María Santa Adriana Sierra Brugos y Otros.

Expediente 676/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
676/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
17/09/2019

Partes del expediente

  • María Santa Adriana Sierra Brugos
  • María Santa Adriana Sierra Brugos y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que la quejosa no impugnó dentro del plazo legal el desechamiento de la demanda; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    QUEJOSA DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese el escrito a través del cual la quejosa desahoga el requerimiento formulado en auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve (fojas 13 a 18); en esa condición, se acuerda: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral de la demanda y escrito aclaratorio se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: El auto de uno de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ************, del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad de León, Guanajuato. En él se dio respuesta a la solicitud formulada por la quejosa el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, respecto de la petición de reanudar las convivencias con su hija menor de edad de iniciales ******* en los siguientes términos: "No ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, debiendo estarse a lo acordado dentro del presente sumario en la resolución dictada en fecha veintiséis del mes de junio del año dos mil diecinueve.". DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los preceptos 103 y 107 constitucionales 1°, 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda.

  3. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa el proveído de treinta de agosto de dos mil diecinueve que en resumen dice: "Agréguese el escrito a través del cual la quejosa desahoga el requerimiento formulado en auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve (fojas 13 a 18); en esa condición, se acuerda: Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , en atención al análisis integral de la demanda y escrito aclaratorio se precisa que el acto reclamado se hace consistir en:  El auto de uno de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ***, del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad de León, Guanajuato. En él se dio respuesta a la solicitud formulada por la quejosa el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, respecto de la petición de reanudar las convivencias con su hija menor de edad de iniciales A.S.C.S., en los siguientes términos: "No ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, debiendo estarse a lo acordado dentro del presente sumario en la resolución dictada en fecha veintiséis del mes de junio del año dos mil diecinueve.". Con fundamento en los preceptos 103 y 107 constitucionales 1°, 61, fracción XXIII, en relación con el 217 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por ***, contra actos del juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad. Los preceptos citados de la Ley de Amparo establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. De los numerales se obtiene que una causa de improcedencia del juicio de amparo también puede tener origen en un criterio interpretativo producido por los órganos facultados para la creación de criterios obligatorios. De los criterios citados se obtiene un motivo de improcedencia que deriva pero es diverso a los supuestos previstos en las fracciones XIII y XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Esto es, el denominado acto derivado de otro consentido. Para actualizar la causa de improcedencia de mérito es necesario que la acción de amparo se enderece contra actos que sean consecuencia inmediata y directa de otro que habiendo afectado los intereses del particular no hubiese sido impugnado oportunamente éste, por lo que entonces se consideran derivados o consecuentes de aquél que se consintió. En ese tenor, para que esta causa de inviabilidad opere, es necesario que se actualicen los siguientes elementos: a) La existencia de un acto anterior que sea fuente u origen del perjuicio y que hubiese sido consentido (primario); b) La existencia de un acto posterior cuyo perjuicio esté fundado o encuentre sustento en el acto primario, en otras palabras, que esté vinculado al precedente de tal forma que la materialidad del agravio que en él se consigne, no pueda entenderse de forma autónoma o aislada, sino vinculada con el acto anterior o primario. Esto implica que el acto derivado sea en estricto sentido una mera consecuencia del primero; es decir, que entre el acto reclamado derivado y el anterior que fue consentido, exista una relación de causa y efecto que los vincule intrínsecamente; y c) Que aun concurriendo las exigencias anteriores, el acto reclamado o secundario no se impugne por vicios propios, pues en tal caso el amparo sería procedente solamente contra esos vicios. Precisado lo anterior se atiende a los antecedentes relevantes del acto reclamado narrados bajo protesta de decir verdad en la demanda y en el escrito aclaratorio: 1. ***(quejosa) por sí y en representación de su hija menor de edad de iniciales A.S.C.S, demandó en la vía ordinaria familiar, de ***, la disolución del vínculo conyugal y otras prestaciones; asunto que fue radicado y admitido en el juzgado responsable bajo el expediente ***; 2. Seguido el procedimiento por sus trámites, el cinco de octubre de dos mil dieciséis, en la continuación de la audiencia preliminar, entre otras cosas, las partes llegaron a convenio parcial en el que se estableció que el demandado ***, tendría la custodia de la menor de edad A.S.C.S; asimismo, se fijó un régimen de convivencias entre la quejosa y la referida infante; 3. En audiencia celebrada el treinta de octubre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable, a solicitud del demandado ***, autorizó el cambio de régimen de convivencias; 4. El veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, el demandado promovió incidente en el que solicitó la suspensión de convivencias entre la menor de edad y la aquí quejosa; razón por la que, en audiencia de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho se decretó la suspensión de convivencias solicitada, en virtud de que la propia menor manifestó su deseo de no convivir con su madre; 5. Mediante interlocutoria dictada el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable resolvió: "Además, el análisis del incidente de suspensión de convivencia, está condicionado por la naturaleza del acto, esto es, a las pretensiones de guarda, custodia y convivencia, que se demandan en la acción principal, por ende, la valoración de las pruebas se ejecuta en la sentencia definitiva, de ahí que permite la paralización del incidente, hasta que se valoren las pruebas en el principal, atento a la apariencia del buen derecho y del interés social, que se sustentan en los artículo 1°, 4° y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, se determina con base en lo antes resuelto el incidente de suspensión de convivencias, será motivo de estudio en la sentencia definitiva, sin que con ello se trasgredan algún derecho de las partes, atendiendo a lo antes resuelto." 6. Finalmente, el treinta y uno de julio del año en curso, la aquí quejosa solicitó la reanudación de las convivencias entre ella y su hija menor de edad; petición, a la que recayó el acuerdo de uno de agosto de dos mil diecinueve en los siguientes términos: "No ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, debiendo estarse a lo acordado dentro del presente sumario en la resolución dictada en fecha veintiséis del mes de junio del año dos mil diecinueve.". La resolución destacada en el último punto constituye el acto aquí reclamado Hasta aquí los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró la peticionaria del amparo. Como se advierte de lo expuesto, la quejosa no impugnó en su momento, la determinación adoptada a que se hace referencia en el punto número 5. De lo anterior resulta que procesalmente, la peticionaria consintió tácitamente lo resuelto en la interlocutoria de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, por falta de impugnación; pues, se reitera, dicha determinación no fue recurrida. Luego, el auto de uno de agosto de dos mil diecinueve en el que se le dijo que deberá estarse a lo determinado en la audiencia señalada en supralíneas, se considera como un acto derivado de consentido pues es una consecuencia directa del primero. Esto es, no causó a la promovente del amparo un perjuicio diverso a aquél en que la autoridad determinó suspender las convivencias entre la quejosa y su hija menor de edad hasta en tanto se valoraran las pruebas en el juicio principal y se dictara la sentencia definitiva. Si bien en el escrito de demanda la quejosa indica que fue hasta el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve; esto es, con posterioridad a la resolución de veintiséis de junio del año en curso, que solicitó nuevamente la reanudación de las convivencias con su hija menor de edad; lo cierto es que en el acuerdo de uno de agosto de dos mil diecinueve aquí reclamado, (en el que se dio contestación a su solicitud) se proveyó en el sentido de que debería estarse a la resolución ahí señalada; de ahí que, como se dijo, al no haber reclamado, lo resuelto en esa determinación, lo consintió tácitamente. En consecuencia, al operar la hipótesis de inviabilidad en estudio, se impone desechar la demanda de amparo conforme lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo".

