María Rosalba Palacios Viveros

Expediente 1334/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1334/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
27/12/2016

Partes del expediente

  • María Rosalba Palacios Viveros

Actuaciones

  1. Principal

    ...el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede hecha por la Secretaria de este Juzgado, al haber transcurrido el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, la parte promovente no interpuso recurso de queja, contra el proveído de ocho de diciembre de la presente anualidad, por medio del cual se desechó la demanda de garantías origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención a lo dispuesto por el diverso 2º de la Ley de Amparo, archívese este juicio como concluido Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido...

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la promovente.

  3. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, ocho de diciembre de dos mil dieciséis. Visto; el escrito de demanda presentada por María Rosalba Palacios Viveros, por propio derecho, contra actos del Juzgado Cuarto Menor del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz y otra autoridad, por violación a los artículos 14, 16, 17, 123 y 133 Constitucionales. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo, con el número 1334/2016. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a tal precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis de mérito interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, se tiene que de la demanda de amparo, se advierte que se reclama lo siguiente: "(...) el acuerdo de fecha 02 de diciembre del 2016 dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 675/2015 del índice del Juzgado Cuarto menor del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad de Xalapa, Ver., en donde se declara la caducidad de la instancia dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 675/2015 del índice del Juzgado Cuarto Menor de esta ciudad de Xalapa, Ver., asimismo lo hago consistir en las consecuencias del referido acto como de su ejecución a través de levantar el embargo que se realizara sobre el bien inmueble ubicado en Calle Grulla número 5, del fraccionamiento Zipor de la ciudad de Xalapa, Ver. propiedad del demandado Bartolo Santiago García fuera de todo procedimiento legal, violando en mi agravio los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 y demás relativos y aplicables (...)." En ese contexto, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento (...)." La disposición legal transcrita establece la obligación del gobernado de que, antes de acudir al juicio de amparo debe agotar los recursos que la ley ordinaria le concede por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. En el caso, este Juzgado Federal estima que contra el acuerdo de dos de diciembre de dos mil dieciséis dictado en el juicio ejecutivo mercantil 675/2015 del índice del Juzgado Cuarto Menor del Distrito Judicial de Xalapa, en el que se decretó la caducidad de la instancia procedente el recurso de revocación, en términos de lo dispuesto en el artículo 1334, del Código de Comercio, en relación con los preceptos 1,076 fracción VII y 1,339, del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 1,076. En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, salvo los casos de excepción que se señalen por la ley. La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, sea porque se decrete de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia, en aquellos casos en que concurran las siguientes circunstancias: (...) VII. La resolución que decrete la caducidad será apelable en ambos efectos, en caso de que el juicio admita la alzada. Si la declaratoria se hace en segunda instancia se admitirá reposición (...)." "Artículo 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $574,690.47 (Quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 47/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. (ADICIONADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 2012) Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. (ADICIONADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 2012) Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO. (REFORMADO, D.O.F. 9 DE ENERO DE 2012) Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. (REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008) Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. (REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008) El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. (REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008) Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. (REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008) La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. (REFORMADO, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 2008) Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." De las disposiciones legales transcritas se evidencia que contra el acuerdo que la parte quejosa reclama procede el recurso de revocación, dada la cuantía del negocio respecto de la suerte principal, porque de la lectura de la demanda se advierte que se reclamó como suerte principal la cantidad de $60,700.00 (sesenta mil setecientos pesos, cero centavos), con lo que no se da el supuesto para la procedencia del recurso de apelación, conforme a lo señalado en el artículo 1339 del Código de Comercio. En efecto, de lo dispuesto en los artículos transcritos, se advierte que todos los autos dictados en un juicio mercantil que por su cuantía no admitan el recurso de apelación, son impugnables mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio. En esas condiciones, al haberse decretado la caducidad de la instancia en el acuerdo que la quejosa reclama, acorde a la cuantía del juicio ejecutivo mercantil de origen, estaba obligada a recurrirlo a través del recurso de revocación, por ser éste el medio idóneo a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 96/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Materia(s): Civil, Página: 709, de la Décima Época, Registro: 160948, de rubro y texto siguientes: "CADUCIDAD EN EL JUICIO MERCANTIL. