María Rosalinda Polanco Ortiz

Expediente 1376/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1376/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • María Rosalinda Polanco Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, a tres de mayo de dos mil veintitrés. INTERPONE REVISIÓN VS SENTENCIA Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa ********************, atento al contenido del primero de los mismos, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo el recurso de revisión en contra de la sentencia de doce de abril del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo. Con una copia simple del escrito de agravios fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original, córrase traslado a las partes, y una vez integrado sin previo acuerdo remítase el original y copia del escrito que contiene el recurso y los presentes autos, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en Turno, para la substanciación del recurso interpuesto. NOTIFÍQUESE, VÍA ELECTRÓNICA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO Y PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.

  2. Principal

    El día de hoy queda notificada la parte TERCERO INTERESADA por medio de la presente lista de acuerdos, del proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 1376/2022; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante el AVISO que se le dejó con anticipación, dicho auto en lo conducente dice: Puebla, Puebla, a tres de mayo de dos mil veintitrés. INTERPONE REVISIÓN VS SENTENCIA Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa ********************, atento al contenido del primero de los mismos, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo el recurso de revisión en contra de la sentencia de doce de abril del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo. Con una copia simple del escrito de agravios fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original, córrase traslado a las partes, y una vez integrado sin previo acuerdo remítase el original y copia del escrito que contiene el recurso y los presentes autos, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en Turno, para la substanciación del recurso interpuesto. NOTIFÍQUESE, VÍA ELECTRÓNICA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO Y PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.

  3. Principal

    El día de hoy queda notificada la parte TERCERO INTERESADA por medio de la presente lista de acuerdos, de la sentencia de doce de abril de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de amparo 1376/2022; lo anterior, por no haberse presentado a este juzgado a notificarse dentro del término de dos días, no obstante el AVISO que se le dejó con anticipación, dicho auto en lo conducente dice: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1376/2022, promovido por ***; y, RESULTANDO: Primero. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amaro en Materia Penal en el Estado de Puebla el quince de diciembre de dos mil veintidós, y recibido al día siguiente hábil en este juzgado, *** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclamó de la Segunda Sala en Materia Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, y otra autoridad, consistente en la determinación de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitida en el toca penal 59/2022 por la cual confirmó la resolución de once de febrero de dos mil veintidós dictado por el Juez Segundo de lo Penal de Puebla, en el que negó la orden de aprehensión solicitada por el Fiscal dentro del proceso 8/2021 en favor de ***, *** y *** en su carácter de representante legal de ***, a quienes se les atribuyó el hecho con apariencia de delito de fraude, previsto y sancionado en los artículos 402 y 403, fracción II, con relación a los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado; por considerarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20, 21 y 22 constitucionales. Segundo. Por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se radicó el juicio de amparo con el número de expediente 1376/2022, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó el emplazamiento a los agentes del Ministerio Público adscritos tanto a la Sala como al juzgado responsable, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de cuatro de enero de dos mil veintitrés, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada ***, *** y *** en su carácter de representante legal de ***, S.A. de C.V.. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Acuerdos Generales 3/2013, 23/2015 y 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que el acto reclamado (resolución que confirma una diversa que niega la orden de aprehensión solicitada) no tiene ejecución; sin embargo, la demanda se presentó en el lugar donde este juzgado de distrito ejerce jurisdicción, además que la naturaleza del acto es materia penal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con lo que establece el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura de la demanda de amparo el quejoso señala como acto reclamado a la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y otra autoridad: La determinación de veintisiete de octubre de dos mil veintidós dentro del toca de apelación 59/2022, por la cual confirmó la diversa de once de febrero de dos mil veintidós del Juez Segundo de lo Penal de Puebla, emitida en la causa 8/2021, quien negó la orden de aprehensión solicitada por el Fiscal en favor de ***, *** y *** en su carácter de representante legal de ***, a quienes se les atribuyó el hecho con apariencia de delito de fraude, previsto y sancionado en los artículos 402 y 403, fracción II, con relación a los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado, en agravio de la aquí quejosa. TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTO. La Jueza Segundo de lo Penal de Puebla, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado. Sin embargo, el acto reclamado a dicha autoridad en cuanto a su ejecución, debe tenerse por inexistente, pues de la lectura de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que la quejosa reclama la determinación de veintisiete de octubre de dos mil veintidós emitida por la Segunda Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla en el toca penal 59/2022, por la cual confirmó aquella emitida por la Jueza Segundo de lo Penal en Puebla dictada el once de febrero de dos mil veintidós, por la cual negó la orden de aprehensión solicitada por el fiscal en contra de ***, *** y *** en su carácter de representante legal de ***. Por tanto, es evidente la inexistencia de algún acto de ejecución del acto reclamado (emitido por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado) por parte de la Jueza Segundo de lo Penal en Puebla, pues es cierto que el acto emitido por esta última es aquel que se sometió al escrutinio en el recurso de apelación; sin embargo, este acto carece de ejecución y por extensiva, no tiene ejecución por parte de la jueza primigenia. En consecuencia a lo anterior, al quedar demostrado la inexistencia del acto reclamado a la Jueza Segundo de lo Penal en Puebla, se sobresee en el presente juicio de amparo, ello con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El magistrado integrante de la Segunda Sala en Materia Penal en el Estado de Puebla y la Jueza Segundo de lo Penal de Puebla, aceptaron la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora con el contenido de las constancias que remitió la Sala responsable como justificación de sus actos consistente en copias certificadas del toca de apelación 59/2022 de su índice y del proceso 8/2021 del índice del Juzgado Segundo de lo Penal de Puebla; documentales que por tratarse de actuaciones emitidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo; de las que se advierte la determinación aquí reclamada, es decir, la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, por la cual la Sala responsable confirmó aquella de once de febrero de dos mil veintidós emitida por la Jueza Segundo de lo Penal de Puebla, por la cual negó la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público en contra de ***, *** y ***, en su carácter de representante legal de ***, como probables responsables del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción II, en relación con lo dispuesto en los artículos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de ***. QUINTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Son infundados e inoperantes los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta deba suplirse en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. La quejosa se duele que la autoridad responsable vulneró sus derechos fundamentales, pues señala que dejó impune el delito de fraude genérico que se cometió en su contra, dado que los activos usaron el engaño, haciéndole creer a través de promociones respecto de una membrecía que podía tener tres viajes con hospedaje, el cual iba a ser gratis al lugar que eligiera, así como tener diversos beneficios, pues contaban con convenios con varios hoteles los cuales le incluían tres