María Rosalina Rodríguez Roman

Expediente 245/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
245/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
12/11/2021

Partes del expediente

  • María Rosalina Rodríguez Roman

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad de México, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el quejoso, en su escrito de desahogo, señaló manifestó que el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. publicado en Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, lo reclama como norma heteroaplicativa, en los siguientes términos: "II. Es una norma heteroaplicativa, toda vez que una vez que sale publicada y decretada se sujeta a dicha disposición afectando mis derechos como trabajador, violentando el contrato colectivo de trabajo." En ese sentido, el señalamiento que hace la parte quejosa crea incertidumbre a este órgano jurisdiccional, dado que si bien reclama el Decreto referido como una norma heteroaplicativa, por el inicio de su entrada en vigor, lo cierto es que no señaló el acto concreto de aplicación y cuando le fue aplicada la referida norma. En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción IV, en relación con lo dispuesto en el diverso 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de CINCO DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, realice lo siguiente: ? Señale el acto concreto de aplicación y cuando le fue aplicada la referida norma. Cuestión que debe ser precisada por la parte quejosa y no dejarla a la interpretación de este órgano jurisdiccional, lo anterior con la finalidad de crear certidumbre en este Juzgado Federal sobre la naturaleza con que reclama la norma que ahora impugna y, como consecuencia de ello, se eviten violaciones procesales en el asunto que nos ocupa, habida cuenta que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se atribuyen el acto reclamado, estarán en aptitud de rendir con mayor certeza los informes que les sean solicitados y este órgano jurisdiccional contará con los elementos suficientes para proveer lo que en derecho corresponda. Al respecto, es preciso aclarar que en caso de que la promovente desahogue el requerimiento en los primeros días del plazo concedido, pero sin cumplir con la totalidad del citado requerimiento, este juzgador procederá a emitir un acuerdo en el que se señalen las omisiones que subsisten -el que deberá notificarse personalmente-, a efecto de dar oportunidad a la quejosa de subsanar dichas omisiones antes del vencimiento del plazo concedido originalmente. Esto es, el plazo de cinco días se suspenderá con la presentación del escrito con el que se pretendan desahogar el requerimiento y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído en el que se señalen las omisiones que subsisten. Asimismo, hágase del conocimiento que el desahogo del presente requerimiento debe ser realizado forzosamente por el suscriptor de la demanda de amparo, precisamente por tratarse de cuestiones que influyen en la configuración de la litis constitucional, por lo que, tal requisito no puede cumplirlo el autorizado, como lo indica la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." Se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar el referido requerimiento formulado en el plazo señalado, acompañando en su caso copias del escrito aclaratorio necesarias para correr traslado, al momento de resolver la litis planteada en este juicio de amparo, el Decreto que ahora reclama, , se analizará como una norma autoaplicativa. En ese contexto, para dar tiempo a lo anterior, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la quejosa, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a las demás partes en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Ciudad de México, trece de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Subadministrador de Amparo e Instancias Judiciales adscrito a la Administración de Amparo e Instancias Judiciales "3", de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en representación de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual rinde el informe justificado solicitado por este órgano jurisdiccional, en atención a sus contenidos con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe por lo que se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que mencionan, quienes tendrán las facultades de rendir pruebas, alegar y hacer promociones únicamente en el acto de la audiencia, así como para interponer recursos y como domicilio el que señalan. Por último, como lo solicita la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la responsable para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. De igual forma, se tiene a la autoridad informando a este juzgado federal los números de teléfono móvil y la cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en los que este juzgador lo estime necesario. Se toma conocimiento de su contenido AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En esas condiciones, a efecto de que la parte quejosa se imponga del contenido del informe en comento y esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estime conveniente para desvirtuarlo, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    EN ESTA MISMA FECHA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL JUICIO DE AMPARO 44/032016 NEGOSCIOS INMOBILIARIOS DELA PENÍNSULA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE; 4436/2016 DERIMO CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; 4468/2016 SEGURIDAD PRIVADA PROTEGE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, QUEJOSOS EN EL JUICIO DE AMPARO 4403/2016, QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE: "Ciudad de México, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 4403/2016, así como copia certificada de la resolución dictada en el toca del recurso de revisión R.A. 249/2017 de su índice. Acúsese recibo y tómese conocimiento que el tribunal en comento resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a las quejosas ************ respecto de los actos reclamados señalados en el considerando décimo primero de la sentencia recurrida, por los motivos expuestos en el mismo. TERCERO. Se declara sin materia la revisión adhesiva a que este toca se refiere." De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas, y glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, toda vez que el citado cuaderno es copia fiel de las constancias que obran agregadas en el juicio en que se actúa. Ahora bien, a efecto de atender lo resuelto por el citado Tribunal Colegiado en la resolución emitida en sesión ordinaria virtual de quince de julio de dos mil veintiuno en el cuaderno auxiliar 118/2018 de su índice, formado con motivo del recurso de revisión 249/2017 del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito con residencia en Mexicali, Baja California, resulta necesario precisar lo siguiente: El Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito con residencia en Mexicali, Baja California, en la ejecutoria que nos ocupa, en el Considerando Séptimo (fojas 37 a 39 de dicha ejecutoria), precisó que no fue materia del recurso la determinación contenida en el considerando décimo tercero de la sentencia recurrida, que rige el tercer resolutivo. Asimismo, indicó que no fue materia de la revisión la determinación contenida en el Considerando Décimo Tercero, que rige el resolutivo Tercero de la sentencia emitida en este juicio, en el que se otorgó el amparo respecto del artículo 53-B, fracción IV, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el dieciocho de noviembre de dos mil quince; lo anterior, porque la parte a quien dicha determinación pudiera afectar, esto es, a las autoridades responsables, no fueron quienes interpusieron el recurso. Por otra parte, en el Considerando Octavo (foja 40 a 42 de la ejecutoria), declaró firmes los Considerandos Cuarto y Sexto que rigen el resolutivo Primero de la sentencia dictada en el sumario en que se actúa, en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como los Considerandos Noveno, Décimo y Décimo Segundo que se ven reflejados en el resolutivo Segundo de la sentencia recurrida, en los que se negó el amparo, ya que las quejosas recurrentes no formularon planteamiento alguno tendente a controvertir los aspectos que ahí se dilucidan, dado que los agravios propuestos estuvieron acotados a combatir únicamente la negativa de amparo respecto del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince y dos mil dieciséis, cuyos razonamientos fueron expuestos en el Considerando Décimo Primero de la sentencia sujeta a revisión. Precisado lo anterior, de la sentencia emitida en este juicio, concretamente en el resolutivo Tercero, que conforme a lo establecido por la Superioridad en la ejecutoria que nos ocupa, no fue materia de la revisión, y que concierne a las quejosas en el juicio de amparo 4403/2016 y sus acumulados, se advierte que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: ".TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente." En tales condiciones, no ha lugar a requerirles el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a las autoridades responsables, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los actos que en el ámbito de su competencia legislativa se les atribuyeron en esta instancia constitucional, consistentes en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015; debido a que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligarlas a derogar o dejar sin efectos dichos actos. Al respecto, tiene aplicación la tesis 2° CXV/97 (número de registro digital 197512), de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, página 414, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVA O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del Presidente de la República las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Por lo anteriormente expuesto, se concluye que con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara que el cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio ha quedado sin materia, debido a que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a las autoridades responsables a derogar o dejar sin efectos los citados actos, lo que impide que pueda llevarse a cabo el cumplimiento del fallo protector, pues tal situación deja sin posibilidad de exigir su cumplimiento; por lo que se ordena el archivo del expediente una vez que adquiera firmeza el presente proveído. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y por oficio Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito con residencia en Mexicali, Baja California y a las autoridades responsables y personalmente a la parte quejosa."NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Ciudad de México, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido vía interconexión por el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 308/2021 del índice de este órgano jurisdiccional. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes y dese de baja el exhorto. Ahora bien visto el estado procesal que guardan los autos, se tienen por notificado el oficio 621/2021, que contiene el proveído de cinco de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, dirigido a la autoridad responsable Legislatura del Estado de Chiapas, mediante el cual se le emplazó a juicio y se le dio el término de ley para rendir su informe justificado. Por otra parte, remítase copia certificada del oficio de cuenta al incidente de suspensión el cual deriva del juicio de amparo en que se actúa; ya que mediante acuerdo de seis de agosto de dos mil veintiuno, se solicitó se notificara a la autoridad responsable Legislatura del Estado de Chiapas el diverso oficio 15138/2021 girado en el citado incidente de suspensión, ello a efecto de que se acuerde lo que en derecho proceda. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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