María Rosario Cabrera Hidalgo

Expediente 499/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
499/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
09/11/2021

Partes del expediente

  • María Rosario Cabrera Hidalgo

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio y diversa constancia de cuenta, signado de manera electrónica por la actuaria judicial y los magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, recibidos en línea, y dado que cumplen con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. Téngase a la superioridad remitiendo testimonio de la resolución dictada en el expediente 203/2021, de su índice, de donde se advierte que dicho Tribunal DECLARÓ INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por la aquí quejosa ********************, en contra del auto de uno de julio del año en curso. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) El presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por haberse desechado la demanda de amparo. b) Transcurridos más de tres años a partir de la fecha del presente acuerdo, previa acta que se elabore, procédase a la destrucción del mismo. c) Este asunto no se considera de relevancia documental, en los términos del artículo 15 del aludido Acuerdo General. d) Por último, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, la fecha del acuerdo por el que se ordena su archivo, así como indicando la valoración que corresponda (relevancia documental, conservable, depurable o destruible) como al efecto establece el artículo 35 de la normativa de mérito. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio del Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, recibido en línea; y en virtud de que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se tiene a la superioridad informando que admitió el recurso de queja interpuesto por el autorizado de la parte quejosa en contra del proveído de uno de julio de la presente anualidad, el cual radicó bajo el número R.Q. 203/2021; por tanto, estese en espera de la resolución que recaiga al referido medio de impugnación.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinte de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por Yael Gabriel García, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, téngasele interponiendo RECURSO DE QUEJA en contra del proveído de uno de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto que este Juzgado Federal emitió el proveído de uno de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por estimarse notoriamente improcedente. Por tanto, una vez notificado el presente proveído, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, el original y copia del escrito del recurso de queja, copia certificada del proveído recurrido, informe sobre la materia de la queja y copias certificadas de las constancias que se estimen pertinentes para la substanciación del recurso de queja interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo de la Ley de Amparo, respecto a que se notifique a las partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen constancias que en copia certificada deberán remitirse al tribunal colegiado que deba resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es en contra del proveído que tuvo por desechada la demanda de amparo y, por ende, hasta el momento procesal no hay partes en el asunto. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista a la parte promovente el acuerdo de fecha uno de julio de dos mil veintiuno, el cual dice: Vista la demanda de amparo promovida por María Rosario Cabrera Hidalgo contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz; en primer término, fórmese expediente y regístrese bajo el número de juicio de amparo 499/2021. Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinar el escrito inicial de demanda, el suscrito advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo cual conduce a desecharla de plano. Para sustentar dicha afirmación, en primer lugar es conveniente citar el contenido de los aludidos preceptos, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." Como se ve, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece una ventana procesal que permite al juzgador de amparo apreciar y, en su caso, tener por actualizada alguna causa de improcedencia del juicio, más allá de las hipótesis concretas que se enlistan en las primeras veintidós fracciones del propio precepto, cuando dicha causa derive directamente de la Constitución Federal o de la ley de la materia. En relación con el segundo de los numerales reproducidos, es oportuno traer a colación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Precisado lo anterior, ahora corresponde señalar que la quejosa reclama en esta instancia constitucional: la resolución dictada el cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante la cual se resuelve el recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra del auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictado en los autos del expediente 245/2020 del índice de la autoridad responsable. Ahora bien, de la resolución que reclama se advierte que el juez responsable al resolver el recurso de revocación promovido por la aquí quejosa, confirmó el auto combatido en el que desechó de plano las pruebas testimoniales a cargo de Carlos Rojas Hernández y Eduardo González Martínez, ofrecidas en el juicio natural por la peticionaria de amparo. Esto pone de manifiesto que las posibles infracciones cometidas por la autoridad judicial al emitir la resolución del recurso de revocación interpuesto por la impetrante de amparo sólo es susceptible de afectar derechos procesales, ya que esto no se traduce por sí en la afectación de un valor substancial, pues no afecta ni pone en peligro de manera directa e inmediata la vida de los afectados, su patrimonio, su familia, etcétera. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SU PREVISIÓN CONSTITUCIONAL NO CAMBIA SU CARÁCTER DE DERECHOS PROCESALES. En el segundo párrafo del artículo 14 constitucional se distinguen claramente los derechos sustantivos de los procesales, pues en primer término se hace una relación enunciativa y genérica de los primeros, como aquellos susceptibles de privación, consistentes en la libertad, la propiedad, la posesión u otros derechos semejantes, por ejemplo, los derechos de familia, los que nacen de las relaciones de trabajo, los de los consumidores, los de la personalidad, etcétera; y por otra parte, se establecen los derechos que tienen los gobernados antes de ser objeto de dicha privación, que son la existencia de un juicio, que el juicio sea seguido ante tribunales previamente establecidos, que en él se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y que todo se lleve a cabo conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos que sirvan de base a la privación. En esta segunda parte se prevé el derecho al proceso y sus caracteres fundamentales, que constituye el conjunto esencial de los derechos procesales, y ahí se ubican las formalidades esenciales del procedimiento, conocidas como del debido proceso, en la doctrina y otras latitudes, e inmerso en ellas el derecho de aportar pruebas en los juicios en que alguien sea parte, los cuales constituyen derechos típicamente procesales. Por tanto, la diferencia entre derechos sustantivos y derechos procesales no radica en que unos estén previstos en la ley superior y otros en leyes ordinarias, sino en la calidad de los valores protegidos, de los primeros, y de los medios o instrumentos para la protección de éstos en un proceso jurisdiccional, que distingue a los segundos, independientemente de la jerarquía de las leyes en que estén consignados unos y otros". Así, tenemos que la determinación combatida no es de aquellas que tienen consecuencias de imposible reparación, ya que no se trata de un acto que produzca una afectación material a derechos sustantivos, puesto que no conlleva una afectación de tal magnitud que le impida el ejercicio de un derecho, sino que se trata de una violación de carácter adjetiva o procesal por tratarse de una resolución sobre el recurso de revocación promovido por la aquí quejosa, que podría o no trascender al resultado del fallo, pero ello depende de la valoración que en su momento realice la autoridad responsable al emitir la resolución definitiva correspondiente. De ahí que, en todo caso, implica una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, cuenta habida que esto podría subsanarse en caso de obtener una sentencia favorable, con lo cual quedaría resarcida la violación que estima le causa el haber desechado de plano las pruebas que refiere, pero de no obtener sentencia favorable, dicho acto podría hacerse valer como una violación procesal en el amparo directo que, en su caso, se intente en contra de dicha resolución. Máxime que dicha afectación, de no tener una resolución favorable puede ser combatida como violación procesal en la vía de amparo directo, de acuerdo a lo que establece la fracción III del artículo 172 de la Ley de amparo: ". Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley..." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Yael Gabriel García, puesto que sí acredita la calidad de licenciado en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Por otro lado, no ha lugar a tener como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas restantes que cita, puesto que no acreditan la calidad de licenciados en Derecho, al no tener sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana; por lo que únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en la propia demanda. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señalen nuevo domicilio en esta plaza, cierto y exacto para tal efecto. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. Notifíquese en términos de ley.

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