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA EN LA PRIMERA INSTANCIA, CUANDO POR RAZÓN DE CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. Del artículo 1076, fracción VII, del Código de Comercio, se advierte que tratándose de juicios mercantiles, la resolución que decrete la caducidad es impugnable a través del recurso de apelación, en caso de que el juicio admita la alzada. Al respecto, el artículo 1340 del mismo ordenamiento, condiciona la procedencia del recurso de apelación al monto o cuantía del asunto, por lo que si la resolución que decretó la caducidad en la primera instancia se dicta en un juicio que no admite dicho recurso, puede controvertirse a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del citado código, que procede contra los autos que no son apelables y los decretos. Lo anterior es así, porque la declaratoria de caducidad es un auto definitivo que extingue la instancia pero no la acción; convierte en ineficaces las actuaciones del juicio y vuelve las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda. Esto es, no se trata de una sentencia definitiva, ya que no decide la controversia de fondo; no analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, ni absuelve o condena como lo exigen los artículos 1077, primer párrafo, 1325, 1326 y 1327 del Código de Comercio, de ahí que se ajuste al supuesto de procedencia del recurso de revocación." Asimismo, por su contenido esencial, se cita la diversa jurisprudencia 1a./J. 67/2014 (10a.) de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal del País, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Civil, Página: 89, de la Décima Época, Registro: 2008075, de epígrafe siguiente: "CADUCIDAD EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE LA DECRETA EN LOS CASOS EN QUE, POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. En relación con la caducidad de la primera instancia en el juicio mercantil, esta Primera Sala fijó, como regla general, en la jurisprudencia 1a./J. 96/2011 (9a.), que la resolución que la decreta constituye un auto definitivo y no una sentencia definitiva en su connotación material, para establecer que procede el recurso de revocación en su contra cuando por razón de la cuantía no procede el de apelación. Sin embargo, al existir una connotación formal del término "sentencia definitiva" que deriva de reconocer que existen resoluciones que, sin decidir el fondo del juicio en lo principal, o sea, sin ocuparse de establecer el derecho ni una condena o absolución de partes, se emiten en el momento procesal que corresponde a la sentencia definitiva y con las formalidades y denominación expresa de que se trata de una "sentencia definitiva", es necesario precisar que cuando la decisión sobre la caducidad de la primera instancia ocurre formalmente con el dictado de la sentencia definitiva, resulta improcedente el recurso de revocación ya que, por un lado, tal forma de determinar la caducidad tiene el carácter formal indisoluble de sentencia definitiva y, por otro, porque acorde con el contenido conducente del artículo 1334 del Código de Comercio, el recurso de revocación sólo procede en contra de autos o decretos del juez, pero no en contra de una sentencia definitiva. Lo anterior conduce, además, a abandonar parcialmente el criterio sostenido en la diversa tesis de jurisprudencia 1a./J. 96/2011 (9a.), a fin de precisar que el criterio sustentado en esa jurisprudencia solamente es aplicable a autos, desde un punto de vista formal y material, y no a sentencias definitivas en su connotación formal." Sin que se esté en alguna de las excepciones que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que no reclama un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Máxime que la parte quejosa señala que ella es la parte actora en el juicio ejecutivo mercantil del cual emana el acto reclamado, es decir, no se trata de persona extraña al procedimiento. Por tanto, la quejosa al inobservar el principio de definitividad que, al igual que otros, rigen el juicio de amparo; se hace patente y manifiesta la causal de improcedencia contenida en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que en atención al principio de economía procesal, se desecha de plano la demanda, en términos de lo dispuesto en el 113 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia I.6º.C. J/37, consultable en la página 902, del Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Las tesis a que se hace referencia, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, siguen cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. Por otra parte, téngase como domicilio de la parte promovente, para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda de amparo, y como autorizado con restricciones que impone el artículo 12 de la ley de la materia a Melquiades Raymundo Rodríguez Domínguez, por así haberlo solicitado expresamente. Finalmente, para un mejor manejo del expediente, consérvese por separado en la Secretaría de este juzgado, las copias de la demanda de amparo, que anexó la promovente al ocurso que se provee. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la licenciada Luz María García Bautista, Secretaria quien autoriza y da fe.

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