María Seberiana Peña Flores
Expediente 504/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 33 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 504/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 01/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- María Seberiana Peña Flores
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Acapulco, Guerrero; uno de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa; asimismo, remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución interlocutoria dictada por este juzgado. En consecuencia, agréguense a este expediente principal el oficio y testimonio de cuenta, el cuaderno de antecedentes, así como el original y duplicado del incidente de suspensión. Acúsese el recibo correspondiente. Hágase saber a las partes que en el único punto resolutivo de la ejecutoria de mérito se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara sin materia el incidente de revisión." En tal virtud, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo séptimo denominado "EXPEDIENTES DEPURABLES", artículo 18, fracción I, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. En relación al original del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en las hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General, por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General referido. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal como del incidente de suspensión (original y duplicado) conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Ahora bien, como de la certificación de cuenta, se advierte que en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, se encuentra pendiente de resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la resolución interlocutoria de trece de octubre de dos mil veinte, emitida por este Juzgado Federal, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 504/2020, mismo que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, quien formó el toca Incidente en Revisión Penal número 135/2020; hágase saber que ha quedado firme la resolución emitida en este juicio de amparo. Por consiguiente, una vez que dicho medio de impugnación sea resuelto y el incidente de suspensión se glose a estos autos, provéase respecto al archivo del presente juicio. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUR DICE. "Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 504/2020; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, ante el Buzón Judicial, recibido el veinticinco siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, remitido ese día por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito, María Seberiana Peña Flores, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan. AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco- Ejecutoras Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado. Delegado Regional de la Unidad que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, en el Estado de Guerrero, dependiente de la Fiscalía General de la República. Ambos residentes en Chilpancingo, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "De la autoridad señalada en esta demanda como responsables en su doble carácter de ordenadora y ejecutora, se reclama: A) La resolución emitida en fecha 10 de agosto del 2020 y que me fue notificada el veintitrés de septiembre del 2020, la cual fue dictada dentro del expediente VARIOS 2020 FOLIO 5844 por el JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ADMINSTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE GUERRERO CON RESIDENCIA EN ACAPULCO, MISMA, que en su punto resolutivo determinó ser improcedente, así como desfavorable para la imputada. B) La nulidad de la resolución derivado del procedimiento penal antes referido. C) Todos los efectos y consecuencias legales derivados de la nulidad del procedimiento penal antes mencionado, que se traducen, generando así una franca y evidente violación al derecho humano de audiencia establecido en el artículo 1, 14, 16 y 17 Constitucional, de ahí la procedencia de la presente demanda de amparo". SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo bajo el número 504/2020 y se previno a la parte quejosa para que manifestara si deseaba señalar como acto reclamado la orden de aprehensión emitida en su contra en la causa penal 9/2012, por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero y a dicha autoridad responsable; asimismo, precisara a qué autoridad reclama la emisión de la orden de captura cuyo cumplimiento atribuye a aquéllas que designó como ejecutoras, así también narrara los hechos que constituyen sus antecedentes. En auto de seis de octubre siguiente, se tuvo por desahogada la prevención y como objeto de estudio en este asunto, la determinación de diez de agosto de esa anualidad, dictada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; se admitió a trámite dicha demanda; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diversos diferimientos se verificó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito al reclamarse una determinación dictada por una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que María Seberiana Peña Flores, reclama la determinación de diez de agosto de dos mil veinte, dictada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, en el cuaderno Varios 2020, que acuerda desfavorable la solicitud de audiencia, para que en ésta se debata y resuelva respecto de la continuación del proceso 9/2012, que se le inició ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo, bajo el sistema penal tradicional al sistema penal acusatorio. TERCERO. Certeza del acto El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado; lo que se corrobora con las actuaciones que integran el cuaderno de Varios 2020, que en copia certificada remitió como complemento a dicho informe; documental a la cual dada su naturaleza, se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; y de la que se advierte que el diez de agosto de dos mil veinte, se emitió la resolución reclamada. CUARTO. Estudio de la constitucionalidad. Al no existir causa