María Salud Aguilar Guerrero

Expediente 390/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
390/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
26/09/2019

Partes del expediente

  • María Salud Aguilar Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la quejosa María Salud Aguilar Guerrero, no impugnó el proveído de doce de septiembre del año en curso (fojas 11-15), por el que se desechó la demanda de amparo que promovió contra actos del Director de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y otra autoridad, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. En consecuencia, atendiendo a la certificación de cuenta, y toda vez que en el presente expediente no quedan cuestiones pendientes por acordar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto totalmente concluido. Ahora, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve; asimismo, se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales y el auto que desechó la demanda de amparo, dio por concluido este juicio, sin decidirlo en lo principal; como consecuencia de lo anterior, con fundamento en la fracción I del punto vigésimo primero, del referido acuerdo 1/2009, transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y carátula de este expediente.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por María Salud Aguilar Guerrero, contra actos del Director de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y otra autoridad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo, fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, primeramente se analizará si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 113 que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Pues bien, en el caso, del escrito inicial de demanda se advierte que la quejosa María Salud Aguilar Guerrero, promueve demanda de amparo contra actos del Director de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y del Administrador o Encargado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Puerto Escondido, Oaxaca. De quienes reclama: IV.- ACTO RECLAMADO.- De la primera Autoridad responsable reclamo: LA ORDEN DE CLAUSURA de la servidumbre de paso, que la suscrita ha venido utilizando por más de veinte años y que me ha servido de entrada y salida a mi inmueble citado, y de la segunda Autoridad Responsable Ejecutora, reclamo, la ejecución material de llevar a cabo dicha orden así como todas las consecuencias de hecho y de derecho que se deriven del acto reclamado. De tal forma, que con ese actuar de las referidas Autoridades responsables, el acto reclamado se pretende ejecutar de manea continua para privarme definitivamente del Derecho que tengo del paso para disponer libremente del acceso a mi patrimonio citado. Asimismo, como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que con fecha veinticinco de julio de mil novecientos noventa y siete, celebró contrato de compraventa con César Luis Gopar Aguilar, respecto de un lote de terreno ubicado en el paraje denominado "La Pita", en la jurisdicción de la Agencia Municipal de Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Oaxaca, con las siguientes medidas y colindancias: al norte, mide ochenta y nueve metros y colinda con propiedad del señor Armando Belmares Sarabia; al sur: mide noventa y cuatro metros y colinda con zona federal de la laguna "La Salinita"; al oriente mide ciento setenta y siete metros y colinda con terrenos de fideicomiso, y al poniente mide doscientos veinticinco metros y colinda con propiedad de la señora Felicísima Martínez R; asimismo, precisa que para llegar al referido predio es necesario utilizar un paso de servidumbre no aparente, de la que comenzó hacer uso desde el año de mil novecientos ochenta y cinco, y que dicha servidumbre de paso, ha sido el único acceso con el que cuenta para llegar hasta su predio; sin embargo, el treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve, cuando sus empleados se dirigían rumbo a su propiedad a realizar los trabajos propios de la agricultura, aproximadamente a unos cincuenta metros antes de llegar a la Planta de Tratamiento, se encontraron unas personas instalando unos postes de metal, a ambos lados del camino de servidumbre, quienes dijeron ser trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Puerto Escondido, Oaxaca, quienes le manifestaron a sus trabajadores que tenían la orden de clausurar dicha camino o paso de servidumbre, ya que era de uso exclusivo de las instalaciones de la planta en mención, y que continuarían los trabajos con la finalidad de clausurar definitivamente dicho acceso, lo cual es claro que con estos actos, se le privaría total y definitivamente del paso o acceso al inmueble de su propiedad. Precisado lo anterior, se advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1, de la Ley de Amparo, ambos interpretados en sentido contrario, que disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los preceptos legales transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo, se encuentra supeditada a que los actos que en el mismo se reclamen, violen derechos humanos y garantías individuales reconocidos por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, o invadan la esfera de la autoridad federal. Esto es, el artículo 1 de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías es el medio de defensa que tienen los particulares contra cualquier acto proveniente de una autoridad que vulnere sus garantías individuales o derechos humanos, como gobernados. Es decir, en este caso, resolver las controversias que se susciten entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como característica, la unilateralidad, la imperatividad, y la coercitividad, tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos, toda vez que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos, dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Asimismo, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes de la autoridad federal, que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados; así como por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal. Esto es, aquellos emitidos por la autoridad de un órgano del poder público federal, que comprendan facultades constitucionalmente reservadas a los Estados, con los cuales penetre al ámbito de atribuciones que la Constitución establece o reserva en favor de éstos; o viceversa, que la autoridad de un órgano del poder público local al emitir una Ley o acto, ejerza facultades constitucionalmente reservadas a la Federación, penetrando con ello al ámbito