comidas gratis del cual debía cubrir el tres por ciento del costo por habitación, además de prometerle una cortesía de cinco días y cuatro noches en el lugar que eligiera el cual le incluía un tour, y descuentos del veinte por ciento en transportes o avión sobre el precio más bajo, razón por la cual, aceptó y firmó el contrato sobre los servicios ofrecidos y procedió al pago de ocho mil novecientos pesos; que al momento de realizar una reservación, le indicaron que ninguno de los beneficios ofrecidos era cierto, por ello sostiene que los activos le generaron un detrimento patrimonial. Así mismo refiere que la responsable realizó una incorrecta valoración de pruebas que corren agregadas a la causa penal, pues con ellas se acreditan el delito de fraude genérico y la probable responsabilidad de los inculpados. Finalmente refiere que la responsable no realiza un cómputo adecuado, pues sin fundar ni motivar llega a la conclusión de decretar la prescripción de la acción penal por el simple transcurso del tiempo a favor de los inculpados. Ahora, previo analizar la constitucionalidad del acto reclamado, como antecedentes que dieron origen al mismo, se destacan los siguientes: Por querella presentada el once de abril de dos mil quince por *** hizo del conocimiento del representante social hechos al parecer constitutivos de delito de fraude. El diez de noviembre de dos mil veintiuno, la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, ejercitó la acción penal en contra de ***, *** y ***, en su carácter de representante legal de ***, como probables responsables del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción II, en relación con lo dispuesto en los artículos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de ***. Por determinación de once de febrero de dos mil veintidós, la Jueza Segundo de lo Penal de Puebla, negó la orden de aprehensión solicitada, pues por una parte dijo que no se acreditó uno de los elementos del cuerpo del delito de fraude, esto es, el relativo a que el activo se haga ilícitamente de alguna cosa o alcance un lucro indebido, pues externó que entre los sujetos de la relación jurídico se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales para la realización de un viaje turístico, pacto que desde lo contractual generó derechos y obligaciones recíprocos, y ante el incumplimiento de los participantes en el contrato, debe dirimirse por la vía civil y no penal, pues no existió una conducta orientada a engañar dado que la propia querellante manifestó haber atendido los comentarios publicitarios que le permitieron conocer la existencia de una empresa dedicada a realizar y programar viajes turísticos con el nombre de *** S.A. de C.V., quien se encargaría de adquirir los boletos orientados a viajar a un destino determinado dentro de la República Mexicana, por lo cual externaron las partes un acuerdo de voluntades para pactar las condiciones del contrato respectivo, lo que indica que ante la aparición de un conflicto entre ellos, se advierte el origen de una acción civil por incumplimiento del contrato. A efecto de corroborar lo anterior, la jueza citó la existencia del contrato de acuerdo de voluntades de prestación de servicios celebrado entre ***, S.A. de C.V., con el nombre comercial de *** y por otra parte ***, de veintiséis de octubre de dos mil catorce. Del mismo modo, la jueza citó copia del acta de audiencia conciliatoria llevada a cabo ante la Procuraduría Federal del Consumidor entre *** y ***, S.A. de C.V. el día nueve de abril de dos mil quince, en la cual dicha autoridad determinó la existencia del no cumplimiento a lo estipulado en el contrato, en cuanto a la prestación de servicios de hospedaje, traslado vía aérea ni respetó los precios, tarifas, términos, plazos de un paquete turísticos a la Riviera Maya; en la cual la jueza sostuvo que dicha documental no solo apuntó la existencia de un incumplimiento de contrato civil, encaminado a la prestación de servicios turísticos, sino que además estableció objetivamente la preexistencia de una empresa comercial, dedicada a la prestación de servicios turísticos, por lo cual es clara la inexistencia del elemento primordial de la conducta típica que es la fabricación de un escenario ficticio con la finalidad de obtener un lucro indebido a partir del deterioro patrimonial de la víctima. Y por otra parte, la jueza sostuvo que prescribió la acción persecutoria, pues indicó que se actualizó la hipótesis prevista en el artículo 130 del Código de Defensa Social para el Estado, esto es, transcurrieron más de cinco años establecidos como el máximo de la sanción considerada para el delito de fraude, pues desde que se desplegó la última conducta de los activos (veintiséis de octubre de dos mil catorce) hasta el momento en que se consignó la averiguación previa (ocho de diciembre de dos mil veintiuno), transcurrieron siete años tres meses, y por tanto, la figura jurídica de la prescripción de la acción persecutoria operó a favor de quienes fueron señalados como probables responsables. Inconforme con lo anterior, el Ministerio Público y la aquí quejosa *** interpusieron recurso de apelación, el cual por razón de turno correspondió de su conocimiento a la Segunda Sala en Materia Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, mismo que radicó con el número de toca 59/2022, quien previa integración respectiva, el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, confirmó el auto que negó la orden de aprehensión emitido por la Jueza Segundo de lo Penal de Puebla dictado el once de febrero de dos mil veintidós en los autos del proceso 8/2021, en favor de ***, *** y *** en su carácter de representante legal de *** S.A. de C.V., como probables responsables en la comisión del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción II, con relación a lo dispuesto por los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla. Siendo lo que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora bien, el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, anterior a la reforma publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación, establece como requisitos de fondo para librar una orden de aprehensión, que los datos que arroje la averiguación previa deberán ser bastantes para: Comprobar el cuerpo del delito. b) Hacer probable la responsabilidad penal del indiciado. Y, como requisitos de forma: c) Constar por escrito. d) Ser emitido por autoridad judicial competente. e) Estar fundado y motivado. f) Preceder denuncia o querella. g) Precisar el delito que se impute. h) El delito amerite penal privativa de libertad. Por su parte, el artículo 83 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, establece los elementos que se deben satisfacer para tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, entendiéndose por lo primero los elementos objetivos y externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley penal describe como delito, y en su caso, elementos normativos cuando el tipo penal así lo requiera; es decir, por cuerpo del delito deben entenderse un conjunto de elementos característicos que así lo conforman y no una simple unidad jurídica indefinida de aquellos elementos que lo integran; mientras que la probable responsabilidad del o de los indiciados, se acredita con los medios probatorios existentes, en los cuales se deduzca su participación en la comisión del delito, la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del o de los indiciados alguna causa de exclusión del delito. Por su parte, los artículos 271 y 273, fracción VI, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, establecen el objeto del recurso de apelación, esto es, que el tribunal de segunda instancia, tiene la facultad de confirmar, revocar o modificar la resolución apelada, entre ellas, aquella relativa a la que niegue la orden de aprehensión solicitada al órgano jurisdiccional de primera instancia. Ahora, del análisis de la resolución reclamada se advierte que la Sala responsable analizó en primer término los agravios hechos valer por la agente del Ministerio Público y posteriormente los de la aquí quejosa; cuestión que en esta instancia constitucional se analizarán solo los atinentes a la no comprobación del cuerpo del delito de fraude genérico, pues respecto a la no actualización de la prescripción ningún perjuicio le genera a la parte quejosa. En ese sentido, se comparte el criterio de la Sala responsable en declarar infundados los agravios a que no se acreditó el cuerpo del delito de fraude genérico, previsto y sancionado en los artículos 402 y 403, fracción II, del Código Penal para el Estado de Puebla. En efecto, tal y como lo señaló la Sala responsable, existe una insuficiencia probatorio para tener por justificados los elementos estructurales del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción II, del Código Penal para el Estado de Puebla. Para sostener lo anterior, refirió que la jueza primigenia, con base en los referidos fundamentos señaló los elementos materiales, normativos y subjetivos que integran el delito de fraude genérico, los cuales enunció de