Maria Rosario Evarista Toca Castillo

Expediente 797/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 35 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
797/2021
Año
2021
Actuaciones
35
Última actuación
01/04/2022

Partes del expediente

  • Maria Rosario Evarista Toca Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    En la Ciudad de México, uno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio el proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO ESTADO, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. En relación con los incidentes de suspensión archívense por separado. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 3, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se negó, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo citado, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo. Glósese copia con firmas electrónicas del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a nueve de marzo de dos mil veintidós. Se tienen por recibidos los oficios de cuenta por medio de los cuales la Subdirectora de amparo y penal en ausencia del Director de Asuntos Jurídicos, en representación de la Directora General y Coordinadora de Substanciación, todos, del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, y el Director General de Servicios Legales, en representación de la Jefa, ambos, del Gobierno de la Ciudad de México, desahogan el requerimiento que les fue formulado en auto de veinticinco de febrero del año en curso. Del primero, se advierte que la Directora General y Coordinadora de Substanciación del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, remiten constancias con las que acredita que se reanudo el procedimiento INVEADF/OV/DUYUS/2757/2016. Por otra parte, en el segundo, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informa que en con el artículo transitorio tercero del "DÉCIMO CUARTO ACUERDO POR EL QUE SE REANUDAN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO", publicado el diez de septiembre de dos mil veintiuno en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se dejó sin efectos el Noveno Aviso por el que se modificó el Décimo Tercer Acuerdo por el que se suspendieron términos y plazos inherentes a los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los autos para que obren como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Ahora, de las constancias remitidas e información proporcionada por las autoridades responsables, se advierte de manera manifiesta e indudable, la actualización de una causal de improcedencia respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, como se evidenciará a continuación. En principio, conviene imponerse del contenido de los artículos 62 y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, a la letra establecen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De acuerdo con la interpretación armónica de dichos artículos, se advierte que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, la cual debe acreditarse de manera manifiesta e indudable. Así, en el presente juicio, el suscrito Juzgador Federal advierte que sobrevino un motivo de improcedencia que reúne estas características (manifiesta e indudable), que??????? hace innecesario continuar con su substanciación hasta la celebración de la audiencia constitucional, ya que de determinar lo contrario, se dilataría en forma ociosa el dictado del sobreseimiento que debe decretarse indefectiblemente, en virtud de que, con ningún elemento probatorio podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular; y sólo se generaría en el justiciable falsas expectativas de forma injustificada; es decir, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque se reitera, a nada práctico conduciría continuar con la integración de los autos, hasta la celebración de la audiencia constitucional, si la resolución que procede dictar en este asunto, no variará. Para demostrar lo anterior, es oportuno destacar que del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y su ampliación, se obtiene que la parte quejosa reclama, medularmente, lo siguiente: a) La expedición y publicación del "Sexto Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del COVID- 19, en los términos que se señalan". b) La expedición y publicación del "Séptimo Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del COVID- 19, en los términos que se señalan". c) La suspensión de los plazos y términos en el procedimiento administrativo IVEADF/OV/DUYUS/2757/2016, instruido en la Coordinación de Substanciación del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en contra de la quejosa, que impide que se dé respuesta al escrito en el que solicitó el levantamiento del estado de clausura impuesto en el inmueble de su propiedad y el retiro de los sellos correspondientes; lo anterior, derivado de los Avisos precisados en los incisos a) y b). Así, como se anticipó, con las constancias remitidas e información proporcionada, por las autoridades oficiantes, se obtiene que, respecto de los mencionados actos reclamados, el suscrito Juzgador Federal advierte, de oficio, que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la?????? El diverso criterio que puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y Apéndice 2000, Tomo VII, febrero de 1998, jurisprudencia SCJN, página 219, que prevé lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, en términos de la fracción I de dicho numeral cuando el acto reclamado sea de carácter positivo implicará la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, conforme a la fracción II, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, consistirá en obligar a la autoridad???????? responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, ambos de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En