de atribuciones del poder público federal. Hipótesis que en el caso no se actualizan, en la medida que la quejosa señala como acto reclamado la orden de clausura de la servidumbre de paso que le ha servido de entrada y salida del inmueble de su propiedad, y la ejecución material para llevar a cabo dicha orden; en ese sentido, a pesar de que la servidumbre se constituya sobre un inmueble que pertenezca a organismo público descentralizado, como lo es la Comisión Estatal del Agua del Estado de Oaxaca, no puede considerarse que se está en presencia de un acto administrativo emitido por una autoridad, porque la relación que existe entre la aquí quejosa y las autoridades del agua, es de coordinación, pues el reclamo principal se basa en el acceso a una servidumbre de paso el cual se encuentra regulado por el derecho privado. En ese sentido, las autoridades responsables Director de la Comisión Estatal del Agua del Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y del Administrador o Encargado del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Puerto Escondido, Oaxaca, al negar a la quejosa el acceso al inmueble de la parte quejosa, en uso de la servidumbre legal de paso constituido a favor de ésta, no lo hace con el carácter de autoridad en un plano de supra-subordinación respecto de un gobernado, sino de particular, toda vez que el establecimiento legal de una servidumbre de paso se rige por las disposiciones del Código Civil Federal, el cual forma parte del derecho privado para regular las relaciones entre particulares. Ello es así, en razón que la servidumbre legal de paso, es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño, la cual trae su origen de la voluntad del hombre o de la ley, y en cualquier caso, corresponde a la autoridad jurisdiccional resolver la acción que se haga valer para exigir se respete la misma. Por tanto, cuando exista inconformidad sobre el uso de dicho derecho, como acontece en el caso concreto, las referidas autoridades responsables no actúa como autoridad pues ante esa discrepancia será una autoridad jurisdiccional quien resuelva, lo que denota que no se trata de una relación de supra a subordinación, pues la Comisión no puede imponerse sin el consenso del afectado; de ahí que el acto reclamado no puede considerarse como un acto unilateral a través del cual la autoridad señalada como responsable pretenda crear, modificar o extinguir por sí, o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 159/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 125 del Tomo XXX, Octubre de 2009 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO PARA LA INSTALACIÓN DE POSTES Y CABLEADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. NO ES IMPUGNABLE MEDIANTE JUICIO DE AMPARO, PORQUE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NO ES AUTORIDAD RESPONSABLE CUANDO REALIZA ESTE TIPO DE ACTOS. La servidumbre legal de paso, cuya finalidad es la instalación de postes y cables para la conducción de energía eléctrica, se constituye cuando se colocan los materiales necesarios y se entrega al propietario del predio gravado la indemnización correspondiente, sin que su establecimiento deba ordenarse previamente por autoridad jurisdiccional, pues ésta sólo se pronuncia en caso de discrepancia en cuanto a las medidas y ubicación del paso; cuando haya diversos predios que puedan dar acceso e impere desacuerdo sobre cuál debe proporcionarlo en función del menor perjuicio que deba causarse o cuando no hubiere existido una indemnización previa al dueño de la finca gravada, supuestos en los cuales el propietario del terreno puede ejercer la acción relativa para que, en términos de los artículos 1099 a 1102 del Código Civil Federal, dicha autoridad determine lo que en derecho proceda. Por consiguiente, la constitución de la servidumbre legal de paso por la instalación de las líneas y postes de conducción de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no es impugnable mediante juicio de amparo, en virtud de que ésta no tiene el carácter de autoridad responsable, porque dicha constitución requiere de la voluntad del dueño de la finca sirviente, particularidad que indefectiblemente conduce a determinar que no se trata de un acto unilateral a través del cual se crea, modifica o extingue por sí o ante sí una situación jurídica que afecta la esfera legal de aquél, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado." Así las cosas, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XXIII, y 1, fracción I, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, por motivo manifiesto de indudable improcedencia se desecha de plano la demanda de amparo. Se invoca en apoyo de lo anterior la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página treinta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Finalmente, cabe señalar que, no obsta a lo anterior que algunos de los criterios jurisprudenciales invocados en párrafos precedentes se hayan emitido conforme a los artículos de la Ley de amparo abrogada, toda vez que son de idéntico contenido a los que se invocan en esta determinación, debido a que regulan la improcedencia del juicio constitucional en tratándose de situaciones de la misma envergadura. Como la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, y los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en los estrados de este órgano de control constitucional; por consiguiente, por ser esa la voluntad de la parte quejosa y estar ajustada a derecho, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Asimismo, se tiene por autorizado con todas las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, al licenciado Reynaldo García Ramírez, no obstante que no se encuentra registrada su cédula profesional en el sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ya que fue proporcionado el número de su cédula profesional 8825119, se realizó la búsqueda respectiva en el Registro Nacional de Profesiones, encontrándose debidamente registrada; asimismo, se tienen por autorizadas únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a las restantes personas que menciona, toda vez que no acreditan contar con cédula profesional de la licenciatura en derecho, circunstancia a la cual estaban obligadas en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia administrativa, aunado a que no se encontró registro alguno a sus nombres en el citado Módulo, lo mismo que en los Libros de Registros de Cédulas Profesionales que se llevan en este Juzgado.

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