la siguiente manera: a) Obtener a costa de otro, una cantidad de dinero u otro lucro cualquiera. b) Usando para eso el aprovechamiento del error en que se halla la víctima Cabe señalar que pese a que la jueza primigenia y la Sala responsable señalaron como uno de los elementos constitutivos del cuerpo del delito de fraude genérico el aprovechamiento del error, lo cierto es que las consideraciones que sostuvo la Sala responsable en la determinación reclamada, lo realizó con base en el elemento engaño, lo cual a nada práctico conduciría una posible concesión respecto a este punto. Enseguida plasmó el hecho delictivo dado a conocer por ***, quien indicó, que el veinte de octubre de dos mil catorce, recibió una llamada telefónica de una mujer quien le dijo que por tener una buen historial crediticio la esperaban el veintiséis del mes y año referidos en el restaurante ***, ubicado en la calle treinta y una oriente, entre la catorce y dieciséis sur de la ciudad de Puebla, que le darían un regalo. Que el día citado, es decir, el veintiséis de octubre de dos mil veintidós llegó a dicho lugar aproximadamente a las dieciséis horas con treinta minutos, le pidieron su identificación y la atendió en una mesa ***, quien le dijo que se trataba de una promoción respecto a una membrecía en la que podía tener tres viajes con hospedaje el cual iba a ser gratis del lugar donde eligiera, pues tenían convenios con varios hoteles, que incluían tres comidas gratis y que pagaría el tres por ciento al hotel, que sería como ciento vente pesos por habitación de dos días de estancia; además le darían cortesía gratis de hotel por cinco días y cuatro noches en el hotel del lugar que ella eligiera incluyendo un tour; que en ese momento comentó que necesitaba ir a Cancún, por lo que le dijeron que darían la entrada gratis a ***, y que podría elegir el *** que incluía tres comidas y que solo pagaría el tres por ciento del hotel, que le darían descuentos del veinte por ciento en trasporte o avión sobre el precio más bajo conseguido por la agencia, y que los boletos de avión le costarían mil doscientos ochenta y cinco pesos, siendo un viaje redondo; que en ese momento se acercó ***, quien solo le indicó algunas cláusulas del contrato sin tener especificado el porcentaje de impuesto a pagar en los hoteles, y por ende, le preguntó a *** sobre el pago del impuesto, quien le respondió que pagaría el tres por ciento, y respecto del tour, *** le dijo que no se preocupara, que él se encargaría de los pases a ***. Así mismo la víctima les preguntó si podían confiar en la empresa, a lo que respondieron que sí, que podía hablar a los bancos, que ellos tenían conocimiento de la empresa ***, y por tanto, firmó el contrato. Que al día siguiente, el veintisiete de octubre, la víctima mandó mensajes a *** solicitando su reservación, y la no tener respuesta desconfió de él; llamó a los bancos Santander y Banamex, quienes le informaron que no tenía convenio con la empresa *** que llamó al ***, atendiendo ***, quien al solicitarle la reservación y los pases de cortesía a ***, la dejó de atender; posterior se comunicó con Fernanda Gómez, quien le explicó a la víctima que lo ofrecido por *** no es cierto, y por lo tanto no podría proceder que le dieran los pases a ***, y le dijeron que los impuestos que se cobran por el hotel son del dieciséis por ciento. Por ello, indicó la víctima que en el contrato no dice cuáles son los impuestos que cobran ni el porcentaje de los mismos, por ello le creyó a *** y ***, por tanto, solicitó que se le cumpla lo dicho por esas personas, pues si le hubieran dicho la verdad no hubiese adquirido la membrecía ni firmado ningún contrato, dado que existen otras empresas que ofrecen los mismos servicios y más económicos, por ello solicitó el reembolso y/o pago de ocho mil novecientos pesos más los intereses. Ante ello, la Sala responsable indicó que basta analizar la naturaleza de los hechos para advertir con meridiana claridad que no son constitutivos del delito en estudio, pues no se actualiza la hipótesis abstracta prevista en el artículo 402 del Código Punitivo estatal, relativo al delito de fraude genérico. Lo anterior porque sostuvo que la pasivo celebró un contrato de prestación de servicios con ***, S.A. de C.V. con el nombre comercial de ***, y por ello se justifica la existencia de la relación contractual, por tanto, no se encuentra demostrado el elemento engaño, puesto que la propia quejosa señaló ante el Ministerio Público que era abogada, y por ello se trata de una persona con conocimientos jurídicos y sabedora de los alcances de firmar un contrato en el que no se encuentran especificadas todas y cada una de las cláusulas que contienen contratados, por ello resultó extraño que firmara el contrato sin que estuvieran especificados, ello para estar en posibilidad de reclamarlo en caso de incumplimiento. Así mismo indicó la Sala responsable, que si la pasivo indicó que existen otras empresas con mejores promociones, por qué razón previo a firmar el contrato no verificó las promociones con las otras empresas y firmara con quien mejor le conviniera, pues incluso agregó, que previo a la firma de ese contrato, la pasivo recibió una llamada telefónica y estuvo dudosa en acudir o no a la cita el veintiséis de octubre de dos mil catorce; sin embargo, pese a la duda sobre los servicios decidió firmarlo y cubrir el monto solicitado. Por tanto concluyó, que no existen elementos suficientes para tener por demostrado el elemento. Por tanto concluyó, que no existen elementos suficientes para tener por demostrado el elemento estructural del fraude, esto es, la conducta engañosa por parte del activo, que se demuestren las maquinaciones tendientes a producir en la pasivo una falsa representación de la verdad y que el engaño sea tal que produzca en la pasivo un error del cual se pueda valer el activo para la obtención de la cosa deseada o bien un lucro indebido, pues la simple manifestación de la pasivo respecto a que los imputados le ofrecieron una membrecía para obtener promociones en una agencia de viajes, y que una vez firmado el contrato relativo incumplieron con las condiciones, inclusive aquellas que no se encontraban especificadas, no constituye un medio engañoso para que la pasivo entregara el monto de lo convenido, de tal manera que el medio ocupado por los indiciados no es capaz de hace caer en el error a la agraviada, y por tanto, no existe forma de justificar el engaño. Respecto del dictamen contable existente, tal y como lo refirió la Sala responsable, no es apto para demostrar el engaño como elemento determinante del fraude genérico, pues únicamente revela la cantidad que indicó la quejosa le fue en detrimento de su patrimonio, y respecto de la queja presentada ante la Procuraduría Federal de Consumidor en contra de la empresa ***, indicó la responsable que esa institución determinó que se trató de un incumplimiento de contrato, sin que se llegara a alguna solución por ese medio. Y por ende, concluyó la responsable la falta de acreditamiento del delito de fraude genérico, pues no existe dato alguno respecto a que los activos se hicieran ilícitamente de un lucro indebido, y menos se demuestran las maquinaciones falaces que emplearon los activos para embaucar a quien se dijo agraviada y provocar en ella una falsa representación de la verdad, es decir, no se demostró el engaño que pretende hacer valer la querellante. Y abundó a lo anterior la Sala responsable que para la configuración del delito de fraude genérico, resulta básico el acreditamiento de la relación inmediata y directa entre los dos elementos estructurales del delito, es decir, que el engaño o el aprovechamiento del error debe ser previo a la obtención ilícita de la cosa o al alcance del lucro indebido, y al mismo tiempo la causa determinante de una o del otro; por ello señaló que para la comprobación del fraude es necesario que exista engaño, que hubiese error en el pasivo del delito y que el activo se aproveche de ese engaño o de ese error para hacerse ilícitamente de una cosa o alcanzar un lucro indebido; si falta cualquiera de estos elementos, no existe el delito en cuestión. Y por tanto, determinó que no se acreditan los elementos configurativos del cuerpo del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción II, del Código Penal para el Estado de Puebla, razón por la cual la Sala indicó que sería ocioso ingresar al estudio de la probable responsabilidad de los indiciados, pues al no existir delito, no puede haber delincuente. Determinación que este juzgado comparte. Ello es así, pues tal y como lo señaló la Sala responsable en su determinación de la declaración inicial de la querellante aquí quejosa, es insuficiente para acreditar el engaño del que refirió ser víctima, pues esa simple manifestación no se encuentra corroborada con algún medio probatorio certero, pues tal y como lo señaló la responsable, al analizar la naturaleza de los hechos en la querella se desprende el señalamiento de la quejosa de que los activos así como la agencia Desqubre incumplieron con lo pactado, pues indicó que posterior