María Salomé Batista Mendoza

Expediente 1176/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1176/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
10/12/2019

Partes del expediente

  • María Salomé Batista Mendoza
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Tepic

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en la queja administrativa 249/2019 de su índice y los autos originales del juicio de amparo 1176/2019 del índice de este Juzgado de Distrito; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y hágase saber a la promovente MARÍA SALOMÉ BATISTA MENDOZA y/o SALOMÉ BATISTA MENDOZA, que el Tribunal de referencia declaró infundado el recurso de queja interpuesto en contra del proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por la quejosa de referencia; en consecuencia, glósese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, tomando en consideración que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este Juzgado Federal, procédase a su destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado recurso de queja y agréguense a los autos únicamente las actuaciones realizadas en dicho cuaderno. Luego, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que carece de relevancia documental. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA:Visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en la queja administrativa 249/2019 de su índice y los autos originales del juicio de amparo 1176/2019 del índice de este Juzgado de Distrito; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y hágase saber a la promovente MARÍA SALOMÉ BATISTA MENDOZA y/o SALOMÉ BATISTA MENDOZA, que el Tribunal de referencia declaró infundado el recurso de queja interpuesto en contra del proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por la quejosa de referencia; en consecuencia, glósese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, tomando en consideración que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este Juzgado Federal, procédase a su destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado recurso de queja y agréguense a los autos únicamente las actuaciones realizadas en dicho cuaderno. Luego, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que carece de relevancia documental. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta mediante el cual el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en el presente juicio; consecuentemente, en términos de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el presente proveído, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su interés legal convenga, apercibida que de no hacerlo, este Juzgado resolverá al respecto conforme a las constancias que obran en autos. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Director de Zona Federal Marítimo Terrestre del Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit, mediante el cual manifiesta la imposibilidad que tiene para cumplimentar el requerimiento que este Juzgado le hizo mediante oficio 3670-IV, de nueve de mayo de dos mil diecinueve. Ahora, cabe mencionar que en el presente asunto se reclama la orden de embargo y remate del inmueble identificado como un predio rustico conocido como La Chiripa, formado por lo que antiguamente fueron las parcelas de la número (1Z-1 P1/2) a la número (48 Z-1 P1/2) del polígono ½ uno diagonal dos del Ejido La Chiripa, del municipio de San Blas, Nayarit; que cuenta con una superficie total de (553-45-83.60) quinientas treinta y tres hectáreas, cuarenta y cinco áreas, ochenta y tres puntos sesenta centiáreas; inscrito en la partida registral Libro 43, Sección I, Serie 'A', Partida 28, derivada de un procedimiento del cual la parte quejosa se ostenta como tercera extraña. Ahora, la autoridad responsable al rendir su informe justificado acompañó las constancias de donde emana el acto reclamado, aduciendo que son las únicas que obran en el expediente de dicha Dirección Municipal. Por tanto, el suscrito Juzgador considera que las constancias que se encuentran en autos, son suficientes para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y en su momento emitir la sentencia correspondiente a este juicio, lo anterior, dada la naturaleza del acto reclamado. Tiene aplicación la Tesis Aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 59 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo Volumen CXXXVII, Tercera Parte, Sexta Época, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO, FALTA DE. El párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, determina: "La falta de informe de la autoridad responsable establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Ahora bien, cabe precisar que el artículo transcrito es aplicable en tanto que determina que la falta de informe justificado de la responsable hace que se presuman ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario, pero no en lo relativo a que la carga de la prueba de los hechos que determinen la inconstitucionalidad de tales actos recae en la parte quejosa salvo que estos sean inconstitucionales en sí mismos. En efecto, el precepto a estudio establece que dicha carga recae en la parte quejosa cuando la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado depende de "los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto"; pero no impone al quejoso la carga de dicha prueba cuando la inconstitucionalidad del acto se hace consistir en la falta de motivación y fundamentación. O sea, en los casos en que la responsable omite rendir su informe justificado, pueden presentarse tres situaciones diferentes entre si; a saber: 1. La constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado depende de sus motivos y fundamentos; 2. El acto es inconstitucional en sí mismo; y 3. La inconstitucionalidad del acto se hace consistir en la falta absoluta de motivación y fundamentación. El tercer párrafo del artículo 149 citado, únicamente contempla las dos primeras situaciones que pueden presentarse en la hipótesis aludida y establece que la carga de la prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado corresponde al quejoso cuando se presenta la primera de dichas situaciones, pero no cuando se da la segunda. El repetido precepto es omiso sobre la solución que debe darse cuando se presenta el tercer caso; en consecuencia, cabe precisar que cuando las violaciones que se atribuyen a las responsables se hacen consistir en omisiones o hechos de carácter negativo (como acontece en el caso de que la concesión del amparo por el Juez de Distrito se apoye en la falta de motivación y fundamentación de los actos que estime presuntivamente ciertos), no es a la parte quejosa a la que corresponde la carga de la prueba de tales violaciones, pues de admitirse lo contrario se la dejaría en estado de indefensión, dada la imposibilidad de demostrar las omisiones o hechos negativos determinantes de la inconstitucionalidad de los actos reclamados." Asimismo, resulta aplicable a lo anterior, la tesis Aislada, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 43, Volumen 80, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, del rubro y texto que dice: "INFORMES DE AUTORIDADES. PRUEBAS EN EL AMPARO. La tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte, visible con el número 81 en las páginas 150 y 151 de la Sexta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en 1965, señala que no es posible obligar a las autoridades a expedir certificaciones de lo que no existe en sus archivos, máxime si se pretende que tales certificaciones involucren apreciaciones que las autoridades no están obligadas a hacer. Pero dicha tesis no establece que en ningún caso puedan solicitarse informes de las autoridades responsables, al igual que copias certificadas de constancias, con fundamento en el artículo 152 de la Ley de Amparo, sino que únicamente limita la solicitud en los casos señalados. En efecto, si las partes tienen derecho a recabar de las autoridades copias certificadas de documentos que obren en sus archivos y que sean conocidos de dichas partes, es claro que también se les debe reconocer el derecho de solicitar informes o certificaciones sobre si existen o no ciertos datos o constancias, y sobre las características de las que existan, sin serles conocidas a dichas partes por no tener libre acceso a los archivos, pues si se trata de documentos o constancias existentes y que tengan relación con la litis, y sin que haya precepto legal que obligue a mantenerlos en reserva, no se ve qué razón legal pueda haber para negar el desahogo de una prueba tal, ya que el interés público exige que en los juicios de amparo se den a las partes todas las oportunidades razonables de aportar las pruebas que a su derecho convenga, sin que haya, en los casos apuntados, ningún interés legalmente tutelado en ocultar probanzas o información. O sea que las partes pueden solicitar de las autoridades responsables los informes o certificaciones que deseen, siempre y cuando sean pertinentes a la litis del juicio, y siempre y cuando no se soliciten de dichas autoridades apreciaciones que no están obligadas a dar, ni copias de documentos inexistentes, ni datos que deben guardar en reserva por mandato de algún precepto legal. Y si las autoridades no expiden a las partes esos informes, el Juez de amparo debe diferir en su caso la audiencia y requerirlas, en términos del artículo 152 de la Ley de Amparo." NOTIFÍQUESE.

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