María Rosario Pérez Pérez
Expediente 1185/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1185/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Rosario Pérez Pérez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de cuatro de octubre del año en curso, dictado por este juzgado en el que se desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Archívese este expediente, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado..., se establece que el presente expediente es destruible, al encuadrar en la hipótesis prevista en el citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, este juzgado procederá a su destrucción en los términos precisados en el artículo 20 del acuerdo referido. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda promovida por ********************, en su carácter de apoderada legal de la quejosa ********************personalidad que se le reconoce en términos de la copia digitalizada del instrumento notarial 81,900, tirado ante la fe del notario 1,722, con residencia en la Ciudad de México, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que dicha copia digitalizada proviene de su original, contra actos de la Octava Sala, Juez Vigésimo Quinto y actuarios adscritos a dicho juzgado, todos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios del artículo 14, y 16 constitucionales, fórmese expediente físico y electrónico, regístrese como 1185/2023. Ahora bien, del análisis del escrito inicial de demanda se advierte que la misma resulta improcedente por actualizarse la causa prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en contrario sensu de lo establecido en la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal. Por actos de imposible reparación debemos entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio queden reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En el caso, se señala como acto reclamado la sentencia de cinco de septiembre de dos mil vientres, en el toca 1024/2023, dictada por la sala responsable, mediante la cual confirmó la sentencia interlocutoria de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictada por el juez responsable, en el juicio especial hipotecario ********************, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones por vicios en el emplazamiento. Ahora bien, de la lectura de la demanda de garantías presentada por ********************, en su carácter de apoderada legal de la quejosa ********************puede advertirse que el procedimiento de origen es un juicio especial hipotecario seguido ante el Juez Vigésimo Quinto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, expediente ********************, promovido por ********************, que el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se emplazó a juicio a la hoy quejosa, que mediante escrito de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, la hoy quejosa promovió incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento en contra de la diligencia practicada el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, incidencia que se resolvió mediante resolución interlocutoria de veinticinco de mayo del año en curso, dictada por el juez responsable en la que se declaró improcedente dicho incidente; en contra de dicha determinación la hoy quejosa promovió recurso de apelación que se radicó ante la sala responsable bajo el toca 1024/2023, y se resolvió mediante resolución interlocutoria de cinco de septiembre de la presente anualidad, confirmándose la resolución del juez natural, siendo éste el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, en el caso en particular el acto reclamado señalado por la parte quejosa, es un acto de aquellos que no tienen una ejecución de imposible reparación, es decir, no es un acto que de una manera inmediata, lesione el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la sentencia final que se pronuncie en éste o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, pues la consecuencia del acto reclamado, es que el juicio de origen continúe y se dicte sentencia definitiva en la que bien puede ocurrir que aún la afectada obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado, y de ser adversa a sus intereses, tendrá la posibilidad de combatirlos a través del juicio de amparo directo que promueva en contra de la sentencia definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, febrero de 2009, página 256, registro 2000789, que es del rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." Asimismo, se cita en apoyo de lo expuesto, la tesis emitida durante la novena época, por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, del mes de septiembre de 2002, que es del rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES POR DEFECTOS EN EL EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE SE DICTA EN EL INCIDENTE RELATIVO, CUANDO ES PROMOVIDO ANTES DEL FALLO DEFINITIVO, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE NO ES PROCEDENTE EN SU CONTRA EL AMPARO INDIRECTO: Aun cuando el incidente de nulidad de actuaciones verse sobre defectos en el emplazamiento y constituyan éstos la infracción procesal de mayor magnitud en un procedimiento, ello no hace procedente el amparo en la vía biinstancial contra la resolución dictada en el mismo si dicha incidencia se promovió y resolvió antes del dictado del fallo definitivo, ya que no es un acto de imposible reparación, en virtud de que no producirá de manera inmediata una afectación a los derechos fundamentales de quien promueve el amparo, cuenta habida de que puede obtener un fallo definitivo favorable, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones en el emplazamiento que se hubieren cometido en su contra. En caso contrario, podrá impugnar la resolución recaída al incidente, como violación intraprocesal, en amparo directo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 159, fracción V, de la Ley de Amparo. " También es aplicable, por analogía a las consideraciones anteriores, la tesis v.2o. J/68, visible a foja 46, del tomo 66, correspondiente al mes de junio de 1993, octava época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO).- anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la ley de amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito." Así las cosas, al dejarse establecido que el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el citado artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu del mismo ordenamiento, por lo que en términos del artículo 113, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Se tiene al promovente señalando domicilio físico para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, que a la fecha del dictado del presente acuerdo, tengan debidamente acreditadas su personalidad en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito; asimismo se tiene por autorizadas para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos en términos del segundo supuesto del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su ocurso de cuenta. Asimismo, solicita que se le autorice la consulta vía internet del expediente electrónico y se le realicen las notificaciones electrónicas al nombre de usuario ********************, en consecuencia, se autoriza a dicho usuario la consulta vía internet del expediente electrónico, así como para recibir notificaciones electrónicas, y se pondera la realización de las notificaciones personales por dicho medio, sobre el domicilio físico que se señala en el libelo de cuenta, por lo tanto, realícense las gestiones pertinentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por parte del personal a cargo de dicho sistema. En cuanto al correo electrónico que indica para recibir notificaciones, no ha lugar a tener por señalado el mismo, en virtud de que el artículo 26 de la Ley de Amparo, establece la forma en la que se van a realizar las notificaciones y en el inciso IV, refiere que se realizan por vía electrónica a las partes que expresamente así lo soliciten y que previamente hubiesen obtenido la firma electrónica. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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