María Rosalía Serrano Hernández

Expediente 416/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
416/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • María Rosalía Serrano Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 416/2022-VI. Puebla, Puebla, tres de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que la parte quejosa no recurrió el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintidós, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se 1 Referido en lo sucesivo únicamente como: Acuerdo General del Pleno del Consejo del Judicatura Federal. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 416/2022-VI. Puebla, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por Ahora, de la lectura armónica de la demanda de amparo se obtiene que el acto reclamado se hace consistir en la orden de detención, así como su cumplimiento. Sin embargo, se arriba a la convicción de que esta vía de amparo indirecto resulta improcedente respecto del acto reclamado consistente en la emisión de la orden de detención, que es atribuida al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula 7 (siete) del Equipo de Investigación y Litigación de la UIL "A", en Puebla (como ordenadora), así como su cumplimiento reclamado del "encargado o titular de la Policía Federal Ministerial adscrito a la Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla" (Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla, por su denominación correcta). En efecto, la mencionada orden reclamada por la parte quejosa converge bajo las reglas del sistema penal acusatorio adversarial previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a las cuales dichas autoridades de naturaleza investigadora y administrativa no están facultadas legalmente para emitir el acto que le atribuye (orden de detención). Por ello, respecto de los aludidos actos endilgados a las autoridades responsables (esto es, la orden de detención reclamada del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula 7 (siete) del Equipo de Investigación y Litigación de la UIL "A", en Puebla y su complimiento atribuido al Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla, en su correcta denominación) precisadas en la demanda, se actualiza la causal de improcedencia (con las características de indudable y manifiesta) que resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo con los diversos 16, 20 y 21 constitucionales, estos últimos aplicados en sentido contrario. .. Con base en lo anterior, resulta inconcuso que en el caso no es posible adjudicar al fiscal señalado en la demanda, la facultad de emitir la orden privativa o restrictiva de la libertad que se combate (orden de detención, así como su cumplimiento); ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16, constitucional, 141 y 168, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales; habida cuenta que en términos del diverso 21 de la constitución federal al agente del ministerio público (incluyendo al fiscal señalado como responsable) le corresponde la persecución e investigación de los delitos, lo que implica que esa autoridad responsable sólo podría actuar en ese marco legal a través de los representantes sociales a su cargo y para ese exclusivo fin. De ahí, es evidente la improcedencia en la especie respecto de dicho acto. A mayor abundamiento debe explicarse lo siguiente: Como se expuso, no puede ordenarse la detención de la parte quejosa por la autoridad administrativa señalada como responsable a través del acto aquí reclamado; salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que esto último sea posible, se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el ahora impetrante lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, y que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, la aquí parte quejosa puedan evadirse. No obstante, en los hechos descritos en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa sólo hizo alusión, en lo esencial, a que compareció en diversas ocasiones (diez de enero, dieciséis de febrero y veintiocho de marzo, todos de dos mil veintidós), ante el fiscal responsable, con motivo de los hechos investigados en la carpeta de investigación , manifestando que se reservó su derecho a declarar ante autoridad jurisdiccional, y que el ocho de abril de este año, tuvo conocimiento por parte de su vecina que se presentaron a su domicilio elementos ministeriales, comentando que tenían una orden de detención, con la intención de ejecutarla. Lo anterior diluye cualquier posibilidad de que cualquiera de la autoridad responsable ordenadora, hubiera ordenado la detención por caso urgente de la quejosa; aunado a que no se reclama así como acto. Ello evidencia de manera indudable que si, en su caso, existiera el desarrollo de una investigación en contra de la parte quejosa, ello no implicaría necesariamente que el representante social respectivo ordenara aprehenderla, detenerla o privarla de la libertad. De donde se sigue que resulta inconcusa la actualización del motivo de improcedencia de esta vía de amparo respecto de la orden reclamada ya precisada. Por tanto, de conformidad con la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo con los artículos 16, 20 y 21 constitucionales, estos últimos aplicados en sentido contrario; es improcedente la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, porque el acto que reclama actualizó la causal en mención, de manera manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. De ahí que, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la mantera, debe desecharse de plano la demanda de amparo de cuenta, al actualizarse la casual de improcedente estudiada, en forma indudable y manifiesta.Autorizados, acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionales Liborio Ramírez Ramírez y Efraín Rodríguez Juárez, porque se encontró registro único de sus cédulas profesionales en el sistema respectivo. Sin embargo, a las demás personas mencionadas en el proemio de la demanda, se les tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque no se encontró registro único de sus cédulas profesionales en dicho sistema, y porque así se solicita en el mencionado ocurso inicial. Asimismo, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico al usuario "LIBORIO" (perteneciente al autorizado en términos Liborio Ramírez Ramírez), así como se instruye la realización de las notificaciones (sólo las de carácter personal) de manera electrónica a través de ese usuario, porque así lo solicitó de manera expresa la parte quejosa. Por consiguiente, no se tendrá para recibir notificaciones el diverso domicilio físico que señala en la demanda, pues la quejosa solicitó expresamente su notificación electrónica a través de ese usuario; aunado a que por virtud del actual esquema de contingencia sanitaria deben privilegiarse los medios electrónicos. Asimismo, es menester tener únicamente autorizada la notificación electrónica, porque constituye un medio eficaz para ese efecto, y a fin de evitar duplicidad de notificaciones, lo que generaría inseguridad jurídica Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, y cúmplase.

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