María Rosa Mora Valenzuela

Expediente 358/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 15 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
358/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
09/11/2021

Partes del expediente

  • María Rosa Mora Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    Ensenada, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y toda vez que en esta esta data se dictó un proveído en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos incidentales, se ordenó su archivo definitivo; asimismo que en el incidente de suspensión en que se actúa, por auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión provisional, y por resolución de once de agosto de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa; atento a lo anterior, se declaran sin materia las providencias decretadas en este incidente, debiendo hacer lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables. En consecuencia, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos de los artículos décimo octavo, fracción I, inciso a), y vigésimo, fracción II, inciso a), ambos del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional, y por resolución incidental se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo décimo octavo del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación, el presente proveído y demás que se consideren necesarios. Finalmente, se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino y en el duplicado del incidente la leyenda "destruible", lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General mencionado.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo, como se encuentra ordenado en auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se notifica por lista a la parte tercero interesada María del Carmen González Mora, el auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, el cual a la letra dice:"..Ensenada, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a las partes en proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa María Rosa Mora Valenzuela, también conocida como Rosa Mora Valenzuela, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable Juez Segundo de Primer Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, en los términos y para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente el auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dictado en las controversias del orden familiar número de expediente 129/2020, única y exclusivamente, en la parte en que se ordenó preparar la prueba pericial psicológica a cargo de la aquí quejosa, y ofrecida por la parte aquí tercera interesada. b) En su lugar, con libertad de jurisdicción emita otro, en el que de manera fundada y motivada, se pronuncie nuevamente sobre la admisión o no, de la citada prueba pericial, pero determinando la pertinencia e idoneidad de tal probanza de manera congruente y exhaustiva con la litis; en el entendido de que si considera la admisión de la mencionada probanza, deberá tomar las medidas necesarias a fin de salvaguardar la privacidad de la información que se recabe." Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por auto de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable Juez Segundo de Primer Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad. En acato al fallo protector, por oficio recibido en este juzgado el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada del acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en el que dejó insubsistente el auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dictado en las controversias del orden familiar número de expediente 129/2020, única y exclusivamente, en la parte en que se ordenó preparar la prueba pericial psicológica a cargo de la aquí quejosa, y ofrecida por la parte aquí tercera interesada; y en su lugar con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, se pronunció nuevamente sobre la procedencia de la citada prueba pericial y determinó no admitirla por considerar que no era pertinente ni idónea, por no ser el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretendía probar. A las probanzas relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. Por ende, con las constancias allegadas por la autoridad responsable, en veintiséis de uno de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que hubiesen hecho manifestación al respecto. En las relatadas condiciones, quien suscribe determina que la autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud de que demostró que dictó el acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en el que dejó insubsistente el auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dictado en las controversias del orden familiar número de expediente 129/2020, única y exclusivamente, en la parte en que se ordenó preparar la prueba pericial psicológica a cargo de la aquí quejosa, y ofrecida por la parte aquí tercera interesada; y en su lugar con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, se pronunció nuevamente sobre la procedencia de la citada prueba pericial y determinó no admitirla por considerar que no era pertinente ni idónea, por no ser el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretendía probar, como se desprende de las constancias que allegó y que fueron valoradas con antelación. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al determinarse cumplido el fallo protector por parte de la responsable en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso ordinal 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. En términos del artículo décimo octavo, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos décimo octavo y décimo noveno del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se depurará el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, así como las demás actuaciones que este juzgador considere; y se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, se autoriza que los oficios relativos a la notificación de éste acuerdo se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto, el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que se ordenó notificar personalmente a las partes el auto de veintiséis de octubre del año en curso, dictado en el juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior y vista la constancia actuarial que antecede, se advierte que no fue posible notificar a la tercero interesada María del Carmen González Mora, el proveído de referencia por las razones expuestas en la misma. En consecuencia, notifíquese a la tercero interesada en mención el auto en comento por lista, así como las subsecuentes determinaciones, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo.

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