a mandarle mensajes a *** y no atender a los mismo, procedió a llamar por teléfono al número ***, atendiéndola ***, quien al solicitarle la reservación y pases de cortesía a *** dejó de atenderla; que posteriormente contactó a Fernanda Gómez, persona quien le explicó que lo ofrecido y dicho por *** Romero no era cierto y por tanto, no procedía que le dieran los referidos pases, y que los impuestos que se cobran por el hotel son del dieciséis por ciento. De lo que se desprende, por un lado, el señalamiento de la quejosa en el sentido de que los activos *** y ***, al parecer de manera verbal ofrecieron diversas promociones y prestaciones respecto a una membrecía vacacional, y por otra, la existencia de un acuerdo de voluntades, dado que al no obtener respuesta por parte de un activo para realizar la reservación que requería la quejosa, se comunicó al teléfono ***, quien fue atendida en primera instancia por ***, y posteriormente por Fernanda Gómez, quien le explicó que lo ofertado de manera verbal por *** Romero no era cierto y por tanto, no procedía los pases que solicitaba, además que los impuestos que se cobran por el hotel son del dieciséis por ciento. Esto es, de la propia manifestación de la quejosa se infiere la existencia de un acuerdo de voluntades, pues al obtener una respuesta negativa sobre la petición de una reservación, se comunicó al número telefónico ***, siendo atendida por Fernanda Gómez, quien le explicó que los impuestos que se cobran son del dieciséis por ciento, lo que genera la certeza sobre la existencia de un contrato y el acuerdo de voluntades en la cual pactaron. Es decir, no se advierte que fue la aludida empresa prestadora de servicios, con la que contrató la aquí quejosa, se haya negado a prestar los servicios contratados, sino que su objeción fue en cuanto a las promociones ofertadas por los activos, que a decir de la quejosa fue la obtención de unos pases gratuitos a *** y que el pago del Hotel se haría a un porcentaje menor. De ahí, que se conviene con lo determinado por la responsable en el sentido de que no existió un lucro indebido por parte de los activos, pues no se desprende que la prestadora de servicios se haya negado a proporcionar los servicios contratados, sino solo a otorgarlos bajo condiciones diversas a las que según el dicho de la quejosa se lo ofrecieron *** y ***. No pasa inadvertida la manifestación de la quejosa en el sentido que tanto *** como ***, le ofertaron diversas prestaciones de manera verbal y que supuestamente son relativas a la membrecía vacacional contratada; sin embargo, tal y como lo refirió la Sala responsable, esos dichos por sí mismo son insuficientes para acreditar el engaño, pues se insiste, derivado de la propia manifestación de la quejosa se evidencia la existencia de una persona moral con quien contrató la quejosa; pero ello no implica la demostración del engaño que dice fue víctima por parte de *** y ***, y por tanto, el lucro indebido por parte de los activos. De ahí, que este juzgado estima correcta la disertación de la Sala responsable al determinar la inexistencia del acreditamiento de los elementos corpóreos del delito de fraude genérico, pues no se advierte con medio de prueba alguno que los activos hayan desplegado una conducta criminal y que ello provocara que se hicieran ilícitamente de un lucro indebido. Además, de las constancias que obran en autos se inadvierte que los activos hayan creado un escenario falso para que la pasivo tuviera una falsa concepción de la realidad, pues no obra constancia alguna que indique la inexistencia de la moral ***, persona moral con quien contrató la quejosa. Ello se corrobora con el oficio ***, de seis de diciembre de dos mil dieciocho emitido por el Subdirector de lo Contencioso y Amparos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, en la cual hizo del conocimiento la existencia de un folio mercantil electrónico ***, en el que consta asiento de constitución de sociedad relativo a ***, S.A. de C.V.13; hecho que se corrobora con un diverso oficio ***, de quince de mayo de dos mil diecisiete emitido por el Director General Adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la cual señala la existencia de una cuenta bancaria cuyo titular es la referida persona moral. De lo que se colige por un lado, la existencia de la persona moral contratante, y por ende, da viabilidad a la existencia de un acuerdo de voluntades entre la quejosa y ***, S.A. de C.V., conocida comercialmente como ***, y por otro, la insuficiencia probatoria para acreditar el engaño como elemento constitutivo del delito de fraude, pues el señalamiento de la quejosa por sí mismo, respecto al ofertamiento de prestaciones no acredita que ello haya sido el medio para crear en la pasivo una falsa concepción de la realidad. En ese sentido deviene infundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa en su demanda de amparo, pues el hecho de que la responsable haya concluido la inacreditación del delito de fraude, ello no implica que dejar impune un delito, pues precisamente la función jurisdiccional radica en analizar la naturaleza del hecho, con todos los elementos que lo componen, y verificar y en su momento determinar, si ese hecho constituye un hecho punible, pues en caso contrario, también se estarían vulnerando derechos humanos de los supuestos inculpados al procesarse por algún hecho que no constituya delito. De la misma manera, deviene infundado el concepto de violación hecho valer por la impetrante relativo a que la responsable no valoró de manera adecuada las pruebas que obran agregadas en autos, pues contrario a su dicho, del cúmulo de pruebas que allegó el representante social se llega a la conclusión la inexistencia de los elementos materiales corpóreos que integran el delito de fraude, pues tal y como lo refirió la Sala responsable, no existe material probatorio para acreditar el señalamiento de la quejosa en cuanto al ofertamiento de diversas promociones y/o servicios por parte de los activos. Pues incluso, recibió por parte de Fernanda Gómez, persona que atendió la llamada telefónica de la quejosa, explicación sobre lo pactado y lo que no procedía, pero ello en modo alguno implica la inexistencia de la persona moral quien se obligó a otorgar tales prestaciones. Del mismo modo se evidencia lo infundado del concepto de violación hecho valer por la quejosa con relación a que de las propia pruebas que obran en el sumario se acredita probable responsabilidad de los inculpados, pues tal y como lo refirió la Sala responsable, al no quedar acreditados los elementos corpóreos del delito de fraude, es evidente de la misma manera, la inexistencia de la probabilidad de que alguna persona cometió dicho ilícito, pues al inexistir un delito, también por consecuencia no existe delincuente. Finalmente deviene inoperante el concepto de violación de la quejosa relativo a que la responsable no realiza un cómputo adecuado, pues sin fundar ni motivar llega a la conclusión de decretar la prescripción de la acción penal por el simple transcurso del tiempo a favor de los inculpados. Ello es así, pues basta la lectura de la determinación para advertir que la Sala responsable en una de sus conclusiones calificó como fundados los agravios hechos valer tanto por el Ministerio Público como por la quejosa en cuanto a que la Jueza Segundo de lo Penal de Puebla, decretó la prescripción de la acción penal, y determinó, en lo que importa que no ha prescrito a la acción persecutoria. En tales condiciones, al resultar infundados por y una parte e inoperante por otro los conceptos de violación se niega el amparo solicitado por *** contra los actos reclamados a la Segunda Sala en Materia Penal en Puebla y otra, dictado en el toca de apelación 59/2022. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo anteriormente fundado y expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, en contra del acto reclamado a la Jueza Segundo de lo Penal en Puebla, en los términos del considerando tercero. SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ***, en contra de la determinación de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitida en el toca penal 59/2022 por la cual la Segunda Sala en Materia Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, confirmó la resolución de once de febrero de dos mil veintidós dictada por la Jueza Segundo de lo Penal de Puebla, en la que negó la orden de aprehensión solicitada por el Fiscal dentro del proceso 8/2021 en contra de ***, *** y *** en su carácter de representante legal de ***, a quienes se les atribuyó el delito de fraude, previsto y sancionado en los artículos 402 y 403, fracción II, con relación a los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado; por las razones precisadas en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO.- Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE DE MANERA PERSONAL A LAS PARTES, POR OFICIO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TERCERO INTERESADO, MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN DE LA ADSCRIPCIÓN VÍA ELECTRÓNICA Y AUTORIDADES RESPONSABLES.

