Maria Rosa Sanchez Cisneros
Expediente 91/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 91/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Maria Rosa Sanchez Cisneros
Actuaciones
- Principal
Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de tres de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Se ordena archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. *** Devolución de documentos y garantía. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron en el sumario. Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Demanda. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por ****, mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuye a: Juez Único Civil de Salvatierra, Guanajuato. En ese contexto, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de control bajo número 91/2023-III, en la inteligencia de que, en el presente juicio, de manera preliminar, los actos reclamados se hacen consistir en: La resolución de trece de enero de dos mil veintitrés dictada en el recurso de revocación instado en el expediente *****, que confirma el acuerdo de siete u ocho de diciembre de dos mil veintidós, en la que el juez de origen menciona que no puede revocar su determinación de designar perito en rebeldía a la parte demandada, para el desahogo de medios probatorios. **** Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. ***** Actos de imposible reparación. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos preceptos establecen el sistema para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese sentido, se tiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Además, de la porción constitucional se advierte que la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación.***** Análisis del caso concreto. De lo reseñado evidencia que la resolución de trece de enero de dos mil veintitrés dictada en el recurso de revocación instado en el expediente ******, que confirma el acuerdo de siete u ocho de diciembre de dos mil veintidós, en la que el juez de origen menciona que no puede revocar su determinación de designar perito en rebeldía a la parte demandada, para el desahogo de medios probatorios, no es un acto de imposible reparación ni afectan derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del que el Estado Mexicano es parte, sino que solamente tiene efectos procesales y no afecta, lo que motiva la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, pues a raíz de las últimas reformas constitucionales y a la Ley de Amparo, la jurisprudencia interna del país acotó o limitó dicha procedencia a aquellos actos que sean de imposible reparación, lo cual se actualiza cuando éstos cumplan las dos notas distintivas señaladas con antelación: afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y esa afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. En la especie, no se da la primera de las notas distintivas que hace que los actos tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, dado que la resolución reclamada constituye un acto inminentemente procesal y de posible reparación, ya que el citado acto su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas y la quejosa tendría la oportunidad de obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable, podría reclamar vía amparo directo. De ahí que no se considere irreparable para efectos de la procedencia de amparo indirecto. Por tanto, no se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, ya que al tratarse de una resolución en la que, esencialmente la responsable confirma la determinación donde no puede regularizar el procedimiento de haber designado perito en rebeldía a la parte demandada, solamente incide en derechos procesales pero no es un derecho sustantivo el que materialmente resulta afectado de modo directo e Inmediato, con independencia del desenlace del proceso jurisdiccional. Lo anterior, porque el acto del que se duele constituye una lesión que podría quedar subsanada con posterioridad, al momento de emitirse la sentencia que decida el juicio de origen, la que puede ser a su favor y, aun cuando ello no fuera así, puede reclamarla a través del medio que tenga a su alcance. En esa tesitura, el acto no causa, por el momento, un agravio directo a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues no tienen una naturaleza trascendental y grave que le cause un daño o perjuicio irreparable. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. *** De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se acompañaron a la demanda -y que forman parte de ésta- como las narraciones vertidas en la misma -por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Autorización de reproducción de actuaciones judiciales. Domicilio y autorizados. Ahora, ya que la parte gestionante solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este Juzgado, así como en la página oficial del Poder Judicial de la Federación; y, autorizados de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la legislación en consulta a ****, en virtud de contar con registro y en restringidos a la persona que menciona. Habilitación de horas inhábiles, anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico.
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