Maria Santos Gonzalez de Dios

Expediente 139/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
139/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Maria Santos Gonzalez de Dios

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO 139/2021-VIII-2 diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno (fojas 32-38), mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por***, contra actos del Presidente Municipal de Cunduacán, Tabasco y otras autoridades; sin que la quejosa hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. En otro aspecto, se certifica y hace constar que tanto el expediente electrónico generado, como el impreso, coinciden en su totalidad. -TRANSPARENCIA Finalmente, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el escrito signado por la quejosa ***, mediante el cual da cumplimiento a la prevención efectuada en auto de quince de febrero de dos mil veintiuno. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Para lo anterior, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO De la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama: ? La negativa de las autoridades responsables de proveer y garantizar el ingreso mínimo vital, en el procedimiento administrativo laboral iniciado en su contra, por la Contraloría Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco. ? La omisión de resolver el procedimiento administrativo laboral descrito en el inciso que antecede. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su natural mal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de eje l acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Conforme a lo anterior, una autoridad -por regla general- es aquella persona o ente que tiene una facultad o potestad sobre otra que le está subordinada y que con su actuar, crea modifica o extingue de forma unilateral y obligatoria su situación jurídica. Al caso, resulta aplicable la tesis 2a. XXXVI/99, publicada en la página 307 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, marzo de 1999 Novena Época, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Del anterior criterio se obtienen las siguientes premisas: a) Que es autoridad para efectos del amparo la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado; es decir, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. b) Que el concepto de autoridad responsable está dado, en primer lugar, por exclusión de los actos de particulares; en efecto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste es improcedente contra actos de particulares, de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio debe atenderse a que si el acto reclamado no es de particulares, el juicio será procedente; lo que a su vez revela que debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. c) Las primeras relaciones (coordinación) corresponden a las originadas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para regularlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se norman por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contemplada por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. d) Las relaciones de supra a subordinación son las que se dan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos; este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. e) Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Para definir el concepto de "autoridad responsable" cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, debe partirse del supuesto de que el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si se trata de una relación de coordinación, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para aclarar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo un juicio civil, mercantil o laboral. De no contemplarse este procedimiento, y siendo el promovente un gobernado, debe llegarse a la conclusión de que se trata de una relación de supra a subordinación, existiendo entonces una autoridad responsable. Es aplicable al respecto la tesis 2a. CCIV/2001, de la Novena Época, registro 188,436, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, noviembre de 2001, página: 39; que es de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De dicho criterio jurídico se observa que el máximo tribunal del país, estableció parámetros que deben cubrirse para considerar qué actos son de autoridad para los efectos del juicio de amparo, los cuales se enuncian a continuación: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su miento en la ley, por lo que dota al órgano del E e una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la e legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a órganos judiciales ni precisa de la voluntad del afectado. Ahora, en el caso en estudio, como se dejó de relieve, la parte quejosa reclama la negativa de las autoridades responsables de proveer y garantizar el ingreso mínimo vital, así como la omisión de resolver el procedimiento administrativo laboral iniciado en su contra, por la Contraloría Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco. En este contexto, el órgano del Estado que hubiese actuado en ejercicio de una facultad soberana, dentro de una relación de supraordinación; en contraste con lo anterior no puede considerarse como autoridad al órgano del Estado que al suspender de su encargo a un servidor público, actúa con el carácter de patrón dentro del ámbito burocrático, esto es, en una relación de coordinación. Entonces, es claro que en este caso no puede tenerse como autoridades responsables a las descritas en párrafos que anteceden para efectos del amparo ? Presidente y Directora de Contraloría, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco ?, ya que no ejercen un poder público basado en una relación de supra a subordinación, que afecte de manera unilateral la esfera jurídica de la quejosa, sino que en realidad se trata de relación de coordinación; es decir, de un análisis del escrito de demanda y su anexo, así como al escrito de desahogo de prevención, se advierte que la aquí quejosa es trabajadora del Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco, en el cual se desempeña como capturista "A"; y, por ende, su relación se da en un plano de coordinación de carácter obrero- patronal. A fin de demostrar la relación que guardan las anteriores consideraciones con el caso que nos ocupa, cobra relevancia el contenido de los artículos 1º, 2º, 7, fracción II, 53 y 104, fracción I, todos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, que indican: "Artículo 1°.