María Saturnina Blanca Carmona Méndez
Expediente 921/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 921/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María Saturnina Blanca Carmona Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa *** por el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de once de los cursantes, al ampliar los antecedentes del acto reclamado; asimismo, señala la naturaleza del juicio natural, y refiere el carácter con el que cuenta en el juicio de origen -parte actora- En esas condiciones, vista de nueva cuenta la demanda de amparo que promueve la quejosa contra la autoridad responsable y acto reclamado siguientes: Autoridad responsable: Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Acto reclamado: El auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente ***, del índice del juez responsable, por el que se ordenó girar oficio al Representante Legal del ***, Sociedad Anónima (***), así como al Representante Legal del Banco ***, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ***, a afecto de que no realizara ningún movimiento en las cuentas *** y *** respectivamente. Ahora bien el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, la tesis en cuestión refiere que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Establecido lo anterior, se considera que en lo particular se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, dado que, se ejerció el medio de control constitucional sin colmar de forma previa contra el acto reclamado, el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. Previo al análisis de la causa de improcedencia en comento, para mejor comprensión, resulta pertinente relatar los antecedentes del acto reclamado manifestados por la parte quejosa "bajo protesta de decir verdad"; a saber: Mediante escrito presentado en la oficialía de partes del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc la quejosa compareció en su carácter de ascendiente a denunciar juicio sucesorio testamentario a bienes del extinto ***. El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se radicó el juicio con el número de expediente *** y se le reconoció personalidad para intervenir dentro del mismo, asimismo, se señaló el veintiuno de abril de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo y la primera junta de herederos. Posteriormente, el veintiuno de abril de dos mil veintidós, se celebró la primera junta de herederos y nombramiento de albacea provisional. Mediante auto de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se le reconocieron derechos hereditarios en su carácter de ascendiente directa (madre) del autor de la sucesión de ***; y se le designó como albacea provisional. El veintitrés de julio de dos mil veintidós, *** presentó un escrito ante el Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, solicitando girara oficio a los apoderados legales del *** S.A. (***) efecto de que no se realice ningún movimiento en la cuenta número *** y del banco *** S.A. Institución de Banca Múltiple, Financiera ***, a efecto de que no se realicen ningún movimiento en la cuenta número ***. Finalmente, el veintinueve de julio del año dos mil veintidós, se dictó el acuerdo reclamado. Ahora bien, según se advierte, el acto reclamado se trata de un acuerdo dictado dentro un juicio sucesorio intestamentario, promovido por la quejosa ***. En cuanto a ello, el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." (.) Por su parte el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." De acuerdo con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, únicamente puede acudirse a este medio extraordinario de defensa, cuando previamente se hayan agotado los recursos ordinarios o medios de defensa procedentes, que tiendan a modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, aun cuando se trata de aquellos que por su naturaleza son de imposible reparación, esto es, que el juicio de amparo únicamente procede respecto de actos definitivos que son los no susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno. La propia ley, ha establecido los casos de excepción de este principio y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la parte quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Por su parte, los artículos 504 y 505 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, aplicable al juicio de origen, disponen: "Artículo 504. La revocación procede contra los autos. Artículo 505. La revocación debe pedirse dentro de los tres días siguientes a la notificación, expresando el recurrente, con toda claridad, el hecho o hechos que constituyan la violación, las disposiciones legales que estime violadas y el concepto de la violación, sin cuyo requisito se desechará de plano." En lo particular, se estima que antes de instar la vía constitucional, la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad que rige en materia de amparo; dado que el auto reclamado es impugnable a través del medio ordinario de defensa previsto por la ley local, tendente a revocar, modificar o nulificar la decisión del juez responsable, que en el caso lo es el recurso de revocación previsto por los artículos 504 y 505 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, el cual es idóneo, por ser la normatividad que rige al acto reclamado. Como se ve, de la interpretación literal de dichos dispositivos legales se desprende que la revocación es un medio