María Ruth Salazar Holguin

Expediente 1525/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1525/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
28/02/2023

Partes del expediente

  • María Ruth Salazar Holguin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Previo a proveer lo conducente, debe decirse que por cuestión de forma, las promociones de cuenta se proveerán de manera diversa al orden de su presentación. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo, así como testimonio de la ejecutoria emitida el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, de la que se observa que la superioridad en el recurso de queja, en su punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja.". Agréguense a los autos para los efectos legales procedentes, acúsese recibo correspondiente. Archívese este expediente por estar concluido, de conformidad al artículo 214 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante. En otro orden de ideas, visto el diverso oficio de cuenta signado por el Secretario del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual remite voto particular en el recurso de queja; al respecto, agréguese a los autos el libelo de cuenta y anexo, para los efectos legales conducentes, y téngase por recibido el indicado voto particular, enviado por el aludido secretario.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante el cual, informan en relación con el cumplimiento de la sentencia y al efecto remite copia certificada del desahogo de la prueba de cotejo realizada el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en el expediente de su índice; agréguense a los autos para los efectos legales procedentes y con su contenido, se ordena dar vista a la quejosa; asimismo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga sobre el cumplimiento dado al fallo protector, bajo apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado resolverá si la aludida ejecutoria se encuentra cumplida, con base en los elementos que obren en este expediente y en los datos aportados por la autoridad responsable, en apego a lo establecido al respecto en el artículo 196 y Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el Coordinador de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Jalisco, en representación del mismo, mediante el cual informa respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo, que aprobó el acuerdo legislativo en el que se declaró como concluido, desecha y declara improcedente la suspensión de cargo solicitada por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón; al respecto, se provee: agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta y estese a lo acordado en proveído de treinta y uno de agosto de este año, en el que se requirió al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, para que informara respecta al cumplimiento de la sentencia de amparo.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha no obra en autos la constancia de notificación a la parte quejosa de la sentencia de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, consecuentemente, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, túrnense nuevamente los autos al Actuario Judicial que corresponde a fin de que lleve a cabo la notificación aludida por medio de medios electrónicos tal y como lo solicitaron los quejosos el diecisiete de enero de esta anualidad. Zapopan, Jalisco; a dieciséis de agosto de dos mil veintidós. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 64/2022-V, promovido por Abundis Rodríguez Mayra Nallely; Acevedo Frías Carlos Estanislao; Acevedo Hernández José Carlos; Acosta Pedro Antonio; Aguayo Armas Alfredo; Aguilar Pérez Víctor; Aguilera Ruvalcaba Romel Ernesto; Aguilera Ruvalcaba Romel Ernesto; Aguilera Talabera Graciela; Alanís Fermat María Luisa; Alatorre Rodríguez Mario Alberto; Alcalá Sánchez Fabián; Andrade Montes Gil Ethel; Andrade Ramírez Gloria Ma; Aparicio Olivia; Arana Alaniz Juan Pablo; Arana Duran Jorge Ignacio; Arana Sandoval María Elena; Arana Sandoval Ricardo; Arana Torres Jorge Alberto; Arceo Olea Javier; Arellano Cortes Dionisio; Arellano Montoya Ma. Guadalupe; Arias García Edgar Palemón; Arias Horta Lesvia María; Arias Zepeda Nadia Elizabeth; Armendáriz López José Ebodio; Arteaga Medina Sahira Vianney; Aldama González Larisa Janet; Arteaga Medina Sahara Vianney; Quezada Nuño Nolberto; Eduardo Becerra González; Ávila Jiménez J. Jesús; Ayón Contreras J. Guadalupe; Báez García José Luis; Baldovinos García Cecilia; Barajas Delgado Alfonso; Barbosa Valdez José David; Barrera Rodríguez Verónica; Basulto Olivarez Luis Alberto; Basulto Olivarez Luis Alberto; Basulto Sandoval María Verónica; Bautista Gutiérrez Benjamín; Bautista Mateos Carlos Octavio; Becerra Guerrero Alma Judith; Becerra Manuel Soel Guadalupe; Becerra Ruvalcaba Rubén; Bernache Franco Leslie Miroslava; Bernal López Esther; Bojórquez Mascorro Claudia