María Roxana Maley Gongora Cardeña

Expediente 411/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
411/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • María Roxana Maley Gongora Cardeña
  • María Roxana Maley Gongora Cardeña y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles, sin que la parte promovente recurriera en queja el proveído de doce de abril de dos mil veintitrés, en el cual, se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido. Expediente principal destruible. En ese tenor, dado que la demanda de amparo que dio origen al presente expediente fue desechada, y carece de relevancia documental,acorde a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, se precisa que el presente asunto es DESTRUIBLE, por lo que deberá conservarse el expediente principal del presente juicio de amparo, por el término de tres años. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar en la carátula del expediente principal, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 35 del citado Acuerdo archivístico. Notifíquese.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, doce de abril de dos mil veintitrés. Se tiene por presentado el escrito de demanda promovido por ******************** quien se ostenta como asesor jurídico de ********************, en contra de actos del Sala Civil-Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: La resolución de fecha 8 de marzo del 2023, dentro de los autos del toca ********************" Con fundamento en los artículos 9 y 10 del Acuerdo General 12/2020, reformado mediante el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo", fórmese el expediente electrónico respectivo en términos del artículo 3°, fracción II del mencionado Acuerdo General; el cual se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que se dirijan por las partes al presente asunto. Supresión de impresión. En ese sentido, dados los ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del propio consejo; se ordena formar el expedientillo físico a que se refieren las fracciones II y XII del precepto en cita, para el único efecto de integrar los documentos que sean recibidos materialmente en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional y las constancias de notificación practicadas; de manera que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Se decreta la integración del presente expediente electrónico en el Sistema Electrónico de Seguimiento de Expedientes (SISE); para lo cual, el personal designado para tal efecto deberá digitalizar completa y oportunamente, así como de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera física y que no hayan sido digitalizados por las propias autoridades responsables ni por el personal de la OCC, así como garantizar su gestión electrónica eficiente. Asimismo, se precisa que los secretarios, actuarios y oficiales judiciales adscritos al presente órgano jurisdiccional; en el ámbito de sus respectivas funciones, deberán vigilar la correcta integración de las promociones, acuerdos y/o notificaciones que se realicen durante la tramitación de este asunto. Se ordena anotar en el Libro de Registro de Juicios de Amparo como 411/2023-III-B, registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. Con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo a la presentación de la demanda, y 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de lo expuesto en la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer de la misma. DESECHAMIENTO Sin embargo, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en la especie, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, que establece que el juicio de amparo es improcedente: "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley", en relación con el diverso numeral 6, del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.;" De la lectura del ocurso de referencia, se advierte que ********************, demanda el amparo y protección de la Justicia Federal, ostentándose como asesor técnico de ********************. Ahora bien, el artículo 6º de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por la agraviada, por su representante legal o por su defensor; por su parte el artículo 9 de la citada Ley de la Materia dispone que en los casos no previstos por esa ley, la personalidad se justificará en el juicio de amparo en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, y en caso de que ella no lo provenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles; y el diverso numeral 15, de la invocada Ley de Amparo que dispone que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Federal, y la agraviada se encuentre imposibilitada para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En el caso, del escrito de demanda de garantías aparece que el promovente ********************, no acredita con documento alguno que le resulte el carácter de apoderado o representante legal de ********************, tal y como al efecto dispone el mencionado numeral 6º de la Ley de Amparo, esto es, que cuente con poder general que comprendiera la facultad para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en su representación (mandato), toda vez que para ello resultaría necesario que exhibiera el poder general correspondiente otorgado ante fedatario público y tampoco quedó acreditado que la directa quejosa se encuentre imposibilitada para solicitar la protección de la Justicia Federal, por conducto de quien sí se encuentre legalmente facultada para ello; y si bien en el escrito de demanda de amparo el citado ********************, precisó promover en su carácter de asesor técnico de ********************, lo cierto es que dicha figura jurídica no le confiere las facultades necesarias para promover el juicio constitucional, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la ley vigente, se advierte que dicha autorización sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio de origen, ya que el alcance de las facultades de "defensa de los derechos del autorizante", no se traduce en que pueda realizar cualquier acto en nombre de éste, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el autorizado adquiriera el carácter de representante legal; y, por otro, porque tales facultades procesales deben armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, acorde con el cual se reserva al quejoso como directamente afectado la formulación de la demanda de amparo directo. Es aplicable a lo anterior, por analogía la jurisprudencia XVII. J/1 (10ª) sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, tomo III, agosto de 2014, página 1411 del tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. NO ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Conforme al artículo citado, las partes en el juicio civil pueden autorizar a los profesionales en derecho y otorgarles facultades para promover, ofrecer y desahogar pruebas, interponer los recursos que procedan, alegar en las audiencias y realizar en el proceso todas aquellas diligencias necesarias tendentes a la defensa de los derechos del autorizante. Sin embargo, la anterior disposición no faculta al autorizado para