  4. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1376/2022, promovido por ***; y, RESULTANDO: Primero. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amaro en Materia Penal en el Estado de Puebla el quince de diciembre de dos mil veintidós, y recibido al día siguiente hábil en este juzgado, *** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclamó de la Segunda Sala en Materia Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, y otra autoridad, consistente en la determinación de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitida en el toca penal 59/2022 por la cual confirmó la resolución de once de febrero de dos mil veintidós dictado por el Juez Segundo de lo Penal de Puebla, en el que negó la orden de aprehensión solicitada por el Fiscal dentro del proceso 8/2021 en favor de ***, *** y *** en su carácter de representante legal de ***, a quienes se les atribuyó el hecho con apariencia de delito de fraude, previsto y sancionado en los artículos 402 y 403, fracción II, con relación a los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado; por considerarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20, 21 y 22 constitucionales. Segundo. Por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se radicó el juicio de amparo con el número de expediente 1376/2022, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó el emplazamiento a los agentes del Ministerio Público adscritos tanto a la Sala como al juzgado responsable, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de cuatro de enero de dos mil veintitrés, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada ***, *** y *** en su carácter de representante legal de ***, S.A. de C.V.. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Acuerdos Generales 3/2013, 23/2015 y 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que el acto reclamado (resolución que confirma una diversa que niega la orden de aprehensión solicitada) no tiene ejecución; sin embargo, la demanda se presentó en el lugar donde este juzgado de distrito ejerce jurisdicción, además que la naturaleza del acto es materia penal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con lo que establece el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura de la demanda de amparo el quejoso señala como acto reclamado a la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y otra autoridad: La determinación de veintisiete de octubre de dos mil veintidós dentro del toca de apelación 59/2022, por la cual confirmó la diversa de once de febrero de dos mil veintidós del Juez Segundo de lo Penal de Puebla, emitida en la causa 8/2021, quien negó la orden de aprehensión solicitada por el Fiscal en favor de ***, *** y *** en su carácter de representante legal de ***, a quienes se les atribuyó el hecho con apariencia de delito de fraude, previsto y sancionado en los artículos 402 y 403, fracción II, con relación a los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado, en agravio de la aquí quejosa. TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTO. La Jueza Segundo de lo Penal de Puebla, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado. Sin embargo, el acto reclamado a dicha autoridad en cuanto a su ejecución, debe tenerse por inexistente, pues de la lectura de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que la quejosa reclama la determinación de veintisiete de octubre de dos mil veintidós emitida por la Segunda Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla en el toca penal 59/2022, por la cual confirmó aquella emitida por la Jueza Segundo de lo Penal en Puebla dictada el once de febrero de dos mil veintidós, por la cual negó la orden de aprehensión solicitada por el fiscal en contra de ***, *** y *** en su carácter de representante legal de ***. Por tanto, es evidente la inexistencia de algún acto de ejecución del acto reclamado (emitido por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado) por parte de la Jueza Segundo de lo Penal en Puebla, pues es cierto que el acto emitido por esta última es aquel que se sometió al escrutinio en el recurso de apelación; sin embargo, este acto carece de ejecución y por extensiva, no tiene ejecución por parte de la jueza primigenia. En consecuencia a lo anterior, al quedar demostrado la inexistencia del acto reclamado a la Jueza Segundo de lo Penal en Puebla, se sobresee en el presente juicio de amparo, ello con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El magistrado integrante de la Segunda Sala en Materia Penal en el Estado de Puebla y la Jueza Segundo de lo Penal de Puebla, aceptaron la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora con el contenido de las constancias que remitió la Sala responsable como justificación de sus actos consistente en copias certificadas del toca de apelación 59/2022 de su índice y del proceso 8/2021 del índice del Juzgado Segundo de lo Penal de Puebla; documentales que por tratarse de actuaciones emitidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo; de las que se advierte la determinación aquí reclamada, es decir, la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, por la cual la Sala responsable confirmó aquella de once de febrero de dos mil veintidós emitida por la Jueza Segundo de lo Penal de Puebla, por la cual negó la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público en contra de ***, *** y ***, en su carácter de representante legal de ***, como probables responsables del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción II, en relación con lo dispuesto en los artículos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de ***. QUINTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Son infundados e inoperantes los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta deba suplirse en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. La quejosa se duele que la autoridad responsable vulneró sus derechos fundamentales, pues señala que dejó impune el delito de fraude genérico que se cometió en su contra, dado que los activos usaron el engaño, haciéndole creer a través de promociones respecto de una membrecía que podía tener tres viajes con hospedaje, el cual iba a ser gratis al lugar que eligiera, así como tener diversos beneficios, pues contaban con convenios con varios hoteles los cuales le incluían tres comidas gratis del cual debía cubrir el tres por ciento del costo por habitación, además de prometerle una cortesía de cinco días y cuatro noches en el lugar que eligiera el cual le incluía un tour, y descuentos del veinte por ciento en transportes o avión sobre el precio más bajo, razón por la cual, aceptó y firmó el contrato sobre los servicios ofrecidos y procedió al pago de ocho mil novecientos pesos; que al momento de realizar una reservación, le indicaron que ninguno de los beneficios ofrecidos era cierto, por ello sostiene que los activos le generaron un detrimento patrimonial. Así mismo refiere que la responsable realizó una incorrecta valoración de pruebas que corren agregadas a la causa penal, pues con ellas se acreditan el delito de fraude genérico y la probable responsabilidad de los inculpados. Finalmente refiere que la responsable no realiza un cómputo adecuado, pues sin fundar ni motivar llega a la conclusión de decretar la prescripción de la acción penal por el simple transcurso del tiempo a favor de los inculpados. Ahora, previo analizar la constitucionalidad del acto reclamado, como antecedentes que dieron origen al mismo, se destacan los siguientes: Por querella presentada el once de abril de dos mil quince por *** hizo del conocimiento del representante social hechos al parecer constitutivos de delito de fraude. El diez de noviembre de dos mil veintiuno, la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, ejercitó la acción penal en contra de ***, *** y ***, en su carácter de representante legal de ***, como probables responsables del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción II, en relación con lo dispuesto en los artículos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de ***. Por determinación de once de febrero de dos mil veintidós, la Jueza Segundo de lo Penal de Puebla, negó la orden de aprehensión solicitada, pues por una parte dijo que no se acreditó uno de los elementos del cuerpo del delito de fraude, esto es, el relativo a que el activo se haga ilícitamente de alguna cosa o alcance un lucro indebido, pues