de improcedencia alguna invocada por las partes ni se advierte que se actualice alguna que deba ser examinada de oficio; se procede analizar si son fundados o no los conceptos de violación. Antes, se citan los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado. Por escrito presentado el diez de agosto de dos mil veinte, ante el juez responsable, la peticionaria de amparo solicitó audiencia, para que en ésta se debata y resuelva respecto de la continuación del proceso que se le inició ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo, bajo el sistema penal tradicional (inquisitivo) o inquisitivo al sistema penal acusatorio (adversarial), en razón que en aquél aún no se dicta sentencia, lo cual la tiene en incertidumbre jurídica. En esa fecha, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerreo, determinó: ". con relación a su petición de audiencia, se acuerda desfavorable lo solicitado, por lo siguiente: De entrada debe precisarse, que el legislador conforme a los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el cual se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de marzo de dos mil catorce, determinó que los procesos penales iniciados conforme al sistema tradicional se sustanciarán así hasta su conclusión, dichas disposiciones sólo son aplicables para los procesos penales iniciados antes de la entrada en vigor del Código aludido; de ahí, si en el supuesto de que un proceso penal haya iniciado conforme a las reglas del sistema tradicional cuando eran aplicables las del sistema penal acusatorio, no puede procederse en términos de los preceptos transitorios indicados, pues para ello debe atenderse al artículo quinto transitorio del citado decreto, por el cual el legislador previo la convalidación o regularización de las actuaciones cuando un proceso penal, por cualquier circunstancia, inicie conforme a las reglas del sistema tradicional (mixto/escrito) cuando ya sean aplicables las del sistema penal acusatorio (dos mil catorce) por haber entrado en vigor el Código citado, el proceso debe remitirse al Juez del sistema acusatorio competente, quien, ante la incompatibilidad de sistemas, podrá realizar la convalidación de actuaciones e inicial el proceso penal en la etapa correspondiente. Además, conviene ilustrar que el articulo cuatro transitorio del decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación, establece como regla de implementación del sistema penal acusatorio, lo siguiente: Cuarto. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto. Por otro lado, el segundo transitorio (de ese mismo decreto de reforma constitucional) que es parte del sistema en general, lo complementa, al definir (bajo el principio de reserva de ley), el momento del inicio del sistema acusatorio en el país, como se advierte de su literalidad: Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto. Como puede advertirse, el Constituyente Permanente, al incorporar el proceso penal acusatorio, estableció los diversos ámbitos de validez espacial y temporal que deberá seguir aquel sistema, a través de los correspondientes artículos transitorios, por lo que los órganos de interpretación de la ley, debemos actuar bajo un criterio de corrección funcional, esto es, aplicar la norma en el ámbito de nuestra propia competencia, basados en la atribución conferida al legislador, pero sin invadir aquella función o soslayar aspectos contenidos en la propia norma, creación legitima de aquél. De esa manera, el precitado cuarto transitorio establece la legislación procesal que regirá a los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio (esto es, la propia del sistema tradicional hasta su conclusión), por lo que, no se trata de una norma que define el inicio del sistema acusatorio sino la continuación de aplicación del sistema tradicional a aquél; mientras el segundo transitorio, complementa al cuarto, pero con la distinción de que este segundo transitorio sí señala claramente el inicio del sistema penal acusatorio, al definir (o más bien dicho, al delegar en la ley) el momento en que entrará el vigor el nuevo proceso; dicho en otras palabras, ambos preceptos constitucionales se armonizan perfectamente y no entran en conflicto, al regular uno de ellos el ámbito temporal del inicio del sistema acusatorio y el restante, el impacto inocuo de ese nuevo proceso en los procedimientos tradicionales ya iniciados con antelación a la entrada en vigor de aquél. Lo que hace que la causa penal que pretende se remita al sistema penal acusatorio, al iniciar en el año dos mil doce, no corresponde conocer a este órgano federal, si no al juzgado que conozca del sistema tradicional penal, como lo es el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo. Finalmente, en los medios medio electrónicos (sic) proporcionados hágase del conocimiento este asunto; y, sin que haya lugar a autorizar a las personas mencionadas en su escrito para oír y recibir notificaciones, ello en razón da que no se da entrada a su solicitud, además no se prevé dicha figura el Código Nacional de Procedimientos Penales..." La anterior determinación constituye el acto reclamado, en contra de la cual, la quejosa, en esencia alega, que viola en su perjuicio las garantías previstas en los artículos 1º, 14, 16, 17, 18, 19, párrafo primero, 20 apartado B, Constitucional, 97, del Código Federal de Procedimientos Penales, 3, 4, Primero y Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, vigente a partir del uno de enero de dos mil veinte, porque: I. Es un derecho constitucional solicitar a la autoridad competente ser investigada, procesada y sentenciada bajo el sistema acusatorio, dado que la causa penal que se le sigue en el diverso inquisitivo ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de Chilpancingo, si bien existe orden de captura aún no se ha emitido sentencia. a.I Al negarle esa posibilidad, se materializaría la referida orden de captura -cuyo objetivo es sujetarla a proceso garantizando su comparecencia o evitar su sustracción-, lo que le causaría un daño irreparable, ya que sería juzgada y