expediente 902/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
902/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
06/12/2022

Partes del expediente

  • Maria Silvia Guadalupe Yerena

Actuaciones

  1. Principal

    V-Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el acuerdo de 23 de noviembre de 2022, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado analógica y supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso b) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. De conformidad con el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la coincidencia de contenidos de expediente impreso y del electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    V-Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guarda el presente asunto, de los que se desprende que* no dio cumplimiento a la prevención que se le hizo mediante proveído de 7 de noviembre del año en curso.Por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo.Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Estadístico relativo, para los efectos legales y administrativos correspondientes.

  3. Principal

    V-Recepción de demanda Agréguese el escrito de cuenta firmado por María Silvia Guadalupe Yerena, por propio derecho y en representación del niño quejoso, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del juez Familiar de Primera Instancia de este Distrito Judicial. En consecuencia, se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 902/2022-V-B. Prevención. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. (.)". Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Ahora, antes de proveer lo conducente sobre la demanda de amparo que nos ocupa, se observa que María Silvia Guadalupe Yerena, refiere promover el presente juicio de amparo por propio derecho y en representación del niño quejoso; sin embargo, no exhibió documento alguno con el cual acredite dicha personalidad del niño quejoso. Precisado lo anterior, debe decirse que la fracción I, del numeral 108 de la Ley de Amparo, impone a la parte peticionaria del juicio, la obligación de determinar con claridad y precisión, si la demanda se promueve por derecho propio, o en representación de alguna persona diversa, caso último en el que debe acreditar debidamente su legal representación. Lo anterior, obedece a que el acreditamiento de la personalidad no es una cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con esa facultad. Orienta la anterior consideración, la jurisprudencia número P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis número 30/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Único en Materia Administrativa del Primer y Tercer Circuitos respectivamente y el Segundo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 48, del tomo IV, del mes de julio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto señalan: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.". Asimismo, del escrito de demanda precisa como acto reclamado lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: El auto de fecha 06 de octubre de los corrientes, el cual fuera publicado el día 07 del mismo mes y año, respecto de la parte que niega la tramitación del RECURSO DE REVOCACIÓN, planteado por la suscrita, en el expediente número 284/2017." Sin embargo, del numeral 5 del capítulo de hechos, destaca lo siguiente: "5.- Inconforme con lo manifestado en el hecho anterior, en fecha 08 de septiembre del presente, presente el escrito que contenía el recurso de revocación, sin embargo, la responsable mediante auto de fecha 06 de septiembre de este mismo año, considero no interpuesto el mismo, por las razones ilegales e infundada que consagra en el mismo. En tal virtud, resulta impreciso la fecha de la resolución que combate, toda vez que en el capítulo de hechos, manifiesta que es el 6 de septiembre del año en curso, cuando en el capítulo del acto reclamado, precisa que es el 6 de octubre de este año. Por otra parte, de su capítulo de hechos de su escrito de demanda, no se advierte en qué etapa procesal se encuentra el juicio de origen; asimismo, el contenido del auto que combate mediante el recurso de revocación. En ese contexto, a fin de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de proveer en relación con la demanda de que se trata, con fundamento en el artículo 114, fracción I y II, en relación con el 108, fracciones I y V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, legalmente computados, por escrito, bajo protesta de decir verdad y con las copias a que alude el numeral 110 de la Ley de Amparo, aclare su demanda en los siguientes términos: Precise si el presente juicio de amparo lo promueve por propio derecho y en representación del niño quejoso, y en caso de ser también como representante del niño quejoso, acredite con documentos fehacientes tal representación; Precise con exactitud la fecha del acto reclamado y de qué juicio de origen deriva; asimismo, manifiesta la etapa procesal en que se encuentra el asunto y sobre que trata el auto que combate mediante el recurso de revocación. Así como en lo substancial, la Tesis XX.57 K, emitida en la vigente época por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 871, del tomo III, del mes de marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente contenido literal: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda.". Hágase saber a la parte promovente, que deberá adjuntar las copias necesarias de su escrito aclaratorio de demanda, así como del documento que exhiba para acreditar su personalidad, para cada una de las partes en este asunto, en razón de que será parte integrante de la misma, en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo y con apoyo en la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 124/2016, aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, con número de registro 2012992, que al tenor siguiente dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa". Asimismo, apoya lo antes considerado la tesis XXVII.3o.8 K (10a.), con número de registro 2006291, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia (Común), publicado veinticinco de abril de dos mil catorce, cuyo rubro y texto dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI SE PROMUEVE A NOMBRE DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIRSE EL DOCUMENTO CON EL QUE SE ACREDITE LA PERSONALIDAD, Y EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REMITIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES UNA COPIA DE AQUÉLLA Y DE DICHO DOCUMENTO, AL SOLICITARLES SU INFORME JUSTIFICADO, SI NO LO HIZO AL PEDIRLES EL PREVIO. Conforme a los artículos 108, fracción I y 114, fracción III, de la Ley de Amparo, uno de los requisitos de la demanda de amparo indirecto consiste en acreditar la representación del promovente que actúa a nombre del quejoso, por lo que el documento con el que se acredite tal extremo constituye un anexo inherente de la demanda, dado que se trata de la comprobación de un presupuesto procesal sin el cual, no prospera la acción constitucional, pues su omisión amerita prevención, cuyo incumplimiento ocasiona tener por no presentada la demanda. Luego, como el artículo 110 de la citada ley exige al promovente exhibir copias suficientes de la demanda para traslado a las partes, también debe exhibir las del documento con el que acredite su personalidad cuando actúa en nombre del quejoso, por lo que al ser un anexo inherente a la demanda, el Juez de Distrito debe remitir a las autoridades responsables copia de ésta y de dicho anexo, al solicitarles su informe justificado, si no lo hizo al pedir el previo.". Por tanto, se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio procesal y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como autorizados en los términos del artículo 24 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a las personas que señala en el mismo, toda vez que no tienen sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Protección de datos personales y transparencia Con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Instrucción al secretario encargado del trámite del asunto, actuarios judiciales y oficiales judiciales Por otra parte, a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo: Se instruye desde este momento al Secretario encargado del trámite de este asunto -quien aparece como fedatario es esta actuación- para que puntualmente: 1. Todos los acuerdos sean signados con Firma Electrónica y cuente con los permisos necesarios. 2. Supervise la integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente físico. 3. Como fedatario, verifique la coincidencia de contenidos del expediente impreso y el electrónico, para lo cual, al dar cuenta deberá validar expresamente: Respecto de la documentación recibida por vía electrónica, toda se ha impreso y agregado al expediente físico, en su caso, con la evidencia criptográfica de la firma respectiva y sin necesidad de certificación o actuación judicial, y Cuando la documentación se reciba en formato impreso, esta se ha digitalizado e ingresado al expediente electrónico respectivo. 4. Al solicitar los informes o documentación a las autoridades responsables, respecto de juicios seguidos ante tribunales que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, procurará que la digitalización de los expedientes relativos a dichos juicios se realice por las propias autoridades responsables y solo si esto no es posible, se cerciore se realice dicha digitalización por el personal administrativo de su mesa. En ese sentido, se ordena al oficial administrativo: La digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes físicamente, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo. La integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente físico. En cuanto al Actuario Judicial que por terminación de expediente le corresponda: Deberá digitalizar oportunamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren derivadas del presente asunto, incorporándolas al expediente electrónico a más tardar al día siguiente de su realización. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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