externó que entre los sujetos de la relación jurídico se celebró un contrato de prestación de servicios profesionales para la realización de un viaje turístico, pacto que desde lo contractual generó derechos y obligaciones recíprocos, y ante el incumplimiento de los participantes en el contrato, debe dirimirse por la vía civil y no penal, pues no existió una conducta orientada a engañar dado que la propia querellante manifestó haber atendido los comentarios publicitarios que le permitieron conocer la existencia de una empresa dedicada a realizar y programar viajes turísticos con el nombre de *** S.A. de C.V., quien se encargaría de adquirir los boletos orientados a viajar a un destino determinado dentro de la República Mexicana, por lo cual externaron las partes un acuerdo de voluntades para pactar las condiciones del contrato respectivo, lo que indica que ante la aparición de un conflicto entre ellos, se advierte el origen de una acción civil por incumplimiento del contrato. A efecto de corroborar lo anterior, la jueza citó la existencia del contrato de acuerdo de voluntades de prestación de servicios celebrado entre ***, S.A. de C.V., con el nombre comercial de *** y por otra parte ***, de veintiséis de octubre de dos mil catorce. Del mismo modo, la jueza citó copia del acta de audiencia conciliatoria llevada a cabo ante la Procuraduría Federal del Consumidor entre *** y ***, S.A. de C.V. el día nueve de abril de dos mil quince, en la cual dicha autoridad determinó la existencia del no cumplimiento a lo estipulado en el contrato, en cuanto a la prestación de servicios de hospedaje, traslado vía aérea ni respetó los precios, tarifas, términos, plazos de un paquete turísticos a la Riviera Maya; en la cual la jueza sostuvo que dicha documental no solo apuntó la existencia de un incumplimiento de contrato civil, encaminado a la prestación de servicios turísticos, sino que además estableció objetivamente la preexistencia de una empresa comercial, dedicada a la prestación de servicios turísticos, por lo cual es clara la inexistencia del elemento primordial de la conducta típica que es la fabricación de un escenario ficticio con la finalidad de obtener un lucro indebido a partir del deterioro patrimonial de la víctima. Y por otra parte, la jueza sostuvo que prescribió la acción persecutoria, pues indicó que se actualizó la hipótesis prevista en el artículo 130 del Código de Defensa Social para el Estado, esto es, transcurrieron más de cinco años establecidos como el máximo de la sanción considerada para el delito de fraude, pues desde que se desplegó la última conducta de los activos (veintiséis de octubre de dos mil catorce) hasta el momento en que se consignó la averiguación previa (ocho de diciembre de dos mil veintiuno), transcurrieron siete años tres meses, y por tanto, la figura jurídica de la prescripción de la acción persecutoria operó a favor de quienes fueron señalados como probables responsables. Inconforme con lo anterior, el Ministerio Público y la aquí quejosa *** interpusieron recurso de apelación, el cual por razón de turno correspondió de su conocimiento a la Segunda Sala en Materia Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, mismo que radicó con el número de toca 59/2022, quien previa integración respectiva, el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, confirmó el auto que negó la orden de aprehensión emitido por la Jueza Segundo de lo Penal de Puebla dictado el once de febrero de dos mil veintidós en los autos del proceso 8/2021, en favor de ***, *** y *** en su carácter de representante legal de *** S.A. de C.V., como probables responsables en la comisión del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción II, con relación a lo dispuesto por los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla. Siendo lo que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora bien, el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, anterior a la reforma publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación, establece como requisitos de fondo para librar una orden de aprehensión, que los datos que arroje la averiguación previa deberán ser bastantes para: Comprobar el cuerpo del delito. b) Hacer probable la responsabilidad penal del indiciado. Y, como requisitos de forma: c) Constar por escrito. d) Ser emitido por autoridad judicial competente. e) Estar fundado y motivado. f) Preceder denuncia o querella. g) Precisar el delito que se impute. h) El delito amerite penal privativa de libertad. Por su parte, el artículo 83 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, establece los elementos que se deben satisfacer para tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, entendiéndose por lo primero los elementos objetivos y externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley penal describe como delito, y en su caso, elementos normativos cuando el tipo penal así lo requiera; es decir, por cuerpo del delito deben entenderse un conjunto de elementos característicos que así lo conforman y no una simple unidad jurídica indefinida de aquellos elementos que lo integran; mientras que la probable responsabilidad del o de los indiciados, se acredita con los medios probatorios existentes, en los cuales se deduzca su participación en la comisión del delito, la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del o de los indiciados alguna causa de exclusión del delito. Por su parte, los artículos 271 y 273, fracción VI, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, establecen el objeto del recurso de apelación, esto es, que el tribunal de segunda instancia, tiene la facultad de confirmar, revocar o modificar la resolución apelada, entre ellas, aquella relativa a la que niegue la orden de aprehensión solicitada al órgano jurisdiccional de primera instancia. Ahora, del análisis de la resolución reclamada se advierte que la Sala responsable analizó en primer término los agravios hechos valer por la agente del Ministerio Público y posteriormente los de la aquí quejosa; cuestión que en esta instancia constitucional se analizarán solo los atinentes a la no comprobación del cuerpo del delito de fraude genérico, pues respecto a la no actualización de la prescripción ningún perjuicio le genera a la parte quejosa. En ese sentido, se comparte el criterio de la Sala responsable en declarar infundados los agravios a que no se acreditó el cuerpo del delito de fraude genérico, previsto y sancionado en los artículos 402 y 403, fracción II, del Código Penal para el Estado de Puebla. En efecto, tal y como lo señaló la Sala responsable, existe una insuficiencia probatorio para tener por justificados los elementos estructurales del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción II, del Código Penal para el Estado de Puebla. Para sostener lo anterior, refirió que la jueza primigenia, con base en los referidos fundamentos señaló los elementos materiales, normativos y subjetivos que integran el delito de fraude genérico, los cuales enunció de la siguiente manera: a) Obtener a costa de otro, una cantidad de dinero u otro lucro cualquiera. b) Usando para eso el aprovechamiento del error en que se halla la víctima Cabe señalar que pese a que la jueza primigenia y la Sala responsable señalaron como uno de los elementos constitutivos del cuerpo del delito de fraude genérico el aprovechamiento del error, lo cierto es que las consideraciones que sostuvo la Sala responsable en la determinación reclamada, lo realizó con base en el elemento engaño, lo cual a nada práctico conduciría una posible concesión respecto a este punto. Enseguida plasmó el hecho delictivo dado a conocer por ***, quien indicó, que el veinte de octubre de dos mil catorce, recibió una llamada telefónica de una mujer quien le dijo que por tener una buen historial crediticio la esperaban el veintiséis del mes y año referidos en el restaurante ***, ubicado en la calle treinta y una oriente, entre la catorce y dieciséis sur de la ciudad de Puebla, que le darían un regalo. Que el día citado, es decir, el veintiséis de octubre de dos mil veintidós llegó a dicho lugar aproximadamente a las dieciséis horas con treinta minutos, le pidieron su identificación y la atendió en una mesa ***, quien le dijo que se trataba de una promoción respecto a una membrecía en la que podía tener tres viajes con hospedaje el cual iba a ser gratis del lugar donde eligiera, pues tenían convenios