sentenciada bajo un sistema obsoleto, además de no existir riesgo de sustracción dado su solicitud. II. Al no acordar favorable su petición de señalar hora y fecha para que en audiencia se debatiera su solicitad de trasladar al sistema acusatorio y oral la causa penal que se le instruye en el sistema procesal mixto o inquisitivo, se dejó de observar los tratados internacionales del que México es parte y en los cuales, se encuentra plasmado el principio de presunción de inocencia; además de inobserva el principio pro persona al no aplicarse la norma más favorable, aun cuando está obligado a ello. A. La obligatoriedad de los tratados internacionales encuentra su fundamento en la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados de 1969, en sus artículos 26, 27 y 46, sin que el Estado pueda invocar para su incumplimiento disposiciones del derecho interno; dado que existe recomendación de carácter general del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para México, para reformar la Constitución, para incorporar el concepto de derechos humanos como eje fundamental de la misma y reconocer los tratados de derechos humanos una jerarquía superior a los ordenamientos locales, cuando aquél le confiera mayor protección que la Constitución. B. El derecho humano de la tutela judicial efectiva debe ajustarse a la interpretación pro homine más amplia, conforme con el numeral 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todo lo cual, afirma tiene fundamento en los siguientes criterios: PRUEBAS. LOS TRATADOS INTERNACIONALES NO ESTAN SUJETOS A PRUEBA"; "TRATADOS INTERNACIONALES. SU APLCIACIÓN CUANDO AMPLÍAN Y REGLAMENTAN DERECHOS FUNDAMENTALES"; "TRATADOS INTERNACIONALES. ADMITE DIVERSAS DENOMINACIONES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CONTENIDO"; "TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNNIÓN Y SE UBICAN JERARQUICAMENTE POR ENCIME DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL"; "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALDIAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES"; CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011)"; "EL PRINCIPIO PRO PERSONAE EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALZIARSE A PARTIR DE AQUEL"; "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLICITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL"; "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTRO DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD"; "PARAMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS"; "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS"; y "DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURIDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES". Son infundados los conceptos de violación; motivos de queja que se analizaran en forma conjunta dada su estrecha relación. El juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio Penal en el auto reclamado, señala que; con fundamento en los artículos Transitorios del Decreto por el cual se reformó y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución, publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho, así como los diversos del Decreto por el cual se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el cinco de marzo de dos mil catorce, la petición de la quejosa no puede ser acordada de conformidad, dado la fecha en la que se inició el proceso penal en su contra - año dos mil doce-; por lo que, su continuidad debe ser bajo el sistema mixto ante el juez de la causa. Aserto, que, contrario a lo alegado por la peticionaria de amparo, se estima correcto, ya que la reforma Constitucional de junio de dos mil ocho, es eminentemente procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Carta Magna, al establecer los principios generales bajo los cuales se regirá el procedimiento y establecer los derechos procesales del imputado y de la víctima u ofendido; así se desprende de la redacción del propio dispositivo, cuyo contenido literal es el siguiente: "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;- - - II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica;- - - III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo;- - - IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral;- - - V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;- - - VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución;- - - VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;- - - VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;- - - IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.- - - B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;- - - II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;- - - III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.- - - La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada;- - - IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;- - - V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.- - - En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra;- - - VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.- - - El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;- - - VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;- - - VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.- - - La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.- - - En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.- - - C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;- - - II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.- - - Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;- - - III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;- - - IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.- - - La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;- - - V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.- - - El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;- - - VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Sobre la referida reforma, en su régimen transitorio, se fijaron los plazos y condiciones para la entrada en vigor del citado Decreto, en los siguientes términos: "Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes". "Segundo.