  4. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa el proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve que en resumen dice: "A fin de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda, se estima necesario requerir a la quejosa a fin de que, en el plazo de CINCO DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le haga, bajo protesta de decir verdad y consciente de las penalidades en que puede incurrir en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo: Exprese, la formal protesta de decir verdad, en relación con los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado derivados del juicio de origen. Lo anterior pues omitió dicha formalidad y solo narra antecedentes del acto reclamado. Sirve de fundamento, la tesis P./J. 127/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, Noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento formulado y de no acompañar copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, así como para el incidente de suspensión, esto es, cinco copias, se tendrá no presentada la demanda, atento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia, cuyo texto es como sigue: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Hágase del conocimiento de la quejosa que la falsedad de declaraciones en el juicio de amparo constituye un delito en términos del artículo 261, fracción I, de la norma en consulta, por lo que este juzgador daría vista al agente del Ministerio Público de la Federación de acuerdo con el diverso 117 del Código Federal de Procedimientos Penales. Lo anterior tiene su razón de ser en que si la quejosa o su defensor incurren en falsedad, los hace acreedores a las sanciones establecidas en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual es un mecanismo que sirve para que no se abuse del juicio constitucional, porque en caso de que este órgano jurisdiccional obtenga pruebas de que el propósito de la quejosa o su defensor es obtener una ventaja procesal indebida o en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el acto reclamado, dará vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, a fin de que investigue la probable comisión del delito indicado en el precepto citado. Sin soslayar que al final de la demanda se asienta la frase "PROTESTO LO NECESARIO"; sin embargo, ésta no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, como requisito de la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas. En lo conducente, sirve de orientación la tesis que textualmente dice lo siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". En el entendido que tal requerimiento deberá cumplirse en forma directa por la quejosa, pues sus autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010. MEDIDAS DE PROTECCIÓN RESPECTO A MENOR DE EDAD. Por otra parte, con la finalidad de garantizar y proteger los derechos fundamentales correspondientes a la vida privada, identidad y dignidad, así como el bienestar físico y psicológico de la menor de edad, en atención al interés superior del menor y acorde con lo dispuesto por los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76 a 81 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como por el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se adoptan las siguientes medidas de protección: a) Se omitirá en este expediente y, en su caso, en el incidente de suspensión derivado del mismo, mencionar el nombre de la menor de edad y se hará alusión a sus iniciales, las cuales deberán ser empleadas en todas las actuaciones del juicio, así como en las listas de acuerdos que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional, salvo que resulte necesario conocer sus nombres. b) Se prohíbe a las partes revelar la identidad de la referida menor de edad así como la divulgación de cualquier otro material o información derivada del juicio que conduzca a su identificación".

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