María Silveria Leal Raga
Expediente 1670/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1670/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- María Silveria Leal Raga
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO Y SE ORDENA ARCHIVO.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, once de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ********************, por medio del cual, desahoga la prevención formulada en proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Ahora, del análisis de la demanda de amparo y escrito aclaratorio es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden lógico, se tiene que, en la especie la parte quejosa reclama: La resolución interlocutoria de trece de abril de dos mil veintitrés, dictado por la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, dentro del expediente número ********************, relativo al Juicio ordinario Civil Plenario de Posesión, promovido por ******************** en contra de ********************, mediante el cual deja firme la contestación de la demanda interpuesta por la parte demandada, misma que fuera acordado de conformidad mediante auto de veintitrés de marzo de dos mil trece. En el presente caso, no será necesario el estudio de fondo de la cuestión planteada, toda vez que este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V (interpretada en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, con motivo de que el acto reclamado constituye un acto dictado dentro de juicio, cuyos efectos no son de imposible reparación, ya que, como se verá, la afectación reclamada por la parte quejosa recae sobre derechos adjetivos, no sobre derechos sustantivos como lo establece el indicado numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Para justificar la tesis anunciada, resulta necesario trascribir la parte conducente de los numerales en comento: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del análisis sistemático de estos dispositivos, debe colegirse que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclamen actos en juicio, cuyos efectos no tengan sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, no existe ejecución irreparable si la posible violación no afecta derechos sustantivos del gobernado, y los actos que únicamente ocasionen afectación a derechos adjetivos o procesales, aun cuando sean de grado predominante o superior, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta, sino que tendrán que ser impugnados como violaciones procesales en el amparo directo que se promueva contra la sentencia que ponga fin al juicio, en caso que le sea desfavorable. La razón fundamental del requisito anterior, es que si la parte en contra de quien se cometieron violaciones procesales obtiene resolución favorable, el perjuicio que le pudieron ocasionar tales violaciones desaparece, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, por lo que de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza son reparados. Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara que fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto. Por tanto, las violaciones ocurridas dentro del juicio deben ser combatidas al momento de impugnar la sentencia definitiva dictada en dicho sumario, siempre y cuando por virtud de ésta quede sin defensa el quejoso, trascendiendo tal violación al resultado de la resolución, salvo que sean de ejecución irreparable, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, caso en el cual, se reitera, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Lo anterior significa que las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impidan o afecten, en forma actual, el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de juicio, derivados del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es importante tener presente que estas dos notas distintivas necesariamente deben actualizarse concomitantemente, pues de lo contrario no se estará ante un acto de imposible reparación, al carecer de uno de sus elementos esenciales. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la jurisprudencia 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro Siete, Junio de 2014, Tomo I, materia común, página 39, que señala lo siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual - a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En mérito de lo anterior, se estima que la resolución interlocutoria de trece de abril de dos mil veintitrés, dictado por la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, dentro del expediente número ********************, relativo al Juicio ordinario Civil Plenario de Posesión, promovido por ******************** en contra de ********************, mediante el cual deja firme la contestación interpuesta por la parte demandada, y donde hace la aclaración del nombre correcto de la demandada, no es un acto de los considerados de imposible reparación, pues sus efectos son meramente procesales, y no transgrede derechos sustantivos. Se sostiene lo previo, ya que la emisión de la interlocutoria reclamada únicamente tiene por efecto que se continúe con la secuela procesal del indicado juicio civil. De ahí que en el caso no concurren las condiciones para la procedencia del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de juicio, pues no se afectan derechos materiales, sino sólo formales, esto es, el derecho que reclama la solicitante de amparo, no reviste la categoría de derecho sustantivo, por no ser una afectación actual sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del fallo definitivo, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Además, como ya se indicó, dicha resolución tiene efectos meramente procesales, y por ende constituye una violación combatible, en todo caso, en el juicio de amparo directo que se intente en contra de la sentencia que se pronuncie, ya que hasta ese momento se sabrá si la violación alegada afectó al particular trascendiendo al resultado del fallo; ello pues la sentencia que se dicte en el juicio civil de origen, pudiera ser que le beneficie y por tanto las violaciones procedimentales existentes quedarán reparadas, o en su caso, de serle desfavorable ello podría ser todavía cuestionado mediante el juicio de amparo directo y obtener su reparación. Por las razones que la informan, apoya lo anterior la jurisprudencia 3a. 20/905, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." En tal virtud, el acto que reclama la promovente en el presente juicio de amparo no la deja sin defensa, pues como ya quedó apuntado, no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos procesales, pues no se afectan de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en todo caso, las consecuencias del acto reclamado podrían constituirse en una violación procesal (sin que lo anterior implique una afirmación en ese sentido), es decir, aquellas que no tienen sobre las personas una ejecución irreparable, en tanto producen exclusivamente efectos de carácter formal, que desaparecen sin dejar huella en la esfera jurídica del afectado cuando éste logra que queden satisfechas sus pretensiones con el dictado de una resolución favorable. Ahora bien, si por el contrario, la quejosa no llegase a obtener una sentencia favorable, entonces el perjuicio que le origine la resolución reclamada podrá ser reparado como ya se indicó, por medio del amparo directo que promueva contra la sentencia que se emita en el juicio civil de origen. En esas condiciones, al haberse actualizado la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V (interpretada en sentido contrario), de la Ley de Amparo; lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de dicha Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio, por encontrarse en ella el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción XXIII, relación con el diverso 107, fracción V, éste interpretado en sentido contrario, y 172, fracción IX, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Julio César Cruz García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de junio de dos mil veintitrés.****************************************Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el oficio 1786/5/2022, a través del cual la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. ****************************************En consecuencia, este Juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido....Por lo antes expuesto, es claro que la responsable de mérito ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se advierta que se incurrió en exceso o defecto; conclusión a la que se arriba al tomar en cuenta que cumplió a cabalidad con los términos de la ejecutoria de amparo, lo que conlleva a establecer que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se obligó a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trata y a cumplir lo que el mismo exija....Notifíquese personalmente...
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