MARÍA SAN JUANA MARTÍNEZ CONTRERAS y Otros.

Expediente 788/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
788/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
22/06/2017

Partes del expediente

  • MARÍA SAN JUANA MARTÍNEZ CONTRERAS y Otros.
  • MARÍA DEL ROCÍO FERNÁNDEZ MEJÍA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, y una vez que obren glosadas las constancias de notificación a las partes, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a cinco de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado del presente juicio de amparo, y toda vez que de manera oficiosa fueron revisadas las actuaciones que lo integran, este juzgador advierte la actualización de la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, en su fracción XXIII, en relación con los diversos 192, 193 y 217, todos de la Ley de Amparo; los cuales a continuación se transcriben para una mejor comprensión: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico.". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. (.)". Ello, como a continuación se demostrara, el acto aquí impugnado por las quejosas si bien los vierten como omisiones atribuidas a la autoridad responsable, lo cierto es que tienen como objetivo lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este Juzgado de Distrito, al resolver el Amparo Indirecto 35/2016 promovido por María del Rocío Fernández Mejía y María San Juana Martínez Contreras, por conducto de su apoderado legal Joel Vicente Flores Sarno, y que actualmente se encuentra en etapa de ejecución de cumplimiento. En efecto, es un hecho notorio para este juzgador la existencia del juicio de amparo 35/2016, cuyas copias certificadas obran agregadas a fojas 30 a 49, de las cuales se advierte que fue promovido por las mismas impetrantes, a través de su apoderado legal, amparo en el cual reclamaron textualmente lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: El dejar de dictar las medidas de ejecución necesarias tendientes a lograr que se expida la orden de adscripción y clave presupuestal a las quejosas, dentro del expediente laboral 159/E/2011." (Foja 31). Mediante resolución constitucional de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, dictada dentro del juicio de amparo 35/2016 (Fojas 32 a 44), se concedido a las impetrantes el amparo y protección, para que el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje: ". para que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, proceda en forma pronta y expedita a tramitar y concluir el procedimiento de ejecución dentro del juicio laboral 159/E/2011, conforme con los plazos y términos legales, lo cual implica que realice los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin; de lo cual deberá dar noticia a este Juzgado.". (Foja 40 reverso). De acuerdo a lo acabado de transcribir, las quejosas obtuvieron la concesión del amparo, en el expediente 35/2016, para el efecto de lograr el cumplimiento total del laudo emitido dentro del expediente laboral 159/2011, del índice de la autoridad responsable. Dicha resolución causó ejecutoria el quince de marzo de dos mil dieciséis, y se procedió a requerir su cumplimiento, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo (Fojas 45 y 46). Lo expuesto, revela que el juicio de amparo 35/2016, actualmente se encuentra en etapa de cumplimiento, y el objetivo de éste, como ya se vio, era que la autoridad responsable procediera a tramitar y concluir el procedimiento de ejecución del expediente laboral 159/2011; más aún, actualmente el cuaderno original se encuentra en inejecución de sentencia, ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, bajo el consecutivo de su índice 20/2017 (Foja 47). Luego, si la parte medular de la pretensión de la quejosa es que a través de este juicio de amparo se requiera al Presidente del Tribunal de responsable a efecto de que realice acciones tendientes a la ejecución del laudo emitido en el juicio laboral de origen, es inconcuso que se busca lograr el cumplimiento de la ejecutoria dictada por este juzgado al resolver el juicio de amparo indirecto 35/2016. Siendo así, la parte quejosa debe ajustarse al procedimiento que para ese fin establece la Ley de Amparo en los artículos 192 y 193, y que además se plasmaron en la jurisprudencia P.J.54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." La cual resulta obligatoria en términos del artículo 217 del ordenamiento legal en cita. Por ende, la omisiones o retardos en que incurra la responsable para cumplir una ejecutoria de amparo, no son reclamables en la misma vía, sino que debe observarse lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de constitucionales, gestionando lo que en derecho corresponda dentro del expediente correspondiente. Más aun, con la decisión tomada por este juzgado se busca evitar la proliferación de manera injustificada de juicios de amparo promovidos por los mismos quejosos sobre los mismos actos, que buscan un mismo objetivo y sobre los cuales ya obtuvo un beneficio. En esas condiciones, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 192, 193 y 217, todos de la Ley de Amparo; siendo así, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por último, se deja sin efectos la fecha señalada para las once horas con siete minutos del ocho de junio de dos mil diecisiete, a efecto de que tuviera verificativo la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Daniel Tadeo Altamirano Martínez, Secretario que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, al que anexa copia certificada de las constancias solicitadas por diverso proveído de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, con lo que se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convengan.

  4. Principal

    agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS, con residencia en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto; con su contenido y con las constancias que se anexan, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convengan....requiérase al Presidente del Tribunal responsable, para que dentro del plazo de tres días legalmente computados, remita a este juzgado copia certificada de dicha constancia, apercibido de que en caso de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Materia. Por las razones antes expuestas, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, la que se difiere para las ONCE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.

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