Maria Santos Garduño Cabañas

Expediente 1649/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1649/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Maria Santos Garduño Cabañas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el ordinal 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión a que se refiere el dispositivo 81 fracción I, inciso d), de la propia Ley, en contra del auto de quince de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual este Juzgado de Distrito decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, sin que se hiciera valer el citado medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por lo tanto, en acatamiento a lo ordenado en Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos por el Consejo de la Judicatura Federal, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó fuera de audiencia, mismo que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 15 del mismo cuerpo normativo; hecho que deberá realizarse dentro de los treinta días posteriores al plazo de conservación (tres años a partir de esta fecha), previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción, tal como lo disponen los artículos 22, 23 y 24 del acuerdo referido. 2. Destruir el incidente de suspensión, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo general conjunto, al negarse la suspensión definitiva; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción, tal y como lo disponen los numerales 22, 23 y 24 del acuerdo normativo. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en el artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción, tal y como lo disponen los numerales 22, 23 y 24 del acuerdo normativo. Asimismo, de conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo General, una vez que se remita al archivo, se deberá asentar en la carátula del expediente la valoración correspondiente y el Secretario hará constar que el expediente físico coincide con el electrónico en su totalidad.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la cédula de notificación elaborada a la parte quejosa, relativa al auto de quince de marzo de dos mil veintidós, a fin que surta los efectos legales conducentes. Finalmente, la presente determinación se guarda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el nombre de: "PRINCIPAL. CEDULA DE NOTIFICACION." Cúmplase. Así lo acordó el Juez José Leovigildo Martínez Hidalgo, Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido del Secretario Israel Orduña Espinosa, que autoriza y da fe; quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy Fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, por medio del cual remite copia certificada del juicio de amparo 834/2012, de su índice. De igual forma, tomando en consideración la voluminosidad de las constancias remitidas, se ordena formar un anexo para su mejor manejo, el cual quedará a disposición de las partes en la Secretaría de este Juzgado de Distrito, para su consulta. Ahora bien visto con el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: "A).- ORDENADORA: AL H. Tribunal Unitario Agrario del Distrito No. 49, (.) B).- EJECUTORA: señalo al Actuario adscrito a la Ordenadora (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS: DEL H TRIBUNAL AGRARIO UNITARIO DISTRITO NO.49, SE RECLAMA: Todas y cada una de las actuaciones realizadas en el juicio agrario del índice del H. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 49 a partir del auto admisorio de demanda, específicamente, LA FALTA DE EMPLZAMIENTO LEGAL de la suscrita a dicho juicio y la resolución dictada por la Magistrada Titular del Referido Órgano Jurisdiccional en los autos en el juicio agrario referido, la cual violenta mis derechos humanos y garantías individuales. Del ACTUARIO ADSCRITO A LA ORDENADORA.- Se reclama: La Ejecución de la resolución dictada por el Magistrado Titular del Referido órgano Jurisdiccional en los autos den el Juicio Agrario Índice del H tribunal Unitario Agrario Distrito No. 49 La falta de Emplazamiento a la suscrita en el Juicio Agrario del Índice del H. Tribunal Agrario del Distrito No. 49." En contraposición a ello, de las constancias remitidas por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, del juicio de amparo 834/2012, en específico de la demanda de amparo, promovido por María Santos Garduño Cabañas, señaló como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Tienen tal carácter la C. Maestra en derecho Erika Lissete Reyes Morales, Magistrada del Tribunal Unitario Distrito 49 y C. Actuario Adscrito a dicho tribunal, ambos con domicilio en Avenida Gabriel Tepepa, número 115, Colonia Emiliano Zapata en la Ciudad de Cuautla, Morelos. IV.- ACTOS RECLAMADOS. Se reclama de la primera Autoridad, en este caso a la Magistrada del Tribunal Unitario Distrito 49, la FALTA DE EMPLAZAMIENTO, basado en los actos que a continuación se enunciaran:" En relación con lo anterior, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este Juzgador advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)" Ahora bien, a fin de poder ilustrar las reglas aplicables del artículo citado en donde se advierte la causal de improcedencia, es necesario que reúnan los requisitos que contempla la fracción X, de la Ley de amparo, que son los siguientes: a) Que la demanda sea instaurada por el propio quejoso, contra las mismas autoridades responsables. b) Que los actos que se reclaman en la demanda nueva, ya hayan sido objeto de estudio en otro diverso juicio de amparo. En ese sentido, de las copias certificadas del juicio de amparo 843/2012, del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, se advierte que también figura como quejosa María Santos Garduño Cabañas (quien acudió como tercera extraña al juicio de origen), quien promueve amparo contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49 y Actuario adscrito, consistente en la falta de emplazamiento al expediente 103/2012; juicio de amparo que fue resuelto mediante sentencia definitiva de veintiocho de agosto de dos mil doce, en la que se negó la protección constitucional solicitada, causando ejecutoria la misma el veinticuatro de septiembre de dos mil doce. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 27/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117, Tomo VI, Julio de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 198220, de rubro: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA." Por lo que, los actos reclamados materia del presente juicio de amparo que se resuelve, ya fueron analizados en el diverso sumario de amparo 843/2012, del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, en el que se negó la protección constitucional, situaciones que no pueden ser desconocidas en el presente juicio de garantías. De ahí que, si los actos reclamados ya fueron motivo de análisis en el diverso juicio de garantías 843/2012, tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos y que, por sentencia veintiocho de agosto de dos mil doce negó la protección constitucional a María Santos Garduño Cabañas por el acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al juicio 103/2012, actos que aribuyó a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49 y Actuario adscrito; actos y autoridades que nuevamente son materia del presente juicio, por lo que este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para entrar de nueva cuenta al estudio del acto reclamado indicado. Lo anterior es así, pues la finalidad que persigue la parte quejosa es que se vuelva a analizar una cuestión que ya fue materia de estudio en diverso juicio de amparo del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, lo que jurídicamente no es posible, dado que con ello se estaría vulnerado el principio de seguridad jurídica que rige en la materia de amparo, y que el artículo 14 constitucional, eleva a rango de garantía individual adoptado en los juicios constitucionales, bajo la figura de cosa juzgada, en donde la emisión del segundo acto no puede ignorar lo considerado en la sentencia de amparo que se promovió contra el primero. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 181-186 Tercera Parte, Séptima Época, Materia Común, página 91, que dice: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicado en el tomo IX, Mayo de 1992, página 450, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que se transcribe: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE INTERPONE CONTRA ACTOS QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN JUICIO DIVERSO DE LA MISMA NATURALEZA. Es indiscutible que si el quejoso, promovió juicio de garantías contra actos que fueron materia de una ejecutoria en diverso juicio de la misma naturaleza, esto es, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III de la Ley de Amparo." En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." [Época: Novena Época, Registro: 184572, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, Página: 386]. Por otra parte, agréguese a los autos, el oficio del Tribunal Agrario Distrito Cuarenta y Nueve, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, remite la razón actuarial de ocho de marzo actual, en la que se hace constar la imposibilidad para emplazar a la tercera interesada Gloria Garduño Cabañas, en virtud del deceso de la misma. En relación a lo anterior agréguese sin mayor proveído, toda vez que al haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, resulta innecesario continuar con el emplazamiento ordenado de la tercera interesada, puesto que a ningún fin práctico conduciría, ya que en nada variaría el sentido de la presente determinación en la que se concluyó la presente demanda amparo, pues la presente resolución beneficiaria a los terceros. Se cita por analogía la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 349, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual establece: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada. Por último, se conmina a la parte quejosa, así como a sus abogados, para que, en lo subsecuente, se conduzcan con probidad y honestidad ante los órganos jurisdiccionales, ello tomando en consideración lo señalado en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que sanciona a aquél que con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, reservándose este juzgador, la facultad de dar vista al Ministerio Publico de la Federación, por la posible comisión de hechos que pudiesen ser constitutivos de un delito. Finalmente, la presente determinación se guarda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el nombre de: "PRINCIPAL. JUZGADO REMITE COPIAS CERITIFICADA DE JUICIO DE AMPARO SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA POR COSA JUZGADA".

  4. Principal

    Atento a lo manifestado en la razón anterior SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el auto/resolución de quince de marzo de dos mil veintidós, por medio de lista que se fija en el local de este órgano jurisdiccional de conformidad con los artículos 24, 26, fracción III, 27 y 29 de la Ley de Amparo Vista la razón de cuenta, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, por medio del cual remite copia certificada del juicio de amparo 834/2012, de su índice. De igual forma, tomando en consideración la voluminosidad de las constancias remitidas, se ordena formar un anexo para su mejor manejo, el cual quedará a disposición de las partes en la Secretaría de este Juzgado de Distrito, para su consulta. Ahora bien visto con el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: "A).- ORDENADORA: AL H. Tribunal Unitario Agrario del Distrito No. 49, (.) B).- EJECUTORA: señalo al Actuario adscrito a la Ordenadora (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS: DEL H TRIBUNAL AGRARIO UNITARIO DISTRITO NO.49, SE RECLAMA: Todas y cada una de las actuaciones realizadas en el juicio agrario del índice del H. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 49 a partir del auto admisorio de demanda, específicamente, LA FALTA DE EMPLZAMIENTO LEGAL de la suscrita a dicho juicio y la resolución dictada por la Magistrada Titular del Referido Órgano Jurisdiccional en los autos en el juicio agrario referido, la cual violenta mis derechos humanos y garantías individuales. Del ACTUARIO ADSCRITO A LA ORDENADORA.