María Rufina Teresa Cortés García
Expediente 132/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 132/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/12/2019
Partes del expediente
- María Rufina Teresa Cortés García
- César Sánchez Cortés
- CÉSAR SÁNCHEZ CORTÉS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
1 O F I C I O Agréguese a los autos el oficio 1345 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito por el que remitió el juicio de amparo directo D-71/2019, promovido por María Rufina Teresa Cortés García y César Sánchez Cortés, así como el expediente 1753/2016 del juicio ordinario civil sobre rescisión de contrato de promesa de compraventa ante el Juzgado Primero de lo Civil de San Pedro Cholula, Puebla; lo anterior, en cumplimiento a la resolución de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, en el que el referido órgano colegiado declaró carecer de competencia legal para conocer en la vía directa de la demanda que se analiza. Acúsese recibo de estilo correspondiente. En principio, se precisa que el juicio de amparo directo D-71/2019, de la estadística del Tribunal Oficiante fue formado con motivo de la incompetencia planteada en proveído de seis de febrero de dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo 132/2019 de la estadística de este juzgado federal. Posteriormente, dicho expediente fue admitido por el Tribunal Oficiante por acuerdo de veintiocho de febrero del año en curso; empero, por ejecutoria de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, el referido órgano colegiado declaró carecer de competencia legal para conocer en la vía directa de la demanda que se analiza. Establecido lo anterior, se advierte que la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, asignó a este juzgado federal la papeleta con número de registro 017500/2019, de doce de diciembre del año en curso; sin embargo, en el juicio de amparo 132/2019, del que derivó la incompetencia planteada en primer término ya contaba con un registro y número de papeleta, con motivo de su presentación realizada el uno de febrero de dos mil diecinueve (papeleta con número de registro 001246/2019); en tales condiciones, infórmese lo anterior a la encargada de la citada Oficina de Correspondencia, para los efectos administrativos correspondientes. 2 PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA COMPETENCIA Precisado lo anterior, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal se avoca al conocimiento de la demanda de mérito. En ese sentido, se precisa que en proveído de seis de marzo de dos mil diecinueve, se ordenó el archivo del presente asunto como concluido en razón de que se tuvo a la Actuaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito comunicando que la presidencia de ese órgano constitucional admitía a trámite la demanda que generó el juicio de amparo 132/2019; no obstante, con motivo de la ejecutoria que se recibe, este Juzgado Federal se avoca al conocimiento de tal ocurso inicial, en los siguientes términos: 2 DESECHAMIENTO En primer término, cabe señalar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que María Rufina Teresa Cortés García y César Sánchez Cortés señalan como actos reclamados en la presente instancia constitucional, los siguientes: "IV. ACTO RECLAMADO. La sentencia definitiva dictada en primera instancia en fecha 27 de Agosto del año 2018, dentro de la cual el juez ahora impugnado declara improcedente la acción intentada de RECISIÓN de contrato de promesa de compraventa promovida por HÉCTOR SANCHEZ CORTÉS en contra de Residencias Ecológicas S.A. de C.V., en el expediente número 1753/2016, que se instruye como juicio ordinario civil sobre Recisión de contrato de Promesa de Compraventa ante el Juzgado y autoridad ahora señalada como responsable y que es el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de San Pedro Cholula, Puebla, por las razones que expondremos." Esto es, los hoy quejosos se duelen esencialmente de la sentencia dictada el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, dentro del juicio ordinario civil sobre recisión de contrato de promesa de compraventa 1753/2016, de la estadística del Juzgado Primero Civil de Cholula, Puebla. Ahora, resulta importante destacar que de las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda por la parte promovente, mismas que realizaron bajo protesta de decir verdad, y por tanto, hacen prueba plena en términos de los artículos 95, 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se desprende que los quejosos son tercero extraños en estricto sentido dentro del juicio de origen, por lo que aducen que al haber realizado un préstamo económico al actor, y el juez responsable al declarar improcedente la acción intentada por éste, dicho promovente no podrá reintegrarles el referido numerario. De ahí que alegan tener interés para promover el presente juicio biinstancial. Establecido lo anterior, el suscrito advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: De conformidad con las normas trascritas, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. Del mismo modo, conviene señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez Federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por manifiesto, según lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional considera que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no causan perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa. En relación con la aludida hipótesis, es importante dejar establecido que en términos del artículo 107, fracción I, Constitucional, el acceso al juicio de amparo, tratándose de actos de autoridades administrativas, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (ya jurídico, ya legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica del quejoso. El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio, constituye un tema que, de ordinario se identifica con la pretensión misma, y por ende, debe ser realizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. No obstante, el Máximo Tribunal del País ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución, del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple. Lo anterior, permite determinar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar a través de juicio de amparo, actos que considere violatorios de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Dicho interés supone sólo la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. De acuerdo con la explicación anterior, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. Para que el juicio de amparo prospere basta que los actos que se reclamen deriven de la actuación concreta de la autoridad y que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de sus derechos subjetivos protegidos por la norma o a alguno de sus derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular, sea personal, directo o indirecto, es decir, les corresponde a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. De lo anterior, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, lo que quiere decir que la acción constitucional de amparo únicamente puede ejercitarla quien se vea perjudicado por la actuación de la autoridad. Se desprende además, que el juicio de amparo no procede