con varios hoteles, que incluían tres comidas gratis y que pagaría el tres por ciento al hotel, que sería como ciento vente pesos por habitación de dos días de estancia; además le darían cortesía gratis de hotel por cinco días y cuatro noches en el hotel del lugar que ella eligiera incluyendo un tour; que en ese momento comentó que necesitaba ir a Cancún, por lo que le dijeron que darían la entrada gratis a ***, y que podría elegir el *** que incluía tres comidas y que solo pagaría el tres por ciento del hotel, que le darían descuentos del veinte por ciento en trasporte o avión sobre el precio más bajo conseguido por la agencia, y que los boletos de avión le costarían mil doscientos ochenta y cinco pesos, siendo un viaje redondo; que en ese momento se acercó ***, quien solo le indicó algunas cláusulas del contrato sin tener especificado el porcentaje de impuesto a pagar en los hoteles, y por ende, le preguntó a *** sobre el pago del impuesto, quien le respondió que pagaría el tres por ciento, y respecto del tour, *** le dijo que no se preocupara, que él se encargaría de los pases a ***. Así mismo la víctima les preguntó si podían confiar en la empresa, a lo que respondieron que sí, que podía hablar a los bancos, que ellos tenían conocimiento de la empresa ***, y por tanto, firmó el contrato. Que al día siguiente, el veintisiete de octubre, la víctima mandó mensajes a *** solicitando su reservación, y la no tener respuesta desconfió de él; llamó a los bancos Santander y Banamex, quienes le informaron que no tenía convenio con la empresa *** que llamó al ***, atendiendo ***, quien al solicitarle la reservación y los pases de cortesía a ***, la dejó de atender; posterior se comunicó con Fernanda Gómez, quien le explicó a la víctima que lo ofrecido por *** no es cierto, y por lo tanto no podría proceder que le dieran los pases a ***, y le dijeron que los impuestos que se cobran por el hotel son del dieciséis por ciento. Por ello, indicó la víctima que en el contrato no dice cuáles son los impuestos que cobran ni el porcentaje de los mismos, por ello le creyó a *** y ***, por tanto, solicitó que se le cumpla lo dicho por esas personas, pues si le hubieran dicho la verdad no hubiese adquirido la membrecía ni firmado ningún contrato, dado que existen otras empresas que ofrecen los mismos servicios y más económicos, por ello solicitó el reembolso y/o pago de ocho mil novecientos pesos más los intereses. Ante ello, la Sala responsable indicó que basta analizar la naturaleza de los hechos para advertir con meridiana claridad que no son constitutivos del delito en estudio, pues no se actualiza la hipótesis abstracta prevista en el artículo 402 del Código Punitivo estatal, relativo al delito de fraude genérico. Lo anterior porque sostuvo que la pasivo celebró un contrato de prestación de servicios con ***, S.A. de C.V. con el nombre comercial de ***, y por ello se justifica la existencia de la relación contractual, por tanto, no se encuentra demostrado el elemento engaño, puesto que la propia quejosa señaló ante el Ministerio Público que era abogada, y por ello se trata de una persona con conocimientos jurídicos y sabedora de los alcances de firmar un contrato en el que no se encuentran especificadas todas y cada una de las cláusulas que contienen contratados, por ello resultó extraño que firmara el contrato sin que estuvieran especificados, ello para estar en posibilidad de reclamarlo en caso de incumplimiento. Así mismo indicó la Sala responsable, que si la pasivo indicó que existen otras empresas con mejores promociones, por qué razón previo a firmar el contrato no verificó las promociones con las otras empresas y firmara con quien mejor le conviniera, pues incluso agregó, que previo a la firma de ese contrato, la pasivo recibió una llamada telefónica y estuvo dudosa en acudir o no a la cita el veintiséis de octubre de dos mil catorce; sin embargo, pese a la duda sobre los servicios decidió firmarlo y cubrir el monto solicitado. Por tanto concluyó, que no existen elementos suficientes para tener por demostrado el elemento. Por tanto concluyó, que no existen elementos suficientes para tener por demostrado el elemento estructural del fraude, esto es, la conducta engañosa por parte del activo, que se demuestren las maquinaciones tendientes a producir en la pasivo una falsa representación de la verdad y que el engaño sea tal que produzca en la pasivo un error del cual se pueda valer el activo para la obtención de la cosa deseada o bien un lucro indebido, pues la simple manifestación de la pasivo respecto a que los imputados le ofrecieron una membrecía para obtener promociones en una agencia de viajes, y que una vez firmado el contrato relativo incumplieron con las condiciones, inclusive aquellas que no se encontraban especificadas, no constituye un medio engañoso para que la pasivo entregara el monto de lo convenido, de tal manera que el medio ocupado por los indiciados no es capaz de hace caer en el error a la agraviada, y por tanto, no existe forma de justificar el engaño. Respecto del dictamen contable existente, tal y como lo refirió la Sala responsable, no es apto para demostrar el engaño como elemento determinante del fraude genérico, pues únicamente revela la cantidad que indicó la quejosa le fue en detrimento de su patrimonio, y respecto de la queja presentada ante la Procuraduría Federal de Consumidor en contra de la empresa ***, indicó la responsable que esa institución determinó que se trató de un incumplimiento de contrato, sin que se llegara a alguna solución por ese medio. Y por ende, concluyó la responsable la falta de acreditamiento del delito de fraude genérico, pues no existe dato alguno respecto a que los activos se hicieran ilícitamente de un lucro indebido, y menos se demuestran las maquinaciones falaces que emplearon los activos para embaucar a quien se dijo agraviada y provocar en ella una falsa representación de la verdad, es decir, no se demostró el engaño que pretende hacer valer la querellante. Y abundó a lo anterior la Sala responsable que para la configuración del delito de fraude genérico, resulta básico el acreditamiento de la relación inmediata y directa entre los dos elementos estructurales del delito, es decir, que el engaño o el aprovechamiento del error debe ser previo a la obtención ilícita de la cosa o al alcance del lucro indebido, y al mismo tiempo la causa determinante de una o del otro; por ello señaló que para la comprobación del fraude es necesario que exista engaño, que hubiese error en el pasivo del delito y que el activo se aproveche de ese engaño o de ese error para hacerse ilícitamente de una cosa o alcanzar un lucro indebido; si falta cualquiera de estos elementos, no existe el delito en cuestión. Y por tanto, determinó que no se acreditan los elementos configurativos del cuerpo del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción II, del Código Penal para el Estado de Puebla, razón por la cual la Sala indicó que sería ocioso ingresar al estudio de la probable responsabilidad de los indiciados, pues al no existir delito, no puede haber delincuente. Determinación que este juzgado comparte. Ello es así, pues tal y como lo señaló la Sala responsable en su determinación de la declaración inicial de la querellante aquí quejosa, es insuficiente para acreditar el engaño del que refirió ser víctima, pues esa simple manifestación no se encuentra corroborada con algún medio probatorio certero, pues tal y como lo señaló la responsable, al analizar la naturaleza de los hechos en la querella se desprende el señalamiento de la quejosa de que los activos así como la agencia Desqubre incumplieron con lo pactado, pues indicó que posterior a mandarle mensajes a *** y no atender a los mismo, procedió a llamar por teléfono al número ***, atendiéndola ***, quien al solicitarle la reservación y pases de cortesía a *** dejó de atenderla; que posteriormente contactó a Fernanda Gómez, persona quien le explicó que lo ofrecido y dicho por *** Romero no era cierto y por tanto, no procedía que le dieran los referidos pases, y que los impuestos que se cobran por el hotel son del dieciséis por ciento. De lo que se desprende, por un lado, el señalamiento de la quejosa en el sentido de que los activos *** y ***, al parecer de manera verbal ofrecieron diversas promociones y prestaciones respecto a una membrecía vacacional, y por otra, la existencia de un acuerdo de voluntades, dado