- Se reclama: La Ejecución de la resolución dictada por el Magistrado Titular del Referido órgano Jurisdiccional en los autos den el Juicio Agrario Índice del H tribunal Unitario Agrario Distrito No. 49 La falta de Emplazamiento a la suscrita en el Juicio Agrario del Índice del H. Tribunal Agrario del Distrito No. 49." En contraposición a ello, de las constancias remitidas por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, del juicio de amparo 834/2012, en específico de la demanda de amparo, promovido por María Santos Garduño Cabañas, señaló como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Tienen tal carácter la C. Maestra en derecho Erika Lissete Reyes Morales, Magistrada del Tribunal Unitario Distrito 49 y C. Actuario Adscrito a dicho tribunal, ambos con domicilio en Avenida Gabriel Tepepa, número 115, Colonia Emiliano Zapata en la Ciudad de Cuautla, Morelos. IV.- ACTOS RECLAMADOS. Se reclama de la primera Autoridad, en este caso a la Magistrada del Tribunal Unitario Distrito 49, la FALTA DE EMPLAZAMIENTO, basado en los actos que a continuación se enunciaran:" En relación con lo anterior, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este Juzgador advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)" Ahora bien, a fin de poder ilustrar las reglas aplicables del artículo citado en donde se advierte la causal de improcedencia, es necesario que reúnan los requisitos que contempla la fracción X, de la Ley de amparo, que son los siguientes: a) Que la demanda sea instaurada por el propio quejoso, contra las mismas autoridades responsables. b) Que los actos que se reclaman en la demanda nueva, ya hayan sido objeto de estudio en otro diverso juicio de amparo. En ese sentido, de las copias certificadas del juicio de amparo 843/2012, del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, se advierte que también figura como quejosa María Santos Garduño Cabañas (quien acudió como tercera extraña al juicio de origen), quien promueve amparo contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49 y Actuario adscrito, consistente en la falta de emplazamiento al expediente 103/2012; juicio de amparo que fue resuelto mediante sentencia definitiva de veintiocho de agosto de dos mil doce, en la que se negó la protección constitucional solicitada, causando ejecutoria la misma el veinticuatro de septiembre de dos mil doce. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 27/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117, Tomo VI, Julio de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 198220, de rubro: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA." Por lo que, los actos reclamados materia del presente juicio de amparo que se resuelve, ya fueron analizados en el diverso sumario de amparo 843/2012, del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, en el que se negó la protección constitucional, situaciones que no pueden ser desconocidas en el presente juicio de garantías. De ahí que, si los actos reclamados ya fueron motivo de análisis en el diverso juicio de garantías 843/2012, tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos y que, por sentencia veintiocho de agosto de dos mil doce negó la protección constitucional a María Santos Garduño Cabañas por el acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al juicio 103/2012, actos que aribuyó a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49 y Actuario adscrito; actos y autoridades que nuevamente son materia del presente juicio, por lo que este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para entrar de nueva cuenta al estudio del acto reclamado indicado. Lo anterior es así, pues la finalidad que persigue la parte quejosa es que se vuelva a analizar una cuestión que ya fue materia de estudio en diverso juicio de amparo del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, lo que jurídicamente no es posible, dado que con ello se estaría vulnerado el principio de seguridad jurídica que rige en la materia de amparo, y que el artículo 14 constitucional, eleva a rango de garantía individual adoptado en los juicios constitucionales, bajo la figura de cosa juzgada, en donde la emisión del segundo acto no puede ignorar lo considerado en la sentencia de amparo que se promovió contra el primero. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 181-186 Tercera Parte, Séptima Época, Materia Común, página 91, que dice: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicado en el tomo IX, Mayo de 1992, página 450, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que se transcribe: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE INTERPONE CONTRA ACTOS QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN JUICIO DIVERSO DE LA MISMA NATURALEZA. Es indiscutible que si el quejoso, promovió juicio de garantías contra actos que fueron materia de una ejecutoria en diverso juicio de la misma naturaleza, esto es, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III de la Ley de Amparo." En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." [Época: Novena Época, Registro: 184572, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, Página: 386]. Por otra parte, agréguese a los autos, el oficio del Tribunal Agrario Distrito Cuarenta y Nueve, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, remite la razón actuarial de ocho de marzo actual, en la que se hace constar la imposibilidad para emplazar a la tercera interesada Gloria Garduño Cabañas, en virtud del deceso de la misma. En relación a lo anterior agréguese sin mayor proveído, toda vez que al haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, resulta innecesario continuar con el emplazamiento ordenado de la tercera interesada, puesto que a ningún fin práctico conduciría, ya que en nada variaría el sentido de la presente determinación en la que se concluyó la presente demanda amparo, pues la presente resolución beneficiaria a los terceros. Se cita por analogía la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 349, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual establece: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada. Por último, se conmina a la parte quejosa, así como a sus abogados, para que, en lo subsecuente, se conduzcan con probidad y honestidad ante los órganos jurisdiccionales, ello tomando en consideración lo señalado en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que sanciona a aquél que con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, reservándose este juzgador, la facultad de dar vista al Ministerio Publico de la Federación, por la posible comisión de hechos que pudiesen ser constitutivos de un delito.

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