- El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.- - - En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito.- - - En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales". ."Cuarto. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto". De los dispositivos transitorios reproducidos se desprende que la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal acusatorio. La Federación, los Estados y la Ciudad de México -antes Distrito Federal - adoptaran el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito. En el momento en que se publiquen los referidos ordenamientos legales, los poderes legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales. El último numeral transcrito, señala que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto. Más tarde, por Decreto de reforma y adición publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de octubre de dos mil trece, el Constituyente Permanente reformó el artículo 73, fracción XXI, inciso c), del texto constitucional, a fin de agregar a las atribuciones del Congreso de la Unión, la facultad para expedir una legislación única en materia procedimental penal. "Artículo 73. El Congreso tiene facultad: .XXI. Para expedir: c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común". Al respecto, en su régimen transitorio, se fijaron los plazos y condiciones para la entrada en vigor del citado Decreto, en los términos siguientes: PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación de conformidad con las disposiciones previstas en los artículos siguientes. "SEGUNDO. La legislación única en las materias procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que expida el Congreso de la Unión conforme al presente Decreto, entrará en vigor en toda la República a más tardar el día dieciocho de junio de dos mil dieciséis.- - - La legislación vigente en las materias procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas expedida por el Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal continuará en vigor hasta que inicie la vigencia de la legislación que respecto de cada una de dichas materias expida el Congreso de la Unión conforme al presente Decreto. "TERCERO. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación procedimental penal que establece el presente Decreto, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de iniciarse dichos procedimientos". De lo expuesto se colige que el Constituyente permanente decidió que el Estado, debía contar con una legislación única en materia procesal penal, cuya entrada en vigor sería a más tardar el dieciocho de junio de dos mil dieciséis, previendo que mientras cobraba vigencia la norma adjetiva única, las legislaturas procesales penales de los Estados seguirían vigentes; incluso, el último numeral transitorio reproducido mantuvo la postura de la reforma que le antecedió -explicada previamente- a saber: los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación procedimental penal que establece el presente Decreto, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de iniciarse dichos procedimientos. En este sentido, el cuatro de marzo de dos mil catorce, el ejecutivo federal expidió mediante Decreto, la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde en su régimen transitorio, se fijaron los plazos y condiciones para su entrada en vigor, cuyo contenido, en lo que interesa, es el siguiente: "Artículo Primero. Declaratoria. Para los efectos señalados en el párrafo tercero del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se declara que la presente legislación recoge el sistema procesal penal acusatorio y entrará en vigor de acuerdo con los artículos siguientes". "Artículo Segundo. Vigencia. Este Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.- - - En el caso de las Entidades federativas y del Distrito Federal, el presente Código entrará en vigor en cada una de ellas en los términos que establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas.- - - En todos los casos, entre la Declaratoria a que se hace referencia en los párrafos anteriores y la entrada en vigor del presente Código deberán mediar sesenta días naturales". "Artículo Tercero. Abrogación. El Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1934, y los de las respectivas entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, quedarán abrogados para efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente Código, sin embargo respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos". Este último precepto legal fue reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, adicionándole el párrafo siguiente: ".En consecuencia el presente Código será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los hechos hayan sucedido con anterioridad a la entrada en vigor del mismo". De los preceptos legales reproducidos se advierte que el Código Nacional de Procedimientos Penales entrará en vigor en las entidades federativas, en los términos que establezca la Declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente; pero además, que las legislaturas procesales penales de las entidades quedarán abrogadas para efectos de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, respecto a los procedimientos penales que a la entrada en vigor del ordenamiento procesal único se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos, de ahí que la legislación adjetiva única será aplicable para los procedimientos penales que se inicien a partir de su entrada en vigor, con independencia de que los hechos sucedieran con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. Con base en lo expuesto, a fin de determinar si un procedimiento penal debe seguirse con las reglas del sistema inquisitivo o las del acusatorio, se atenderá a la fecha de inicio del proceso; motivo por el que, es correcta la decisión del juez de Distrito responsable, dado que el proceso instaurado en contra de la peticionaria de amparo, inició en el dos mil doce, es decir, previo a la entrar en vigor del ordenamiento procesal