Angélica; Bolaños Vargas Miguel Ángel; Briseño Arana Juan José; Campechano López Marcos Javier; Campechano Silva Juan; Campos Delgadillo Esmeralda Guadalupe; Campos Navarro Guillermina; Cantero Mateos Andrés; Carillo Chávez Julio Cesar; Carrillo García Ángela María; Casillas García Ma. Guillermina; Castañeda Chávez Gustavo Adolfo; Castellanos Flores Rubén; Castillo Juárez José de Jesús; Castillo Rodríguez Jaime; Cervera Horta Josefina; Chávez Romero Rey; Coldivar Palomino José; Coldivar Zambrano Juan Diego; Coral Hernández Sergio; Córdova Chávez Guillermina; Corona Arana Juan Luis; Corona Arroyo Jaime Rigoberto; Corona Huizar Gabriela; Corona Torres Juana; Cortes García Martin Javier; Cortes Melchor Adrián Misael; Cruz Razo Cecilia Rebeca; Cuervo Lazcano Jaime; Cuevas Macías Estela; De la Rosa Perales Genaro; De León Hernández Rosa María; De León Jáuregui Esperanza; De los Santos Estrada Claudia Lizbeth; Delgado Jarero Ismael; Díaz Moreno José de Jesús; Enrique Vázquez Omar Saúl; Escobedo López Alma Verónica; Estrada Hernández Roberto Carlos; Estrada Hernández Salvador; Flores Aguiar Silva; Flores Alvarado Arturo; Flores Amezquita Raymundo; Flores Macías José; Flores Pacheco Elvia; Flores Pajarito Benjamín; Flores Tejada Brenda Johana; Flores Vilches Myrna Beatriz; Franco Arceo Rosendo; Frías Camarillo Guillermo; Frías Coral Gonzalo; Frías Corona Gilberto; Frías Maestro Gabriel; ???? Frías Ochoa María Martha; Galván Arana José Ismael; Galván Quijas Karla Esperanza; García Arana Carlos; García Arellano Claudia Elizabeth; García Camarena Biviana; Garcia Collaso María Elena; García Contreras Julio; García de Jesús Fabián; García Díaz Mónica Gabriela; García Hernández Isaac; García Ibarra María Silva; García Mendoza María del Rosario; García Novoa Gustavo; García Ramírez Juan Bernandino; García Ramírez Juan Bernardino; García Real Eunice Yael; García Torres Antonia; García Valencia Uriel; García Vázquez Antonio de Jesús; García Valencia Uriel; García Vázquez Antonio de Jesús; García Vizcarra Lina; Garita Monarca Francisco; Gómez Rodríguez Alejandra Lizette; González Gómez Raimundo David; González Ibarra Adrián; González Patiani José Marcelino Alejo; Gudiño Ruiz Verónica; Gutiérrez García José Guadalupe; Gutiérrez Núñez Pablo Eduardo; Gutiérrez Olivares Mercedes; Gutiérrez Pulido Francisco; Guzmán Virgen Juan Manuel; Hernández Álvarez Sandra Gabriela; Hernández Díaz Antonio; Hernández Hernández Angélica; Hernández Lomelí Ma Estela; Hernández Rodríguez Ramón Arturo; Herrera Villalobos J. Jesús; Herrera Delgado Ilda Judith; Hidalgo Sastre María del Carmen; Ibarra Cardona Graciela Berenice; Indalecio Rodríguez Inés Patricio; Isais López María Magdalena; Jarero Suarez Juan Huberto; Jáuregui Zermeño Virginia; Jerónimo Gutiérrez Cecia Lisbeth; Jiménez Hernández Jaime Eduardo; Labrador Castañeda Oscar Alejandro; Landeros Medrano Fermín; Lara Ríos Mario Oscar; Lemus Sezate Miguel Ángel; Leos Orozco Felipa; Leos Orozco Francisco; Lias Solares Edmundo; Limón Carrasco Martín; Loera López Yolanda; Lomas Guzmán Rebeca; López Francesca María del Refugio; López Landin José de Jesús; López Martínez José Alfredo; López Ramírez Bernardo Rene; Lozano Barba Blanca Estela; Lozoya Avitia Manuela; Madrigal Hernández Juan Manuel; Maeda Gutiérrez Luis Alberto; Maldonado Bernal Marcia Georgina; Maldonado Macías Jesús; Mariscal Alfaro Roberto Elisandro; Martínez Ávila Mayra Alejandra; Martínez Rodríguez Raúl; Mascorro Chávez María Magdalena; Mateos Bernabé Diego; Mateos Maestro Margarita; Mayorga Covarrubias Edwiges; Medina García José; Medina González Gabriel; Medina López Rosa Elena; Medina Mercado María del Refugio; Medina Reynaga José Rafael; Méndez Núñez Cuauhtémoc; Méndez Núñez Demetrio; Mercado Díaz Leticia; Mora Pastrano Juan Carlos; Morales Arellano Eduardo; Moreno Anaya Jorge Alberto; Muñoz Aceves Eliseo; Navarro Corral Santiago; Navarro Ibarra María de Lourdes; Navarro Rivas David; Navarro Rivas José de Jesús; Novoa Rodríguez Beatriz; Núñez Páez Felipe de Jesús; Núñez Sotelo Alma Rosa; Nuño Martínez Verónica; Nuño Olivares Juan Pablo; Nuño Pérez José Luis; Nuño Ramírez Luis Armando; Nuño Vélez J. Guadalupe; Ocegueda Bañuelos Ángela Johana; Ochoa Alcaraz Miguel Ángel; Olivarez Ruvalcaba j. Carmen; Olivarez Ruvalcaba José Salvador; Olvera García Benita; Olvera García Sabina; Orozco Vélez Celia; Ortega Díaz ? Héctor Hugo; Padilla Mercado Mónica; Padilla Sánchez José Joel Carmen; Paez Mercado Esther; Pajar Torres Pedro; Parada Cervantes Javier; Penilla Jiménez J. Guadalupe; Pérez Cedillo Juan Ignacio; Pérez Evangelista Elizabeth; Pérez Mateos Carlos; Pérez Ríos Ramón; Pinacho Burgoa Hugo; Pinacho Jeronimo Edson Joseph; Pineda Pantoja Enrique; Prieto Gutiérrez Herlinda; Prieto Gutiérrez Herlinda; Prieto Gutiérrez Olga; Prieto Gutiérrez Oswaldo Joel; Prieto Vázquez Mónica Jessenia; Ramírez Suarez Adalberto; Ramírez Suarez Benjamín; Ramírez Suarez