oficiosamente, es decir, constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Conforme a los artículos 103, fracción I, de la Constitución, así como 6°, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Entonces, podrán acudir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, quien alegue tener un interés. En ese sentido el texto constitucional diferencia los componentes de interés tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, de los restantes supuestos, como sucede cuando se reclaman actos de autoridades administrativas. Interesa en el particular este segundo supuesto, pues el acto reclamado deriva de autoridades administrativas. En esta hipótesis debe señalarse que para demostrar el interés en el amparo convergen los siguientes elementos: - La titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo. - La afectación a un derecho reconocido por la Constitución. - La afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, se puede advertir que conforme al texto del artículo 107 constitucional, el interés permite constituir como quejoso, al titular de un derecho o de un interés legítimo ya sea individual o colectivo, siempre que demuestre que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés para instar la acción de amparo se entiende aquel derecho o interés -individual o colectivo-, de cualquier persona, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico (Constitución y leyes que de ella emanen), así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, es una situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra. Sobre el tema del interés jurídico, es menester acudir a la definición que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación: es aquel interés personal, individual o colectivo, actual y jurídicamente relevante que puede traducirse, en caso de concederse el amparo en un beneficio jurídico a favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole profesional, económico, de salud pública y de cualquier otra. Por tanto, el interés legítimo permite constituir como quejoso en el amparo a aquélla persona titular de un derecho reconocido por la Constitución que resulte afectada en su esfera jurídica de forma directa o por virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, el acto reclamado por los promoventes del amparo consiste esencialmente en la sentencia dictada el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, dentro del juicio ordinario civil sobre recisión de contrato de promesa de compraventa 1753/2016, de la estadística del Juzgado Primero Civil de Cholula, Puebla, lo cual, de acuerdo a lo asentado en los párrafos que anteceden, no les causa una afectación jurídicamente relevante. Ello debido a que, en un primer momento, María Rufina Teresa Cortés García y César Sánchez Cortés no son parte dentro del juicio ordinario civil de recisión de contrato de promesa de compraventa 1753/2016, de la estadística del Juzgado Primero Civil de Cholula, Puebla; es decir, son terceros extraños en sentido estricto y con dicha calidad, no se infiere que tengan una afectación colateral a sus derechos. Esto es así, pues el afectado directo de la sentencia dictada el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, dentro del juicio ordinario civil sobre recisión de contrato de promesa de compraventa 1753/2016, de la estadística del Juzgado Primero Civil de Cholula, Puebla es en su caso el actor Héctor Sánchez Cortés, no así los hoy quejosos, pues el hecho de que estos refieran que el juez de origen al haber declarado improcedente la acción intentada por el actor en el juicio de origen (acto reclamado) les perjudica, porque de esta manera dicho promovente no se encontrara en posibilidad de devolverles el dinero que le prestaron para llevar a cabo la promesa de compraventa materia del juicio natural. En ese sentido, la sentencia en cuestión no causa a los promoventes del amparo una afectación jurídicamente de forma directa, esto es, que sea palpable y discernible objetivamente; de ahí que, María Rufina Teresa Cortés García y César Sánchez Cortés carezcan de interés legítimo para instar el presente juicio de amparo. En las relatadas consideraciones, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y toda vez que aun cuando se admitiera a trámite la demanda a nada práctico conduciría, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por María Rufina Teresa Cortés García y César Sánchez Cortés. 3 CUADERNOS DE ANEXO En atención a que la parte quejosa acompañó a su escrito de demanda el expediente 1753/2016 del juicio ordinario civil sobre rescisión de contrato de promesa de compraventa ante el Juzgado Primero de lo Civil de San Pedro Cholula, Puebla, a fin de un menor manejo, se ordena formar el ANEXO I; se hace constar que en términos del artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, dichas constancias se encuentran a disposición de las partes en el expediente impreso, las cuales no se agregan en su versión electrónica dada su voluminosidad.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio enviado por la Actuaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual informa que por auto dictado el veintiocho de febrero del año en curso, dicho tribunal es competente para conocer de la demanda que originó el presente juicio de amparo; asimismo, informan que ésta fue admitida y radicada bajo el número de expediente D-71/2019, lo que se toma en consideración para que surta los efectos legales a que haya lugar, acúsese de recibo correspondiente. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente y ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Finalmente, atento a lo acordado por auto de primero de marzo del año en curso, remítase al tribunal oficiante, copia autorizada del escrito de Genaro Viera Quiñones, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por los quejosos MARÍA RUFINA TERESA CORTÉS GARCÍA y CÉSAR SÁNCHEZ CORTÉS, por el que realizó manifestaciones y señaló domicilio para oír y recibir notificaciones.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, primero de marzo de dos mil diecinueve. Intégrese a los autos el escrito de Genaro Viera Quiñones, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por los quejosos MARÍA RUFINA TERESA CORTÉS GARCÍA y CÉSAR SÁNCHEZ CORTÉS, visto su contenido, ténganse por hechas las manifestaciones que de su ocurso se desprenden; asimismo, téngasele señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican y una vez que el tribunal de alzada se pronuncie respecto a la incompetencia planteada por este juzgado federal, con copia autorizada del escrito de cuenta, comuníquese lo anterior, para que surta los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Intégrese a los autos el oficio de la Directora Jurídica Contenciosa de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes con sede en la ciudad de Puebla, mediante el cual da contestación al requerimiento efectuado por auto de catorce de febrero del año en curso (fojas 448 a 450), manifestando que en los registros a su cargo no localizó información alguna respecto de la occisa SABINE SUSANA EVA ABRAHAM KLINCMANN, lo que se toma en consideración para que surta los efectos legales a que haya lugar.
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