único en materia penal, por lo que, es evidente que debe continuar dicho procedimiento acorde a las reglas del sistema procesal mixto o inquisitivo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia PC.I.P. J/34 P, emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo III, pág. 1630, de rubro y texto siguiente: "PROCESOS PENALES INICIADOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE DICHO ORDENAMIENTO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE MARZO DE 2014, SÓLO LES SON APLICABLES A AQUÉLLOS (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO). Si bien el legislador, conforme a los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, determinó que los procesos penales iniciados conforme al sistema tradicional se sustanciarán así hasta su conclusión, dichas disposiciones sólo son aplicables para los procesos penales iniciados antes de la entrada en vigor del Código aludido; de ahí que en el supuesto de que un proceso penal haya iniciado conforme a las reglas del sistema tradicional cuando eran aplicables las del sistema penal acusatorio, no puede procederse en términos de los preceptos transitorios indicados, pues para ello debe atenderse al artículo quinto transitorio del citado decreto, en el que el legislador previó el supuesto concreto referido". Se afirma de ese modo, a virtud del artículo Tercero Transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -con motivo del Decreto de reforma y adición publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de octubre de dos mil trece- y del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ambos preceptos legales son coincidentes en señalar que los procedimientos penales que a la entrada en vigor del ordenamiento procesal único se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos, en el caso, el Código Federal de Procedimientos Penales; sin que sea condición el estadío procesal; por lo que, los artículos del Código Nacional, no admiten diversa interpretación, pues el propio texto constitucional así lo establece. Máxime, porque la intención del Constituyente en cuanto a la reforma procesal penal, no fue que se aplicara retroactivamente a los asuntos cuya tramitación estaban en curso, previo a la entrada del nuevo sistema de justicia penal, lo que se corrobora con la exposición de motivos de la Cámara de Diputados al emitir el proyecto de la reforma constitucional de citada, a saber: ".e) El punto de partida para la aplicación del nuevo sistema acusatorio es un aspecto crucial en la reforma que ahora nos ocupa, ya que consiste en definir a partir de qué momento se aplicará el nuevo régimen.- - - Al respecto, las experiencias internacionales en esta misma materia dan cuenta de que no es aconsejable aplicar el nuevo sistema a procedimientos penales en curso. En efecto, lo óptimo en este tipo de medidas es empezar con un factor cero, es decir, que la reforma sólo sea aplicable a los procedimientos iniciados una vez que entró en vigor el mencionado sistema.". Postura que compartió la Cámara de Senadores en su dictamen de primera lectura, a saber: ".e) El punto de partida para la aplicación del nuevo sistema acusatorio es un aspecto crucial en la reforma que ahora nos ocupa, ya que consiste en definir a partir de qué momento se aplicará el nuevo régimen. Al respecto, las experiencias internacionales en esta misma materia dan cuenta de que no es aconsejable aplicar el nuevo sistema a procedimientos penales en curso. En efecto, lo óptimo en este tipo de medidas es empezar con un factor cero, es decir, que la reforma sólo sea aplicable a los procedimientos iniciados una vez que entró en vigor el mencionado sistema. Esta aclaración, prevista en el transitorio cuarto, es además sin duda necesaria, para evitar a toda costa que los inculpados sujetos a proceso obtengan la aplicación en su favor de reglas posteriores que consideren más benéficas, previstas en el nuevo sistema. Dicho de otra manera, el éxito de la reforma implica hacer una excepción al principio de retroactividad, en beneficio, en materia penal.- - - f) .En segundo lugar, es imprescindible dejar claro que los procesos penales iniciados con fundamento en dichas legislaciones, así como las sentencias emitidas con base en las mismas, no serán afectados por la entrada en vigor de la legislación federal. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de esta última". De ahí, lo infundado de lo alegado por la quejosa, ya que de conformidad con el principio de unidad de las normas jurídicas y en atención al hecho de que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como los artículos transitorios de un decreto que la reforman o adicionan, derivan del constituyente permanente en un solo procedimiento de creación, es evidente que poseen la misma naturaleza y jerarquía, por lo que no pueden disociarse, sino que integran un único cuerpo normativo. Sin que lo resuelto por el juez de Distrito responsable, signifique -como lo afirma la quejosa- inobservar lo previsto en los tratados internacionales, ya que, si bien, estos se ubican jerárquicamente por encima de las Leyes Federales, se encuentran en un segundo plano respecto de la Constitución Federal. Por lo que, como se ha venido exponiendo al existir una razón constitucional, debe atenderse a la misma, para el análisis de la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano; ello, dado que, en éste la Carta Magna, es la norma Suprema. Apoya lo expuesto la Tesis P. LXXVII/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, página 46, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Constitucional, de rubro y texto, siguiente: "TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión "... serán la Ley Suprema de toda la Unión ..." parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.". No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal. Sin que obste, que tal razón se encuentre en los artículos Transitorios; porque, dado el principio de unidad de las normas, tanto la Constitución como aquellos transitorios de un Decreto que la reforman o adicionan, derivan