Cirilo; Ramos García Federico; Ramos Maldonado Paulina; Rentería Pérez Delia Nayeli; Reyes Barba Timoteo; Reyes Gómez Juan Elizabeth; Reyes Rodríguez Oscar; Reynoso Venegas Arturo; Ríos Cruz M Ofelia; Ríos Loza José de Jesús; Rivas Morales Edgar Martin; Robles Arana Jorge; Rodríguez González Luis Fernando; Rodríguez Martínez Rodolfo; Rodríguez Rodríguez Leobardo; Rodríguez Romo Nolberto; Rodríguez Torres Librado; Romero Bojorquez Mario; Romero Garfias Alejandra Dafne; Romero Márquez María Guadalupe Isabel; Romero Terrones Juan Manuel; Rubio Vargas Luis Felipe; Ruiz Frías Juan Carlos; Ruiz Rodríguez José Alfredo; Ruvalcaba Landin José de Jesús; Salinas Moreno Eva Yeimy; Sánchez Cristian Alejandro; Sánchez Lomelí Pedro; Sánchez Vázquez Espiridion; Sandoval Chávez Lía Sarai; Santillan Herrera Maricela; Sedano Velica Rubén; Sezate Nogal Juana; Sezate Nogal María de Jesús; Sezate Nogal Miguel Ángel; Sígala Robles Sergio; Silva Ortega Ma Elizabeth; Silvia Pila Gonzalo; Solano Díaz Juan Carlos; Solano González Judith; Soriano Mejía Francisco; Suarez Nuño Noe; Suarez Silva Leonardo Favian; Tapia Vázquez José de Jesús; Terrones Ríos Laura Patricia; Tinajero de la Torre Dany Alfredo; Torres Magaña Raúl; Tostado González Ma Matilde; Tovar Arana Ma Del Rosario Xochil; Trujillo Martínez Susana; Urrutia Castorena Camerino Rodolfo; Valdez Mercado J. Guadalupe; Valencia Solís Sandra; Vázquez Padilla Omar; Vázquez Botella María Guadalupe; Vázquez Galvez Leonardo; Vázquez López Jesús Alejandro; Vázquez Melchor Dina Yered; Vázquez Ríos José de Jesús; Vázquez Ríos Rita Elvia; Vázquez Villegas José Rafael; Vázquez Vizcarra Josué Cornelio; Velarde Partida Marco Antonio; Velázquez Gutiérrez Juan Gustavo; Velázquez Nuño Teresa de Jesús; Velázquez Ramos Robert Gabriel; Veles Bañales David; Ventura Ocampo Lazaro; Villas Robles Jervacio; Villa Vargas Armando; Villagómez Sánchez Felipe; Villalobos Moreno Rito; Villanueva Aguayo Juan Carlos; Villaseñor Hernández Alfredo David; Villaseñor Hernández Maria Angélica; Yañez Benavides Ismael; Zermeño López Marcos Horacio, por su propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Director del Servicio de Administración Tributaria, Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, Tesorero Municipal de Tonalá, Jalisco, Director General de Administración y Desarrollo Humano del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y Jefe ????? de Nominas del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en contra de actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 1, 14, 16, 123 apartado B, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Abundis Rodríguez Mayra Nallely; Acevedo Frías Carlos Estanislao; Acevedo Hernández José Carlos; Acosta Pedro Antonio; Aguayo Armas Alfredo; Aguilar Pérez Víctor; Aguilera Ruvalcaba Romel Ernesto; Aguilera Ruvalcaba Romel Ernesto; Aguilera Talabera Graciela; Alanís Fermat María Luisa; Alatorre Rodríguez Mario Alberto; Alcalá Sánchez Fabián; Andrade Montes Gil Ethel; Andrade Ramírez Gloria Ma; Aparicio Olivia; Arana Alaniz Juan Pablo; Arana Duran Jorge Ignacio; Arana Sandoval María Elena; Arana Sandoval Ricardo; Arana Torres Jorge Alberto; Arceo Olea Javier; Arellano Cortes Dionisio; Arellano Montoya Ma. Guadalupe; Arias García Edgar Palemón; Arias Horta Lesvia María; Arias Zepeda Nadia Elizabeth; Armendáriz López José Ebodio; Arteaga Medina Sahira Vianney; Aldama González Larisa Janet; Arteaga Medina Sahara Vianney; Quezada Nuño Nolberto; Eduardo Becerra González; Ávila Jiménez J. Jesús; Ayón Contreras J. Guadalupe; Báez García José Luis; Baldovinos García Cecilia; Barajas Delgado Alfonso; Barbosa Valdez José David; Barrera Rodríguez Luis Alberto; Basulto Olivarez Luis Alberto; Basulto Sandoval María Verónica; Bautista Gutiérrez Benjamín; Bautista Mateos Carlos Octavio; Becerra Guerrero Alma Judith; Becerra Manuel Soel Guadalupe; Becerra Ruvalcaba Rubén; Bernache Franco Leslie Miroslava; Bernal López Esther; Bojórquez Mascorro Claudia Angélica; Bolaños Vargas Miguel Ángel; Briseño Arana Juan José; Campechano López Marcos Javier; Campechano Silva Juan; Campos Delgadillo Esmeralda Guadalupe; Campos Navarro Guillermina; Cantero Mateos Andrés; Carillo Chávez Julio Cesar; Carrillo García Ángela María; Casillas García Ma. Guillermina; Castañeda Chávez Gustavo Adolfo; Castellanos Flores Rubén; Castillo Juárez José de Jesús; Castillo Rodríguez Jaime; Cervera Horta Josefina; Chávez Romero Rey; Coldivar Palomino José; Coldivar Zambrano Juan Diego; Coral Hernández Sergio; Córdova Chávez Guillermina; Corona Arana Juan Luis; Corona Arroyo Jaime Rigoberto; Corona Huizar Gabriela; Corona Torres Juana; Cortes García Martin Javier; Cortes Melchor Adrián Misael; Cruz Razo Cecilia Rebeca; Cuervo Lazcano Jaime; Cuevas Macías Estela; De la Rosa Perales Genaro; De León Hernández Rosa María; De León Jáuregui Esperanza; De los Santos Estrada Claudia Lizbeth; Delgado Jarero