el caso concreto, como se precisó en los párrafos anteriores, la parte quejosa reclama, en esencia, los Acuerdos por los cuales se determinó la suspensión de plazos y términos para diversos trámites y asuntos de la Administración Pública de la Ciudad de México, como medida de prevención y mitigación de la propagación del virus Covid19; lo que generó la suspensión de los plazos y términos en el procedimiento administrativo IVEADF/OV/DUYUS/2757/2016, instruido en la Coordinación de Substanciación del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en contra de la quejosa, lo que impidió que se le diera respuesta al escrito en el que dicha quejosa solicitó el levantamiento del estado de clausura impuesto en el inmueble de su propiedad y el retiro de los sellos correspondientes. No obstante, como lo manifestó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el diez de septiembre de dos mil veintiuno, se publicó en la Gaceta Oficial de esta ciudad el Décimo Cuarto Acuerdo por el que se reanudan los términos y plazos inherentes a los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México", en el que, en sus artículos Primero y Tercero Transitorio, se determinó lo siguiente: PRIMERO.- A partir del lunes 13 de septiembre de 2021 se reanudan los términos y plazos para la práctica de actuaciones, diligencias y trámites en todos los procedimientos administrativos que se gestionan ante las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como sus Alcaldías, que fueron suspendidos para prevenir y controlar la propagación del COVID- 19; por lo que los plazos y términos correrán con normalidad conforme a lo establecido en la normativa que para cada asunto en particular resulte aplicable; lo anterior, tanto para las autoridades, como particulares. Asimismo, se reanudan todos los trámites a cargo de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y sus Alcaldías, tales como la recepción de documentos e informes, visitas de verificación, atención al público en ventanilla, solicitudes de informes o documentos, así como cualquier acto administrativo emitido por las personas servidoras públicas que incidan o afecten la esfera jurídica de los particulares. En ese sentido, también se reanudan los trámites referentes a las solicitudes de Acceso a la Información Pública y de Datos Personales que ingresan o se encuentran en proceso. T R A N S I T O R I O S TERCERO.- Se deja sin efectos el Noveno Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la???? propagación del COVID- 19, en los términos que se señalan publicado el 27 de agosto de 2021 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México no. 671 Bis, que ampliaba la suspensión hasta el 03 de octubre de 2021; así como cualquier otra disposición administrativa que se oponga al presente Acuerdo. De lo anterior se observa que, en efecto, con base en este último Acuerdo, a partir de trece de septiembre de dos mil veintiuno, se reanudaron los términos y plazos para la práctica de actuaciones, diligencias y trámites en todos los procedimientos administrativos que se gestionan ante las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como sus Alcaldías, que fueron suspendidos para prevenir y controlar la propagación del COVID- 19; además de que, se dejaron sin efectos todas las disposiciones que ordenaron la suspensión de dichos plazos y términos. Lo anterior hace patente que los Sexto y Séptimo Avisos por los que se modificó el Décimo Tercer Acuerdo por el que se suspenden los términos y plazos inherentes a los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación del COVID- 19, en los términos que se señalan, reclamados en el presente juicio quedaron sin efectos con la reanudación de tales plazos y términos ordenada en el Acuerdo transcrito en los párrafos anteriores. Además, con motivo del aludido "Décimo Cuarto Acuerdo por el que se reanudan los términos y plazos inherentes a los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México", en el procedimiento administrativo IVEADF/OV/DUYUS/2757/2016, instruido en la Coordinación de Substanciación del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en contra de la quejosa, se reanudaron los términos y plazos suspendidos y, en consecuencia, mediante la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la Directora Ejecutiva de Substanciación y Calificación del Instituto de Verificación Administrativa, resolvió procedente decretar el levantamiento del estado de clausura del inmueble de la aquí quejosa y el retiro de los sellos correspondientes; como se observa a continuación: Como consecuencia de lo anterior, el levantamiento del estado de clausura y retiro de los sellos del inmueble de la quejosa, se materializó el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, tal como se acredita con el Acta de retiro de sellos exhibida por las autoridades oficiantes. Se impone destacar que, a las documentales detalladas en los párrafos que anteceden se les concede pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las cuales crean convicción para determinar que los actos reclamados en el presente juicio de amparo han dejado de surtir sus efectos. Por lo tanto y, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, para el???? caso de que a la parte quejosa, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían los de obligar a las autoridades responsables a que ordenaran la reanudación de los plazos y términos inherentes a los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, suspendidos para prevenir y controlar la propagación del COVID- 19, en específico, los relativos al procedimiento administrativo IVEADF/OV/DUYUS/2757/2016, instruido en la Coordinación de Substanciación del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en contra de la quejosa, y, por