de impugnación contemplado para resoluciones de los tribunales de primera instancia en los procedimientos civiles y mercantiles y procede contra decretos y autos dictados en esa instancia que no sean apelables. Así, el recurso de revocación es un medio de impugnación que se interpone dentro del curso del proceso, y se clasifica también como recurso ordinario, en cuanto que procede contra una generalidad de resoluciones judiciales y no solo contra resoluciones judiciales determinadas o específicas. De esta forma, los decretos o autos que no fueren apelables, pueden ser impugnados a través del recurso de revocación y, el propio órgano jurisdiccional de primera instancia puede tomar alguna de las siguientes decisiones: (i) confirmar su propia resolución, en el caso de que la encuentre ajustada a derecho, o bien, (ii) modificar parcialmente o (iii) revocar totalmente su propia resolución, en el caso de que la considere no apegada a derecho. En esas condiciones, contra el auto reclamado de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente ***, del índice del juez responsable, procedía el recurso de revocación, el cual no fue accionado previamente conforme a las normas que rigen el juicio de origen, y no obstante que podría considerarse como un acto de imposible reparación, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución, incluso tratándose de estos actos, deben agotarse previamente los recursos ordinarios contra ellos. En ese tenor, al no haber agotado el citado medio de defensa, previo al ejercicio de la acción de amparo, y al no ubicarse la quejosa en ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad antes referidos, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; dado que, la parte quejosa antes de acudir al juicio de amparo debió agotar el medio de defensa ordinario en contra del acto que reclama, mismo que es susceptible de ser revocado, modificado o confirmado a través del medio de defensa ordinario establecido en la ley que rige el procedimiento judicial respectivo. En tales consideraciones, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***, contra la autoridad responsable y acto reclamado siguientes: Autoridades responsables: Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Acto reclamado: El auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente ***, del índice del juez responsable, por el que se ordenó girar oficio al Representante Legal del Banco ***, Sociedad Anónima (***), así como al Representante Legal del Banco***, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ***, a afecto de que no realizaran ningún movimiento en las cuentas *** y ***, respectivamente. Acto que estima violatorio en su perjuicio de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 921/2022-A. Ahora bien, previo a acordar lo que en derecho corresponda sobre la demanda de amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días siguientes a la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: a) Bajo protesta de decir verdad, amplíe los antecedentes del acto reclamado de forma cronológica, ordenada y detallada, para lo cual deberá precisar el estado procesal en que se encuentra el juicio de origen, además deberá señalar la naturaleza del juicio natural, si es parte en el juicio y cuál es el carácter con que cuenta en el juicio de origen, por lo que deberá narrar los hechos que precedieron al acto que aquí reclama, indicando de manera pormenorizada los antecedentes que dieron origen al auto reclamado; Ello, porque la quejosa se limitó en transcribir el proveído reclamado e indicar que *** no tiene reconocidos derechos hereditarios en el juicio de origen; no obstante es necesario que este órgano de amparo cuente con mayores elementos en el juicio a fin de establecer con claridad la litis constitucional y que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. b) De igual forma, requiérase a la parte quejosa para que dentro del mismo término antes referido exhiba tres copias más de su demanda de amparo, en tanto que no se cuenta con copias suficientes de la demanda de amparo, pues solo exhibió dos tantos y para la tramitación del presente asunto son necesarias cinco para distribuirse de la siguiente manera: una para la autoridad responsable, una para el tercero interesado, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y dos para la apertura del incidente de suspensión. En la inteligencia que, el quejoso que en un juicio de amparo con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten, a excepción de los contemplados por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será acreedor a una pena de dos a seis años de prisión. Asimismo, deberá anexar las copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, conjuntamente con la demanda de amparo. Se apercibe a la promovente que de no dar cumplimiento al anterior requerimiento, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el libelo de cuenta y como autorizados para tales efectos a las personas que designa, por así solicitarlo expresamente. Se autoriza a cualquier secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, requiérase a los Actuarios adscritos a este Juzgado, a efecto de que observen en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificaran inmediatamente en que sean pronunciadas. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.
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