Ismael; Díaz Moreno José de Jesús; Enrique Vázquez Omar Saúl; Escobedo López Alma Verónica; Estrada Hernández Roberto Carlos; Estrada Hernández Salvador; Flores Aguiar Silva; Flores Alvarado Arturo; Flores Amezquita Raymundo; Flores Macías José; Flores Pacheco Elvia; Flores Pajarito Benjamín; Flores Tejada Brenda Johana; Flores Vilches Myrna Beatriz; Franco Arceo Rosendo; Frías Camarillo Guillermo; Frías Coral Gonzalo; Frías Corona Gilberto; Frías Maestro Gabriel; Frías Ochoa María Martha; Galván Arana José Ismael; Galván Quijas Karla Esperanza; García Arana Carlos; García Arellano Claudia Elizabeth; García Camarena Biviana; Garcia Collaso María Elena; García Contreras Julio; García de Jesús Fabián; García Díaz Mónica Gabriela; García Hernández Isaac; García Ibarra María Silva; García Mendoza María del Rosario; García Novoa Gustavo; García Ramírez Juan Bernandino; García Ramírez Juan Bernardino; García Real Eunice Yael; García Torres Antonia; García Valencia Uriel; García Vázquez Antonio de Jesús; García Valencia Uriel; García Vázquez Antonio de Jesús; García Vizcarra Lina; Garita Monarca Francisco; Gómez Rodríguez Alejandra Lizette; González Gómez Raimundo David; González Ibarra Adrián; González Patiani José Marcelino Alejo; Gudiño Ruiz Verónica; Gutiérrez García José Guadalupe; Gutiérrez Núñez Pablo Eduardo; Gutiérrez Olivares Mercedes; Gutiérrez Pulido Francisco; Guzmán Virgen Juan Manuel; Hernández Álvarez Sandra Gabriela; Hernández Díaz Antonio; Hernández Hernández Angélica; Hernández Lomelí Ma Estela; Hernández Rodríguez Ramón Arturo; Herrera Villalobos J. Jesús; Herrera Delgado Ilda Judith; Hidalgo Sastre María del Carmen; Ibarra Cardona Graciela Berenice; Indalecio Rodríguez Inés Patricio; MARIA DEL ROCIO GONZALEZ AVIÑA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.31.30.36.31.37.32 02/06/24 19:18:02 10 JUICIO DE AMPARO Isais López María Magdalena; Jarero Suarez Juan Huberto; Jáuregui Zermeño Virginia; Jerónimo Gutiérrez Cecia Lisbeth; Jiménez Hernández Jaime Eduardo; Labrador Castañeda Oscar Alejandro; Landeros Medrano Fermín; Lara Ríos Mario Oscar; Lemus Sezate Miguel Ángel; Leos Orozco Felipa; Leos Orozco Francisco; Lias Solares Edmundo; Limón Carrasco Martín; Loera López Yolanda; Lomas Guzmán Rebeca; López Francesca María del Refugio; López Landin José de Jesús; López Martínez José Alfredo; López Ramírez Bernardo Rene; Lozano Barba Blanca Estela; Lozoya Avitia Manuela; Madrigal Hernández Juan Manuel; Maeda Gutiérrez Luis Alberto; Maldonado Bernal Marcia Georgina; Maldonado Macías Jesús; Mariscal Alfaro Roberto Elisandro; Martínez Ávila Mayra Alejandra; Martínez Rodríguez Raúl; Mascorro Chávez María Magdalena; Mateos Bernabé Diego; Mateos Maestro Margarita; Mayorga Covarrubias Edwiges; Medina García José; Medina González Gabriel; Medina López Rosa Elena; Medina Mercado María del Refugio; Medina Reynaga José Rafael; Méndez Núñez Cuauhtémoc; Méndez Núñez Demetrio; Mercado Díaz Leticia; Mora Pastrano Juan Carlos; Morales Arellano Eduardo; Moreno Anaya Jorge Alberto; Muñoz Aceves Eliseo; Navarro Corral Santiago; Navarro Ibarra María de Lourdes; Navarro Rivas David; Navarro Rivas José de Jesús; Novoa Rodríguez Beatriz; Núñez Páez Felipe de Jesús; Núñez Sotelo Alma Rosa; Nuño Martínez Verónica; Nuño Olivares Juan Pablo; Nuño Pérez José Luis; Nuño MARIA DEL ROCIO GONZALEZ AVIÑA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.31.30.36.31.37.32 02/06/24 19:18:02 11 JUICIO DE AMPARO 64/2022-V ??????A???????? Ramírez Luis Armando; Nuño Vélez J. Guadalupe; Ocegueda Bañuelos Ángela Johana; Ochoa Alcaraz Miguel Ángel; Olivarez Ruvalcaba j. Carmen; Olivarez Ruvalcaba José Salvador; Olvera García Benita; Olvera García Sabina; Orozco Vélez Celia; Ortega Díaz Héctor Hugo; Padilla Mercado Mónica; Padilla Sánchez José Joel Carmen; Paez Mercado Esther; Pajar Torres Pedro; Parada Cervantes Javier; Penilla Jiménez J. Guadalupe; Pérez Cedillo Juan Ignacio; Pérez Evangelista Elizabeth; Pérez Mateos Carlos; Pérez Ríos Ramón; Pinacho Burgoa Hugo; Pinacho Jeronimo Edson Joseph; Pineda Pantoja Enrique; Prieto Gutiérrez Herlinda; Prieto Gutiérrez Herlinda; Prieto Gutiérrez Olga; Prieto Gutiérrez Oswaldo Joel; Prieto Vázquez Mónica Jessenia; Ramírez Suarez Adalberto; Ramírez Suarez Benjamín; Ramírez Suarez Cirilo; Ramos García Federico; Ramos Maldonado Paulina; Rentería Pérez Delia Nayeli; Reyes Barba Timoteo; Reyes Gómez Juan Elizabeth; Reyes Rodríguez Oscar; Reynoso Venegas Arturo; Ríos Cruz M Ofelia; Ríos Loza José de Jesús; Rivas Morales Edgar Martin; Robles Arana Jorge; Rodríguez González Luis Fernando; Rodríguez Martínez Rodolfo; Rodríguez Rodríguez Leobardo; Rodríguez Romo Nolberto; Rodríguez Torres Librado; Romero Bojorquez Mario; Romero Garfias Alejandra Dafne; Romero Márquez María Guadalupe Isabel; Romero Terrones Juan Manuel; Rubio Vargas Luis Felipe; Ruiz Frías Juan Carlos; Ruiz Rodríguez José Alfredo; Ruvalcaba