del Constituyente permanente en un solo procedimiento de creación, por lo tanto, poseen la misma naturaleza y jerarquía, atento al principio de supremacía constitucional consagrado en su precepto 133. Dicho principio es aplicable para todos los preceptos que conforman la Constitución, entre los que se encuentran los transitorios, que en general regulan el ámbito temporal de validez de las normas y facilitan la aplicación de las nuevas disposiciones jurídicas, pues la Constitución es una unidad coherente y homogénea, cuyas modificaciones no afectan su identidad; por lo que, como quedó señalado anteriormente, debe estarse a lo establecido en aquélla. Ilustra lo expuesto, la Jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 202, Décima Época, Materias Constitucional, de rubro y texto siguiente: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano". Sin que lo resuelto por el juez de Distrito responsable, signifique inobservar lo previsto en los tratados internaciones, ya que al haber una razón Constitucional el catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano. Ahora, en relación con principio pro persona. El diez de junio de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero y reformaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que destaca el artículo 1° constitucional, el cual quedó como sigue: "DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS. Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (.) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." Derivado de esa reforma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis P. LXVI/2011, con número de registro: 160584, del tenor siguiente: "CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE. SON ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEAN MÁS FAVORABLES A LA PERSONA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que derivan de sentencias en donde el Estado Mexicano no intervino como parte en el litigio son orientadores para todas las decisiones de los jueces mexicanos, siempre que sean más favorables a la persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional. De este modo, los jueces nacionales deben observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorable y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Esto no prejuzga la posibilidad de que sean los criterios internos los que se cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1o., lo cual tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos". Así como la tesis P. LXVII/2011(9a.), registro 160589, que se transcribe a continuación: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia." La aplicación del principio pro persona no implica necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados se resuelvan de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), registro 2004748, del máximo Tribunal del país, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Así, es de advertirse que el principio "pro persona" no tiene el alcance de desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones, pues para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, el Estado puede y debe establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de defensa, los cuales no pueden ser superados, por regla general, con la mera invocación de estos principios rectores de aplicación e interpretación de normas, ya que en todo procedimiento, como en el proceso penal iniciado en contra de la quejosa, existen reglas que deberán observarse a fin de que el juzgador resuelva la controversia sometida a su potestad, de lo contrario, se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables; de conformidad con la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.) de la Segunda Sala del máximo Tribunal del país, cuyos rubro y texto son: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Bajo ese contexto, si bien en el sistema jurídico mexicano se incorporó el denominado principio pro persona, el cual, como quedó expuesto anteriormente, consiste en brindar la protección más amplia al gobernado así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ello no significa que deba resolverse sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución. Además, debe tenerse presente que el establecimiento de requisitos o prepuestos formales necesarios para el estudio de fondo, en sí mismos, no representa una violación a un derecho humano, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno, deben concurrir amplios derechos judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquellos. Máxime que, la reforma constitucional, como se señaló es eminentemente procesal, pues en ésta se establecen los principios generales bajo los cuales se regirá el procedimiento y establecer los derechos procesales del imputado y de la víctima u ofendido. Por las anteriores consideraciones, cabe señalar que la decisión reclamada, tampoco trastoca el derecho humano relativo a la presunción de inocencia, pues su aplicación no es exclusiva del sistema acusatorio adversaria a constituir un principio rector del garantismo penal. En las condiciones apuntadas, el acto reclamado a la responsable, reúne cabalmente los requisitos de los artículos 14 y 16 Constitucionales y al no advertir queja deficiente que suplir, a la luz del numeral 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección solicitado por Maria Seberiana Peña Flores. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 75, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A María Seberiana Peña Flores, contra el acto reclamado del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por las consideraciones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 504/2020; y RESULTANDO .... Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 75, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A María Seberiana Peña Flores, contra el acto reclamado del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por las consideraciones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza y da fe.
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