promover el juicio de amparo, pues ello sólo corresponde al titular del derecho de acción, esto es, a quien tenga el carácter de quejoso, por sí o por conducto de quien tenga su representación legal, al ser el único legitimado para estimar qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué manera son lesivos de sus derechos humanos, atento al principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013. En consecuencia, la demanda de amparo únicamente puede formularse por el quejoso o por su representante legal, sin que pueda sustituirse por un autorizado en los términos amplios del invocado artículo 60, párrafo primero, pues dicha autorización únicamente le otorga facultades para realizar los actos procesales que se estimen conducentes dentro de la litis civil, esto es, en el juicio de origen, ya que el legislador no previó que el autorizado fuera un representante legal y, por lo mismo, su encomienda no constituye un mandato." Asimismo, cabe precisar que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al aludido principio rector del juicio de amparo, en los que el legislador autorizó la promoción del juicio constitucional a través de persona diversa a la que se le perjudicaría de manera provisional al restringir su libertad personal al obligarlo a permanecer en un domicilio bajo la vigilancia de la autoridad investigadora; esto es, la inmovilidad de su persona en un inmueble, pues no debe perderse de vista que lo que se intenta controvertir en esta instancia constitucional por la quejosa es la resolución de ocho de marzo del año en curso emitida en el toca ********************C. por la Sala Civil-Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en el que declaro inadmisible el recurso de apelación que se interpuso contra el auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, en el que declaro desierta la prueba pericial por incomparecencia de la parte actora -aquí quejosa- dictado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, en el juicio ordinario civil de acción reivindicatoria ******************** sin embargo, como ya se dijo el promovente ********************, de ninguna manera, se ostentó como apoderado de dicha agraviada, así como también en la demanda de amparo, no se manifestó ni demostró que la directa quejosa estuviera imposibilitada para solicitar por propio derecho la protección de la Justicia Federal, ni que se reclamara alguno de los actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución General o de los comprendidos en el diverso precepto 15 de la Ley de la Materia. De ahí que, si no se llegó a demostrar el impedimento de la peticionaria del amparo para promover por su propio derecho, menos que reclamara el acto aludido en el reseñado numeral; entonces, cabe concluir que en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, el promovente no está legitimada para instar a favor de ********************, la protección constitucional por medio del juicio de amparo, en contra del mencionado acto. Las consideraciones anteriores son aptas, para estimar improcedente el juicio de amparo que pretende promover ********************, quien se ostenta como asesor técnico de ********************, ante la actualización del analizado motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en la fracción XVIII, del artículo 61, en relación con los preceptos 6 y 15, éste interpretado en sentido contrario, del propio ordenamiento legal. En mérito de lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, de la Ley de Amparo en vigor, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS, promovida ******************** quien se ostenta como asesor técnico de ********************. Es aplicable al caso, la tesis XXXI.1 C (11a.), con registro digital 2025685, del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, visible en la página 6317, Libro 21, Enero de 2023, Tomo VI, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con el rubro y texto siguientes: "ASESOR TÉCNICO. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN NOMBRE DE ALGUNA DE LAS PARTES A QUIENES ASISTE EN LOS JUICIOS DEL ORDEN CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). Hechos: Se desechó la demanda de amparo indirecto, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6o. y 15 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, porque se determinó que el promovente no acreditó con documento alguno su carácter de apoderado o representante legal de la parte quejosa. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el asesor técnico carece de legitimación para promover el juicio de amparo indirecto en nombre de alguna de las partes a quienes asiste en los juicios del orden civil. Justificación: Lo anterior, porque la asistencia técnica prevista en el artículo 49-A del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, sólo autoriza actuar al asesor técnico dentro del juicio natural y no así en el juicio de amparo indirecto, que reviste la característica de ser una acción autónoma, que se rige por el principio de instancia de parte agraviada, al tratarse de una figura procesal en la que el legislador no previó que adquiriera el carácter de representante legal." También, apoya esta determinación la Jurisprudencia I. 13º. A J/6 del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el señalado en el proemio del escrito que se provee, y como autorizado con las facultades que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que señala para tal efecto. Asimismo, se tiene el correo electrónico y número telefónico señalado en su escrito de demanda, únicamente como contactos para entablar comunicaciones no procesales. Desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. Se exhorta a todas las partes, con apoyo en el artículo 22, fracciones I y II, del multicitado acuerdo, que de estimarlo pertinente, transiten o se mantengan en el esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; asimismo para que propongan formas especiales y expeditas de contacto para entablar comunicaciones no procesales, tales como: correo electrónico y servicios de mensajería instantánea (messenger, whatssapp, etc), tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. De igual forma, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electro´nica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electro´nica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. Con fundamento en los párrafos quinto y sexto del enunciado normativo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a la secretaría acuerdos, que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, para lo cual se dispondrá del apoyo material del oficial administrativo correspondiente. Lo anterior, a efecto de cumplir con la obligación impuesta por el mencionado precepto, en lo relativo a vigilancia de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema. De conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según los dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en 5 Diario Oficial de la Federación, algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.

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