que al no obtener respuesta por parte de un activo para realizar la reservación que requería la quejosa, se comunicó al teléfono ***, quien fue atendida en primera instancia por ***, y posteriormente por Fernanda Gómez, quien le explicó que lo ofertado de manera verbal por *** Romero no era cierto y por tanto, no procedía los pases que solicitaba, además que los impuestos que se cobran por el hotel son del dieciséis por ciento. Esto es, de la propia manifestación de la quejosa se infiere la existencia de un acuerdo de voluntades, pues al obtener una respuesta negativa sobre la petición de una reservación, se comunicó al número telefónico ***, siendo atendida por Fernanda Gómez, quien le explicó que los impuestos que se cobran son del dieciséis por ciento, lo que genera la certeza sobre la existencia de un contrato y el acuerdo de voluntades en la cual pactaron. Es decir, no se advierte que fue la aludida empresa prestadora de servicios, con la que contrató la aquí quejosa, se haya negado a prestar los servicios contratados, sino que su objeción fue en cuanto a las promociones ofertadas por los activos, que a decir de la quejosa fue la obtención de unos pases gratuitos a *** y que el pago del Hotel se haría a un porcentaje menor. De ahí, que se conviene con lo determinado por la responsable en el sentido de que no existió un lucro indebido por parte de los activos, pues no se desprende que la prestadora de servicios se haya negado a proporcionar los servicios contratados, sino solo a otorgarlos bajo condiciones diversas a las que según el dicho de la quejosa se lo ofrecieron *** y ***. No pasa inadvertida la manifestación de la quejosa en el sentido que tanto *** como ***, le ofertaron diversas prestaciones de manera verbal y que supuestamente son relativas a la membrecía vacacional contratada; sin embargo, tal y como lo refirió la Sala responsable, esos dichos por sí mismo son insuficientes para acreditar el engaño, pues se insiste, derivado de la propia manifestación de la quejosa se evidencia la existencia de una persona moral con quien contrató la quejosa; pero ello no implica la demostración del engaño que dice fue víctima por parte de *** y ***, y por tanto, el lucro indebido por parte de los activos. De ahí, que este juzgado estima correcta la disertación de la Sala responsable al determinar la inexistencia del acreditamiento de los elementos corpóreos del delito de fraude genérico, pues no se advierte con medio de prueba alguno que los activos hayan desplegado una conducta criminal y que ello provocara que se hicieran ilícitamente de un lucro indebido. Además, de las constancias que obran en autos se inadvierte que los activos hayan creado un escenario falso para que la pasivo tuviera una falsa concepción de la realidad, pues no obra constancia alguna que indique la inexistencia de la moral ***, persona moral con quien contrató la quejosa. Ello se corrobora con el oficio ***, de seis de diciembre de dos mil dieciocho emitido por el Subdirector de lo Contencioso y Amparos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, en la cual hizo del conocimiento la existencia de un folio mercantil electrónico ***, en el que consta asiento de constitución de sociedad relativo a ***, S.A. de C.V.13; hecho que se corrobora con un diverso oficio ***, de quince de mayo de dos mil diecisiete emitido por el Director General Adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la cual señala la existencia de una cuenta bancaria cuyo titular es la referida persona moral. De lo que se colige por un lado, la existencia de la persona moral contratante, y por ende, da viabilidad a la existencia de un acuerdo de voluntades entre la quejosa y ***, S.A. de C.V., conocida comercialmente como ***, y por otro, la insuficiencia probatoria para acreditar el engaño como elemento constitutivo del delito de fraude, pues el señalamiento de la quejosa por sí mismo, respecto al ofertamiento de prestaciones no acredita que ello haya sido el medio para crear en la pasivo una falsa concepción de la realidad. En ese sentido deviene infundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa en su demanda de amparo, pues el hecho de que la responsable haya concluido la inacreditación del delito de fraude, ello no implica que dejar impune un delito, pues precisamente la función jurisdiccional radica en analizar la naturaleza del hecho, con todos los elementos que lo componen, y verificar y en su momento determinar, si ese hecho constituye un hecho punible, pues en caso contrario, también se estarían vulnerando derechos humanos de los supuestos inculpados al procesarse por algún hecho que no constituya delito. De la misma manera, deviene infundado el concepto de violación hecho valer por la impetrante relativo a que la responsable no valoró de manera adecuada las pruebas que obran agregadas en autos, pues contrario a su dicho, del cúmulo de pruebas que allegó el representante social se llega a la conclusión la inexistencia de los elementos materiales corpóreos que integran el delito de fraude, pues tal y como lo refirió la Sala responsable, no existe material probatorio para acreditar el señalamiento de la quejosa en cuanto al ofertamiento de diversas promociones y/o servicios por parte de los activos. Pues incluso, recibió por parte de Fernanda Gómez, persona que atendió la llamada telefónica de la quejosa, explicación sobre lo pactado y lo que no procedía, pero ello en modo alguno implica la inexistencia de la persona moral quien se obligó a otorgar tales prestaciones. Del mismo modo se evidencia lo infundado del concepto de violación hecho valer por la quejosa con relación a que de las propia pruebas que obran en el sumario se acredita probable responsabilidad de los inculpados, pues tal y como lo refirió la Sala responsable, al no quedar acreditados los elementos corpóreos del delito de fraude, es evidente de la misma manera, la inexistencia de la probabilidad de que alguna persona cometió dicho ilícito, pues al inexistir un delito, también por consecuencia no existe delincuente. Finalmente deviene inoperante el concepto de violación de la quejosa relativo a que la responsable no realiza un cómputo adecuado, pues sin fundar ni motivar llega a la conclusión de decretar la prescripción de la acción penal por el simple transcurso del tiempo a favor de los inculpados. Ello es así, pues basta la lectura de la determinación para advertir que la Sala responsable en una de sus conclusiones calificó como fundados los agravios hechos valer tanto por el Ministerio Público como por la quejosa en cuanto a que la Jueza Segundo de lo Penal de Puebla, decretó la prescripción de la acción penal, y determinó, en lo que importa que no ha prescrito a la acción persecutoria. En tales condiciones, al resultar infundados por y una parte e inoperante por otro los conceptos de violación se niega el amparo solicitado por *** contra los actos reclamados a la Segunda Sala en Materia Penal en Puebla y otra, dictado en el toca de apelación 59/2022. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo anteriormente fundado y expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, en contra del acto reclamado a la Jueza Segundo de lo Penal en Puebla, en los términos del considerando tercero. SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ***, en contra de la determinación de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitida en el toca penal 59/2022 por la cual la Segunda Sala en Materia Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, confirmó la resolución de once de febrero de dos mil veintidós dictada por la Jueza Segundo de lo Penal de Puebla, en la que negó la orden de aprehensión solicitada por el Fiscal dentro del proceso 8/2021 en contra de ***, *** y *** en su carácter de representante legal de ***, a quienes se les atribuyó el delito de fraude, previsto y sancionado en los artículos 402 y 403, fracción II, con relación a los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado; por las razones precisadas en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO.- Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE DE MANERA PERSONAL A LAS PARTES, POR OFICIO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TERCERO INTERESADO, MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN DE LA ADSCRIPCIÓN VÍA ELECTRÓNICA Y AUTORIDADES RESPONSABLES.

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