María Salud García Hernández
Expediente 557/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 557/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/01/2019
Partes del expediente
- María Salud García Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el proveído de doce de diciembre de dos mil dieciocho, considerando que las partes legitimadas para hacerlo no interpusieron recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el cual se sobreseyó fuera de audiencia, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar respecto de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III, del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del aviso de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de doce de diciembre de dos mil dieciocho, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice... Agréguese a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades de cuenta. De conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, se tiene como delegados de las autoridades responsables, a las personas que señalan en su informe, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Así como, con apoyo en los artículos 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada las pruebas documentales que anexaron las autoridades responsables a los oficios de cuenta. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora, de las constancias de referencia, así como de las allegadas por la autoridad responsable Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, como apoyo a su informe justificado, a las que se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que sobrevino la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado La quejosa María Salud García Hernández, promovió demanda de amparo contra las autoridades y actos que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada; 2. Sub-Recaudador de Rentas del Estado adscrita a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada; 3. Notificador-Ejecutor de la Subrecaudación de Rentas del Estado adscrito a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. ACTOS RECLAMADOS a) La orden de suspensión total del servicio de agua potable con número de cuenta 066383236 a nombre de María Salud García Hernández y con domicilio en Calle Placido Mata, número 2723, Col. Granjas Chapingo. b) La orden de requerimiento de pago de treinta de octubre del presente año, relativo a la cuenta 066383236. c) La notificación de la orden de requerimiento de pago de treinta de octubre de dos mil dieciocho. Sin embargo, de las documentales aportadas por el Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, se advierte que derivado de la notificación del presente juicio, la responsable procedió a verificar si en dicho domicilio se había suspendido totalmente el servicio de agua potable, y al haberse percatado que fue así, mediante oficio COB/143/2018 de veintitrés de noviembre del año en curso, dejó sin efecto la orden de reducción del servicio de agua, por lo que en esa misma fecha, restituyó en su totalidad el suministro de agua en el domicilio de la quejosa ubicado en calle Placido Mata, número 2723, de la colonia Granjas Chapingo de esta ciudad. Mientras que de las constancias allegadas por las autoridades responsables de cuenta, se desprende que en acuerdo SR/237/18 de seis de diciembre de actual, el Subprocurador de Rentas del Estado adscrito a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, revocó el crédito fiscal identificado como 066383236, consistente en requerimiento de pago de treinta de octubre de dos mil dieciocho, emitido en contra de la aquí quejosa *** por el adeudo de pago de derechos del Servicio de agua potable, otros servicios y accesorios de pago, así como el acta de su notificación de esa misma fecha. En ese sentido, al haberse emitido y ejecutado el oficio COB/143/2018 y el acuerdo de seis de diciembre de dos mil dieciocho SR/237/18, se le restituyó en el goce de la garantía violada a la quejosa, en virtud de que cesaron los actos reclamados, pues si bien es cierto que pudo existir la suspensión total del servicio de agua potable en el domicilio de la peticionaria de amparo, así como el requerimiento de pago en su contra, no menos cierto es que a la fecha ya no existe materia sobre la cual las autoridades responsables puedan dar cumplimiento en caso a una sentencia en la que se conceda el amparo a la quejosa. En esas condiciones, se advierte que los actos reclamados y sus efectos en el presente juicio de garantías, han cesado; razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y como consecuencia procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de garantías de acuerdo a lo establecido por la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal citado. Al efecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del rubro y texto siguientes CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, se invoca por aplicable, la tesis 2ª./J.9/98, sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que establezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea necesario para ello la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, quedan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cuarenta minutos del siete de enero de dos mil diecinueve). Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad de cuenta. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De igual forma, con apoyo en los artículos 119 y 123, ambos de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada la prueba documental que anexó la autoridad responsable al oficio de cuenta, sin perjuicio de ser relacionada en la audiencia constitucional.
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