- Esta Ley es de observancia general y regula las relaciones laborales entre los Poderes Públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Municipios, Instituciones Descentralizadas y Desconcentradas del Estado de Tabasco." "Artículo 2°.- Trabajador es toda persona física que presta un trabajo personal subordinado, físico o intelectual; a una entidad pública. Se presume la existencia de la relación de servicio público entre el particular que presta un trabajo personal y la entidad que lo recibe. Para los efectos de esta Ley, los poderes Legislativo, Judicial, Ejecutivo y sus Dependencias, los Ayuntamientos, Organismos Descentralizados y Desconcentrados del Estado y Municipios, se denominarán entidades públicas." "Artículo 7°.- Para los efectos de esta Ley se entenderán como titulares: (.) II.- En el Poder Ejecutivo: El Gobernador del Estado y, en sus dependencias los funcionarios de mayor jerarquía; "Artículo 53.- La seguridad social será proporcionada por el Instituto de Seguridad Social del Estado. "Artículo 104.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje radicará en la Capital del Estado y será competente para: I.- Re controversias que se susciten entre las Entidades públicas y sus trabajadores." De los preceptos reproducidos se colige que la citada legislación regula "relaciones laborales" entre el particular que presta un trabajo personal y la "entidad" que lo recibe; mientras que por "entidades públicas" debe entenderse, entre otras, a los Ayuntamientos, entre los que figura el Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco, que es el patrón de la aquí quejosa. Asimismo, se observa de los dispositivos en comento, que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje será competente para resolver controversias que se susciten entre las Entidades Públicas y sus trabajadores. De tal manera que sí la negativa de las autoridades responsables de proveer y garantizar el ingreso mínimo vital, así como la omisión de resolver el procedimiento administrativo laboral iniciado en contra de la aquí quejosa, por la Contraloría Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco, emanan de la relación laboral entre ésta y el Ayuntamiento en cuestión, en el caso no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; y por ende, es evidente que la controversia que se suscita con motivo de esa decisión, encuadra en los supuestos de competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 89/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PROCEDE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN, CUANDO LA BAJA NO SEA RESULTADO DE UNA SANCIÓN FIRME DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADA DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. La acción para reclamar la reinstalación o la indemnización por el despido injustificado de los trabajadores al servicio del gobierno federal o de los organismos públicos descentralizados debe ejercerse en la vía laboral, cuando el despido o cese no sea el resultado de una sanción firme de la autoridad administrativa derivada de un procedimiento seguido en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque en ese caso, el acto lo realiza el Estado en su calidad de patrón y no la autoridad administrativa responsable de tramitar y resolver los asuntos por faltas o responsabilidades de carácter administrativo. Además, para determinar la vía procedente debe prescindirse del estudio de la normativa utilizada por el patrón en el aviso respectivo, por no ser un dato objetivo que conduzca a concluir si la rescisión tiene su origen en una sanción firme impuesta Aunado a lo anterior, la peticionaria de garantías no se encuentra en alguna de las hipótesis de excepción para agotar el juicio laboral burocrático, tomando en consideración que es trabajadora del Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco; de ahí que se considere que el reclamado no es un ac autoridad para efectos del juicio de amparo por tanto, es necesario agotar el juicio laboral ante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Luego, al derivar el acto reclamado de un conflicto suscitado por la negativa al acceso a una prestación de carácter laboral que tiene su origen en un acuerdo de voluntades -relación de trabajo entre la quejosa y el Ayuntamiento constitucional de Cunduacán, Tabasco-, generando ambos derechos y obligaciones recíprocas; por tanto, las controversias que surjan entre las partes y que estén relacionadas con los derechos y obligaciones propios del contrato de la prestación de servicios, deben dirimirse en la vía ordinaria; en el presente caso, a través del procedimiento laboral burocrático. DECISIÓN De lo antes expuesto, se desprende que al devenir los actos reclamados de una relación de coordinación emanada de un vínculo laboral que la aquí quejosa tiene con el Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco; se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo en vigor, por lo que fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada ley, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por María Santos González de Dios, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco y otra autoridad. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplica e la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita.

  3. Principal

    MESA VIII.- En CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, notifico por medio de lista EL PROVEÍDO DE VEINTISEÍS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, a la PARTE QUEJOSA, dictado por el juzgado de mi adscripción. Lo anterior de conformidad con el Artículo 27 fracción I, inciso C) de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    VISTOS... SE PREVIENE LA DEMANDA DE GARANTIAS.

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