ende, acordaran lo relativo a la solicitud de dicha quejosa en el sentido de que se determinara el levantamiento del estado de clausura que impera sobre su inmueble y se retiraran los sellos respectivos. De tal manera, que si en el presente caso se acreditó que a partir del trece de septiembre de dos mil veintiuno, se reanudaron los aludidos plazos y términos, incluyendo los inherentes al procedimiento instruido en contra de la quejosa y, que por ende, se resolvió procedente el levantamiento de ese estado de clausura y el retiro de dichos sellos, lo cual se materializó el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno; se determina que los actos reclamados han desaparecido; y, por lo tanto, ya no agravian a la parte quejosa pues, las violaciones que en determinado momento pudieron cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fueron reparadas, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. En consecuencia, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de la totalidad de los actos reclamados; por lo que, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la citada Ley de Amparo, se impone decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; y, por lo tanto, lo procedente es dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada en este juicio para las trece horas del veintiocho de marzo de dos mil veintidós, para todos los efectos legales a que haya lugar, así como cualquier requerimiento que se hubiere formulado en el presente juicio de amparo a cualquiera de las partes que intervinieron en el procedimiento. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Por recibido el oficio de cuenta suscrito por el actuario judicial adscrito al Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual remite testimonio de la resolución dictada en toca Q.A. 275/2021, interpuesto en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia hágase del conocimiento de las partes que el órgano revisor resolvió: "ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de queja." Acúsese el recibo de estilo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, se reanuda el procedimiento que estaba suspendido y se fijan las trece horas del veintiocho de marzo de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia constitucional, fecha que se fijó dentro del término de treinta días establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, tomando en consideración, además, la cantidad de asuntos en trámite de este juzgado que también ameritan el señalamiento de audiencia constitucional. Por otra parte, visto el estado procesal de autos, se advierte que la parte quejosa reclama, en esencia, los Acuerdos por los cuales se determinó la suspensión de plazos y términos para diversos trámites y asuntos de la Administración Pública de la Ciudad de México, como medida de prevención y mitigación de la propagación del virus Covid- 19; no obstante, de la lectura de esos Acuerdos reclamados se observa que tenían una fecha de vigencia que ya aconteció, además, resulta un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que derivado del cambio de color del semáforo epidemiológico y de la aplicación de las vacunas contra dicho virus a la mayoría de la población, actualmente diversas dependencias y secretarías del Gobierno de la Ciudad de México, han reanudado plazos y términos, así como actividades presenciales. Corolario de lo anterior, existen indicios de que a la fecha ya no impera la suspensión de plazos y términos que reclamó la parte quejosa, que impedían la continuación de su expediente tramitado en el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; lo que daría lugar a la actualización de alguna causal de improcedencia; por lo tanto, ya que el análisis de dichas causales es de orden público, con fundamento en los artículos 75, de la Ley de Amparo, 79 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa de Gobierno y al Director General de Servicios Legales, ambos de la Ciudad de México, para que en un plazo de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, informen si a la fecha continúan vigentes los avisos reclamados, o bien, si han sido sustituidos o modificados por otros de la misma naturaleza; para lo cual deberá precisar su denominación y fecha de emisión o publicación. De igual forma, se requiere al Director General y a la????? Coordinadora de Substanciación, ambos del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, para que en un plazo de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, informen si han reanudado los plazos y términos en el procedimiento administrativo IVEADF/OV/DUYUS/2757/2016, y de ser el caso informen el estado procesal que guarda y remitan las constancias idóneas para acreditar su dicho. Los anteriores requerimientos se realizan con el apercibimiento a esas autoridades que de no hacerlo, se impondrá a la persona física que ostenta el cargo de la autoridad requerida, una multa equivalente a cincuenta veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, con base en lo dispuesto en los artículo 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además de que se resolverá en el juicio con las constancias que obran en autos. Notifíquese; y personalmente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    En la Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta signado por el Actuario del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, hace del conocimiento el auto de diecinueve de noviembre del año en curso, dictado por la Magistrada Presidenta del citado tribunal en el que admite a trámite el recurso de queja, interpuesto por la parte quejosa, quedando registrado con el número Q.A.275/2021. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese.

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