María Salomé Flores Ledesma

Expediente 1053/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1053/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
14/04/2021

Partes del expediente

  • María Salomé Flores Ledesma

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de los autos, se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo de treinta de octubre de dos mil veinte, transcurrió del cinco al once de noviembre de dos mil veinte, sin que dentro de dicho plazo lo haya hecho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************, ha causado estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, además, este Juzgado estima que no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse. Notifíquese.

  2. Principal

    Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo promovida por la María Salome Flores Ledesma, por su propio derecho; contra actos del Congreso de la Ciudad de México y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1053/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por María Salome Flores Ledesma, ya que -como se explicara más adelante- se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Antecedentes relevantes. 1. Por escrito presentado en la Oficialía de partes común para las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el seis de marzo de dos mil veinte, compareció el hoy quejosa María Salome Flores Ledesma, por propio derecho a demandar la nulidad de la resolución contenida en la Concesión de Pensión emitida por el Delegado Regional en la Zona Oriente de la Ciudad de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2. En auto de once de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de forma parcial respecto de un acto y se desechó por otros. 3. En contra del auto mencionado en el párrafo anterior, el autorizado en términos amplios de la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo interpuso recurso de reclamación. 4. El treinta de septiembre de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que resultó procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto, confirmando así el acuerdo de fecha once de marzo de dos mil veinte. Actos reclamados. María Salome Flores Ledesma solicita que a través del juicio de amparo, este Juzgado de Distrito ejerza control de constitucionalidad sobre el acto siguiente: ( Sentencia dictada por los Magistrados que integran la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidad Administrativa Graves del treinta de septiembre de dos mil veinte, en los autos del juicio contencioso administrativo 6323/20-17-13-8 Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso acto reclamado, el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinte, emitido en el juicio contencioso administrativo número 6323/20-17-13-8, por lo siguiente: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se establecen deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Federal, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que el juicio puede resultar improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política y la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese orden, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos dentro de juicio que no sean de imposible reparación. En el caso, la causa de improcedencia se actualiza por lo siguiente: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) interpretó el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente y concluyó que ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; y, en esencia, afirmó que con esta aclaración el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera de las leyes adjetivas. La tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". (Énfasis añadido) Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. XLVIII/2015 (10a.); en esencia, declaró constitucional el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y determinó que la nueva definición de actos dentro de juicio de imposible reparación responde a un rediseño del juicio de amparo que permite controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad del amparo y evitar el abuso de su promoción, con el consecuente retraso de la resolución de fondo del asunto de origen. La tesis aislada 2a. XLVIII/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 1070, cuyo texto es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen.". En este caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que la resolución reclamada de treinta de septiembre de dos mil veinte emitido en el juicio contencioso administrativo 6323/20-17-13-8, es intraprocesal y no es de imposible reparación porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino sólo derechos procesales o adjetivos, por lo siguiente: A. La resolución reclamada es un acto intraprocesal porque confirmó un proveído en el que se admitió de forma parcial la demanda de nulidad presentada por la parte actora respecto de la concesión de pensión de trece de octubre de dos mil diecinueve y se desechó por cuanto a la omisión de actualizar y calcular los incrementos de pensión de su pensión. A. Es decir, es intraprocesal porque admite de forma parcial de la demanda de nulidad. B. El acuerdo intraprocesal no es de imposible reparación porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; sino sólo derechos procesales o adjetivos, vinculados con la inadmisión o desechamiento parcial de la demanda de nulidad. C. La afectación generada por el desechamiento del recurso debe impugnarse, en su caso, como violación procesal, a través del juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o la resolución que ponga fin al juicio contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 171, de la Ley de Amparo. En relación con el tema, existe la jurisprudencia 2a./J. 55/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se había establecido que, conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, era procedente el amparo indirecto contra el desechamiento parcial de una demanda por ser un acto de ejecución irreparable; a partir de la consideración de que, si bien se trataba de una violación adjetiva o procesal, por excepción, era impugnable por afectar en grado predominante o superior. La jurisprudencia 2a./J. 55/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 446, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA. SU DESECHAMIENTO PARCIAL SIN ULTERIOR RECURSO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, estableció que los actos en juicio tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo indirecto, cuando de modo inmediato afectan derechos sustantivos contenidos en la Constitución, pero que no son de imposible reparación y son impugnables en amparo directo cuando sólo afectan derechos adjetivos o formales. No obstante, aunque el acuerdo que desecha parcialmente una demanda sin ulterior recurso se considera una violación adjetiva o procesal, es reclamable en amparo indirecto, como excepción a la regla general, porque afecta al actor en grado predominante o superior, pues la admisión parcial de la demanda implica, en lo no admitido, que las acciones, elementos o sujetos materia de la inadmisión no formen parte del proceso litigioso y, por ende, del pronunciamiento judicial, lo que le causa una afectación de extrema gravedad, además de que dicho desechamiento parcial no constituye un acto reparable con el hecho de obtener una sentencia condenatoria favorable al propósito del demandante, ya que no resolverá sobre la acción no admitida, por no haber sido parte de la litis." La tesis de jurisprudencia 2a./J. 55/2002 es incompatible con la nueva definición de actos dentro de juicio de imposible reparación prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; y, con el rediseño del amparo que permite controvertir, a través de la vía indirecta sólo actos que afecten derechos sustantivos; y, en la directa las violaciones procesales. En consecuencia, conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, se determina que la tesis de jurisprudencia 2a./J. 55/2002, integrada conforme a la Ley de Amparo abrogada, ya no está vigente por oponerse al texto de la nueva. Sin que pase inadvertida la tesis aislada III.5o.A.67 A (10a.) del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, página 3191, cuyo texto es: "RESOLUCIÓN QUE DESECHA PARCIALMENTE UNA DEMANDA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución mediante la cual se desecha parcialmente una demanda del juicio contencioso administrativo federal, conlleva una ejecución de imposible reparación, en tanto que afecta de manera cierta e inmediata el derecho sustantivo de acceso a la justicia, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no permitir al actor ejercer su derecho de acción, ya que ese desechamiento parcial define cuál será la materia del juicio y, en ese sentido, tiene un impacto en el proceso, que incide en la posición que tomarán las partes en su desarrollo y que no puede ser reparado con el dictado de la sentencia favorable; por el contrario, los actos materia del desechamiento ya no podrán formar parte de la litis, sin poder decidirse sobre cada una de las pretensiones del accionante, con lo que, evidentemente, se perturba el derecho de acción, que integra el de acceso a la justicia, en la medida en que se vincula al justiciable a seguir el juicio sólo respecto de una de las acciones intentadas. Por tanto, al desechamiento parcial de la demanda no puede dársele el tratamiento de un acto meramente procesal y, por el contrario, constituye una resolución susceptible de impugnarse en el amparo indirecto, en donde podrá conocerse si, en efecto, la acción debe limitarse a alguna o algunas de las pretensiones intentadas." Conclusión. En mérito de lo hasta aquí expuesto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por María Salome Flores Ledesma. Domicilio y Autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y por autorizado en términos amplios a Marcos Rosales Morales, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte de la Ley de Amparo. Por lo que respecta a la autorización de Kenia Isel Cornejo Vicuña, dígasele que una vez que registre su cédula profesional en el citado sistema, se acordará respecto de dicha autorización, en la inteligencia que de no hacerlo ésta es única y exclusivamente para oír y recibir notificaciones, como lo dispone el precepto en comento. Se tienen por autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las demás personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación a actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

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