Landin José de Jesús; Salinas Moreno Eva Yeimy; Sánchez MARIA DEL ROCIO GONZALEZ AVIÑA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.31.30.36.31.37.32 02/06/24 19:18:02 12 JUICIO DE AMPARO Cristian Alejandro; Sánchez Lomelí Pedro; Sánchez Vázquez Espiridion; Sandoval Chávez Lía Sarai; Santillan Herrera Maricela; Sedano Velica Rubén; Sezate Nogal Juana; Sezate Nogal María de Jesús; Sezate Nogal Miguel Ángel; Sígala Robles Sergio; Silva Ortega Ma Elizabeth; Silvia Pila Gonzalo; Solano Díaz Juan Carlos; Solano González Judith; Soriano Mejía Francisco; Suarez Nuño Noe; Suarez Silva Leonardo Favian; Tapia Vázquez José de Jesús; Terrones Ríos Laura Patricia; Tinajero de la Torre Dany Alfredo; Torres Magaña Raúl; Tostado González Ma Matilde; Tovar Arana Ma Del Rosario Xochil; Trujillo Martínez Susana; Urrutia Castorena Camerino Rodolfo; Valdez Mercado J. Guadalupe; Valencia Solís Sandra; Vázquez Padilla Omar; Vázquez Botella María Guadalupe; Vázquez Galvez Leonardo; Vázquez López Jesús Alejandro; Vázquez Melchor Dina Yered; Vázquez Ríos José de Jesús; Vázquez Ríos Rita Elvia; Vázquez Villegas José Rafael; Vázquez Vizcarra Josué Cornelio; Velarde Partida Marco Antonio; Velázquez Gutiérrez Juan Gustavo; Velázquez Nuño Teresa de Jesús; Velázquez Ramos Robert Gabriel; Veles Bañales David; Ventura Ocampo Lazaro; Villas Robles Jervacio; Villa Vargas Armando; Villagómez Sánchez Felipe; Villalobos Moreno Rito; Villanueva Aguayo Juan Carlos; Villaseñor Hernández Alfredo David; Villaseñor Hernández Maria Angélica; Yañez Benavides Ismael; Zermeño López Marcos Horacio, el trece de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil MARIA DEL ROCIO GONZALEZ AVIÑA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.31.30.36.31.37.32 02/06/24 19:18:02 13 JUICIO DE AMPARO 64/2022-V ??????A???????? y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentaron demanda de amparo indirecto contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Director del Servicio de Administración Tributaria, Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, Tesorero Municipal de Tonalá, Jalisco, Director General de Administración y Desarrollo Humano del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y Jefe de Nominas del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, que se precisan en el considerando segundo. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, dictó proveído el diecisiete de enero de dos mil veintidós, en que por una parte desechó la demanda por Acero Vargas Santiago y otros que no suscribieron la misma y ordenó: admitir la demanda de amparo por Abundis Rodríguez Mayra Nallely y otros quejosos que se mencionan en el resultando primero de esta sentencia y registrarla bajo expediente 64/2022-V; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O MARIA DEL ROCIO GONZALEZ AVIÑA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.31.30.36.31.37.32 02/06/24 19:18:02 14 JUICIO DE AMPARO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de que los actos reclamados, se atribuye a autoridad administrativas, que tiene su residencia oficial dentro del territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 24/2013, modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial MARIA DEL ROCIO GONZALEZ AVIÑA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.31.30.36.31.37.32 02/06/24 19:18:02 15 JUICIO DE AMPARO 64/2022-V ??????A???????? de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de MARIA DEL ROCIO GONZALEZ AVIÑA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.31.30.36.31.37.32 02/06/24 19:18:02 16 JUICIO DE AMPARO amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Hacienda y Crédito Público de México y Director del Servicio de Administración Tributaria: a) La orden verbal o escrita girada a las autoridades ejecutoras (señaladas en el siguiente párrafo) para que retengan o deduzcan el impuesto sobre la renta (I.S.R) de la gratificación anual o aguinaldo de dos mil veintiuno. Al Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, Tesorero Municipal de Tonalá, Jalisco, Director General de Administración y Desarrollo Humano del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y Jefe de Nominas del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco: MARIA DEL ROCIO GONZALEZ AVIÑA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.31.30.36.31.37.32 02/06/24 19:18:02 17 JUICIO DE AMPARO 64/2022-V ??????A???????? b) La ejecución de la mencionada orden. Por lo mismo, respecto de dichos actos versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Director General de Amparos Contra Leyes, en representación del Presidente de la República; Director General de Amparos contra Leyes, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y Subprocurador Fiscal Federal de Amparos; Subadministrador de Amparo e Instancias Judiciales 10, en suplencia por ausencia de la Subadministradora de Amparo Judiciales 3, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, al rendir su informe justificado, negaron los actos que les son atribuidos y que precisados quedaron en el considerando segundo, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa con constancia fehaciente. De igual forma el Director General de Administración y Desarrollo Humano, y el Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, negaron los actos que les reclamados y que precisados quedaron en el considerando segundo, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa con constancia fehaciente. MARIA DEL ROCIO GONZALEZ AVIÑA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.31.30.36.31.37.32 02/06/24 19:18:02 18 JUICIO DE AMPARO Dicha negativa cobra relevancia jurídica sin necesidad de mayores elementos, pues, la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables al rendir su informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su constitucionalidad, más no, cuando esa autoridad negó categóricamente los actos que se le imputan, pues, en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estos últimos, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza de los actos de que se tratan y enseguida, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. Al respecto, es aplicable la tesis VI.2o.32 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio de 1996, página 763, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se MARIA DEL ROCIO GONZALEZ AVIÑA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.31.30.36.31.37.32 02/06/24 19:18:02 19 JUICIO DE AMPARO 64/2022-V ??????A???????? le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". Asimismo, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, Febrero de 2002, página 903, que dispone: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera MARIA DEL ROCIO GONZALEZ AVIÑA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.31.30.36.31.37.32 02/06/24 19:18:02 20 JUICIO DE AMPARO releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo.". Así las cosas, del análisis de las constancias que integran el sumario, no se desprende con certeza algún medio de convicción que demuestre la existencia del acto reclamado a las precitadas autoridades. Por tanto, ante la omisión de demostrar el acto reclamado a las referidas responsables, lo conducente es SOBRESEER en el juicio, respecto a las referidas autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Hacienda y Crédito Público de México y Director del Servicio de Administración Tributaria, así como Director General de Administración y Desarrollo Humano, y el Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, conforme lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTA. La Jefa de Nóminas del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, al rendir su informe con justificación, reconoció la existencia del acto que se le atribuye y que precisado quedó en el considerando segundo. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el MARIA DEL ROCIO GONZALEZ AVIÑA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.31.30.36.31.37.32 02/06/24 19:18:02 21 JUICIO DE AMPARO 64/2022-V ??????A???????? acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." En tanto que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, al rendir su informe con justificación, negó la existencia de los actos reclamados; sin embargo, del contenido de tal informe el que adminiculado al de la Jefa de Nóminas, se desprende su certeza, ya que la señalada en último término refiere haber cumplido la orden girada por el citado tesorero. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis visible a página 15, Volumen 181-186, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido." MARIA DEL ROCIO GONZALEZ AVIÑA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.31.30.36.31.37.32 02/06/24 19:18:02 22 JUICIO DE AMPARO QUINTA. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del juicio de amparo, es obligado el examen de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Este juzgado de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues los mismos derivan de una relación de coordinación entre los promoventes del amparo y las autoridades responsables, regulada por el derecho privado, como se explica. Sobre el particular, los artículos 61, fracción XXIII, 1 y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los MARIA DEL ROCIO GONZALEZ AVIÑA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.31.30.36.31.37.32 02/06/24 19:18:02 23 JUICIO DE AMPARO 64/2022-V ??????A???????? tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. --- Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del análisis sistemático de tales preceptos, se advierte que el juicio de amparo procede solamente contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, la tercera norma transcrita, precisa que tiene el carácter de autoridad responsable aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En concordancia con ello, la última fracción del artículo 61 en comento, establece que el juicio de amparo es improcedente por motivos que resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados MARIA DEL ROCIO GONZALEZ AVIÑA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.31.30.36.31.37.32 02/06/24 19:18:02 24 JUICIO DE AMPARO Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. De ahí que si el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en este caso la causa operaría en atención a que las responsables no tienen dicho carácter. Para evidenciar que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la indicada causal de improcedencia del juicio de amparo, es preciso señalar, que la parte impetrante de la tutela constitucional, reclama la orden verbal o escrita girada a las autoridades ejecutoras Jefa de Nóminas y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que retengan o deduzcan el impuesto sobre la renta (I.S.R) de la gratificación anual o aguinaldo de dos mil veintiuno. De lo anterior se advierte, que la parte quejosa en esencia, se duele de la retención del impuesto sobre la renta (I.S.R) de la gratificación anual o aguinaldo relativa al año dos mil veintiuno, como trabajador y/o servidor público del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Lo anterior, pone en relieve que el acto reclamado tiene su origen en una relación laboral existente entre la parte quejosa y las autoridades que señaló como responsables del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; es decir, una relación de coordinación, en la que las autoridades actúan como patrón y los quejosos como trabajadores. En esta guisa, se considera necesario precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la doctrina constitucional, han sostenido que en el Estado existen tres MARIA DEL ROCIO GONZALEZ AVIÑA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.31.30.36.31.37.32 02/06/24 19:18:02 25 JUICIO DE AMPARO 64/2022-V ??????A???????? tipos fundamentales de relaciones, a saber: las de supra a subordinación, las de supraordinación y las de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídicopolítica y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. MARIA DEL ROCIO GONZALEZ AVIÑA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.31.30.36.31.37.32 02/06/24 19:18:02 26 JUICIO DE AMPARO Luego, del contenido de la fracción II del artículo 5o. de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo sólo es procedente contra actos de autoridad, así como contra los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Asimismo, para considerar a un particular como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, es necesario que sus funciones estén determinadas por una norma general; lo que significa que si bien es cierto que el amparo se puede promover contra actos de particulares, también lo es que no debe ser contra actos de cualquier particular, sino sólo de aquel que ejerza actos equivalentes a los de autoridad previstos en una norma general; por tanto, para que un particular pueda ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo, debe situarse por encima del gobernado que está obligado a obedecer los actos, esto es, cuando la norma general le permita actuar en una relación de supra a subordinación, con relación al otro particular y no en un plano de coordinación. Así, en el asunto los actos reclamados no pueden ser considerados como actos de autoridad; ello, en virtud de que la actuación de las autoridades que se señalaron como responsables del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco frente a los impetrantes de la tutela constitucional, se ubican en un plano de igualdad, es decir, en una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, en donde aquéllas actúan como (patrón) y no como MARIA DEL ROCIO GONZALEZ AVIÑA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.31.30.36.31.37.32 02/06/24 19:18:02 27 JUICIO DE AMPARO 64/2022-V ??????A???????? autoridades investidas de imperio frente al quejoso (trabajador), ello, derivado de la relación laboral existente. Luego, es evidente que el acto de que se quejan los promoventes del amparo, no fue realizado dentro de una relación de supra-subordinación, pues no emana de autoridad investida de imperio sobre un gobernado, sino que, ese acto deriva de una relación laboral, en la que las autoridades del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, actúan como patrón y los quejosos como trabajadores. Circunstancia que destacan los quejosos en su escrito inicial de demanda, en específico, el apartado relativo a los antecedentes de los actos reclamados, en donde refieren que el día diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, la mayoría recibieron su pago de aguinaldo, del cual se dieron cuenta que tenían una retención por concepto de I.S.R., no ostente que el artículo 54 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, en lo que interesa señala que los servidores públicos tendrán derecho a un aguinaldo anual de cincuenta días, sobre sueldo promedio, y que el mismo será comprendido en el presupuesto de egresos, el cual preverá la forma de pagarlo. En tal virtud, los actos impugnados no constituyen uno de los considerados de autoridad, ni de particular equivalente al de autoridad. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1956, del libro 29, Abril de 2016, MARIA DEL ROCIO GONZALEZ AVIÑA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.31.30.36.31.37.32 02/06/24 19:18:02 28 JUICIO DE AMPARO Tomo III, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro: 2011343, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." También, es aplicable la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la página 1639, del Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Materia Común, MARIA DEL ROCIO GONZALEZ AVIÑA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.34.31.30.36.31.37.32 02/06/24 19:18:02 29 JUICIO DE AMPARO 64/2022-V ??????A???????? Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro: 2011298, que establece: Suprema Corte de Justicia de la Nación "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de suprasubordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades ??? investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Por tanto, si las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad ante la ley, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan, entre otras, por el derecho civil, mercantil, agrario, administrativo y laboral. Tiene aplicación de manera ilustrativa la Tesis: I.6o.T. J/51 L (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con registro digital 2021829, Décima Época, Materias(s): Laboral, visible a página 5797, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: "AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA DEMANDAR SU PAGO INICIA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ES EXIGIBLE. De conformidad con lo que establece el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el pago del aguinaldo debe cubrirse en un 50% (cincuenta por ciento) antes del quince de diciembre y el otro 50% (cincuenta por ciento) a más tardar el quince de enero; de esta manera, la exigibilidad para el pago de dicha prestación nace a partir del día siguiente de la última fecha indicada; y si bien en términos del numeral 112 de la citada legislación laboral, las acciones de trabajo prescriben en un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, debe concluirse que cuando se demanda el pago de dicha prestación, el derecho para solicitar que se cubra nace a partir del día siguiente al quince de enero de cada año, esto es, el dieciséis de enero y, por ende, el término para el cómputo de la prescripción corre a partir de esta última data." De tal suerte que si las autoridades responsables no actúa en un plano de "supra a subordinación de gobernante a gobernado", sino que está en presencia de un conflicto similar al que pudiera haber entre particulares (partes contratantes), ya que los entes públicos actúa en forma equiparada a un particular, esto es, que se obligan o adquieren derechos a través de las normas de derecho que los rigen como contratantes, por lo que en ese tipo de actuaciones, como las que nos ocupan, se vinculan con un contratista como parte contratante y, por tanto, el conocimiento de esta controversia corresponde a la justicia ordinaria y no a la autoridad constitucional, dado que el juicio de amparo no es un medio ordinario de defensa, sino un mecanismo extraordinario de impugnación de índole constitucional, frente a actos de autoridad. En consecuencia, al quedar demostrado que los actos reclamados no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues los mismos derivan de una relación de coordinación entre la parte quejosa y las autoridades responsables, regulada por el derecho privado, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en esas condiciones, lo que procede es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Por lo expuesto y con fundamento además en el arábigo 74, fracción VI, de la ley de la materia, se: UNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por el Abundis Rodríguez Mayra Nallely y otros, contra el acto que reclamaron al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Director del Servicio de Administración Tributaria, Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, Tesorero Municipal de Tonalá, Jalisco, Director General de Administración y Desarrollo Humano del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y Jefe de Nominas del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y por las razones y motivos expuestos en los considerandos tercero y último de esta sentencia.

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